ESCRUTINIO DE IGUALDAD Y ANÁLISIS CONSTITUCIONAL ORIENTADO A DETERMINAR LA LEGITIMIDAD DE LAS LIMITACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. SU RELACIÓN. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. EL LEGISLADOR LOCAL PUEDE ADOPTAR MEDIDAS DISTINTAS A LAS PREVISTAS EN LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. EL LEGISLADOR LOCAL TIENE COMPETENCIA PARA EMITIRLA. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE COMERCIO. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA LEY RELATIVA NO VULNERA EL DERECHO DE PROPIEDAD. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA LEY RELATIVA NO VULNERA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA LEY RELATIVA Y SU REGLAMENTO NO VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LAS OBLIGACIONES DE AUTORIDADES Y PARTICULARES ORIENTADAS A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE ESTABLECEN LA PROHIBICIÓN DE FUMAR EN ESPACIOS CERRADOS NO CONSTITUYEN PENAS INUSITADAS NI TRASCENDENTALES. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LAS SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE ANTE LA CONTRAVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY RELATIVA NO CONSTITUYEN PENAS INUSITADAS NI TRASCENDENTALES. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. MODELOS PARA MANTENER LA COEXISTENCIA ENTRE FUMADORES Y NO FUMADORES. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. PROPORCIONALIDAD DE LAS MEDIDAS LIMITADORAS DE LA LIBERTAD DE COMERCIO. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES. LAS NORMAS QUE RESTRINGEN LA POSIBILIDAD DE FUMAR EN ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES ABIERTOS AL PÚBLICO DEBEN SER ANALIZADAS BAJO ESCRUTINIO NO ESTRICTO. PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO FEDERAL. LA LEY RESPECTIVA Y SU REGLAMENTO CONTIENEN UN SISTEMA NORMATIVO DESTINADO A REGULAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO EN LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN VIGOR.
AMPARO EN REVISIÓN 96/2009. **********.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ.
SECRETARIAS: FABIANA ESTRADA TENA, PAULA MARÍA GARCÍA VILLEGAS SÁNCHEZ CORDERO Y FRANCISCA MARÍA POU GIMÉNEZ.
CONSIDERANDO QUE:
PRIMERO. Competencia. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación asume su competencia originaria para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del punto décimo octavo del Acuerdo General Plenario 5/2001; ya que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto en el que se cuestionó la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores y de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, ambas en el Distrito Federal, revistiendo el asunto un interés excepcional.
Aunado a lo anterior, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso b), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, fracción III, de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce de oficio la facultad de atracción para conocer del problema de constitucionalidad que se hace valer respecto del Reglamento de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal -respecto del cual la revisión corresponde originariamente a las Salas-, dada la conveniencia de analizar la constitucionalidad de dicho ordenamiento conjuntamente con la de la ley que reglamenta.
SEGUNDO. Oportunidad del recurso. Es innecesario ocuparse de la oportunidad de la interposición del recurso de revisión, dado que el Tribunal Colegiado ya se ocupó de ello, señalando que fue presentado en tiempo.(1)
TERCERO. Legitimación. El recurso de revisión se interpuso por **********, en su carácter de autorizado por la quejosa en términos amplios del artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a quien la Juez de Distrito reconoció tal carácter en auto de quince de mayo de dos mil ocho, de lo que deriva que se hizo valer por persona legitimada para ello.
CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el asunto. Con la finalidad de estar en aptitud de resolver este recurso, se estima necesario realizar una síntesis de los conceptos de violación, de las consideraciones que al respecto se establecieron en la sentencia recurrida y de los agravios hechos valer por la parte recurrente.
I. Conceptos de violación
1. Violación a las garantías de igualdad y no discriminación. Los preceptos impugnados violan los artículos 1o. y 4o. constitucional, ya que privan a la parte quejosa de su derecho a ofrecer sus servicios a personas que de ninguna forma son delincuentes, como es el caso de los fumadores, así como de poder comercializar productos derivados del tabaco, siendo que para el caso de los salones de fiestas no se prevé tal prohibición, lo que en sí mismo constituye un trato desigual y discriminatorio, ya que con esta distinción no se cumple con la finalidad de la ley, que es la de proteger a las personas que involuntariamente inhalen el humo del tabaco.
