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NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE ABRIL DE 2009. EL HECHO DE QUE ÉSTA PREVEA QUE LAS PERSONAS RELACIONADAS CON LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR O SEXUAL, PREVIO AL INICIO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, PODRÁN RECIBIR TRATAMIENTO MÉDICO, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE ABRIL DE 2009. LAS INSTITUCIONES PRIVADAS DE SALUD, AL FORMAR PARTE DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, ESTÁN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE ABRIL DE 2009. SU PUNTO 6.4.2.3., AL PREVER QUE EN CASO DE VIOLACIÓN LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA DEBERÁN OFRECER DE INMEDIATO Y HASTA EN UN MÁXIMO DE CIENTO VEINTE HORAS DESPUÉS DE OCURRIDO EL EVENTO LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA, PREVIA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE ESTE MÉTODO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO RESPECTO DE AQUÉLLAS. NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE ABRIL DE 2009. SUS PRECEPTOS, EXCEPTO EL PUNTO 2, SON AUTOAPLICATIVOS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 8/2010. · Registro digital (IUS): 22494
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, , Pág. 1456.

AMPARO EN REVISIÓN 8/2010. **********.

CONSIDERANDO:

SEXTO. El Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en relación con las autoridades responsables, secretario de Economía, secretario de Salud, subsecretario de Fomento Sanitario y subdirector de Regulación de Servicios de Salud, respecto del acto reclamado consistente en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; por tanto, sobreseyó en el juicio de amparo al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, sin que exista inconformidad alguna de parte legítima, por lo cual ello debe quedar firme.

Apoya lo anterior la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CII, página 987, Materia Común, del tenor siguiente:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. Si en los agravios no se hace ninguna objeción a un punto resolutivo de la sentencia que se revisa, ese punto debe quedar firme por sus propios fundamentos, ya que al respecto no existe materia para la revisión, por falta de agravios."

SÉPTIMO. La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril de dos mil nueve, reclamada por la quejosa **********, es del tenor siguiente:

Ver norma oficial mexicana

De acuerdo con las propias manifestaciones vertidas en la demanda de garantías, la norma oficial señalada fue reclamada con el carácter de autoaplicativa.

En la sentencia constitucional, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila sobreseyó en el juicio de garantías al estimar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo.

Para arribar a esa conclusión, el juzgador estimó que los preceptos de la norma oficial reclamada preveían la aplicación y observancia de diversas medidas que se debían tomar cuando se tratara de personas involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual, así como para la promoción y prevención de la salud y para la detección de casos de víctimas de esos delitos, pero que no estaba dotada de eficacia normativa plena, pues no creaba, modificaba o extinguía situaciones concretas de derecho, ni aun generaba alguna obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer, con la sola vigencia de la norma, por lo que el cumplimiento de la obligación ahí impuesta estaba condicionado a la realización de un acto de individualización de la norma; de ahí que se tratara de una norma de carácter heteroaplicativa que, con su sola vigencia, no causaba perjuicio a la quejosa, sino que se necesitaba un acto posterior de aplicación para que se originara tal perjuicio.

Antes de continuar, cabe señalar que los agravios vertidos contra las consideraciones plasmadas por el Juez de Distrito en la resolución constitucional, serán estudiados a partir de la causa de pedir; sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 69/2000, aprobada el 11 de julio de 2000 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 5, Materia Común, del tenor siguiente:

"AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR. Tomando en cuenta lo dispuesto en la tesis jurisprudencial 2a./J. 63/98, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro es ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’, esta Suprema Corte de Justicia arriba a la conclusión de que los agravios que se hagan valer dentro de los recursos que prevé la Ley de Amparo no necesitan cumplir con formalidades rígidas y solemnes, ya que, por una parte, los diversos preceptos de este ordenamiento que regulan los referidos medios de defensa no exigen requisitos para su formulación y, por otra, el escrito a través del cual se hagan valer éstos debe examinarse en su conjunto, por lo que será suficiente que en alguna parte de éste se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, para que el órgano revisor deba analizarlos; debiendo precisarse que esta conclusión únicamente exime al recurrente de seguir determinado formalismo al plantear los agravios correspondientes, mas no de controvertir el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la resolución recurrida, o, en su caso, las circunstancias de hecho que afectan la validez de esta última."

