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Modo: Corpus Pro

ACCIÓN INCIDENTAL DE LIQUIDACIÓN. SU PROCEDENCIA TIENE POR FIN LOGRAR EL CUMPLIMIENTO IRRESTRICTO DE UNA SENTENCIA DE CONDENA EJECUTORIADA, CONFORME A LO RESUELTO Y PRESCRIBE EN CINCO AÑOS, SIN ESTAR SUJETA A LA PRECLUSIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 4/2010. · Registro digital (IUS): 22324
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, , Pág. 2170.

AMPARO EN REVISIÓN 4/2010. **********.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Previamente a estudiar los agravios que plantea la recurrente, conviene precisar brevemente los antecedentes del presente recurso de revisión, de acuerdo a las constancias que obran en el cuaderno de amparo indirecto **********.

El once de agosto de dos mil seis, ********** demandó en la vía ordinaria civil de **********, la rescisión de la operación de compraventa respecto de un montacargas marca Crow, operador caminando (usado), capacidad de 3000 libras, 1500 kilogramos, altura máxima de 3.40 metros, 24 volts, ruedas sólidas, con batería y cargador, horquillas de 42" de largo; la devolución del referido montacargas; el pago de $101,400.00 (ciento un mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de rentas a razón de $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional) diarios por trescientos treinta y siete días; el pago de $51,750.00 (cincuenta y un mil setecientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional) por daños y perjuicios; y, el pago de gastos y costas (fojas setenta y siete y setenta y ocho del cuaderno de amparo).

Dicha demanda fue admitida bajo el número de expediente **********, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México (foja ochenta y dos del juicio de amparo).

Al contestar la demanda, ********** señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista y Boletín Judicial del juzgado (foja ochenta y siete del juicio de amparo).

El siete de febrero de dos mil siete, el Juez natural dictó sentencia en la cual determinó rescindir el contrato de compraventa materia de controversia, asimismo, absolvió del pago de daños y perjuicios, y al pago de gastos y costas, respecto del pago de rentas se indicó expresamente:

"... TERCERO. Se condena a la parte demandada a hacer entrega del bien mueble consistente en: un montacargas Crow, operador caminando (usado), capacidad 3000 lbs., 1500 kgs., altura máxima de 3.40 mts., 24 volts, ruedas sólidas, con batería y cargador, horquillas de 42" de largo, lo que deberá hacer dentro del término de ocho días contados a partir de que esta resolución cause ejecutoria, requerimiento que deberá ser realizado en el domicilio del demandado, así como al pago de las rentas que se generarán por el uso y disfrute del bien inmueble detallado con anterioridad, a partir del ocho de septiembre del año dos mil cinco y hasta que se haga entrega del mueble, lo anterior en virtud de que en autos no se ofreció ningún medio de prueba tendiente a justificar la cantidad que por este concepto reclamó, cuya liquidación se hará en ejecución de la sentencia. ..." (foja ciento cuarenta y dos vuelta del cuaderno de amparo).

El quince de febrero se aclaró dicha sentencia en el sentido de que también se condenaba al demandado al pago de las rentas que se generaran por el uso y disfrute del bien mueble detallado en la sentencia (foja ciento cuarenta y cinco del cuaderno de amparo).

El trece de abril de dos mil siete, se declaró ejecutoriada la sentencia (foja ciento cuarenta y ocho del juicio de garantías).

Mediante escrito de cinco de octubre de dos mil siete, la parte actora promovió en vía de ejecución de sentencia, el incidente de cuantificación de rentas del montacargas Crow materia del juicio natural, a partir de las rentas generadas del ocho de noviembre (sic) de dos mil cinco al treinta de septiembre de dos mil siete (fojas doscientos dieciocho y doscientos diecinueve del cuaderno de amparo).

Dicho incidente de liquidación de rentas se admitió el ocho de octubre de dos mil siete, y se ordenó dar vista en forma personal a la parte demandada en el domicilio en el que fue emplazado (foja doscientos veinte del juicio de amparo).