Además, las normas impugnadas contemplan una sola categoría de establecimientos mercantiles, siendo ésta la de establecimientos libres de humo, lo que deja sin opción a la parte quejosa para acondicionar su establecimiento como de coexistencia entre fumadores y no fumadores que voluntariamente ingresen al mismo.
2. Violación a la libertad de comercio. Los preceptos impugnados violan el artículo 5o. constitucional, ya que sin motivo justificado se priva a la quejosa de su derecho a elegir si en su establecimiento se destinan áreas debidamente acondicionadas para fumadores, con lo cual se restringe su libertad de comercio frente a un numeroso sector de la población que ha elegido realizar la actividad lícita de fumar, además de que se prohíbe la venta de productos lícitos como son los derivados del tabaco. Lo anterior constituye, además, una intervención no autorizada del Estado en la economía y el libre mercado en contravención al artículo 28 constitucional.
La prohibición de fumar en establecimientos mercantiles, así como de vender productos derivados del tabaco tendrá como consecuencia que quienes fuman dejen de asistir o asistan con menos frecuencia o durante menos tiempo a dichos establecimientos, lo que indiscutiblemente constituye una afectación a la libertad de comercio, ya que en el caso no se afectan derechos de terceros ni de la sociedad en general, pues podría haber áreas debidamente acondicionadas y delimitadas con las cuales se salvaguarde el derecho de los no fumadores a no inhalar involuntariamente el humo del tabaco.
Si bien la prohibición de ejercer el comercio no es absoluta, el Constituyente nunca hizo distinción alguna entre prohibiciones absolutas o parciales, por lo que no cabe hacer ningún distingo, máxime que la palabra "vedar" tiene la acepción de "impedir, estorbar o dificultar", con lo que se concluye que no sólo son inconstitucionales las prohibiciones absolutas de ejercer el comercio, sino también las limitaciones parciales.
3. Violación a la prohibición de penas inusitadas, trascendentales e infamantes. Los preceptos impugnados limitan la libertad de comercio y el derecho de uso sobre el local comercial, lo que se traduce en una auténtica pena inusitada y trascendental, además de que la prohibición de fumar y de vender un producto lícito constituye una pena de ese tipo, en tanto da lugar a estigmatizaciones, calumnias y difamaciones respecto de las personas que tienen el hábito de fumar, al dárseles un trato equivalente al de un delincuente.
4. Argumento en torno al "poder de policía" y el paternalismo. El poder de policía es la atribución estatal conferida al órgano legislativo para lograr el establecimiento del orden público en general a partir de la regulación de las actividades que realizan los particulares. Dicho poder de policía no puede de ninguna forma ir en contra de lo que establece el Texto Constitucional, de modo que no es una potestad absoluta, irrestricta o ilimitada, sino que encuentra sus límites en el respeto a las libertades fundamentales de los individuos, incluso cuando con conocimiento de causa éstos pudieran causarse a sí mismos un daño al ejercer tales libertades. Es insostenible que el Estado pretenda absorber atribuciones paternales sobre los gobernados para limitar sus derechos constitucionalmente protegidos, sustituyéndose en la voluntad y decisión que corresponde de forma individual a los gobernados.
Lo justo hubiese sido que el legislador optara por una distribución igualitaria en cuanto al tiempo y espacio para fumar en relación con el tiempo y espacio para no hacerlo, en lugar de decidir autoritariamente que la única solución válida era la prohibición de fumar en espacios cerrados de los establecimientos mercantiles.
De lo contrario, podría llegarse al absurdo de prohibir la venta de alimentos altos en grasa en aquellos establecimientos que venden alimentos preparados para su consumo en el lugar o la venta de bebidas alcohólicas, pues ambos también representan un daño importante para la salud.
5. El sistema impugnado deroga la existencia de los establecimientos mercantiles de coexistencia con fumadores, lo que genera desigualdad y discriminación, además de que coarta de manera arbitraria la libertad de comercio, por lo que la prohibición de fumar en sí misma constituye una pena inusitada infamante y trascendental.
6. La prohibición de fumar en los establecimientos mercantiles del Distrito Federal, además de que no termina con el problema de los efectos nocivos que para la salud tiene el consumo del tabaco, coarta la libertad de los adultos no fumadores de acceder voluntariamente a espacios públicos en los que puedan convivir y coexistir con fumadores. Esto es así, máxime que existen estudios científicos serios que cuestionan la afectación a la salud de los fumadores pasivos.
