IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL ARTÍCULO 138 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, AL DEJAR A VOLUNTAD DE LA AUTORIDAD EXACTORA LA DEFINICIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL TRIBUTO ES VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.
AMPARO EN REVISIÓN 121/2005. BÁRBARA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Los agravios expresados son infundados.
La autoridad recurrente aduce que el considerando séptimo y el resolutivo segundo de la sentencia que se impugna, violan lo dispuesto por los artículos 16 constitucional; 77, fracciones I y II, 78, 79 y 149, todos de la Ley de Amparo, pues el a quo no tomó en cuenta los argumentos vertidos por las responsables en sus informes justificados, con los cuales se acredita la constitucionalidad del precepto legal impugnado; que de conformidad con los preceptos citados las sentencias deben estar debidamente fundadas y motivadas; ya que no establece ninguna consideración respecto del porqué considera que los artículos del Código Financiero del Distrito Federal que regulan el impuesto sobre adquisición de inmuebles, son violatorios de la Constitución y por ende no es dable otorgar el amparo a la quejosa en contra de tal numeral.
Lo anterior, continúa la recurrente, porque si las autoridades responsables al rendir su informe justificado, exponen las razones y fundamentos que estiman pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, el Juez debe analizar las razones y fundamentos y, en caso de considerarlos insuficientes, manifestar por qué lo considera así, pero no soslayar las razones hechas valer en el informe justificado, aduciendo sus propias consideraciones respecto a la supuesta inconstitucionalidad del artículo 138 del código financiero.
Por lo que el recurrente estima que el Juez de Distrito no estudió correctamente el informe justificado, en el que se aclaró que no se deja a la autoridad ni mucho menos en un tercero, la determinación de los elementos del impuesto sobre adquisición de bienes, ya que el artículo 134 de dicho ordenamiento legal, establece quiénes son los sujetos obligados al pago del impuesto; así como los derechos relacionados a ellos, y la tarifa que se establece de acuerdo al valor del inmueble en forma progresiva.
Asimismo aduce el recurrente que en el artículo 134 en cuestión, se establece el objeto del impuesto a debate, que la base la fija el diverso 138 del multimencionado ordenamiento y, finalmente, la época de pago, conforme a lo establecido en el artículo 142 del Código Financiero del Distrito Federal, por lo que estima que contrario a lo que aduce el Juez de Distrito, no se violenta el principio de legalidad tributaria, dado que los elementos del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles son perfectamente establecidos por el legislador en los artículos 134, 138 y 142 del código financiero.
También señala el recurrente que el Juez violentó los artículos 16 y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, en virtud de que indebidamente sustenta que el precepto reclamado incluye como elemento determinante a la base gravable del tributo, el valor y no una cantidad numérica determinada, lo que le parece ilegal, ya que la determinación de la base gravable constituye sólo una de las alternativas para establecer la base gravable que a saber son: 1. El valor de adquisición, 2. El valor catastral y, 3. El valor que resulte del avalúo vigente practicado por personas autorizadas, por lo que, si el juicio de garantías de que se trata se ocupa de un caso concreto, no puede sostenerse que con base en una generalidad que no prueba, el avalúo es el acto mediante el cual se determina el valor fiscal de los inmuebles.
Además, aduce la recurrente, la quejosa no presentó en el juicio, el avalúo que supuestamente sirvió de base para la aplicación del impuesto controvertido y, aclara que el avalúo no lo realizó la autoridad, ya que la quejosa o el fedatario ante quien se elevó la escritura solicitaron a un técnico en la materia para que realizara el avalúo, por lo que resulta ilegal la conclusión del Juez, puesto que olvidó la alternatividad de posibilidades para determinar la base gravable.
Por otro lado, el recurrente sostiene que las manifestaciones de la a quo resultan infundadas, dado que la base del impuesto es un elemento definido por el órgano legislativo del Distrito Federal, mediante la fórmula citada, en la cual se dan al contribuyente los elementos para determinarlo y quedando sometida a la autoridad hacendaria a determinar el impuesto conforme a los lineamientos del asambleísta, por lo que el impuesto sobre adquisición de inmuebles no prescinde de ningún elemento, ya que la base sí está establecida en el artículo 138.
Asimismo, aduce la recurrente, en relación con el argumento del Juez, en el sentido de que se deja en manos de la autoridad fiscal la determinación de la base de dicho impuesto, cabe enfatizar que el legislador definió las bases impositivas para determinar la cuantía del tributo.
En primer término, cabe señalar que es inexacto que exista obligación por parte del Juez de Distrito de analizar y dar respuesta a los argumentos del informe justificado, sino que, por el contrario, basta con que al dictar la sentencia, analice las causales de improcedencia que se hagan valer y determine la constitucionalidad de los actos reclamados, al tenor de los razonamientos expresados en los conceptos de violación.