El seis de noviembre de dos mil siete, el Juez natural dictó resolución interlocutoria, en la cual determinó que el incidente planteado resultaba improcedente, toda vez que la parte actora no había ofrecido medio de prueba tendente a justificar la cantidad que por concepto de liquidación se reservó para la fase de ejecución de sentencia, ya que sólo aportó una factura, la cual no tenía valor probatorio para determinar la cantidad que por pago de renta se generó por el uso y disfrute del bien mueble, ni la cantidad que se hubiera obligado a pagar la parte demandada, razón por la cual determinó:

"... PRIMERO. Por los motivos expuestos en el cuerpo del presente fallo, ha resultado improcedente el incidente de liquidación de rentas hecho valer por **********. SEGUNDO. Notifíquese personalmente ..." (foja doscientos treinta y tres vuelta del cuaderno de amparo).

Se advierte que la anterior determinación causó ejecutoria el dieciséis de mayo de dos mil ocho (foja doscientos treinta y cinco del cuaderno de amparo).

El veintiocho de noviembre de dos mil siete, la parte condenada depositó en el juzgado el montacargas, lo cual se acordó el veintinueve de noviembre de esa anualidad, en el sentido de dar vista a la parte contraria por el término de tres días, sin que la hubiese desahogado, por lo que el dieciocho de diciembre de esa anualidad se determinó que se tenía por señalado domicilio para que la actora pudiera recoger el bien mueble (fojas ciento cincuenta a ciento cincuenta y cuatro del juicio de amparo).

El trece de mayo de dos mil ocho, el demandado hizo entrega del montacargas Crow materia de controversia, a la parte actora (fojas ciento sesenta y uno, y ciento sesenta y dos del juicio de amparo).

Asimismo, el uno de diciembre de dos mil ocho, el actor presentó escrito haciendo valer un segundo incidente de cuantificación de rentas, a partir del ocho de septiembre de dos mil cinco hasta el trece de mayo del dos mil ocho (fojas ciento sesenta y cinco, y ciento sesenta y seis del juicio de garantías).

El dos de diciembre de dos mil ocho se admitió el incidente de liquidación mencionado, y se ordenó dar vista en forma personal a la parte demandada en el domicilio autorizado en autos, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, lo cual se realizó el tres de esos mismos mes y año por medio de notificación por lista (foja ciento sesenta y siete del juicio de amparo).

El dieciséis de enero de dos mil nueve se declaró que el plazo concedido a la parte demandada para desahogar la vista que se le otorgó había concluido; sin embargo, el veintiuno de enero de dos mil nueve se ordenó regularizar el procedimiento porque no se había proveído respecto de la prueba pericial ofrecida por el incidentista, por lo que se previno al promovente para que exhibiera el escrito de aceptación y protesta de su perito y exhibiera el dictamen correspondiente, ello a fin de estar en posibilidad de dar vista a su contrario (foja ciento setenta y tres del cuaderno de amparo).

Luego, el seis de febrero de dos mil nueve, se ordenó dar vista a la parte demandada con el incidente y con el dictamen pericial, para que dicha enjuiciada manifestare lo que a su derecho conviniera, lo cual se le notificó por medio de lista el nueve de febrero de dos mil nueve (foja ciento ochenta y nueve, y ciento ochenta y nueve vuelta del cuaderno de amparo).

El diez de febrero de dos mil nueve la parte demandada compareció a juicio solicitando que se declarara nulo lo actuado con posterioridad al cinco de enero de dos mil nueve (foja ciento noventa del juicio de garantías); al respecto, el once de febrero de dos mil nueve, el Juez natural determinó que no había lugar a acordar lo solicitado, en virtud de que se había regularizado el procedimiento por medio de auto de veintiuno de enero de dos mil nueve, por lo que debía estarse a lo dispuesto en el auto de seis de febrero de esa anualidad (foja ciento noventa y uno del cuaderno de amparo).

