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Modo: Corpus Pro

PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. ALCANCE DE DICHO PRINCIPIO EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS INDIRECTOS. VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2o.-C DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE EN 2004, QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO PARA QUIENES TRIBUTEN BAJO EL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 126/2005. · Registro digital (IUS): 19484
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: JORGE ARMANDO LÓPEZ LARA Y OTROS.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, , Pág. 299.

AMPARO EN REVISIÓN 126/2005. JORGE ARMANDO LÓPEZ LARA Y OTROS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el punto cuarto, en relación con el tercero, fracción II, del Acuerdo General Plenario 5/2001 emitido el veintiuno de junio del año dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve del mismo mes y año, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado subsistiendo el problema de inconstitucionalidad planteado; sin que su resolución implique un criterio de importancia o trascendencia para el orden jurídico nacional o revista un interés excepcional, ni tampoco existe alguna otra causa ni la solicitud por parte de algún Ministro para que este asunto lo resuelva el Tribunal Pleno, ya que existe criterio sustentado por el Pleno que es exactamente aplicable al caso concreto y que hace innecesaria su intervención.

SEGUNDO. Es innecesario realizar la transcripción y estudio de los agravios hechos valer por la recurrente por haberse hecho cargo de ellos el Tribunal Colegiado de Circuito que originalmente conoció de la revisión, órgano que levantó el sobreseimiento decretado por el a quo.

TERCERO. La revocación del sobreseimiento decretada por el Tribunal Colegiado de Circuito debe ser parcial, ya que éste analizó los agravios hechos valer, los cuales sólo desvirtuaron la aplicación de la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, mas no así el sobreseimiento decretado por haber negado los actos el presidente del Servicio de Administración Tributaria y el secretario de Hacienda y Crédito Público, ya que este último aspecto no se combatió, debiendo quedar firme.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de este Alto Tribunal, en su anterior integración, que es del tenor siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquellos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente." (Octava Época, Tercera Sala, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, tesis 471, página 313).

CUARTO. En virtud de haberse revocado el sobreseimiento del juicio de garantías, se procede al análisis de los conceptos de violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo.

En el primer concepto de violación, los quejosos aducen que el artículo impugnado viola la garantía de proporcionalidad pues obliga a pagar el impuesto al valor agregado mediante estimativa de ingresos y respecto de un ejercicio anterior.

Dicho concepto debe declararse fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.

A juicio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el texto en vigor para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro del artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, efectivamente vulnera la garantía de proporcionalidad tributaria, consagrada por la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que se detallan a continuación.

En primer lugar, se estima necesario precisar que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos, contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

En efecto, la referida fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"Artículo. 31. Son obligaciones de los mexicanos:

"...

"IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

Este Alto Tribunal ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada.

Pues bien, de conformidad con este principio, los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad de cada sujeto pasivo, esto es, en función de su potencialidad real para contribuir a los gastos públicos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad contributiva de los causantes, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos, utilidades, rendimientos o la manifestación de riqueza gravada.

Además, este Alto Tribunal ha estimado que para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza.

De acuerdo con lo anterior, la potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones sea, precisamente, el de la identificación de la capacidad para contribuir a los gastos públicos por parte de los gobernados.

De lo anterior se desprende que la garantía de proporcionalidad tributaria se respeta en la medida en que se atiende a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos, pues debe pagar más quien tiene una mayor capacidad y menos el que la tiene en menor proporción.

Corroboran lo anterior, las diversas tesis sustentadas por este Alto Tribunal, que son del tenor literal siguiente:

"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto." (Novena Época, Pleno, tesis P./J. 109/99, visible en la página 22 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de mil novecientos noventa y nueve).

"CONTRIBUCIONES. LA POTESTAD PARA DETERMINAR SU OBJETO NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD, SINO POR EL DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. La potestad tributaria implica para el Estado, a través de las autoridades legislativas competentes, la facultad de determinar el objeto de los tributos, involucrando cualquier actividad de los gobernados que sea reflejo de capacidad contributiva, de ahí que uno de los principios que legitima la imposición de las contribuciones no es precisamente el de generalidad, sino el de la identificación de la capacidad contributiva de los gobernados, por lo que no existe obligación de contribuir si no existe la relativa capacidad contributiva, y consecuentemente, habrá de pagar más quien tiene una capacidad mayor, y menos el que la tiene en menor proporción; todo lo cual descarta la aplicación del principio de generalidad en la elección del objeto del tributo." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, diciembre de 1998, tesis P. LXXIX/98, página 241).