Así, la recurrente expresa que las leyes impugnadas en la demanda de amparo eran de naturaleza autoaplicativa, pues no era necesario que se acreditara acto concreto de aplicación para actualizar las hipótesis de procedencia del juicio constitucional, toda vez que los preceptos reclamados contenían lineamientos o directrices que, de una manera obligatoria, debían observar los destinatarios.

Para estar en aptitud de determinar la naturaleza de la norma oficial impugnada, esto es, precisar si se está ante una norma de carácter heteroaplicativa, como señala el Juez de Distrito, o bien, ante una de carácter autoaplicativo, como sostiene la recurrente, es preciso tomar en cuenta las siguientes consideraciones.

Las disposiciones legales de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, de acuerdo con su propia naturaleza; a saber, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete su aplicación al particular (heteroaplicativas).

En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos previstos en determinado ordenamiento legal que afecten su interés jurídico, para que surja su derecho a promover en su contra el juicio de amparo, esto es, se trata de leyes que al iniciar su vigencia generan obligaciones de hacer, dejar de hacer o de dar, para los gobernados a quienes están destinadas.

En el segundo caso, se requiere de un acto concreto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa.

Lo expresado pone de relieve que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea que tal afectación se genere de inmediato con su entrada en vigor, o bien, con motivo de un acto concreto de aplicación, el cual puede provenir de la actuación de una autoridad o de los propios particulares, si con esas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados.

Así se observa de la jurisprudencia P./J. 55/1997, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, del contenido siguiente:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento."

De lo anterior se tiene que las leyes autoaplicativas se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho.

Por su parte, las leyes heteroaplicativas obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto concreto de su aplicación.

Al revisar las normas reclamadas, específicamente los puntos 2, 5.6., 5.8., 5.9., 6.2., 6.2.1., 6.2.1.1., 6.2.1.2., 6.2.1.3., 6.2.1.4., 6.2.1.5., 6.3., 6.3.1., 6.3.2., 6.3.4., 6.3.5., 6.3.6., 6.3.7., 6.3.8., 6.4., 6.4.1., 6.5., 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3., 6.5.4., 6.5.5., 6.5.6., 6.6., 6.6.1., 6.7., 6.7.1., 6.8. y 7.3., ya citados, se obtiene que en dichas normas se prevé la aplicación y observancia de diversas medidas que se deben tomar cuando se trate de personas involucradas en situaciones de violencia familiar o sexual, así como para la promoción y prevención de la salud y para la detección de probables casos y diagnóstico, por parte de los sujetos que se encuentran en el supuesto de prestar servicios de salud, como sucede con la quejosa.

En efecto, dicha norma está dotada de eficacia normativa a partir de su nacimiento pues, desde ese momento obliga a los prestadores de servicios de salud a actuar en determinado sentido cuando atiendan a víctimas de los ilícitos de violencia familiar y sexual, de manera que su sola entrada en vigencia impone una obligación de actuar.

Lo anterior, cuenta habida que la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, reclamada, constituye el enlace necesario para establecer la relación existente entre la obligación que ahí se establece y el sujeto pasivo a quien va dirigida (prestador de servicio de salud), pues este sujeto se define, precisamente, en la norma reclamada, al declarar no sólo la aplicabilidad de ella, sino la forma en la que se va a verificar su cumplimiento, por lo que hace posible jurídicamente la aplicación individualizada de la obligación que se contrae en la referida norma.

Aún más, en la norma combatida se prevén las condiciones en las que se va a aplicar; de ahí que se considere que desde su entrada en vigor ocasione un perjuicio en la esfera jurídica de la quejosa, sin que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio, como lo señaló el Juez de amparo.

Entonces, si los efectos de la norma no están condicionados a actos cuyo ejercicio dependa de la voluntad de la quejosa, sino de la emisión de la propia norma, y la ahora recurrente anexó a la demanda de amparo copia certificada de la licencia sanitaria número **********, expedida el cuatro de mayo de dos mil seis por la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Coahuila en favor de la quejosa, respecto del giro consistente en "servicios privados de hospitalización con actos quirúrgicos y obstétricos", es obvio que a la entrada en vigor de la norma se ubicaba en el supuesto legal y, por ende, estaba obligada a su cumplimiento; de ahí que se ocasione un perjuicio en su esfera de derechos, lo cual la legitimó para acudir al juicio de amparo.

