Corpus
Modo: Corpus Pro

EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. PARA QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SE ESTIME LEGAL, EL DILIGENCIARIO DEBE CERCIORARSE, AL NO ENCONTRAR AL DEMANDADO, QUE LOS PARIENTES, DOMÉSTICOS O CUALQUIER OTRA PERSONA HABITAN EN LA CASA DESIGNADA PARA HACER ENTREGA DE LA CÉDULA RESPECTIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 123/2007. · Registro digital (IUS): 20299
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: FRANCISCO JAVIER IBÓN MARTÍNEZ.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, , Pág. 1296.

AMPARO EN REVISIÓN 123/2007. FRANCISCO JAVIER IBÓN MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. Los agravios son infundados.

En efecto, se alega, esencialmente, que la sentencia impugnada causa agravio a la institución recurrente, dado que indebidamente se concedió al quejoso la protección constitucional, toda vez que, contrariamente a lo estimado por la a quo, el emplazamiento de dicho demandado cumple con las formalidades de los artículos 109, 111, 112 y 113 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Previamente al estudio de los motivos de agravio hechos valer y para la mejor comprensión de este asunto, cabe destacar que del expediente de amparo se advierte que Francisco Javier Ibón Martínez reclamó del Juez Octavo del Ramo Civil de esta ciudad y actuario de su adscripción, el ilegal emplazamiento realizado en el juicio ordinario mercantil, expediente 414/2006, anteriormente 707/98, del índice del Juzgado Séptimo del Ramo Civil de esta capital, así como todas las consecuencias legales derivadas de dicha diligencia, dentro del cual se embargó, remató y adjudicó el inmueble de su propiedad ubicado en la calle de San David, número 705, del Fraccionamiento Rancho Viejo y/o Prados de San Vicente Sección Oriente, habiendo alegado que nunca fue emplazado legalmente a dicho procedimiento.

Por otra parte, cabe destacar que de las constancias procesales remitidas por el Juez Octavo del Ramo Civil de esta ciudad, relativas al juicio ordinario mercantil, expediente 414/2006, promovido por la institución tercera perjudicada, Banca Serfín, S.A., en contra del quejoso Francisco Javier Ibón Martínez, se desprende que la diligencia de emplazamiento combatida en el juicio de garantías de que se ocupa, se llevó a cabo de la siguiente manera:

a) El veintidós de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, a las dieciséis treinta horas, el actuario del Juzgado Séptimo del Ramo Civil de esta ciudad, se constituyó por primera en el domicilio señalado como el del demandado Francisco Javier Ibón Martínez, ubicado en la calle San David, número 705, del Fraccionamiento Prados de San Vicente, de lo cual se cercioró por habérselo manifestado Luis Alberto Chávez Torres, y no encontrando presente al referido demandado, le dejó citatorio con dicha persona para que aquél lo esperara al día siguiente a las diecisiete horas, apercibiéndolo legalmente (f. 29 y 30).

b) El veintitrés del mismo mes y año, a las diecisiete horas, el aludido diligenciario se constituyó por segunda ocasión en el aludido domicilio, habiendo levantado un acta del siguiente tenor literal:

"En la ciudad de San Luis Potosí, capital del Estado del mismo nombre, siendo las 17:00 del día veintitrés del mes de septiembre de 1998 mil novecientos noventa y ocho, el suscrito actuario del Juzgado Séptimo del Ramo Civil, asociado de la parte actora en el presente juicio C. Alejandro Alfonso Serment Gómez nos constituimos en el domicilio señalado como el de demandado (s) en el presente juicio C. Francisco Javier Ibón Martínez sito en calle San David No. 705, Fracc. Prados San Vicente, sección oriente, ciudad número 705 y cerciorado de que es el domicilio señalado como el de demandado (s) en el presente juicio por nomenclatura inscrita en calle, número oficial de inmueble y por así manifestarlo quien dijo llamarse Luis Alberto Chávez Torres y no encontrándose presente el (los) demandado (s), procede el suscrito a entender la presente diligencia con quien dijo llamarse Luis Alberto Chávez Torres, a quien le hago saber el motivo de nuestra presencia y al efecto le hago saber el auto a cumplimentar de fecha 6 de julio de 1998 en el que se tiene al C. Alejandro Alfonso Serment Gómez por promoviendo en la vía ordinaria mercantil juicio en contra del demandado (s) en presente juicio por los conceptos indicados en escrito inicial de demanda, y al efecto con las copias simples exhibidas, documentos anexos y cédula de emplazamiento le (s) corro traslado al demandado (s) por conducto de quien me atiende y los emplazo para que en el término de 9 nueve días comparezca (n) ante el juzgado a dar contestación de la demanda entablada en su contra, apercibido (s) que en caso de no hacerlo se le (s) tendrá por presuntivamente confeso (s) en los hechos que en la misma se consignan, con lo que doy por terminada la presente diligencia, firmando los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo. Doy fe." (f. 31 y 32).