Asimismo, las consideraciones anteriores fueron sintetizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 10/2003, que es del tenor literal siguiente:

"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal establece el principio de proporcionalidad de los tributos. Éste radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada. Conforme a este principio los gravámenes deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos. Para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el mismo y la capacidad contributiva de los causantes; entendida ésta como la potencialidad real de contribuir al gasto público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto en el tributo de que se trate, tomando en consideración que todos los supuestos de las contribuciones tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un movimiento de riqueza y las consecuencias tributarias son medidas en función de esa riqueza. La capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos. De ahí que, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción." (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo de 2003, página 144).

Por tanto, el principio de proporcionalidad tributaria radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva, aportando una parte adecuada de sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de riqueza gravada; esto es, para que un gravamen sea proporcional debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el que la tenga en menor proporción.

Adicionalmente, debe considerarse que en los términos descritos en la jurisprudencia citada en último lugar, la capacidad contributiva se vincula con la persona que tiene que soportar la carga del tributo, o sea, aquella que finalmente, según las diversas características de cada contribución, ve disminuido su patrimonio al pagar una cantidad específica por concepto de esos gravámenes, sea en su calidad de sujeto pasivo o como destinatario de los mismos, por traslación que deba hacérsele por disposición legal o por las características propias del tributo de que se trate.

Lo anterior resulta particularmente relevante tratándose de impuestos indirectos, toda vez que este tipo de contribuciones no deben ser medidas en términos tradicionales de capacidad contributiva del causante, dada su particular naturaleza.

A fin de clarificar lo anterior, se estima necesario efectuar una breve explicación relativa a la naturaleza de los impuestos indirectos, así como a los efectos de éstos, en relación con la garantía de proporcionalidad en materia tributaria.

En efecto, la clasificación que históricamente ha tenido la mayor importancia es aquella que distingue los impuestos en directos -siendo el ejemplo más reconocido, el impuesto sobre la renta- e indirectos -como es el impuesto al valor agregado-.

El criterio más preciso para distinguir entre los señalados tipos de impuestos, es aquel que identifica como directos a los que gravan manifestaciones directas de la capacidad contributiva -como pueden ser la renta y el patrimonio-, mientras que los indirectos gravan manifestaciones indirectas -como el consumo o la transferencia de bienes, entre otros-.

En efecto, en el caso de los directos, el impuesto grava una situación de riqueza que puede apreciarse fácticamente y que es susceptible de ser medida positivamente, correspondiendo al erario un porcentaje obtenido en relación directa con dicha riqueza. Así, por ejemplo, el impuesto sobre la renta considera los ingresos de un periodo, disminuidos con los costos de la obtención de éstos, lo cual permite apreciar una renta o utilidad, que constituye un excedente positivo para el contribuyente -una manifestación directa de riqueza-, sobre la cual se calcula el porcentaje que corresponde al fisco federal.

Por su parte, atendiendo al caso de los indirectos, el impuesto grava el patrimonio que soporta la operación o el movimiento de riqueza, existiendo una mera suposición de capacidad contributiva, mas no una evidencia fáctica de ésta, susceptible de ser cuantificada en definitiva.

En efecto, atendiendo al caso del impuesto al valor agregado, se aprecia que el contribuyente de iure causa el gravamen, por ejemplo, al enajenar un determinado bien; sin embargo, por mandato legal, el impuesto es trasladado al cliente del causante -contribuyente de facto-, quien finalmente desembolsa el importe nominal de dicho impuesto.

Como puede apreciarse, el impuesto al valor agregado no grava directamente el movimiento de riqueza que corresponde a la operación -caso en el cual se debería atender a la afectación patrimonial positiva para el vendedor contribuyente de iure-, sino que dicho gravamen atiende al patrimonio que soporta la operación -el del consumidor contribuyente de facto- de tal manera que, sin conocer su dimensión exacta y sin cuantificarlo positivamente, el legislador considera que si dicho patrimonio es suficiente para soportar el consumo, entonces también es suficiente para pagar el impuesto.