Ilustra lo expuesto la tesis IV.2o.A.21 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, cuyo criterio se comparte, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, noviembre de 2004, página 1982, del tenor siguiente:

"LEYES AUTOAPLICATIVAS. REGLAS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, CON BASE EN EL MOMENTO EN QUE SURGE EL AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO, CUANDO SE EJERCE CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. Es práctica común definir a las leyes autoaplicativas como aquellas que por su sola expedición o vigencia, ocasionan un perjuicio a los gobernados; sin embargo, conviene también establecer que como caracteres que sirven para reconocer cuándo una ley, o incluso una porción normativa, es de naturaleza autoaplicativa, se encuentran los siguientes: que con su simple entrada en vigor, cree, modifique o extinga una situación concreta de derecho, o genere una obligación de hacer, de no hacer o de dejar de hacer; que esa nueva situación jurídica u obligación creada por la sola vigencia de la norma, vincule a personas determinadas por circunstancias concretas que las definen de manera clara, es decir, a individuos innominados, pero identificados por las condiciones, circunstancias y posición en que se encuentran; y siempre que el cumplimiento de esa obligación, o la sujeción a esa condición jurídica no esté condicionada por la realización de acto alguno de individualización de la norma, sino que sea bastante que el gobernado reúna las condiciones, circunstancias y posición de los individuos a los que la norma vincula. De ello se sigue que el perjuicio de una norma que reúna tales caracteres, surge desde su vigencia, porque constriñe a someterse a determinada condición jurídica o a cumplir determinada obligación; por ello, es válido sostener que es precisamente esa sujeción a las condiciones u obligaciones generadas por la ley, la que ocasiona perjuicio a los gobernados y da lugar al agravio personal y directo. Por tanto, para que se acredite que una persona tiene interés jurídico para impugnar una norma, será suficiente que demuestre que reúne las condiciones, circunstancias y posición de los individuos a los que la norma vincula, para que se surta plenamente, incluso cuando la reclamación se suscite con motivo del primer acto de aplicación, en términos implícitos del segundo párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que de un análisis detenido de sus antecedentes legislativos se desprende que la intención del legislador al establecer dicha porción normativa, fue dar oportunidad al gobernado de defenderse contra una ley que lo vincula a hacer, no hacer, dejar de hacer o estarse a cierta condición jurídica, no sólo desde su entrada en vigor, sino durante todo el tiempo que se encuentre vigente, incluso sin necesidad de un acto específico de aplicación. Por ello, es válido sostener que de ninguna manera el establecimiento de esa segunda oportunidad tuvo como fin limitar el ejercicio de la acción de amparo contra leyes autoaplicativas, ni modificar la naturaleza de las leyes de esa índole, con el objeto de que en la técnica del amparo en que se combatan con motivo del primer acto de aplicación, se sigan las reglas del amparo contra leyes heteroaplicativas, en que se exige la demostración de que el acto de aplicación ocasiona agravio personal y directo, para tener por acreditado el interés jurídico de quien promueve el juicio; por el contrario, en el caso de las leyes autoaplicativas, la demostración de ese acto es útil para determinar la oportunidad de la demanda, pero sólo en el caso de que ya hubiere concluido el plazo de la fracción I del artículo 22 de la Ley de Amparo, pues tampoco fue intención del legislador sujetar el ejercicio de la acción al plazo genérico de quince días contados a partir del primer acto de aplicación de la ley, cuando todavía no concluye el plazo de treinta días para la interposición de la demanda de amparo a partir de la fecha en que la ley, sin necesidad de acto de aplicación alguno, generó un agravio personal y directo a la quejosa."

