ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE PLANTEA EN EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO, AL SER UNA CUESTIÓN AUTÓNOMA QUE NO FORMA PARTE DE LA LITIS DE DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 97/2007. JULIÁN LÓPEZ FLORES.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Los agravios hechos valer son infundados en parte e inoperantes en otra.
En efecto, en la sentencia recurrida el Juez de Distrito expuso que el tercero perjudicado, Julián López Flores, en su escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintitrés de octubre de dos mil seis (fojas 69 a 79 del juicio de garantías de origen), invocaba las causales de improcedencia del juicio de garantías previstas en las fracciones V, XIII, XIV y XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, empero, estimó el Juez del conocimiento que tal estudio se realizaría de manera conjunta ante la confusión e inconsistencia de la redacción de las causales propuestas y los argumentos que sustentaban cada una de ellas.
Aspecto que en modo alguno irroga perjuicio a la parte recurrente, pues aunque ésta en su pliego de agravios señala que el Juez de Distrito no expuso las razones o motivos por los que a su juicio debía proceder a examinar tales causales en forma conjunta, lo cierto es que ese aspecto de la sentencia recurrida no agravia a la parte aquí inconforme, máxime que el Juez de Distrito procedió a examinar en forma pormenorizada dichas causales de improcedencia.
Ahora bien, en primer término, la parte tercero perjudicada aduce que el Juez del amparo omitió tomar en consideración que, en la especie, se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues los quejosos Pedro y Jorge Humberto, de apellidos Zaragoza Fuentes, carecen de interés jurídico para promover el juicio de amparo, ya que es de explorado derecho que este último debe acreditarse plenamente y no inferirse a base de presunciones; afirmando, además, que indebidamente el a quo les otorgó el carácter de propietarios del inmueble del que derivan las diligencias de jurisdicción voluntaria, de información testimonial ad perpetuam.
Para una mayor claridad en el estudio del presente asunto se estima pertinente precisar que los mencionados quejosos se ostentaron, para efectos del juicio de amparo, como propietarios y poseedores del predio del que derivan las diligencias de jurisdicción voluntaria, en las que señalan que fue violentada su garantía de audiencia, pues no obstante tener dicho carácter, no fueron oídos y vencidos en el procedimiento de mérito.
Ahora bien, los agravios hechos valer parten de una base equivocada al afirmar que la Juez de amparo les reconoció el carácter de propietarios de un inmueble que no quedó debidamente identificado, y que tales circunstancias resultan ajenas a la materia del juicio de amparo.
Se afirma lo anterior, en atención a que, como bien precisó el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, la materia del juicio de amparo que se revisa se circunscribió única y exclusivamente a establecer si para los efectos del juicio de amparo Pedro y Jorge Humberto, ambos de apellidos Zaragoza Fuentes, acreditaron su interés jurídico con base en el derecho de propiedad que dijeron tener, a efecto de ser oídos y vencidos en las diligencias de jurisdicción voluntaria de las que emana el acto reclamado en esta vía constitucional, lo cual, como sostuvo el Juez Federal, es diametralmente distinto a que mediante un juicio de amparo se les reconozca la titularidad de derecho de propiedad alguno, lo cual en ningún momento fue una cuestión a dilucidar en el juicio de garantías de que se trata, e incluso, así lo afirmó la parte recurrente al señalar que ese aspecto no podía ser objeto de estudio a través del juicio de amparo; de ahí que es acertada la determinación del Juez de Distrito de que no resulta aplicable, al caso, la tesis que, con el rubro: "PROPIEDAD.", citó y transcribió la parte recurrente.