7. Los artículos 10, fracción I, de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores y 3 Bis de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, al crear una sola categoría de establecimientos mercantiles libres de tabaco limita indebidamente el derecho de uso como elemento esencial del derecho de propiedad.
8. El derecho de fumar tabaco es inherente a cada persona y, en consecuencia, la instauración de establecimientos mercantiles con las condiciones adecuadas para la coexistencia entre fumadores y no fumadores también constituye un derecho innegable de los operadores de tales locales.
9. Si bien el sistema de regulación para los establecimientos mercantiles en materia de consumo y venta de productos derivados del tabaco se impugna en su totalidad, en específico son inconstitucionales los artículos 1 Bis, fracciones I y III, 5, fracciones VIII y IX, 10, fracciones I, X Ter y XIII y 14 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, así como los artículos 3 Bis y 10 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y artículos 15, 16 y 17 del Reglamento de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, ya que de ellos deriva la prohibición de fumar en lugares públicos cerrados, así como de vender en estos últimos productos derivados del tabaco, con excepciones injustificadas, lo que atenta contra las garantías de igualdad, no discriminación, legalidad y libertad de comercio, además de constituir una pena inusitada y trascendental.
10. Los artículos 6, fracciones I, II y III, 7, fracción V, último párrafo, 10, 27, 28, 29 y 31 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, 74, 75 y 77, fracción XV, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles y 5, 6, fracciones I, II y V, 7, 8, fracciones I, II, III, IV, V y VII, 9, fracciones I, II, III y IV y 11, fracciones II, III y IV, del reglamento respectivo, establecen nuevas funciones de vigilancia, inspección y aplicación de sanciones en relación con la prohibición de fumar y de vender productos derivados del tabaco en los establecimientos mercantiles del Distrito Federal. En relación con lo anterior, se fijan las sanciones a que se harán acreedores los titulares en caso de no cumplir con tales prohibiciones, las cuales constituyen una pena inusitada y trascendental. Además, del proceso legislativo que dio origen a dichas sanciones se advierte que las mismas son superiores a las que corresponden por la comisión de algunos delitos, lo que provoca que se trate de multas excesivas.
11. Los artículos 13, 16, primer y segundo párrafos y 20 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, 9, fracciones XXVI y XXVII, de la Ley para el Funcionamiento de los Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, y artículos 4, 20, 21, 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal son inconstitucionales porque exigen a los titulares de los establecimientos mercantiles no sólo respetar la prohibición de fumar, sino a colocar letreros y señalamientos relativos a tal prohibición, llegando incluso al extremo de fincar responsabilidad administrativa de manera subsidiaria, con lo que se les obliga a convertirse en policías encargados de vigilar el cumplimiento de la ley y a discriminar a los fumadores, pues prácticamente están obligados a prohibirles la entrada.
12. El artículo 11 de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal es inconstitucional, ya que no existe justificación alguna para que en los salones de fiestas y en la vía pública donde se coloquen enseres y se preste el servicio autorizado para el establecimiento, sí se pueda fumar, pues con ello se permite que puedan estar prácticamente juntos fumadores y no fumadores.
13. El artículo 10, fracción XV, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal prohíbe la venta de productos derivados del tabaco en establecimientos mercantiles, lo que viola la libertad de comercio, ya que la comercialización de este tipo de productos está permitida y en términos del artículo 28 constitucional no es una actividad en la que el Estado pueda tener una intervención absoluta. Además, no existe justificación para que en los salones de fiestas no esté prohibido vender productos derivados del tabaco, lo que reitera el trato discriminatorio que se da a la quejosa.
14. Ni siquiera existiría una razón válida para delimitar en un porcentaje específico del área de los establecimientos mercantiles susceptible de destinarse para fumadores, pues ello, también resultaría violatorio de los principios de igualdad, no discriminación, libertad de comercio y legalidad, pues la determinación de las superficies debe atender al tipo de clientela que acuda, sin que al respecto pueda haber una intervención del Estado en la libertad económica y los mercados, por no tratarse de una actividad exclusiva del Estado.
15. Violación a la garantía de legalidad. La prohibición absoluta de fumar en lugares cerrados de acceso al público es inconstitucional por excesiva e incongruente, ya que va más allá del objeto taxativamente previsto por el artículo 1o. de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, el cual se circunscribe a proteger la salud de la población de los efectos nocivos derivados de la inhalación involuntaria del humo del tabaco, por lo que esa protección de ninguna manera puede hacerse extensiva a las personas que voluntariamente lo hacen.