Lo anterior, de acuerdo al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 123/99, publicada en la página 190 del Tomo X, diciembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:
"INFORME JUSTIFICADO. EL JUZGADOR DE GARANTÍAS NO ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER LOS ARGUMENTOS EN QUE AQUÉL SOSTIENE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.-A diferencia de lo que sucede con las causas de improcedencia, cuyo estudio es de orden público, en las sentencias de amparo no existe obligación de referirse necesariamente y de manera expresa a las argumentaciones que con el fin de sostener la constitucionalidad del acto reclamado exponen las autoridades responsables en su informe justificado, por no establecerlo así los artículos 77 y 149, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que la litis constitucional se integra con el acto reclamado y la demanda de amparo."
Además, debe indicarse que en la sentencia impugnada se consideró que del texto de los artículos 134, 135 y 138 del Código Financiero para el Distrito Federal, se advierte que imponen la obligación de pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y que el último de los mencionados regula la base para calcular el monto del impuesto, el cual dependerá del valor que resulte más alto de entre el valor de adquisición, el valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 del ordenamiento legal en cita o el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por ella.
Asimismo se señala en la sentencia, que en el caso de las dos primeras hipótesis, el precio es determinable por elementos objetivos, como lo es, el precio acordado por las partes, el cual se consigna en el instrumento público en el que se hace constar la operación de compraventa y, por otro lado, tratándose del valor catastral, la propia ley establece los elementos que permiten obtenerlo; sin embargo, en tratándose de los avalúos, consideró el a quo que le asistía razón a la quejosa al afirmar que en la determinación de tributo, uno de los elementos esenciales no está establecido en la norma emitida por la autoridad legislativa, porque para fijar la base respecto de la cual se habrá de aplicar la tarifa, se deja en manos de una persona diversa tal determinación, ello, en tratándose de los avalúos, de modo que se trata de una base impositiva alternativa que se determina por el valor más alto del inmueble adquirido y de esta manera, aunque la ley secundaria prevea la facultad de la autoridad hacendaria de determinar dichos procedimientos, implícitamente queda al arbitrio de tal ente, la determinación del citado elemento del impuesto, circunstancia que estima contraria al principio de legalidad tributaria.
De lo anterior se advierte que, contrariamente a lo señalado por el recurrente, el Juez de Distrito analizó los argumentos vertidos en el informe justificado con relación a si el legislador estableció las bases impositivas para determinar el impuesto sobre adquisición de inmuebles previsto en el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, de ahí que el argumento en cuestión resulte infundado.
Ahora bien, los artículos 134, 138 y 140 del Código Financiero del Distrito Federal de que se trata disponen lo siguiente.
"Artículo 134. Están obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, establecido en este capítulo, las personas físicas y las morales que adquieran inmuebles que consistan en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él ubicados en el Distrito Federal, así como los derechos relacionados con los mismos a que este capítulo se refiere."
"Artículo 138. El valor del inmueble que se considerará para efectos del artículo 135 de este código, será el que resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 de este código y el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por la misma. Cuando se trate de adquisición por causa de muerte, dicho valor deberá estar referido a la fecha de la adjudicación de los bienes de la sucesión."
"Artículo 140. Los avalúos que se realicen para efectos de este impuesto, deberán ser practicados por las personas señaladas en el artículo 44 de este código."
De las transcripciones realizadas, puede concluirse que son infundados los restantes agravios expuestos por la autoridad recurrente, ya que del contenido de los invocados numerales se advierte que fue voluntad del legislador del Distrito Federal que las personas físicas y morales que adquieran inmuebles consistentes en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el Distrito Federal, estén obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y de los derechos relacionados con los mismos.
El creador de la norma también estableció en el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal, que el valor del inmueble que se considerará para efectos del artículo 135, será el que resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 y el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por la misma.
De lo expuesto se obtiene que, con independencia de lo que afirmó el a quo, el artículo 138 del Código Financiero del Distrito Federal no aporta ninguna información o dato de los cuales pueda advertirse el procedimiento que debe seguirse para obtener la cantidad a pagar por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles.
Únicamente se prevé la obligación de pagar la contribución de que se trata a cargo de las personas físicas y morales que adquieran inmuebles, ya sea únicamente respecto al suelo, las construcciones hechas en el terreno, o bien, en ambos casos, así como los derechos relacionados con los mismos, y para calcular la cantidad respectiva el legislador se limitó a señalar que el valor del inmueble que se considerará para efectos del artículo 135, será el que resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 y el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal o por personas registradas o autorizadas por la misma; en esa virtud y atento a que conforme al principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, los elementos del impuesto tales como: el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, deben estar consignados expresamente en la ley, se viola dicho principio cuando la ley secundaria prevé que sea la autoridad hacendaria quien determine los procedimientos y lineamientos técnicos y los manuales de valuación técnicos a efecto de dar validez a los avalúos correspondientes, lo que se traduce en lineamientos y condiciones que conforman uno de los elementos esenciales del tributo de que se trata, pues tal circunstancia provoca que el sujeto pasivo de la relación tributaria no tenga un conocimiento cierto de la contribución a su cargo.
Ello lleva a concluir que, implícitamente, queda al arbitrio de la autoridad la determinación de uno de los elementos del impuesto aludido, por estar facultada para autorizar a determinadas personas para la elaboración del peritaje correspondiente y señalar las reglas al efecto.