Por medio de escrito de doce de febrero de dos mil nueve, la parte demandada desahogó la vista que se le dio con el incidente de liquidación de rentas y con el dictamen pericial, en donde señaló:

"... Vengo a oponerme a nombre de mi representada a la temeraria e infundada liquidación de rentas que pretende hacer valer la parte actora, toda vez que de manera dolosa y con toda la mala fe, intenta que usted C. Juez le otorgue una decisión a todas luces improcedente y sin fundamento legal alguno, pues si bien es cierto que en el resultando tercero de la sentencia que recayó en el presente juicio, mi representada fue condenada al pago de las rentas que se generaran por el uso y disfrute del bien ... (sic) también es cierto que en el mismo resultando tercero se decretó que en virtud de que en autos no se ofreció ningún medio de prueba tendiente a justificar la cantidad que por este concepto reclamo, es por lo anterior, que mi representada se opone terminantemente a dicha liquidación, ya que la actora pretende hacer valer algo que ya le fue negado ... " (foja ciento noventa y dos del cuaderno de amparo).

El trece de febrero del año próximo pasado se tuvo por desahogada la vista y por hechas las manifestaciones de la parte demandada (foja ciento noventa y cinco del juicio de garantías).

El demandado nombró perito, el cual rindió su dictamen pericial y lo ratificó, por su parte el actor se conformó con dicho peritaje (fojas doscientos dos, doscientos seis y doscientos nueve del juicio de amparo).

El ocho de mayo de dos mil nueve se emitió la resolución del incidente de cuantificación de rentas, en donde se aprobó la plantilla de liquidación de rentas por la cantidad de $161,535.00 (ciento sesenta y un mil quinientos treinta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por el uso y disfrute del bien a partir del ocho de septiembre de dos mil cinco al trece de mayo de dos mil ocho.

En contra de tal determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación, mismo que se resolvió el veintidós de junio de dos mil nueve, por la Primera Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación 238/2009, en donde determinó modificar la sentencia de primer grado a efecto de que se condenara al demandado al pago de rentas a partir del ocho de septiembre de dos mil cinco al veintiocho de noviembre de dos mil siete, por ser la última, la fecha en que se puso a disposición de la parte actora el montacargas (fojas sesenta y, ocho a setenta y dos del juicio de amparo).

El trece de julio de dos mil nueve, **********, presentó demanda de amparo en donde señaló como acto reclamado la resolución de veintidós de junio de dos mil nueve, dictada por la Primera Sala Unitaria Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.

El quince de julio de dos mil nueve se admitió la demanda de amparo, correspondiéndole el número de expediente ********** del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.

Seguidos los trámites y etapas procesales correspondientes, se celebró la audiencia constitucional y, mediante sentencia terminada de engrosar el veintisiete de noviembre de dos mil nueve, se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa.

En contra de la anterior determinación, la parte quejosa interpuso el presente recurso de revisión.

Ahora bien, la parte recurrente señala que le causa perjuicio la sentencia federal combatida, en virtud de que carece de la fundamentación y motivación debidas, ya que debió advertir que él no invocó el análisis oficioso del emplazamiento, sino que en sus conceptos solicitó que la notificación de la demanda incidental se debía tener como un acto intraprocesal y que al ser el emplazamiento, tenía la obligación de analizar el agravio a la luz del criterio de rubro: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE COMBATA LA FALTA O SU ILEGALIDAD, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN SE ENCUENTRA OBLIGADO A ESTUDIAR LOS AGRAVIOS RESPECTIVOS Y, EN SU CASO, SUPLIRLOS EN SU DEFICIENCIA."

Continúa con que el tribunal de alzada señaló que la notificación del incidente era un acto intraprocesal que no tenía el carácter de emplazamiento a juicio, por lo que no se debían analizar las formalidades esenciales de dicho acto, argumento que el Juez de Distrito considera correcto, sin advertir que en sentido contrario a lo afirmado por la ad quem, la mencionada notificación del incidente de liquidación es un acto extraprocesal, dictado con posterioridad a la sentencia; de ahí que se considere como el emplazamiento a dicho incidente y, por tanto, se le debió notificar personalmente en su domicilio, en términos del artículo 1.175 del Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad.