Asimismo, cabe citar la tesis III.4o.A.69 A del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, aplicable al caso en lo exclusivamente conducente, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1494, Materia Administrativa, del contenido que sigue:

"COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA NORMA OFICIAL MEXICANA ‘NOM-046-SSA2-2005. VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES. CRITERIOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN’. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLA. Si al tramitarse el juicio de garantías contra la Norma Oficial Mexicana ‘NOM-046-SSA2-2005. Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención’, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2009, se aprecia que el quejoso tiene su domicilio en una jurisdicción diversa a la de la autoridad que emitió dicha norma, la competencia para conocer del amparo contra ésta corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa que ejerce jurisdicción en el lugar en que los destinatarios deban acatarla, ya que al ser una disposición autoaplicativa que obliga al particular a hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para generar su obligatoriedad, es evidente que no es una resolución que requiera ejecución material en términos del artículo 36, último párrafo, de la Ley de Amparo, de las cuales conoce el Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad que las dictó, pues es claro que una norma autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que amerita ejecución material en los lugares en los cuales los destinatarios deban dar cumplimiento a sus prescripciones."

Al resultar fundado el agravio en estudio, resulta innecesario analizar el resto de los argumentos vertidos por la revisionista respecto la omisión en la suplencia de la queja por parte del Juez de Distrito.

Conviene citar la jurisprudencia VI.1o. J/6 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, página 470, Materia Común, del contenido siguiente:

"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si el examen de uno de los agravios, trae como consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de Distrito, es inútil ocuparse de los demás que haga valer el recurrente."

Así, lo que procede es, en términos de lo establecido en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, analizar las diversas causas de improcedencia hechas valer, así como las que se aprecien de oficio; luego, en su caso, se procederá al estudio del fondo del asunto, a la luz de los conceptos de violación hechos valer.

OCTAVO. En cuanto al análisis de improcedencia, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 122/1999 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 28, Materia Común, del tenor siguiente:

"IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. Es cierto que las consideraciones expuestas en la sentencia recurrida, que no son impugnadas en vía de agravio por el recurrente a quien perjudican, deben tenerse firmes para seguir rigiendo en lo conducente al fallo, pero esto no opera en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, cuando se advierte la existencia de una causa de improcedencia diferente a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada o desestimó o, incluso, de un motivo diferente de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, pues en este caso, el tribunal revisor debe emprender su estudio de oficio, ya que sobre el particular sigue vigente el principio de que siendo la procedencia de la acción constitucional de orden público, su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Este aserto encuentra plena correspondencia en el artículo 91 de la legislación de la materia, que establece las reglas para resolver el recurso de revisión, entre las que se encuentran, según su fracción III, la de estudiar la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito y, de estimarla infundada, confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, lo que patentiza que la procedencia puede examinarse bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales apreciadas por el juzgador de primer grado, sino también a los motivos susceptibles de actualizar esas hipótesis, lo que en realidad implica que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimado determinada improcedencia, bien puede abordarse su estudio bajo un matiz distinto que sea generado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causa por diverso motivo, pues no puede perderse de vista que las causas de improcedencia pueden actualizarse por diversos motivos, por lo que si el inferior estudió sólo alguna de ellas, es dable e incluso obligatorio que se aborden por el revisor, pues al respecto, no existe pronunciamiento que pueda tenerse firme."

En efecto, este Tribunal Colegiado advierte que, exclusivamente respecto del punto número 2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, dado que dicho numeral, en particular, tiene el carácter de heteroaplicativo.

El punto señalado es del tenor siguiente:

"2. Campo de aplicación. Esta norma oficial mexicana es de observancia obligatoria para las instituciones del Sistema Nacional de Salud, así como para los y las prestadores de servicios de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema Nacional de Salud. Su incumplimiento dará origen a la sanción penal, civil o administrativa que corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables."

El anterior precepto establece que el incumplimiento de la norma dará origen a la sanción penal, civil o administrativa que corresponda, conforme a las disposiciones legales aplicables.

Dicho de otro modo, para que se puedan aplicar las sanciones ahí previstas, es necesario que un individuo incumpla con alguna de las obligaciones que la norma oficial prevenga, es decir, su aplicación se encuentra condicionada a un acto o conducta.