Por otra parte, del contexto de la sentencia reclamada se desprende que la a quo concedió al quejoso la protección constitucional solicitada, al estimar que la diligencia de emplazamiento impugnada no cumple con las formalidades de los artículos 109, 111, 112 y 113 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, puesto que de las actas relativas se desprende que el diligenciario: a) No se cercioró de que el demandado habitara en el domicilio donde se constituyó, y b) No estableció la calidad de la persona que recibió el citatorio en la primera búsqueda, y la cédula de notificación en la segunda, o que dicha persona viviera en ese domicilio.

Precisado lo anterior, debe decirse que no le asiste razón al recurrente en sus alegaciones, pues este órgano jurisdiccional conviene con la a quo en que el emplazamiento del quejoso no cumple con las formalidades que establecen los artículos 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mismos que por su orden disponen lo que sigue:

"Artículo 111. La primera notificación se hará personalmente al interesado o a su representante o procurador en la casa designada; y no encontrándolo el notificador, cerciorado de que allí vive, le dejará instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que lo entregue, el nombre y apellido del promovente, el Juez o tribunal que mande practicar la diligencia, la determinación que se mande notificar y el nombre y apellido de la persona a quien se entregue, recogiéndole la firma en la razón que se asentará del acto."

"Artículo 112. Si se tratare de notificación de la demanda y a la primera busca no se encontrase al demandado, se le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; y si no espera se le hará la notificación por cédula. La cédula en los casos de este artículo y del anterior, se entregará a los parientes o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en la casa, después de que el notificador se hubiere cerciorado de que allí vive la persona que deba ser citada; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia."

Ello es así, porque aun cuando se estimara que tanto en la primera búsqueda del demandado, como en la segunda, el actuario se cercioró de que en ese domicilio habitaba dicho demandado, porque así se lo manifestó Luis Alberto Chávez Torres, quien lo atendió en ambas diligencias; sin embargo, la ilegalidad de emplazamiento en cuestión deriva principalmente de la omisión del aludido diligenciario de precisar en las actas correspondientes, cuál era la relación que guardaba Luis Alberto Chávez Torres con el demandado, es decir, si era pariente o doméstico del interesado, o bien, si dicha persona vivía en ese domicilio, siendo éstas las circunstancias que permitirían tener la certeza de que, a virtud de esa relación de confianza, familiaridad, amistad o cordialidad, Luis Alberto Chávez Torres entregó al demandado el citatorio y la cédula que recibió.

Por tanto, resulta inoperante lo alegado en el sentido de que el emplazamiento del quejoso cumple con las formalidades que exige la ley, porque se realizó en el domicilio donde fue emplazado como tercero perjudicado, en el diverso juicio de garantías, expediente 1229/2006, además de que se trata del domicilio convencional fijado en el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, exhibido como documento base de la acción ejercida pues, como ya se destacó, aun cuando se tenga por satisfecho el cercioramiento del domicilio del demandado y, por ende, que el emplazamiento se realizó en su domicilio, la ilegalidad de dicha diligencia sigue subsistiendo, porque no se tiene la certeza jurídica de que Luis Alberto Chávez Torres, haya entregado al hoy quejoso el citatorio y la cédula de notificación, ante la omisión del actuario de asentar en las actas levantadas, si dicha persona era pariente o doméstico del demandado, o bien, si aquél vivía en ese domicilio, tal como lo exige el segundo párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, en el sentido de que el citatorio y la cédula "... se entregará a los parientes o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en la casa."