Así, la recurrente insiste en que la notificación del incidente de liquidación constituye el emplazamiento al mismo, por lo que se hace valer como una infracción procesal, ya que no se observaron las formalidades esenciales del llamamiento al mismo, pues dicha notificación se realizó por lista y Boletín Judicial y no en forma personal, por lo que considera que el a quo federal debió constreñirse a analizar si el emplazamiento al incidente se realizó correctamente por el Juez natural, y no determinar que no se interpuso el incidente de nulidad de actuaciones, toda vez que ello no se advirtió por la Sala responsable.

También indica que, en el caso, nos encontramos frente a un acto dictado para la ejecución de la sentencia en vía incidental y, por tanto, era necesario el emplazamiento a tal procedimiento; de ahí que le cause perjuicio que se ignoren sus argumentos jurídicos, pues debió determinarse que la notificación del incidente ameritaba un emplazamiento, pues los incidentes de ejecución no son propiamente incidentes sino procedimientos de ejecución ajenos a la controversia, lo cual se equipara a la demanda principal; al respecto, citó los criterios de los rubros: "EMPLAZAMIENTO. EN INCIDENTE SOBRE ALIMENTOS POR CONDUCTO DE LA ACTORA, ILEGALIDAD DEL.", "INCIDENTES, CONCEPTO DE LOS.", "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DESECHAR DE PLANO DICHO INCIDENTE ANTE LA FALTA DE UNO DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE PROCEDENCIA.", "CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA LA REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. DEBEN TRAMITARSE CONFORME A LO PREVISTO POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL CAPÍTULO ÚNICO DEL TÍTULO DÉCIMO NOVENO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).", "COSTAS. NO PROCEDE LA CONDENA RELATIVA EN LOS INCIDENTES DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 140 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL." y "DEMANDA INCIDENTAL, SU ADMISIÓN DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN)."

Asimismo, en el segundo concepto de violación, la parte recurrente señala que el juzgador federal debió analizar el emplazamiento, pues se trata de una infracción procesal que puede ser estudiada, tanto en apelación como en el amparo, al respecto, citó los criterios de los rubros: "EMPLAZAMIENTO. CUANDO SE COMBATA LA FALTA O SU ILEGALIDAD, EL TRIBUNAL DE APELACIÓN SE ENCUENTRA OBLIGADO A ESTUDIAR LOS AGRAVIOS RESPECTIVOS Y, EN SU CASO, SUPLIRLOS EN SU DEFICIENCIA." y "SENTENCIA INTERLOCUTORIA EN AMPARO INDIRECTO, LAS VIOLACIONES COMETIDAS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO INCIDENTAL PUEDEN SER COMBATIDAS JUNTO CON LA."

Agregó que no era obstáculo para considerar lo anterior, el hecho de que la parte que representa hubiera acudido al procedimiento incidental, toda vez que ello no convalida ni subsana la ilegalidad del emplazamiento, por lo que las omisiones o defectos sólo pueden subsanarse cuando el demandado comparece antes de concluido el periodo para la contestación de la demanda, en defensa de sus intereses, al respecto, citó los criterios de los rubros: "EMPLAZAMIENTO. LOS DEFECTOS O VICIOS DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA QUEDAN DEPURADOS CUANDO SE CONTESTA LA DEMANDA Y SE EJERCE EL DERECHO DE DEFENSA, SIN VULNERARSE, POR ENDE, LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.", "EMPLAZAMIENTO. SUS VICIOS SE PURGAN SI SE DA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA." y "EMPLAZAMIENTO. NO SE VIOLAN GARANTÍAS SI A PESAR DE LOS VICIOS EN EL MISMO, EL AFECTADO CONOCIÓ DEL PROCEDIMIENTO ANTES DE CORRER EL TÉRMINO PARA LA DEFENSA DE SUS DERECHOS.", razón por la cual dijo que las irregularidades del emplazamiento sólo se subsanan con la contestación de la demanda, no cuando se comparece en otra fase del procedimiento por lo que, en su caso, no pueden convalidarse las irregularidades indicadas.

Los anteriores argumentos resultan infundados.