Por otra parte, también asiste razón al Juez de Distrito en torno a que las actuaciones litigiosas derivadas de la posesión y propiedad del inmueble materia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, entre la parte quejosa y la aquí recurrente tercero perjudicada, o inclusive, entre el finado Pedro Zaragoza Vizcarra o la donación que realizó María del Refugio Fuentes García viuda de Zaragoza, así como los antecedentes de tal inmueble, en modo alguno pueden actualizar las causales de improcedencia argumentadas por la parte inconforme, pues independientemente de que la materia del juicio de amparo a que este toca se refiere se circunscribe única y exclusivamente a determinar si las diligencias de jurisdicción voluntaria promovidas por Julián López Flores, según las constancias adjuntas al informe justificado rendido por el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, se promovieron para acreditar la posesión del inmueble que describió en su demanda, mediante la declaración de dos testigos, debieron hacerse o no del conocimiento de la parte quejosa derivada del derecho de propiedad que dice tener; lo cierto es que el sustento de las causales de improcedencia hechas valer por la parte recurrente involucran cuestiones de fondo respecto a quién de las partes corresponde la titularidad de derechos de propiedad o de posesión, lo que genera que deban desestimarse.
Determinación que el Juez del conocimiento apoyó en forma analógica en la jurisprudencia P./J. 135/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XV, enero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, que dice:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse."
Asimismo, el Juez de Distrito apreció y valoró las pruebas que la parte quejosa ofreció, consistentes en las documentales reseñadas del inciso uno al seis del considerando tercero de la sentencia que se revisa (fojas 540 y 541), de cuyo contenido precisó que se advertían diversos actos jurídicos relacionados con la superficie del terreno materia de las diligencias de jurisdicción voluntaria, destacando el Juez de Distrito que era lógico concluir que con su contenido se acreditaba el interés jurídico de los quejosos; sin que, además, fuera materia del juicio de amparo analizar el alcance y valor probatorio de tales documentos para los efectos del reconocimiento de propiedad como lo pretendía la parte tercero perjudicada, ya que si bien era cierto que los quejosos resultaron ser los propietarios del lote de terreno que ahí se precisa, estimó el Juez Federal que tal aseveración debía entenderse circunscrita sólo con la finalidad para la cual se promovió el juicio de amparo, es decir, para que se les respetara la garantía de audiencia y de esa forma los peticionarios del amparo pudieran hacer valer los derechos que a sus intereses convinieran durante la sustanciación de las pluricitadas diligencias de jurisdicción voluntaria; conclusión que en modo alguno irroga perjuicio a la parte aquí inconforme, pues ello se corrobora con los efectos para los cuales concedió la protección federal solicitada el a quo; de ahí que en modo alguno cause agravio a la parte recurrente que el Juez del amparo hubiese hecho tal reconocimiento a la parte quejosa, pues esa declaración no resulta constitutiva de derecho alguno ante las autoridades de instancia competentes para resolver y determinar cuestiones de propiedad; por ende; es infundado indiscutiblemente que el acto reclamado entrañe una cuestión de propiedad y que para pronunciarse sobre su inconstitucionalidad necesariamente tengan que ventilarse cuestiones de propiedad.
De igual manera es correcta la consideración del Juez de Distrito en torno a que los actos reclamados nada tienen que ver con la prelación de títulos de propiedad, pues como se advierte del análisis de las constancias del juicio de origen, que la propia autoridad responsable adjuntó en copia certificada a su informe con justificación, las diligencias de jurisdicción voluntaria se enderezaron a demostrar actos de posesión, pues es de explorado derecho que los relativos al reconocimiento de derechos de propiedad son ajenos a tales diligencias, razón por la cual tampoco resultaba aplicable, al caso, la hipótesis contenida en el criterio que, con el rubro: "JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE RESOLVER EN ÉL LA PRELACIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, POR SER COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES DEL ORDEN COMÚN.", fue citado y transcrito por la parte ahora inconforme, el cual se tiene aquí por reproducido.
De igual modo tampoco se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, en relación con el numeral 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que correctamente desestimó el Juez de Distrito, pues olvida la parte recurrente que tratándose de terceros extraños, como en el caso acontece, se encuentran en el caso de excepción para tener la obligación legal de que, previamente a la promoción del juicio de amparo, agotar los recursos legales pertinentes.