En esa virtud, resulta inconstitucional el indicado artículo 138, vigente a partir del uno de enero de dos mil cuatro, que regula el tributo de mérito, por contravenir el principio de legalidad tributaria pues, con ello, no es posible conocer fehacientemente el monto a pagar de la contribución; además, no se especifica sobre qué datos debe aplicarse dicha información, ello es así aun cuando del texto del artículo 135 del código en cita, se observa que el legislador, en ésta ocasión precisó que el impuesto se calcula aplicando la tabla que el propio numeral contiene sobre el valor total del inmueble, al disponer lo siguiente: "El impuesto se calculará aplicando, sobre el valor total del inmueble la siguiente tarifa", lo que no ocurría con el artículo 156 del propio código, vigente en dos mil tres, en el que no se especificaba que al valor total del inmueble se aplicaba la tarifa contenida en la tabla del precepto legal.
Dicho de forma diversa, el legislador no estableció la base gravable o el elemento que debe tomarse en cuenta para aplicar la tarifa prevista en la propia legislación, esto es, en su artículo 135, con lo que se transgrede el principio de legalidad tributaria conforme al cual mediante un acto formal y materialmente legislativo deben establecerse todos los elementos que sirven de base para realizar el cálculo de una contribución, fijándose con la precisión necesaria, entre otros elementos qué tasa o tarifa debe aplicarse, lo que permite evitar actuaciones arbitrarias de las autoridades hacendarias y crear certidumbre al gobernado.
Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la tesis de este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada con el número I.7o.A.323 A, en la página 1355, del Tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica:
"-Del contenido de los artículos 134, 138 y 140 del Código Financiero del Distrito Federal se advierte que fue voluntad del legislador del Distrito Federal que las personas físicas y morales que adquieran inmuebles consistentes en el suelo, en las construcciones o en el suelo y las construcciones adheridas a él, ubicados en el Distrito Federal, estén obligadas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles y de los derechos relacionados. En el segundo de tales numerales se estableció un sistema de determinación alternativa de la base, en el que se prevé que el valor del inmueble que se considerará para efectos del pago será el que resulte más alto entre el valor de adquisición, el valor catastral determinado con la aplicación de los valores unitarios a que se refiere el artículo 151 del mismo ordenamiento o el valor que resulte del avalúo practicado por la autoridad fiscal, o por personas registradas o autorizadas por ella; ahora bien, para considerar constitucionalmente admisible la mecánica descrita, es necesario que la determinación de cada una de las hipótesis quede perfectamente definida por la norma, evitando así que sea la autoridad exactora la que fije de manera unilateral el aludido elemento de la fórmula tributaria, vicio este último que se produce en el sistema establecido por el referido código financiero, en tanto que el último de los referentes para calcular el impuesto a cubrir (de resultar el más alto), queda subordinado a la particular apreciación del fisco, al estar facultado por la norma para establecer, sin mayor dato, los procedimientos y lineamientos técnicos, así como los manuales de evaluación que darán validez a los avalúos correspondientes, incumpliendo con el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al dejar a entera voluntad de la exactora la definición y determinación de tal elemento esencial en la relación jurídica tributaria."
Debe destacarse que de autos se aprecia la declaración para el pago del impuesto en cuestión, del que se advierten, en el apartado "X. Datos del avalúo", los datos del perito valuador, el número de avalúo y fecha del avalúo, asimismo, en la hoja anexa a dicha documental, se aprecian los valores considerados por dicho experto, y las características del inmueble cuya adquisición generó el tributo de que se trata, precisando un valor de avalúo mayor que el catastral y que el de adquisición, inclusive; así, con independencia de que la autoridad responsable no hubiera realizado dicho dictamen, lo cierto es que esa determinación y el pago del tributo con base en tal cantidad, resulta suficiente para considerar que en el particular sí se aplicó la hipótesis normativa prevista en el precepto legal que se declaró inconstitucional, pues de acuerdo a este numeral, se tendría que pagar con base al monto que resultara más alto de entre los tres mencionados; por ello, es claro que quedó debidamente demostrado, tanto la existencia del acto de aplicación de la norma, como el interés jurídico de la quejosa para impetrar la protección federal.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que, contrario a lo afirmado por la recurrente, en el sumario obra de las fojas 32 a 47, el avalúo correspondiente, de ahí que resulte inexacta tal afirmación.
En esa tesitura, al resultar infundados los agravios hechos valer, se impone confirmar en sus términos la sentencia recurrida.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 83 y 85, fracción II, y 91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-En la materia se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio en los términos precisados del considerando quinto de esta resolución.
TERCERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Bárbara Fernández Gutiérrez respecto de los restantes actos reclamados y autoridades precisadas.
Notifíquese; con testimonio de la resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y en su oportunidad, archívese el expediente.
Así; por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados, presidenta Adela Domínguez Salazar, F. Javier Mijangos Navarro y Alberto Pérez Dayán, siendo ponente la primera de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18867-44d8bcc4/impuesto-sobre-adquisicion-de-inmuebles-el-articulo-138 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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