En efecto, no asiste razón a la inconforme al indicar que no hizo valer ante el Juez de Distrito que se analizara en forma oficiosa el emplazamiento del incidente de liquidación de rentas pues, al respecto, en sus conceptos de violación mencionó criterios relativos a que el emplazamiento es de orden público y su estudio de oficio; de ahí que en forma correcta el a quo federal hubiera determinado que al tratarse de una infracción procesal cometida en el procedimiento incidental, la Sala responsable no se encontraba obligada a atenderlo, puesto que el recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de alzada revoque o modifique la resolución en los puntos relativos a los agravios; de ahí que al no existir reenvío, dicha autoridad de segunda instancia se encuentra imposibilitada para analizar las infracciones procesales, pues no podrá revocar lo ordenado por el Juez y ordenar la reposición del procedimiento.

Asimismo, el Juez de Distrito en forma correcta determinó que si bien es cierto que la parte quejosa alegaba no haber sido notificada personalmente del incidente de liquidación de rentas, también lo es que al apersonarse a dicha incidencia estuvo en posibilidad de interponer el incidente de nulidad de notificaciones, lo cual no realizó.

Efectivamente, contrario a lo aquí alegado por la parte recurrente, la notificación del incidente de liquidación de rentas no se equipara al emplazamiento de la demanda, pues si bien es cierto que los incidentes se tramitan en forma independiente y con un propio procedimiento, también lo es que dicha notificación no reviste las características del emplazamiento a juicio, pues esta última es la actuación de mayor importancia en el juicio, ya que por medio de él se llamará al demandado para que acuda a defenderse, sin embargo, en el incidente, la parte contraria del incidentista ya fue llamada a juicio y, por tanto, tiene intervención legal en el mismo, así como la obligación de estar al pendiente de las actuaciones que ahí se dicten.

Luego, si conforme al artículo 2.163 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, una vez que la parte interesada presente la liquidación de la sentencia que no contiene cantidad líquida, se dará vista por tres días a la parte condenada para que manifieste lo que a su interés convenga, esto es, en el trámite incidental no se emplaza a la parte contraria, sino que se le notifica para que desahogue la vista que se le da con el incidente planteado, entonces, como bien lo señaló el Juez de Distrito, la ahora recurrente al acudir al incidente a desahogar la vista que se le dio con el mismo, tuvo la oportunidad legal de hacer valer sus inconformidades, además de que se convalidaron las irregularidades que se hubiesen cometido, pues de autos se advierte que mediante auto de seis de febrero de dos mil nueve, se dio vista a la parte demandada con el incidente y el dictamen ofrecido, otorgándosele un plazo de tres días para que desahogara la vista, manifestando lo que a su interés conviniera, vista que se desahogó, por la aquí empresa impetrante, mediante escrito de doce de febrero de dos mil nueve, mismo que le fue acordado en forma favorable el trece de esos mismos mes y año.

Bajo la óptica jurídica anterior, se convalidaron las irregularidades de la notificación del incidente, además de que dicha recurrente tuvo la oportunidad legal de presentar su incidente de nulidad de notificaciones, sin que lo hubiera realizado; razón por la cual fue correcto que el Juez de Distrito no analizara la notificación del incidente aludido pues, para ello, era necesario que se presentara el incidente de nulidad respectivo, a fin de preparar la violación procesal invocada; así, por las razones invocadas resultan inaplicables los criterios citados por el inconforme.