Si bien el órgano legislativo debe normar las situaciones de hecho que exijan ser reguladas, debe hacerlo de manera racional, lógica y prudente. En el caso, las normas impugnadas carecen de la debida fundamentación y motivación, ya que la prohibición de fumar en espacios cerrados de los establecimientos mercantiles resulta excesiva, arbitraria e incongruente, dado que el objeto de protección de la ley es la salud de quienes involuntariamente inhalan el humo de la combustión del tabaco. La medida combatida sólo originará el crecimiento de establecimientos mercantiles irregulares y una descomunal cadena de corrupción. En todo caso, si lo que se buscaba era disminuir el consumo de tabaco, debió declararse la venta y consumo de tabaco como una actividad ilícita.
El legislador tenía una variedad de opciones menos gravosas que la prohibición absoluta de fumar, sin llegar al extremo de limitar el derecho de la quejosa para destinar su establecimiento mercantil a personas mayores de edad, fumadoras o no fumadoras, que voluntariamente aceptaran entrar al mismo con el conocimiento de que van a inhalar el humo producido por la combustión del tabaco, o para constituir su local como un establecimiento mercantil de coexistencia con fumadores.
El artículo 5 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal establece una serie de definiciones como la de "fumador pasivo" o la de "no fumador", entendiendo por el primero a quien de manera involuntaria inhala el humo del tabaco, mientras que por el segundo se entiende a quienes no tienen el hábito de fumar. Ninguna de dichas definiciones comprende la del fumador pasivo que voluntariamente inhala el humo del tabaco, pues al ser el objeto de la ley la protección de los fumadores pasivos involuntarios, surge la interrogante de saber qué sucederá con quienes voluntariamente inhalan el humo provocado por la combustión del tabaco. En tal sentido, la norma resulta incongruente, carente de fundamentación y, consecuentemente, inconstitucional.
16. Incompetencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para legislar en materia de tabaquismo. Las normas impugnadas son inconstitucionales, toda vez que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal invade facultades exclusivas del Congreso de la Unión, violando en perjuicio de la quejosa los artículos 4o. y 73, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La materia de salud es coincidente entre la Federación y las entidades federativas, atendiendo a lo que el Congreso de la Unión determine en cuanto a la forma y términos de la participación de dichos entes, a través de una ley general o ley marco. En este caso, es la Ley General de Salud la que regula la materia de salubridad general, la cual, en términos del artículo 3o., fracción XXII, del propio ordenamiento, comprende el programa contra el tabaquismo. Pues bien, el artículo 13, apartado B, fracción I, señala que corresponde a las entidades federativas organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general, lo que de ninguna forma comprende la facultad para legislar en esa materia.
El programa contra el tabaquismo, en términos del artículo 188 de la Ley General de Salud, comprende las acciones de prevención y tratamiento de padecimientos originados por el tabaquismo, así como las acciones de educación sobre los efectos de éste en la salud, incluyendo la orientación a la población para que se abstenga de fumar en lugares públicos y la prohibición de fumar en el interior de los edificios públicos propiedad del Gobierno Federal, en los que se alberguen oficinas o dependencias de la Federación y en aquellos en los que se presten servicios públicos de carácter federal, con excepción de las áreas restringidas reservadas en ellos para los fumadores.
El propio precepto establece que la Secretaría de Salud, el Consejo de Salubridad General y los gobiernos de las entidades federativas, se deberán coordinar para la ejecución del mencionado programa, sin que esté previsto que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tenga facultades para legislar en materia de tabaquismo, pues sólo existe una obligación de coordinarse para las acciones descritas en el párrafo precedente, a través de los acuerdos que celebre la Secretaría de Salud con los Gobiernos Estatales.
Por su parte, el artículo 277 Bis de la Ley General de Salud faculta a los gobiernos de las entidades federativas para reglamentar las áreas restringidas para los fumadores en las unidades hospitalarias y clínicas del Sistema Nacional de Salud que sean de su jurisdicción, pero no para legislar en materia de tabaco.
No obsta a lo anterior que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tenga facultades para legislar en materia de salud y de establecimientos mercantiles, pues dicha facultad está limitada a la forma y términos de la participación coincidente y coordinada, sin que de la Ley General de Salud se advierta que tenga facultad para legislar sobre tabaquismo ni para establecer prohibiciones de fumar en los establecimientos mercantiles.