Apoya lo antes expuesto la tesis VI.2o.C.140 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 811, Tomo XII, julio de 2000, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, criterio que este órgano de control constitucional comparte y hace suyo, y cuyos rubro y texto son los siguientes:
"RECURSOS ORDINARIOS. EL TERCERO EXTRAÑO NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTARLOS. El artículo 73, fracción XIII de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra las resoluciones judiciales de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales concede la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños, o sea que el primer numeral se refiere a los medios ordinarios de defensa establecidos por la ley en favor de las partes, y que deben agotar o hacer valer antes de intentar el juicio constitucional para cumplir con el principio de definitividad, y el segundo precepto establece que para los terceros extraños no opera ese principio, porque no siendo partes en el procedimiento de origen es evidente que tampoco pueden hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa para lograr su intervención en dicho procedimiento."
Por otro lado, asevera la parte tercero perjudicada que el a quo valoró incorrectamente la pericial en materia topográfica, porque a su ver, al haber afirmado el perito en el dictamen correspondiente que "no se trata de un polígono, pues existe error de cierre que sale de lo permitido", no era posible hablar de superficie alguna, y menos que un polígono estuviera dentro de otro.
Agravio que deviene infundado, porque aun cuando es cierto que el perito ofrecido por la parte quejosa adujo en su dictamen que de acuerdo con las medidas y colindancias que aparecían en el plano analizado se apreciaba un error en el cierre lineal del polígono, también lo es que en la propia pericial especificó que tal discrepancia únicamente afectaba la denominación de la figura geométrica del inmueble, ya que en lugar de ser llamada "polígono" debía considerarse como una "poligonal abierta", y que dentro de la misma se ubicaba el lote de terreno número 3, cuya posesión dijo detentar el tercero perjudicado Julián López Flores, aquí recurrente; por ende, si el objeto o finalidad de la pericial en comento era determinar si el referido lote se ubicaba o no dentro del predio descrito en la escritura que la parte quejosa aportó al juicio para probar su interés jurídico, y el perito convino con ese punto, diáfano es que la forma geométrica de ese inmueble en nada afecta la valoración de la a quo.
Por otro lado, aduce la parte recurrente en relación con la prueba pericial analizada que el juzgador dejó en estado de indefensión a la parte recurrente, porque no obstante que se tuvo por adicionada la probanza consistente en la pericial, para la cual la parte tercero perjudicada designó al perito Felipe Juárez Contreras, señala la parte aquí inconforme que el perito oficial José Joel Luna Ayala, aun cuando formuló y presentó su dictamen, fue omiso en dar respuesta y, por tanto, en pronunciarse respecto de aquellos puntos en que sustentó el cuestionario la parte tercero perjudicada.
El anterior agravio es infundado, porque del dictamen pericial elaborado por el perito oficial José Joel Luna Ayala (fojas 489 a 510), se aprecia con claridad que el citado perito sí se pronunció sobre los puntos en que la parte tercero perjudicada adicionó el cuestionario; sin embargo, destacó que no era posible contestar tales preguntas debido a que no fue ubicado en el lugar de los puntos que correspondían a esas poligonales y así poder verificar los datos reales físicos, esto es, en el predio denominado "La Carbonífera" o área cinco del "Excantón Bravos"; además, expuso el perito en cuestión que no era materia de su peritación el determinar si un inmueble correspondía o no al régimen nacional, ni tampoco emitir opinión alguna en torno a las operaciones de compraventa realizadas en los antecedentes registrales; dictamen que, además, no fue objetado por la parte tercero perjudicada y que correctamente valoró el Juez del conocimiento.
Congruente con lo hasta aquí argumentado, es acertada la determinación del Juez de Distrito de que quien pretende que en el presente recurso de revisión se analicen cuestiones relativas a la propiedad del predio en litigio es el propio recurrente, mediante el análisis de la documentación que allegó al juicio; sin embargo, es correcta la postura del Juez de Distrito de que tal pronunciamiento corresponde hacerlo, en todo caso, a la potestad común, pues lo único que se determina mediante el juicio constitucional es la acreditación de un interés jurídico derivado de la adminiculación de las pruebas precisadas que legitiman a la parte quejosa para hacer valer ante la autoridad de instancia los argumentos que a sus intereses convenga, de donde se sigue que las afirmaciones en el sentido de que los quejosos acreditaron la propiedad del predio en cuestión se circunscriben única y exclusivamente a la materia del presente juicio de amparo en los términos que han quedado precisados con antelación.