De esta manera, la realización de la compraventa considerada en el ejemplo de referencia permite evidenciar una cierta capacidad contributiva, pero no se conoce su dimensión exacta ni se cuantifica directa o positivamente. Así, se puede saber o suponer que existe un patrimonio que soporta la operación -el del consumidor-, pero el gravamen no se determina en función de dicho patrimonio o de la capacidad de su titular, sino que ello ocurre en función del movimiento de riqueza que causa el impuesto, valorado exclusivamente en términos del precio pagado.

Consecuentemente, puede apreciarse que el impuesto al valor agregado no constituye un porcentaje de algún incremento neto en el patrimonio (del proveedor del bien o servicio de que se trate), apreciable de manera fáctica o susceptible de ser cuantificado, sino que dicho gravamen se establece sobre operaciones que meramente suponen la existencia de cierta capacidad contributiva, tomando una parte del patrimonio que soporta la operación -es decir, del que paga el precio del bien o servicio-, sin medirlo total o directamente, y sin que siquiera sea relevante la dimensión definitiva de dicho patrimonio.

Una vez detallada la diferencia imperante entre los impuestos directos y los indirectos, resulta conveniente efectuar las siguientes precisiones en relación con los efectos económicos de los impuestos indirectos, a fin de delimitar el alcance de la garantía constitucional de proporcionalidad en el caso de dichos tributos.

En este contexto, debe tomarse en cuenta que el fenómeno por el cual un impuesto es material y económicamente pagado por el consumidor final de cuya bolsa sale el dinero para el entero respectivo, se denomina "incidencia"; sin embargo, dicho suceso no puede tornar inconstitucional por desproporcional el impuesto pues, en primer lugar, no se trata de un aspecto que deba ser tomado en consideración para los efectos del derecho, sino de la economía y, en segundo lugar, porque el estudio de la incidencia de los impuestos no es un factor de características generales apto para impugnar una ley, pues en realidad se trata de un elemento casuístico, eventual, registrable no por regla general, sino por la verificación de determinadas condiciones y acontecimientos en cada caso y operación en particular: se trata de un variable efecto económico de los impuestos.

En efecto, la incidencia es un efecto de origen no jurídico, sino eventual, de origen económico financiero, que se causa por el proceso de traslación de los impuestos, el cual determina quién soporta el impacto económico del tributo en un contexto ajeno al campo del derecho; es decir, la incidencia determina la persona que, a la luz de la ciencia económica y financiera, cubre realmente el tributo una vez verificada la transferencia del impuesto por medio de una eventual elevación de precios de los productos o servicios enajenados, lo cual depende de las circunstancias imperantes en cada caso, individualmente considerado.

Así, la incidencia -como fenómeno económico de los impuestos indirectos- constituye un aumento a los gastos de operación de las empresas.

La reacción común de los empresarios afectados ante dicho incremento, es trasladarlo a los consumidores como parte del precio, sin embargo, esto depende de cada caso concreto.

En tales condiciones, el establecimiento del gravamen implica su traslado al adquirente, quien nominalmente desembolsa el importe correspondiente a dicho impuesto. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que las condiciones del mercado pueden motivar al enajenante a que opte por reducir el precio de su producto, buscando que el precio de venta -que deberá incluir el impuesto- no se vea alterado hasta el punto de perjudicar las ventas del bien de que se trate.

Dicha decisión por parte del enajenante dependerá de la elasticidad de la demanda del bien correspondiente, es decir, del precio que el consumidor esté dispuesto a pagar por éste, de tal suerte que, en caso de que la demanda disminuya al aumentarse el precio en la medida del impuesto, el enajenante deberá decidir si mantiene constante el precio o si disminuye su margen de utilidad, caso en el cual será éste el que resienta el impacto del gravamen, si bien el monto respectivo siempre es desembolsado nominalmente por el adquirente.

Si, por el contrario, la demanda del bien no disminuye a pesar de la inclusión del gravamen, tradicionalmente el enajenante no acudirá a la disminución del precio, siendo el consumidor quien soporte el gravamen tanto nominal como realmente.

Pues bien, resulta evidente que el efecto llamado "incidencia del impuesto" por efectos de la traslación, no es una regla general de todos los tributos ni se presenta en todos los casos, más bien se trata de un problema de contenido no jurídico sino meramente económico que se verifica con características distintas en cada caso particular y depende de la situación personal de cada contribuyente que resiente la incidencia producto de la percusión y repercusión del impuesto con motivo de la traslación, así como de las particularidades del acto de traslado.