Para legislar en materia específica de tabaquismo, sería necesario que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tuviera esa facultad expresamente conferida, lo que en el caso no sucede.
En caso de considerarse que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene facultad para legislar en materia de tabaquismo, se generará un conflicto con la legislación federal en la materia, creando una situación de incertidumbre jurídica para los gobernados en el Distrito Federal, pues se llegaría al extremo de no saber qué norma aplicar y a qué autoridades atender en dicha materia.
II. Sentencia de la Juez de Distrito
1. Son ciertos los actos que se reclaman del jefe de Gobierno del Distrito Federal, consistentes en: 1) La promulgación y publicación del decreto de reformas a la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal y la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles para el Distrito Federal; y, 2) La expedición y ejecución del decreto por el que se expidió el Reglamento de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal.
No son ciertos los actos del secretario de Salud, director jurídico y representante legal de la Secretaría de Salud, secretario de Seguridad Pública, subsecretario de Seguridad Pública, director General de la Policía Sectorial, director ejecutivo de Protección Ciudadana de la Subsecretaría de Seguridad Pública, secretario de Transportes y Vialidad, directora jurídica de la Secretaría de Transportes y Vialidad, jefe delegacional en Benito Juárez, director General Jurídico y de Gobierno de la Delegación Benito Juárez, todos del Distrito Federal, consistentes en la ejecución de las disposiciones legales impugnadas.
No es cierto, a su vez, el acto de la consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal, consistente en la publicación de las disposiciones legales reclamadas.
Por tanto, respecto de los actos y autoridades mencionadas, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.
2. Son ciertos los siguientes actos: 1) De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la discusión, aprobación y expedición del decreto de reformas a las leyes reclamadas; 2) Del jefe de Gobierno del Distrito Federal, la expedición del decreto de reformas a las leyes reclamadas; 3) Del secretario de Gobierno y secretario de Salud, ambos del Distrito Federal, el refrendo del Reglamento de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, así como del decreto de reformas a las leyes reclamadas; 4) De la directora general jurídica y de estudios legislativos del Gobierno del Distrito Federal, la publicación de las leyes y el reglamento impugnados.
3. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de los artículos 5, fracciones VIII y IX; 6, fracciones I, II y III; 7, fracción V, de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal; 9, fracciones XXVI y XXVII; 10, fracción I; 11, segundo párrafo, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal; 4; 6; 7; 8, fracciones I, II, III, IV, V y VII; 9, fracciones II, III y IV; 11, fracciones II, III y IV; 15, fracción II; 16 y 17 del Reglamento de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal; así como segundo y tercero transitorios del decreto de reformas a las leyes impugnadas, ya que tales preceptos no ocasionan ningún perjuicio jurídico a la quejosa por no estar dirigidos a ella, en tanto que no la obligan a realizar o dejar de realizar los actos que las propias normas prevén. Por tanto, respecto de dichos preceptos se sobresee en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo.
4. Se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción VI, de la ley de la materia, respecto de los artículos 27, 28, 29 y 31 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, 74, 75 y 77, fracción XV, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, así como 5o. y 23 del Reglamento de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, pues se trata de normas heteroaplicativas para cuya impugnación se requiere de la existencia de algún acto de aplicación que actualice el perjuicio en contra de la quejosa, lo cual no quedó demostrado. Por tanto, se sobresee en el juicio en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo.
5. Respecto de los restantes preceptos -1 Bis, fracciones I y III, 10, fracciones I, X Ter y XIII y último párrafo, 13, 14, 16, primero y segundo párrafos y 20 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores; 3 Bis de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles; y, 20, 21 y 22 del Reglamento de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores, todos del Distrito Federal- no se actualizan las causas de improcedencia que invocan las autoridades responsables, ya que por una parte no se trata de actos de naturaleza futura y realización incierta; y, por otro lado, la falta de conceptos de violación en contra del refrendo es irrelevante en tanto existen otros argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados.
6. Los preceptos impugnados no violan el principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución General de la República, ni los principios de fundamentación y motivación que de él derivan, ya que el artículo 122, base primera, fracción V, inciso i), constitucional autoriza a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para normar los asuntos de salud, mientras que el apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), del propio precepto constitucional obliga al jefe de Gobierno del Distrito Federal a promulgar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, sin que fuera necesario expresar la fundamentación y motivación como si se tratare de una resolución administrativa.