Lo anterior, porque la aplicación de tal artículo se encuentra condicionada a un hacer o no hacer, tanto del prestador de servicios médicos como, en su caso, de la autoridad que pretenda o no sancionar al infractor de la norma; de ahí que no se le pueda considerar como autoaplicativo.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del epígrafe: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.", ya citada.

Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 77/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, enero de 1998, página 382, de rubro y texto siguientes:

"LEYES HETEROAPLICATIVAS. SI SE RECLAMAN POR ACTOS INMINENTES Y NO POR ACTOS CONCRETOS YA REALIZADOS, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO. Para que la acción constitucional sea procedente en contra de leyes heteroaplicativas, o sea, en relación con las que se impugnan por haber existido un acto concreto de aplicación en perjuicio del quejoso, es necesario que se demuestre la existencia misma de dicho acto de aplicación, relacionado con la fecha de presentación de la demanda y, por ende, no basta la inminencia de la aplicación de la ley para que el amparo sea procedente, ya que la referida inminencia no actualiza o concreta el perjuicio en la esfera jurídica del gobernado de manera real y actual, lo cual constituye requisito indispensable de procedencia del juicio de garantías, sino que sólo genera la presunción de que tal aplicación ha de realizarse, sin conocerse circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución, lo que impide constatar la existencia misma del perjuicio."

En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 73, fracción VI y 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, exclusivamente en cuanto al punto 2 de la norma impugnada.

Por otra parte, a la autoridad señalada como responsable, procurador general de la República, se le reclamó la omisión de emitir los criterios para observar, en relación con víctimas de delito de violencia, lo dispuesto por el artículo 47, fracciones II, III, V y VI, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El juicio de amparo contra ese tipo de actos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada legislación ordinaria, resulta improcedente puesto que, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal que sólo se ocupe de individuos particulares, se limitará a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio a la quejosa, dado que no se puede obligar a la citada autoridad, en caso de que así fuere, a reparar esa omisión, es decir, a emitir los criterios que supuestamente no ha emitido en términos del artículo 47, fracciones II, III, V y VI, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de determinadas disposiciones (reglamentarias), que vincularían no sólo a la quejosa y a la autoridad responsable, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que contravendría el principio de relatividad enunciado.

Sirve de sustento, la tesis P. CLXVIII/97 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 11 de noviembre de 1997, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, página 180, del contenido siguiente:

"LEYES, AMPARO CONTRA. ES IMPROCEDENTE AQUEL EN QUE SE IMPUGNA LA OMISIÓN DEL LEGISLADOR ORDINARIO DE EXPEDIR UNA LEY O DE ARMONIZAR UN ORDENAMIENTO LEGAL A UNA REFORMA CONSTITUCIONAL. Respecto de la omisión del legislador ordinario de dar cumplimiento al mandato constitucional de expedir determinada ley o de reformar la existente en armonía con las disposiciones fundamentales, es improcedente el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la citada legislación ordinaria, en virtud de que, según el principio de relatividad que rige en el juicio de amparo, la sentencia que en éste se dicte será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare, lo que impide que una hipotética concesión de la protección federal reporte algún beneficio al quejoso, dado que no puede obligarse a la autoridad legislativa a reparar esa omisión, es decir, a legislar, pues esto sería tanto como pretender dar efectos generales a la ejecutoria, ya que la reparación constitucional implicaría la creación de una ley que es una regla de carácter general, abstracta y permanente, la que vincularía no sólo al peticionario de garantías y a las autoridades señaladas como responsables, sino a todos los gobernados y autoridades cuya actuación tuviera relación con la norma creada, lo que es inconcuso resultaría apartado del principio de relatividad enunciado."

Precisado lo anterior, ahora resulta necesario estudiar las causas de improcedencia vertidas por las autoridades responsables y cuyo estudio no fue abordado en la sentencia constitucional por el Juez de Distrito.

La autoridad responsable, presidente del Comité de Prevención y Promoción de la Salud y presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Prevención y Control de Enfermedades, al rendir informe justificado alegó que la parte quejosa no tenía interés jurídico para impugnar la totalidad de la norma, cuenta habida que, si bien era cierto que la norma era obligatoria para todos los prestadores de se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22494-6ce3aa65/norma-oficial-mexicana-nom-046-ssa2-2005-violencia-familiar-sexual-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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