En relación con lo anterior, son aplicables las tesis aisladas emitidas por este Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, la primera, publicada en la página 483 del Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, Octava Época; y la segunda, en la página 520 del Tomo II, diciembre de 1995, Novena Época; ambas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen:

"NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA POR MEDIO DE CÉDULA. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ). De la redacción del artículo 112 del Código Adjetivo Civil para el Estado de San Luis Potosí, se infiere, que el actuario debe hacer constar si la persona con quien entendió la notificación, era pariente o doméstico de la demandada, o bien si vivía o no en la misma casa; y que la omisión de tales datos constituye una ilegalidad que conlleva a establecer que el emplazamiento no fue hecho en la forma ordenada por el supracitado artículo 112; pues si bien es cierto, que dentro de las funciones, atribuciones y obligaciones del actuario, no se encuentran las de realizar investigaciones para determinar si la persona con quien entiende la diligencia de emplazamiento, es pariente o doméstico del demandado, o si tal persona vive en ese domicilio; también es cierto que cuando se tenga que practicar un emplazamiento de conformidad con el artículo 112 del Código Procesal Civil, para el Estado de San Luis Potosí, los notificadores no sólo están facultados, sino que tienen la obligación de cerciorarse de que en el lugar donde se practica la diligencia, vive el demandado, y además de que la persona con quien se entiende y aquélla a quien se entrega la ‘cédula’ en ausencia del demandado, tiene el carácter de pariente o doméstico de ésta o bien que tal persona vive en ese mismo domicilio y de asentar razón en autos de los medios de convicción empleados, pues de esta manera al no estar el interesado, con tal medida se aumentan las probabilidades de que el citatorio y la cédula lleguen a él; pero resultaría nugatoria la prevención legal, si el emplazamiento se practicara con cualquier persona que estuviese en el lugar, así fuera transitoriamente."

"EMPLAZAMIENTO, NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA EN AUSENCIA DEL DEMANDADO. A QUIÉN DEBE ENTREGARSE. De conformidad con lo previsto en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, para que la notificación de una demanda pueda estimarse legal, no basta con que el notificador se cerciore de que actúa en el lugar señalado para ello, sino que, además, es indispensable, al no encontrar al demandado, que la cédula se entregue a los parientes, domésticos o cualquier otra persona que viva en la casa; esto es, lo previsto en el dispositivo en cita, debe entenderse en el sentido de que esos familiares, domésticos o cualquier otra persona, presentes en la diligencia, habitan en la casa designada, no simplemente que se trate de un pariente o doméstico, de tal manera que, al no haberse cumplido con tal requisito, no puede operar la presunción relativa a que el demandado tuvo conocimiento de la diligencia oportunamente y que recibió las copias del traslado."

Por otra parte, debe decirse que si bien es cierto que, como se alega, que tanto en la primera como en la segunda búsqueda del demandado, el actuario fue atendido por Luis Alberto Chávez Torres, también lo es que en el expediente de amparo obran diversos recibos de servicio de energía eléctrica, expedidos a nombre de dicha persona, con domicilio en la calle San David, número 705; sin embargo, tales circunstancias no son suficientes para establecer que Luis Alberto Chávez Torres fuese pariente o doméstico del demandado, o bien, que viviera en dicho domicilio, máxime cuando los recibos de energía eléctrica sólo demuestran que dicha persona contrató ese servicio, siendo de agregar que la legalidad del emplazamiento en cuestión no puede quedar sujeta al valor probatorio de las pruebas documentales que exhibió el recurrente para demostrar que Luis Alberto Chávez Torres vive en el referido domicilio, dado que la certidumbre jurídica del emplazamiento sólo era posible de establecerse a través de los datos que el actuario debió asentar circunstanciadamente en las actas correspondientes, referentes a la relación de confianza, familiaridad, amistad o cordialidad, que existiera entre el demandado y Luis Alberto Chávez Torres, o bien, que éste vivía en el domicilio, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Al respecto, se comparten los criterios sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis aislada y tesis de jurisprudencia publicadas, la primera, en la página 798 del Tomo V, marzo de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; y, la segunda, en la página 63 del tomo 53, mayo de 1992, Octava Época, de la Gaceta de dicho Semanario, mismas que por su orden dicen lo que sigue:

"EMPLAZAMIENTO, CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE, LOS RECIBOS DE PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR QUE EL QUEJOSO TIENE SU DOMICILIO EN EL SEÑALADO EN ELLOS. Cuando en un juicio de amparo se reclama la falta de emplazamiento, alegando que dicho acto procesal no se practicó en el domicilio del quejoso, los recibos de pago expedidos por la Comisión Federal de Electricidad son insuficientes por sí mismos para demostrar aquél, pues únicamente comprueban el pago realizado por la prestación del servicio de energía eléctrica suministrado en un inmueble y, por ende, son ineficaces para demostrar la ilegalidad del acto reclamado."

"POSESIÓN. RECIBOS DE SERVICIOS QUE NO LA PRUEBAN. Los recibos de consumo de energía eléctrica, servicio de agua potable, y el contrato con la comisión municipal de agua potable y alcantarillado, únicamente justifican haber pagado tales servicios en los meses a que tales documentos se refieren; pero de ellos no se infiere que quien los presenta a juicio haya poseído el inmueble a que aquéllos se refieren."

Asimismo, debe decirse que, si bien es verdad, como lo alega el recurrente, que de las constancias procesales del juicio ordinario mercantil, expediente 414/2006, del que emanan los actos reclamados, se desprende que el catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve, el actuario del Juzgado Séptimo del Ramo Civil de esta ciudad, se constituyó en la calle de San David, número 705, Prados de San Vicente, sección oriente (f. 88), domicilio señalado como del demandado Francisco Javier Ibón Martínez, con el fin de notificarle el acuerdo de veintisiete de abril del mismo año (f. 56), dictado en cumplimiento a la sentencia pronunciada en ese asunto (f. 48 a 52), por el que se ordenó requerir a dicho demandado por el pago de las prestaciones a que fue condenado, siendo atendido el diligenciario por Guadalupe Martínez Torres, quien le manifestó ese era el domicilio del demandado y que era su familiar, además de que sabía y reconocía el adeudo; sin embargo, esta circunstancia no significa que las actas referentes al emplazamiento impugnado en el juicio de garantías de que se trata, levantadas el veintidós y veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, con motivo de la primera y segunda búsqueda del demandado, cumplan con las formalidades que exigen los artículos 111 y 112 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, puesto que esa notificación de catorce de junio de mil novecientos noventa y nueve, no convalida las irregularidades del emplazamiento en cuestión, tomando en consideración, por una parte, que se trata de una actuación practicada con posterioridad a la sentencia, concretamente, durante el procedimiento de ejecución; y, por otra, que dicha notificación ni siquiera se realizó personalmente con el demandado, de ahí que tampoco puede estimarse que en esa fecha el quejoso haya tenido conocimiento directo del juicio de origen y que, por ende, se trate de actos consentidos, pues sólo el hecho de contestar oportunamente la demanda, oponer defensas y excepciones, ofrecer pruebas, apelar de la sentencia inicial y expresar alegatos en la alzada, depuraría los vicios que hayan existido en el emplazamiento, convalidándose la actuación relativa, con lo cual quedaría satisfecho el objetivo y fin jurídico de la garantía de audiencia y derecho de defensa ejercido por la parte demandada en un juicio.

También es verdad que en el expediente de amparo de que se trata, obra copia certificada de actuaciones relacionadas con el diverso juicio de amparo, expediente 1229/2006-III, promovido por Irma Luna Chávez, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, del que se desprende que el quejoso Francisco Javier Ibón Martínez, fue emplazado personalmente como tercero perjudicado en la calle de San David, número 705, del Fraccionamiento Prados de San Vicente; sin embargo, esta circunstancia no significa que el emplazamiento practicado el veintitrés de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, cumpla con las formalidades legales, pues aun cuando se tenga por demostrado que el demandado tenga su domicilio en dicho lugar, la ilegalidad de la diligencia deriva también de que no se tiene la certeza jurídica de que la persona que atendió al actuario hubiese entregado el citatorio y la cédula a dicho demandado.

Y en relación con el último de los motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente, debe decirse que si bien es verdad que el inmueble embargado ya fue rematado y adjudicado; sin embargo, esa circunstancia no significa que las violaciones alegadas respecto del emplazamiento se hayan consumado irreparablemente, pues precisamente, la ilegalidad de dicha diligencia trae consigo la nulidad de los actos que le estén vinculados por un nexo jurídico y lógico, entre otros, el requerimiento de pago y embargo, y de las actuaciones posteriores, como es la sentencia, el remate y la adjudicación del bien embargado, aun en el supuesto de que en sí mismas sean perfectas.

Por último, debe decirse que resulta infundado lo alegado en el sentido de que el Juez Octavo del Ramo Civil y actuario de su adscripción no tienen el carácter de autoridades responsables y que los actos reclamados no existen, pues si bien es cierto que de las constancias procesales remitidas por dichas autoridades, se desprende que el auto de exequendo y el emplazamiento del demandado, son actos atribuibles al Juez y actuario del Juzgado Séptimo del Ramo Civil; sin embargo, también lo es que en la demanda de garantías correctamente se señaló al Juez Octavo del Ramo Civil y actuario de su adscripción, como "autoridades responsables sustitutas", como resultado de que el Juzgado Séptimo del Ramo Civil inicialmente conoció del juicio ordinario mercantil del que emanan los actos reclamados, y posteriormente fue enviado al referido Juzgado Octavo del Ramo Civil para que siguiera conociendo del asunto, por lo que tanto el Juez como el actuario de dicho órgano jurisdiccional, adquirieron la calidad de autoridades responsables, quienes en sustitución de aquéllas son las facultadas para dictar y cumplir en el juicio de origen, todas las determinaciones concernientes a dicho procedimiento, así como las derivadas de la sentencia pronunciada en el juicio de amparo de que se trata.

En relación con lo anterior, es aplicable la tesis de jurisprudencia 86, publicada en la página 69 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000; así como la tesis aislada emitida por la entonces Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 3972, del Tomo LXXXIII, Quinta Época del propio Semanario, las cuales por su orden dicen lo que sigue:

"AUTORIDAD RESPONSABLE, SUSTITUCIÓN DE LA.-Si aquella contra quien se pidió el amparo cesa de tener jurisdicción en el negocio, por impedimento, excusa o cualquiera otra causa, tiene el carácter de responsable la que se aboca al conocimiento del asunto, por ser la única que está en condiciones de cumplir con todas las determinaciones dictadas en el amparo y de ejecutar la sentencia que se dicte en el juicio constitucional, independientemente de la responsabilidad que en el caso pueda corresponder, personalmente, a la autoridad que haya dictado la resolución, materia de la demanda."

"ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. (AUTORIDAD RESPONSABLE, SUSTITUCIÓN LEGAL DE LA).-La circunstancia de que la resolución reclamada en amparo no haya sido dictada por el Juez designado como responsable, sino por su substituto legal, no hace improcedente el juicio de garantías, fundándose en que no está comprobada la existencia del acto reclamado."

En este orden de ideas, al resultar infundados los agravios hechos valer, se impone confirmar en sus términos la sentencia materia de revisión.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, de la Ley de Amparo y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en vigor, se resuelve:

PRIMERO.-Se confirma la sentencia materia de revisión.

SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Javier Ibón Martínez, en contra de las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, y que aquí se tienen por reproducidos. El amparo se concede para los efectos que se indican en la propia sentencia recurrida.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, Carlos L. Chowell Zepeda y F. Guillermo Baltazar Alvear, y el licenciado Juan Castillo Duque, secretario de tribunal, autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito, por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, del veintisiete de marzo de dos mil siete, siendo ponente el primero de los nombrados.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20299-fc561df0/emplazamiento-en-materia-mercantil-para-que-la-notificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.