De igual manera asiste razón al Juez de Distrito de que la afirmación de la parte recurrente en el sentido de que sus derechos posesorios son anteriores a la fecha en que los quejosos deducen el origen del derecho de propiedad del predio, es una cuestión que no podía dilucidarse en el juicio de garantías, esto es, no era dable determinar la calidad de la posesión que dijo tener el tercero perjudicado recurrente, ni establecer un mejor derecho de los quejosos, y menos aún se hizo alusión a derecho posesorio alguno, resultando, además, incongruente la afirmación de la parte ahora recurrente de que, por una parte, no existía derecho de la parte quejosa y, por ende, obligación de ser oída en las diligencias de jurisdicción voluntaria de mérito; y por otro, que tal derecho se encontraba satisfecho al solicitarle al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario que llamara a juicio a los aquí quejosos en los expedientes números 539/2005 y 191/2006; sin embargo, sostuvo el a quo en la sentencia recurrida que la garantía de audiencia de los quejosos en relación con los actos reclamados no podía satisfacerse con el solo hecho de que éstos fueran llamados a otros juicios relacionados con el asunto de que se trataba, cuya materia y naturaleza eran completamente distintos y perseguían objetivos diferentes; aspectos que este órgano colegiado comparte dado que se encuentran ajustados a derecho.
En este contexto, y toda vez que la adminiculación del material probatorio no fue combatida en los agravios que se hicieron valer, es claro que la misma continúa rigiendo el sentido de la resolución recurrida.
Asimismo, es correcta la determinación del Juez de Distrito de que tampoco se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, con base en la documentación aportada por la parte tercero perjudicada, consistente en el expediente 1442/1992, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil, específicamente la resolución definitiva de fecha doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis, en el que la parte actora (Comité Pro-Creación Granjas Lomas de Poleo), no acreditó su acción de prescripción, en tanto que el reconvencionista Pedro Zaragoza Vizcarra no acreditó su acción reivindicatoria; así como copia de la sentencia dictada por la Primera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua en el toca número 417/97, en el que se confirmó la anterior resolución y la sentencia del entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal, a Pedro Zaragoza Vizcarra, pues como bien lo expuso el a quo, tal documentación en modo alguno pone de manifiesto la falta de interés jurídico de los quejosos para ejercitar la acción de amparo, antes bien, de la sentencia de primera instancia se advertía que fue elemento determinante para que no prosperara la acción reivindicatoria la falta de identificación del inmueble que se pretendía reivindicar, lo que por sí solo determinaba la necesidad de que, mediante la prueba idónea, se demostrara tal circunstancia, lo que, en todo caso, debe hacerse durante la sustanciación de las diligencias de jurisdicción voluntaria de que se trata.
Además, cabe puntualizar que las constancias que obran a fojas 82 a 295 del juicio de amparo de origen, se tratan de copias simples y, por ende, no pueden otorgárseles valor probatorio sobre la veracidad de su contenido, dada la facilidad con la que pueden confeccionarse; máxime, si su contenido no puede adminicularse con diverso medio de prueba; además, tampoco constituyen un hecho notorio para este órgano colegiado, dado que tales constancias se refieren a procedimientos ajenos al juicio de garantías, de ahí que lo alegado al respecto sea infundado.
De igual manera asiste razón al Juez de Distrito de que la parte ahora recurrente pretendió establecer que los quejosos trataron de demostrar su interés jurídico con la escritura de fecha veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, ostentándose, por ende, como propietarios desde esa fecha y que frente a la fecha de la resolución que pretenden atacar del Juzgado de lo Civil de Distrito Judicial Bravos del año de mil novecientos noventa y cinco, se infiere que no tenía por qué llamárseles a juicio, puesto que en esa época todavía no se ostentaban como dueños y, por tanto, en nada les perjudicaba el acto reclamado al tener existencia tres años anteriores a la fecha de adquisición de la parte quejosa, lo que a su juicio torna improcedente el juicio de amparo que se revisa.