Ahora bien, retomando el punto de origen del presente considerando, relativo al alcance de la garantía constitucional de proporcionalidad, debe precisarse que, en el caso particular de impuestos indirectos, la sola remisión a la capacidad contributiva del sujeto pasivo no resulta suficiente para establecer un criterio general de justicia tributaria.

Lo anterior, en razón de que este tipo de impuestos no se vinculan a una apreciación directa de algún incremento neto en la riqueza del causante, sino que se refieren a un indicio de cierta capacidad contributiva, no cuantificada de forma definitiva o positiva, sino sólo de manera aislada, atendiendo a la operación en particular y únicamente en la medida del precio involucrado en la operación de que se trate.

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que, como se ha señalado, en los impuestos indirectos, el fenómeno de la traslación del gravamen incorpora elementos casuísticos de carácter económico que son de probanza compleja -toda vez que deben atender a cuestiones financieras como son, entre otras, la elasticidad de la oferta y de la demanda, así como las particulares condiciones del mercado-.

Consecuentemente, debe apreciarse que, en relación con los impuestos indirectos, la capacidad contributiva del causante de iure no debe ser el único factor considerado al momento de analizar la proporcionalidad del tributo.

Ahora bien, en el caso particular del impuesto al valor agregado, un simple análisis de la relación cuantitativa entre la contraprestación recibida por el proveedor del bien o del servicio, por una parte, y el monto del impuesto, por la otra, no otorga elementos que permitan efectuar un pronunciamiento sobre el carácter proporcional o desproporcionado del gravamen.

En efecto, el hecho de que cada consumo de cien pesos represente un impuesto de quince, nada nos dice sobre la proporcionalidad del gravamen, mucho menos si se considera que el impuesto es trasladado por el proveedor al cliente, mientras que la contraprestación incide en el haber patrimonial del proveedor contribuyente de iure.

En tal virtud, el estudio que ha de efectuarse debe circunscribirse a la dimensión estrictamente jurídica de dicha garantía constitucional, lo cual se traduce en que, tal como se desprende de las tesis de jurisprudencia que han sido citadas con antelación, es necesario que exista una estrecha vinculación entre el objeto del impuesto y el monto del gravamen.

Consecuentemente, la garantía de proporcionalidad tributaria exige que, en el caso particular del impuesto al valor agregado, como regla general -tomando en cuenta las variaciones inherentes a los actos o actividades exentos y a los sujetos a tasa cero-, se vincule el objeto del impuesto, considerando los factores de la producción inherentes a la naturaleza del impuesto, con la cantidad líquida que se ha de cubrir por dicho concepto.

Una vez efectuadas las precisiones anteriores, se estima necesario analizar si el artículo 2o. C de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente para el ejercicio fiscal de dos mil cuatro transgrede o no el principio constitucional de proporcionalidad en materia tributaria. Para tal efecto, se transcribe su contenido, mismo que es del tenor literal siguiente:

"Artículo 2o-C. Las personas físicas que tributen conforme al régimen de pequeños contribuyentes de acuerdo con lo previsto en el Título IV, Capítulo II, Sección III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pagarán el impuesto al valor agregado mediante estimativa del valor de las actividades que practiquen las autoridades fiscales, en lugar de hacerlo en los términos generales que esta ley establece. Para ello, se aplicará la tasa que corresponda a la cantidad que resulte de aplicar el coeficiente de valor agregado que señala este artículo, al valor estimado de las actividades por las que estén obligados al pago de este impuesto. Las autoridades fiscales tomarán en cuenta los ingresos reportados por los contribuyentes en la declaración informativa que deben presentar para los efectos del impuesto sobre la renta, correspondiente al ejercicio inmediato anterior. La estimativa que se obtenga se dividirá entre doce para obtener el valor de las actividades mensuales estimadas. Para los efectos del cálculo mencionado anteriormente, no se deberá considerar el valor de las actividades a las que se les aplique la tasa del 0%. Los contribuyentes no tendrán derecho al acreditamiento del impuesto al valor agregado.