7. De la interpretación relacionada de los artículos 4o., 73, fracción XVI y 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se advierte que la protección del derecho a la salud es un derecho fundamental para cuyo desarrollo legislativo concurren la Federación y las entidades federativas, así como el Distrito Federal, por conducto de la Asamblea Legislativa quien tiene facultades para normar lo relativo a salud en el ámbito local, en el marco de la Ley General de Salud. Esta facultad para "normar" la salud es una facultad legislativa que implica la atribución de expedir las leyes respectivas. No es óbice a lo anterior que el artículo 73, fracción XVI, constitucional se refiera a la "salubridad general", mientras que el 122 haga alusión a la "salud", pues ambos convergen en la materia de protección a la salud.
8. Son inoperantes los conceptos de invalidez en los que se aduce violación a la garantía de igualdad ante la ley, pues a través de ellos se pretende evidenciar la violación a derechos fundamentales de terceros, como son las personas físicas fumadores o las no fumadores que voluntariamente acepten estar expuestas al humo del tabaco, siendo estas categorías de sujetos las legitimadas para alegar el supuesto trato discriminatorio o la imposición de penas inusitadas, infamantes y trascendentales. Quien acude al presente juicio es una persona moral obligada a acatar las disposiciones de la ley en comento, por lo que no puede defender los derechos de las personas físicas fumadoras o no fumadoras que no acudieron a esta instancia constitucional.
9. También son inoperantes los argumentos en torno a la contradicción entre los preceptos reclamados y el objeto para el cual fue expedida la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal, ya que la inconstitucionalidad de la ley no puede fundarse en el hecho de que ésta contraríe el espíritu de leyes secundarias, sino en la demostración de que resulta violatoria de algún precepto constitucional.
10. Son de igual modo inoperantes los argumentos de la quejosa donde alega que la obligación de colocar señalamientos que indiquen la prohibición de fumar y la responsabilidad solidaria con quienes infrinjan las prohibiciones la obligan a convertirse en policía para vigilar el cumplimiento de la ley, pues de dichos razonamientos no se advierte cuál es la causa petendi ni cuál es la lesión al derecho jurídicamente tutelado de la que se duele; sin que en el caso se actualice algún supuesto de suplencia de la queja deficiente.
11. Resultan infundados los conceptos de violación en los que se aduce contravención a la garantía de libertad de comercio prevista en el artículo 5o. constitucional, ya que los preceptos impugnados no restringen la libertad de comercio en perjuicio de la quejosa, en tanto dicha actividad puede continuarse, aunque siempre supeditada a procurar ese bien de la colectividad. A la empresa quejosa no se le impide funcionar o ejercer el giro comercial de venta de alimentos preparados y bebidas alcohólicas al copeo que legalmente tiene autorizados, ni se le limita cualitativamente ni cuantitativamente en la prestación y oferta de ese servicio, sino que simplemente se está en presencia de algunas restricciones para el debido respeto de derechos de terceros, que se ven afectados en su salud por la actividad de los fumadores que se encuentran a su alrededor.
12. Son infundados los argumentos de la quejosa en el sentido de que los artículos 14 de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal y 3 Bis, segundo párrafo, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, dan un trato desigual injustificado a los establecimientos mercantiles que cuentan con área de servicio al aire libre, frente a aquellos que sólo cuentan con espacio cerrado, ya que dicha medida es racional en tanto que el objetivo que el legislador pretende salvaguardar es la salud no sólo de los no fumadores sino de toda la sociedad, y el hecho que se permita en los espacios abiertos la práctica de fumar no vulnera o perjudica la salud de los fumadores y no fumadores, pues el humo del tabaco no se conglomerará en ese espacio, en razón de la corriente natural del aire que circula, lo que no acontece en los espacios cerrados.
13. Tampoco se priva a la quejosa del derecho de propiedad, porque al haber decidido destinar ciertos bienes de su patrimonio para otorgar un servicio a terceros de manera general y encontrarse el mismo regulado por diversas disposiciones normativas, la propia inconforme aceptó voluntariamente sujetarse a las disposiciones respectivas.
14. Además, si bien puede sostenerse que hay una colisión de derechos fundamentales entre el derecho a la salud y el derecho de propiedad, lo cierto es que atendiendo a la teoría de ponderación de pri
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23006-f5c1f225/escrutinio-de-igualdad-y-analisis-constitucional-orientado-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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