No obstante lo anterior, deviene infundado el argumento hecho valer por la parte recurrente en torno a ese tópico, pues si bien es cierto que el Juez de amparo de manera gratuita hizo alusión a que, en todo caso, debió llamarse a juicio al finado Pedro Zaragoza Vizcarra o en su defecto a su albacea, lo cual no fue materia de litis, lo cierto es que, como bien expuso el Juez Federal, ello no trasciende al sentido del presente asunto, pues el hecho de que se haya precisado en la resolución que culminó las diligencias de jurisdicción voluntaria que los testigos del promovente fueron coincidentes en señalar que Julián López Flores tenía muchos años en posesión del inmueble, ello nada tiene que ver con la fecha de inicio de las diligencias de jurisdicción voluntaria reclamadas, lo que tampoco pugna con la fecha consignada en la documental que los quejosos ofrecieron para efecto del juicio de amparo y, por ende, con su interés jurídico.
En otro aspecto, resulta inoperante lo que aduce el recurrente en sus agravios, relativo a la incorrecta valoración del oficio signado por el director general de Asentamientos Humanos del Municipio de Juárez, pues correcto o no, lo cierto es que la identidad del lote materia de las diligencias de información ad perpetuam reclamadas, con el inmueble del que se ostentaron como propietarios los quejosos, quedó plenamente probada con las periciales en materia topográfica que obran glosadas en autos a fojas 360 a 368 y 489 a 510, llevadas a cabo, respectivamente, por los ingenieros Iván Rubén Alvarado Venegas y José Joel Luna Ayala, por ser la prueba idónea para tal fin; máxime si sus conclusiones concuerdan entre sí y no fueron contradichas o desvirtuadas por un perito diverso.
Asimismo, la parte recurrente en su pliego de agravios señala que el Juez de Distrito en la audiencia constitucional desechó indebidamente el incidente de objeción de documentos que hizo valer la parte tercero perjudicada, dejándolo así en completo estado de indefensión, pues se le privó de la oportunidad de probar la ilegitimidad de las escrituras exhibidas por la parte quejosa; sin embargo, aun cuando en la audiencia constitucional aparece que el Juez Federal procedió a desechar tal incidencia, tal aspecto no puede ser examinado, puesto que la parte recurrente no vierte razonamiento alguno que tienda a combatir el proveído dictado por el Juez Federal en el que determinó que no había lugar a tramitar el aludido incidente de objeción de documentos.
Finalmente, la parte aquí inconforme solicita que el presente recurso de revisión se acumule al diverso juicio de garantías número 515/2006, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, promovido por la parte recurrente y otras personas, contra actos del notario público número cinco, ante quien se tramitó la sucesión testamentaria a bienes de Pedro Zaragoza Vizcarra, resaltando la parte recurrente que en tal juicio de garantías se impugna la legalidad de las escrituras con las que los quejosos se ostentaron como terceros extraños al juicio de garantías de origen, motivo por el cual resulta procedente su acumulación a fin de evitar la existencia de sentencias contradictorias.
Al respecto, cabe decir que deviene improcedente la acumulación planteada, en atención a lo siguiente: a) El objetivo primordial de la acumulación de juicios de amparo, cuya tramitación se encuentra prevista en los artículos 57 a 65 de la Ley de Amparo, es evitar que se dicten sentencias contradictorias en los juicios cuya acumulación se pretende llevar a cabo; b) El artículo 57 de la ley de la materia, en su parte conducente, establece: "En los juicios de amparo que se encuentren en tramitación ante los Jueces de Distrito, podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio en los casos siguientes: ..."; c) De lo anterior se infiere que la acumulación deberá tramitarse (de oficio o a petición de parte) antes del dictado de la sentencia; d) Como consecuencia de lo antes expuesto, es dable concluir que una vez dictada la sentencia en un juicio ya no podrá decretarse dicha acumulación; e) Por otra parte y como corolario de lo anterior y acorde con la técnica que rige al juicio de garantías, es lógico y jurídico concluir que cuando, como en el caso, se interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional en un juicio de garantías, no es correcto plantear dentro de dicho recurso la figura de acumulación de juicios de amparo; en primer término, porque dicha circunstancia (la acumulación de juicios de amparo), acorde con lo dispuesto por el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe tramitarse en la vía incidental y no es jurídico que dentro de un recurso de revisión simultáneamente se resuelva una cuestión incidental de esta naturaleza, la cual es autónoma y no forma parte de la litis de la revisión, puesto que ésta la constituye la sentencia recurrida; y en segundo lugar, no debe perderse de vista de que, en la especie, en el presente asunto ya se dictó sentencia, tan es así que la misma se recurrió a través del correspondiente recurso de revisión, y el juicio que se pretende acumular aún se encuentra en trámite, pero lo primordial es que la acumulación, según lo dispuesto por el citado artículo 57 de la Ley de Amparo, claramente dispone que deberá promoverse mientras los juicios que se pretendan acumular se encuentren en trámite, hipótesis que no se configura en la especie.