"Tratándose de contribuyentes que inicien actividades, deberán estimar el ingreso mensual de las actividades por las que estén obligados a efectuar el pago del impuesto dentro del mes en que ello ocurra, sin incluir aquellas afectas a la tasa de 0%. Dicha estimativa se mantendrá hasta que se ajuste conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior o se dé alguno de los supuestos previstos en los apartados que se establecen en este artículo.

"El coeficiente de valor agregado será de 20% tratándose de enajenación y otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y de 50% en la prestación de servicios, salvo que la actividad a la que se dediquen los contribuyentes sea alguna de las siguientes:

"I. Se aplicará el 6% en la comercialización de petróleo y combustibles de origen mineral.

"II. Se aplicará el 20% en los giros siguientes:

"a) Fabricación de sombreros de palma y paja.

"b) Venta de boletos de teatro.

"III. Se aplicará el 22% en los giros siguientes:

"a) Fabricación de jabones y detergentes; velas y veladoras.

"b) Fabricación de artículos para deportes; confecciones, telas y artículos de algodón; calzado de todas clases; pieles y cueros.

"c) Fabricación de muebles de madera; extracción de maderas.

"d) Imprenta, litografía y encuadernación.

"e) Servicios de molienda de granos y de chiles.

"f) Servicios de restaurantes.

"g) Servicios de espectáculos en arenas, cines y campos deportivos.

"h) Servicios de agencias funerarias.

"i) Comercialización de refrescos y cerveza; vinos y licores.

"j) Comercialización de jabones y detergentes; velas y veladoras.

"k) Comercialización de artículos para deportes; confecciones, telas y artículos de algodón; pieles y cueros.

"l) Comercialización de papeles y artículos de escritorio.

"ll) Comercialización de joyería, bisutería y relojería.

"m) Comercialización de sustancias y productos químicos o farmacéuticos; explosivos.

"n) Comercialización de artículos de ferretería y tlapalería; pinturas y barnices; cemento, cal y arena; vidrios y otros materiales para la construcción; fierro y acero.

"ñ) Comercialización de llantas y cámaras; piezas de repuesto de automóviles o camiones y otros artículos del ramo, con excepción de sus accesorios.

"o) Fabricación de alcohol; perfumes, esencias, cosméticos y otros productos de tocador.

"p) Fabricación de papel y artículos de papel.

"q) Fabricación de joyería, bisutería y relojería.

"r) Fabricación de instrumentos musicales; discos y artículos del ramo.

"En el caso de que los contribuyentes se dediquen a dos o más actividades de las señaladas en este artículo, para determinar el impuesto al valor agregado, se aplicará al valor de las actividades por las que estén obligados al pago del impuesto, el coeficiente que corresponda a cada actividad. Para los efectos del cálculo mencionado, no se deberán considerar las actividades a las que se aplique la tasa del 0%.

"Las autoridades fiscales establecerán cuotas mensuales, que se calcularán aplicando lo dispuesto en el presente artículo. Dichas cuotas se modificarán en los supuestos a que se refieren los apartados siguientes:

"A. Cuando los contribuyentes manifiesten a las autoridades fiscales en forma espontánea que el valor mensual de sus actividades se ha incrementado en el 10% o más respecto del valor mensual estimado por las autoridades fiscales por dichas actividades.

"B. Cuando las autoridades fiscales, a través del ejercicio de sus facultades, comprueben una variación superior al 10% del valor mensual de las actividades estimadas.

"C. Cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor exceda el 10% del propio índice correspondiente al mes en el cual se haya realizado la última actualización de la cuota.

"Los contribuyentes que paguen el impuesto en los términos de este artículo, en lugar de la contabilidad a que se refiere la fracción I del artículo 32 de esta ley, deberán llevar el registro de sus ingresos diarios efectuando la separación de las actividades por las que deba pagarse el impuesto conforme a los distintos coeficientes de valor agregado que les sean aplicables. Cuando las actividades se encuentren sujetas a tasas diferentes, también deberán efectuar la separación. Asimismo, por las erogaciones que efectúen, deberán contar con comprobantes que reúnan requisitos fiscales.

"Los contribuyentes a que se refiere el presente artículo no podrán expedir comprobantes en los que trasladen el impuesto en forma expresa y por separado. En el caso de que se expidan deberán pagar el impuest

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19484-3506e358/proporcionalidad-tributaria-alcance-de-dicho-principio-en-relacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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