Al respecto, se comparte la tesis I.2o.C.37 C sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1083, Tomo XXIX, mayo de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es el siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE PROMOVERSE, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA QUEJOSA SE OSTENTA COMO PARTE EN UN JUICIO Y ARGUMENTA QUE NO SE LE ‘EMPLAZÓ’ AL INCIDENTE DEL QUE DERIVAN LOS ACTOS QUE RECLAMA, EN VIRTUD DE QUE LA CITACIÓN A ÉSTE NO CONSTITUYE TÉCNICAMENTE UN EMPLAZAMIENTO. Cuando en la demanda de garantías la quejosa se ostenta como parte en un juicio, y argumenta que no fue notificada de la existencia de un incidente, debe interponer el incidente de nulidad de actuaciones antes de acudir al amparo, conforme a los artículos 74 y 77 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen que puede invocarse la nulidad de una actuación cuando le falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes. Destacando que si bien es cierto que aunque la peticionaria de garantías afirme que no se le ‘emplazó’ al incidente del que derivan los actos que reclama en el amparo, también lo es que la citación al incidente de referencia no constituye técnicamente un emplazamiento al juicio, sino la notificación de una cuestión no principal dentro del juicio respecto del cual la inconforme se ostenta como parte."

En diverso aspecto, la parte recurrente señala en su último agravio que le causa perjuicio la determinación del Juez de Distrito al indicar que sus agravios son infundados porque no opera la cosa juzgada en el incidente de liquidación de rentas, dado que la resolución incidental dictada en un primer momento se declaró improcedente por la insuficiencia de pruebas para determinar el importe líquido de la sentencia, por lo que ahí no se entró al estudio del fondo, además de que el cumplimiento de las sentencias es de análisis oficioso y orden público, razón por la cual estimó que estuvo en lo correcto la Sala responsable al estimar que en el caso no asistía razón a la empresa apelante y quejosa en cuanto a ese tema.

Continuó con que debe determinarse que la finalidad de los juzgadores es preservar la paz social y el orden público proporcionando seguridad jurídica a los gobernados, por lo que en el derecho procesal deben seguirse dichos principios, a fin de que se evite la multiplicidad de procedimientos y contradicción de una resolución, pues se pretende evitar situaciones de que se tramiten un sin fin de procedimientos incidentales con un mismo objeto.

Así, señala que el Juez de Distrito no advirtió que, en el caso, se actualiza una prescripción para hacer valer nuevamente el incidente de liquidación de rentas, puesto que al resolverse un primer incidente por esa misma cuestión no se dejaron a salvo los derechos del actor para que los volviera a hacer valer en una nueva incidencia, de ahí que su contrario ya no tenía derecho a reclamar nuevamente la liquidación de rentas, pues el acto que lo resolvió en primer término ya se encuentra firme; de ahí que esa prescripción procesal no hubiera sido analizada correctamente por el Juez Federal, dejando a su representada en estado de indefensión.

Agregó que, en la resolución de seis de noviembre de dos mil siete, relativa al primer incidente de liquidación de rentas, sí se analizó la cuestión de fondo, pues se concluyó que el actor no justificó lo ahí demandado por haber sido omiso en el ofrecimiento de la prueba pericial en valuación, a fin de realizar la cuantificación de la sentencia, razón por la que los elementos que ahí se aportaron fueron insuficientes para condenarlo, de ahí que si en dicha incidencia no se obtuvo lo buscado, no es posible que en el nuevo incidente del cual deriva la sentencia reclamada se busque una nueva oportunidad de liquidar las rentas ya exigidas con anterioridad y respecto de las cuales no probó, puesto que su contrario tuvo la oportunidad en un primer momento, sin que pueda volver a ejercitar ese derecho al obtener sentencia contraria a sus intereses.

También menciona que el Juez de Distrito no observa que se infringió en su perjuicio el artículo 17 constitucional, ya que pretende la ejecución de una sentencia respecto de la cual ya se resolvió el derecho, pues ello provoca que se multipliquen los procesos incidentales, tornando el procedimiento en interminable, otorgando al incidentista la facultad de que liquide la sentencia lo cual, dijo, contraviene los principios de justicia pronta, expedita e imparcial, pues no es posible que se le dé la oportunidad a su contrario de que intente infinidad de incidentes hasta que alguno de ellos sea decretado procedente, puesto que ello es contrario a sus garantías individuales.

Así, considera que si el actor incidentista no obtiene lo que reclamó, ello no significa que se le niegue la justicia, toda vez que la oportunidad se le otorgó, sólo que no es posible que solicite una misma cosa en múltiples ocasiones; de ahí que estima que la apreciación del Juez de Distrito resulta errónea al apreciar que, en la especie, era posible intentar un nuevo incidente de liquidación de rentas, pues insistió en que en la primer determinación no se dejaron a salvo los derechos de su contrario.

Lo precedente debe desestimarse por desacertado e insostenible, atento a las razones fácticas, lógicas y jurídicas siguientes.

En principio, debe precisarse que en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, específicamente en el punto resolutivo tercero "... Se condena a la parte demandada a hacer entrega del bien mueble consistente: un montacargas Crow, operador caminando (usado) capacidad 3000 lbs., 1500 kgs., altura máxima 3.40 mts., 24 volts, ruedas sólidas, con batería y cargador, horquilla de 42" de largo, lo que deberá hacerse dentro del término de ocho días contados a partir de que esta resolución cause ejecutoria, requerimiento que deberá ser realizado en el domicilio del demandado, así como al pago de las rentas que se generarán por el uso y disfrute del bien mueble detallado con anterioridad, a partir del ocho de septiembre del año dos mil cinco y hasta la entrega del inmueble, lo anterior en virtud de que en autos no se ofreció medio de prueba tendiente a justificar, la cantidad que por este concepto reclamó, cuya liquidación se hará en ejecución de sentencia ..."

Así, el actor promovió incidente de liquidación de rentas, donde expresó que al demandado se le debía condenar al pago de $222,600.00 (doscientos veintidós mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pago de rentas originadas a partir del ocho de noviembre de dos mil cinco al treinta de septiembre de dos mil siete, a razón de $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional).

Sin embargo, el Juez natural, por interlocutoria de seis de noviembre de dos mil siete, declaró improcedente la liquidación propuesta, al considerar que la factura exhibida por el incidentista carecía de valor probatorio para tener por justificada la cantidad que se pretende cobrar por concepto de renta diaria del referido montacargas pues, al respecto, se dejó de aportar prueba idónea, como lo sería la pericial, en términos de lo dispuesto por el artículo 7.593 del Código Civil del Estado de México.

Tal determinación causó ejecutoria al no haberse recurrido.

Por tanto, como puede apreciarse de lo reseñado, al Juez natural no le fue dable determinar la liquidación del monto de las rentas a que fue condenado el demandado a pagar a su antagonista por no ser conducente, al efecto, la prueba aportada al respecto, pues se dijo que en relación con ello resultaba idónea una pericial, la cual no se había aportado, quedando de ese modo en reserva lo sentenciado en el juicio natural.

Por consiguiente, en atención a lo determinado en la referida interlocutoria, el actor volvió a promover incidente de liquidación de rentas, lo cual, formal y legalmente, está permitido, en tanto el artículo 1.211 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece que la sentencia firme produce acción y excepción contra los que litigaron, con mayor razón si de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.183 del citado código adjetivo la acción para pedir la ejecución de una sentencia, durará cinco años, desde el día que venció el plazo para el cumplimiento voluntario, y de ahí que no caducara ni precluyera el derecho del accionante para intentar, de nueva cuenta, el referido incidente, si el mismo no se intentó fuera de dicho término, ni existe precepto que lo prohíba y, además, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela la plena ejecución de lo sentenciado.

En tal contexto, no deben confundirse los efectos de la sentencia firme con las consecuencias de identidad de cosa juzgada, la prescripción, la preclusión y la caducidad, ya que la primera, o sea, los efectos de la sentencia firme, es la verdad legal de lo considerado y resuelto en el procedimiento respectivo, lo cual produce acción y excepción contra los que litigaron y terceros interesados, al existir materia para ello.

La consecuencia de identidad de cosa juzgada, es la prohibición de la ley de atender y resolver por el Juez cuestiones sobre las cuales ya existe una verdad legal que hace inconducente lo demandado de nueva cuenta, pues inexiste materia para volver a decidir lo ya resuelto, en tanto para que la cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel que se invoca, concurra identidad en las cosas, las causas y las personas de los litigantes.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22324-0c3b0a21/accion-incidental-de-liquidacion-su-procedencia-tiene-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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