No resulta óbice a la anterior conclusión lo dispuesto por el diverso artículo 60, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en el sentido de que: "si los juicios se siguen en juzgados diferentes, promovida la acumulación ante uno de ellos se citará a una audiencia en la que se oirán los alegatos que produjeren las partes y se dictará la resolución que corresponda". Dispositivo que no deja al juzgador de amparo ante quien se gestiona potestad para desechar o declarar improcedente de plano dicha acumulación, pues esa es la regla general; sin embargo, se reitera, la solicitud de acumulación deberá plantearse antes del dictado de la sentencia, y de ser así es lógico y jurídico que deberá tramitarse el incidente respectivo, pero si ya se dictó sentencia y en el recurso de revisión que se interponga contra la misma se plantea la acumulación, atento a las consideraciones anteriores, debe declarase improcedente.
Atento a lo anterior, y dado lo infundado e inoperante de los agravios hechos valer, se impone confirmar la sentencia recurrida y, por ende, conceder a la parte quejosa la protección federal solicitada para los efectos precisados por el a quo; sin que sea el caso de suplir la deficiencia de la queja como expresamente lo solicita el promovente del recurso, por no actualizarse ninguno de los supuestos previstos en el artículo 76 Bis de la ley de la materia, incluyendo su fracción II invocada al respecto, por referirse a la materia penal, la cual resulta ajena al asunto de que se trata.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.-Para los efectos precisados por el a quo, la Justicia de la Unión ampara y protege a Pedro y Jorge Humberto, ambos de apellidos Zaragoza Fuentes, en contra del acto reclamado al Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad.
Notifíquese, publíquese, dése de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE y anótese en el libro de registro; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos respectivos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así, lo resolvió el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, por unanimidad de votos de los Magistrados María Teresa Zambrano Calero, Jesús de Ávila Huerta y José Luis Gómez Molina.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20279-cb687b43/acumulacion-de-juicios-de-amparo-es-improcedente-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- DELINCUENCIA ORGANIZADA Y COLABORACIÓN AL FOMENTO PARA POSIBILITAR LA COMISIÓN DE DELITOS CONTRA LA SALUD. DIFERENCIA ENTRE ESTOS DELITOS. (AMPARO EN REVISIÓN)
- EMPLAZAMIENTO EN MATERIA LABORAL. ES NULO EL REALIZADO POR EL ACTUARIO SI SOLAMENTE SE CERCIORA DE QUE EL LUGAR EN EL QUE ACTÚA ES LA CASA O LOCAL SEÑALADO EN AUTOS PARA PRACTICAR (AMPARO EN REVISIÓN)
- RESIDENCIA. VALOR PROBATORIO DE LA CONSTANCIA EXPEDIDA POR UNA AUTORIDAD MUNICIPAL. (AMPARO EN REVISIÓN)
- EMPLAZAMIENTO EN MATERIA MERCANTIL. PARA QUE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA SE ESTIME LEGAL, EL DILIGENCIARIO DEBE CERCIORARSE, AL NO ENCONTRAR AL DEMANDADO, QUE LOS PARIENTES, DOMÉ (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- PRUEBAS EN EL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO, JUICIO DE. (s/clave)
- CONSIDERANDOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis