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Modo: Corpus Pro

APELACIÓN. EL ACREEDOR ALIMENTARIO DEBE AGOTAR ESTE RECURSO ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN EN QUE SE NIEGA FIJAR LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 8/2011. · Registro digital (IUS): 22899
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Junio de 2011, , Pág. 1232.

AMPARO EN REVISIÓN 8/2011. **********.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Resulta innecesario analizar tanto los agravios que, en el caso, se aducen como las consideraciones que sustentan la resolución reclamada, toda vez que este órgano colegiado advierte la existencia de una causa de improcedencia diversa a la estudiada por el a quo, cuyo análisis es preferente lo aleguen o no las partes, conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Apoya lo antes expuesto la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación, rubro y texto son:

"Novena Época

"No. Registro: 193252

"Instancia: Pleno

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo X, septiembre de 1999

"Materia(s): Común

"Tesis: P. LXV/99

"Página: 7

"IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el tribunal revisor tiene plenas facultades para examinar la existencia de una causal de improcedencia diversa de la advertida por el juzgador de primer grado, inclusive en torno a un motivo diferente de los apreciados respecto de una misma hipótesis legal, toda vez que como el análisis de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público, es susceptible de estudio en cualquier instancia. También se ha sostenido que ciertas causas de improcedencia son de estudio preferente, por los efectos que producen, y que basta el examen de una sola de ellas para resolver en el sentido de decretar el sobreseimiento en el juicio. Con base en los criterios anteriores debe concluirse que si bien, en rigor literal, el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo consagra el estudio del agravio relacionado con los motivos de improcedencia en que el juzgador de primera instancia se apoyó para sobreseer, la práctica judicial ha reconocido la conveniencia de omitir su estudio al decretar el sobreseimiento por diversas razones, porque tener que abordar el examen relativo, implicaría, en muchos casos, una innecesaria dilación en la resolución del asunto, en detrimento de la garantía de prontitud en la administración de justicia que consagra el artículo 17 constitucional, pues sólo se generaría la realización de estudios para considerar ilegal el fallo recurrido, siendo que será la causa de improcedencia que determine el tribunal revisor la que, de cualquier modo, regirá el sentido de la decisión."

Ahora bien, para una comprensión adecuada de esta ejecutoria, en primer término, se estima necesario establecer el siguiente marco dogmático:

Los medios de impugnación configuran los instrumentos jurídicos consagrados por las leyes procesales para corregir, revocar o anular los actos y las resoluciones judiciales, cuando adolecen de deficiencias, errores o ilegalidad.

Así, cabe distinguir que los medios de impugnación resultan el género y, los recursos, la especie, esto es, todos los recursos son medios de impugnación, mas no todos los medios de impugnación son recursos.

En ese sentido, los recursos siempre van a estar contenidos en el capítulo establecido para los mismos dentro de las legislaciones procesales, y los medios de impugnación pueden estar ubicados en cualquier parte de las leyes que rigen a la materia.

De acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, dentro de las diversas clasificaciones que ha dado la doctrina a los medios de impugnación, encontramos que éstos se han dividido en tres sectores, a saber: remedios procesales, recursos y procesos impugnativos.

Los remedios procesales son aquellos que pretenden la corrección de los actos y resoluciones judiciales ante el mismo Juez que los ha dictado, es decir, son un medio de defensa intraprocesal, en virtud de que se dan dentro del proceso.

Los recursos son los instrumentos que pueden interponerse dentro del mismo proceso, pero ante un órgano judicial superior, por violaciones cometidas tanto en el propio procedimiento, como en las resoluciones judiciales respectivas.

Y, los procesos impugnativos son aquellos en los cuales se combaten actos o resoluciones de una autoridad a través de un proceso autónomo en que se inicia una relación jurídico-procesal diversa.

Por otra parte, debe dilucidarse si la reclamación prevista por el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, es un medio de impugnación o un recurso previsto para el deudor alimentario, o bien, para ambas partes en el juicio.

Así, tenemos que el citado cuerpo normativo, en su título decimosegundo, en el capítulo respectivo a los recursos, establece como tales: la revocación, reposición, apelación y la revisión de oficio, todos ellos contenidos del artículo 506 al 528 del citado ordenamiento legal; mientras que la reclamación se encuentra inserta en el tercer párrafo del artículo 210 del título sexto de la misma legislación, en el capítulo respectivo al juicio.

En ese tenor, si la reclamación no está contenida dentro del capítulo de recursos previsto en el código adjetivo civil de la entidad, entonces podemos decir que la misma reviste la naturaleza de un medio de impugnación que debe resolverse -a su vez- por el Juez del conocimiento, y que únicamente está prevista para la parte a la cual se le demandan alimentos, y no para el acreedor alimentario, dado que éstos se encuentran ubicados en posiciones distintas respecto de la medida provisional alimenticia. Lo anterior, tomando en consideración -además- que al ser una medida cautelar, el Juez de la instancia para determinar lo conducente, resuelve basándose en los argumentos y pruebas aportadas por los acreedores alimentarios, y una vez resuelto lo procedente, la parte que la solicitó, no puede requerirle de nueva cuenta que modifique su decisión, pues se contrariaría el principio jurídico de que los Jueces no pueden revocar sus propias determinaciones; lo cual no sucede con la parte a la que se le demandan los alimentos, pues ésta aún no ha sido oída ni ha podido aportar los medios de convicción que logren desvirtuar lo alegado por su contraria.

Esto es, la finalidad de la referida reclamación es, precisamente, que el Juez valore otros argumentos y elementos de prueba que no tuvo al momento de decretar la medida provisional, los cuales pueden llegar a desvirtuar lo alegado por la acreedora alimentaria, y hacer que modifique o revoque la resolución impugnada; ello, con base en la igualdad procesal que debe existir entre las partes.

Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de publicación, rubro y texto son:

"No. Registro: 175384

"Jurisprudencia

"Materia(s): Civil

"Novena Época

"Instancia: Primera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXIII, abril de 2006

"Tesis: 1a./J. 192/2005

"Página: 11

"ALIMENTOS PROVISIONALES Y SU ASEGURAMIENTO. LA RECLAMACIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE LOS DECRETA PUEDE INTERPONERSE DENTRO DEL TÉRMINO DE NUEVE DÍAS, INCLUSO CUANDO SE HACE VALER EN ESCRITO DIVERSO AL DE LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA (INTERPRETACIÓN DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 210 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ). Conforme al citado precepto, para presentar la reclamación contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional y su aseguramiento dentro del escrito de contestación a la demanda, el demandado cuenta con los mismos nueve días que se le confieren para formular dicha contestación. Ahora bien, de un análisis sistemático del artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se concluye que para el diverso supuesto de que el recurso de reclamación se haga valer en escrito independiente, también se cuenta con el indicado término. Ello es así, ya que si bien del análisis del citado precepto no se advierte regla específica alguna respecto al plazo de presentación para el supuesto de que se interponga la reclamación de referencia en escrito diverso al de contestación de demanda, si se atiende a que dicho medio de defensa se ubica en el apartado correspondiente a la contestación de demanda, debe considerarse que en cuanto al plazo para su interposición le son aplicables las mismas reglas que señala el referido numeral para la figura de la contestación. Además, si se toma en cuenta que entre los fines de la aludida reclamación está el de dar oportunidad de defensa al demandado contra la pensión provisional y su aseguramiento, resulta inconcuso que la apuntada interpretación permite salvaguardar las posibilidades de defensa conferidas al demandado en la norma referida, a fin de que pueda aportar elementos que lleven a reconsiderar los términos en que se decretó la medida provisional o su aseguramiento. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda solicitarse la modificación de dicha medida provisional, en los términos de la fracción II del artículo 58 del código procesal en cuestión, para aquellos casos en que cambien las circunstancias del deudor alimentario que incidan en las posibilidades que tenga para el cumplimiento de la medida provisional alimentaria."

Una vez expuesto lo anterior, este Tribunal Colegiado se avoca al conocimiento de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, mismo que -en la parte que interesa- literalmente dispone:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños."

De la transcripción que antecede se colige que este precepto legal regula uno de los principios rectores del juicio de garantías: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo dispositivo y en la jurisprudencia.

Así, previamente a la promoción de dicho juicio, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio pues, de lo contrario, la acción constitucional resulta improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige.

Ahora bien, antes de analizar el acto reclamado en el juicio de amparo cuyo estudio nos ocupa, cabe destacar que la demanda de garantías debe interpretarse en su integridad; lo cual conlleva a que se determine con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, que se armonicen los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.

Así las cosas, de la demanda de garantías presentada por ********** se advierte que el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de decretar una pensión alimenticia provisional a favor de ésta, dentro del juicio ordinario civil número ********** del índice del ********** aun cuando de los medios de convicción aportados a dicho procedimiento se colige que el veintitrés de diciembre de dos mil ocho, el demandado aceptó haber sostenido una relación sentimental con ********** de la cual procrearon a dicha menor.

Por su parte, de las constancias procesales que integran el juicio constitucional a que este toca se refiere, se advierte que por acuerdo de dieciocho de enero del año próximo anterior, el aludido juzgador primario determinó que no procedía fijar durante el procedimiento la pensión alimenticia reclamada, porque "deberá exhibir copia certificada del acta del estado civil en términos del artículo 210, párrafo 2o., del Código de Procedimientos Civiles".

En ese orden de ideas, tomando en consideración que -tal como se determinó ut supra-, de conformidad con el principio de definitividad que rige en materia de amparo, consignado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, para que la tutela de garantías individuales pueda acontecer, el quejoso debe agotar el recurso o medio de defensa ordinario que la ley que regula el acto reclamado prevea en su contra.

Por ello, si la parte actora en el juicio principal es quien solicitó la medida cautelar, lo procedente en contra de tal determinación es la interposición de un recurso que sea del conocimiento de una instancia superior, esto es, que al tratarse de una resolución interlocutoria que le causaría un daño irreparable en la sentencia al versar sobre alimentos a favor de una menor, el recurso idóneo para impugnarla es el de apelación previsto en el artículo 509 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, cuyo tenor literal es el siguiente:

"Artículo 509. El recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. Son apelables las sentencias, los autos que resuelven un incidente y los autos que causan daño irreparable en la sentencia."

De ahí que, tal y como se aprecia, con la interposición de tal recurso no se viola el principio de que el juzgador revoca sus propias determinaciones, pues quien resuelve es una instancia distinta.

Consecuentemente, la inconforme sí se encontraba obligada a agotar el recurso ordinario antes de acudir a solicitar la protección constitucional solicitada pues -tal como se precisó con antelación-, resulta un presupuesto necesario para la procedencia del juicio de amparo, la interposición del medio de impugnación que prevé la ley de la materia.

Apoyan lo antes expuesto, los criterios emitidos -respectivamente- por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Sexto y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de publicación, rubro y texto son:

"No. Registro: 352837

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Quinta Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: LXXI

"Tesis:

"Página: 2896

"RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, cuya falta de agotamiento trae consigo la improcedencia del juicio de garantías, son aquellos que pueden hacerse valer dentro del procedimiento en que se origina el acto y no los de carácter extraordinario, como el amparo y la queja."

"No. Registro: 350377

"Tesis aislada

"Materia(s): Común

"Quinta Época

"Instancia: Tercera Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: LXXIX

"Página: 1606

"APELACIÓN, SI NO SE AGOTA, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO. Lo que la fracción XIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, estatuye como causa de improcedencia, es la circunstancia de que el interesado no haya agotado el procedimiento ordinario, usando del procedente recurso que la ley local establece; y si la apelación, como defensa legal dentro del procedimiento, puede modificar o revocar los actos reclamados, el amparo debe estimarse improcedente, cuando no se agote ese recurso, independientemente de que en el caso, la apelación sólo se admita en el efecto devolutivo, pues esto no modifica en nada aquel concepto de improcedencia."

"Novena Época

"No. Registro: 187016

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XV, mayo de 2002

"Materia(s): Común

"Tesis: I.6o.C. J/37

"Página: 902

"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías."

"Octava Época

"No. Registro: 224800

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación

"Tomo: VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990

"Materia(s): Civil, Común

"Tesis: I.4o.C. J/25

"Página: 361

"IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución."

Finalmente, se estima pertinente descartar la interposición del recurso de revocación para impugnar, por parte del acreedor alimentario, la resolución que fija los alimentos, ya que por la naturaleza de tal recurso sólo puede dirigirse contra actos de mero trámite y no contra los que tengan fuerza de definitivos, como se colige de la definición de revocación y recurso de revocación, que aparece en el Diccionario de Derecho Procesal Civil publicado por Eduardo Pallares, que a continuación se transcribe:

"Revocación: El diccionario da las siguientes acepciones de esta palabra: ‘Anulación, casación, retractación’ y en general hace referencia a actos unilaterales emanados de una voluntad que se rectifica. También significa anular o rescindir una resolución judicial. Según Couture, el Juez puede revocar las resoluciones que llama mere-interlocutorias, y que nuestro código califica de decretos, por ser de mero trámite, de simple impulso procesal y las cuales no alcanzan la autoridad de la cosa juzgada. Dicho poder de revocación o rectificación no es ilimitado, porque de otra manera se desnaturalizaría la marcha del proceso que, por estar constituidos de diversos periodos que se suceden los unos a los otros de forma irreversible, no consiente que la revocación tenga por efecto volver a un periodo anterior concluido definitivamente. ‘Dentro de este tipo de juicio, el advenimiento de una etapa procesal opera la preclusión de la anterior, sin que sea posible el regreso a instantes o estadios ya concluidos’, de lo que se sigue que el Juez no puede revocar un decreto que pertenezca a un periodo anterior. En el derecho mexicano, el Juez no está autorizado para revocar de oficio sus propios decretos. Ha de hacerlo cuando la parte interesada interponga el recurso de revocación y siempre que haya causa legal que funde esta última. Sólo tratándose de la jurisdicción voluntaria, el artículo 897 previene lo siguiente: ‘El Juez podrá variar o modificar la providencia (esto es, los derechos) que dictare sin sujeción estricta a los términos y forma establecidos respecto de la jurisdicción contenciosa. No se comprende en esta disposición los autos que tengan fuerza de definitivos y contra los que no se hubiere interpuesto recurso alguno, a no ser que se demostrara que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción.’. Tampoco pueden los Jueces revocar sus propias sentencias pero sí rectificarlas o aclararlas."

"Recurso de revocación: Sólo procede contra los decretos y los autos no apelables y su objeto es que se rescinda la resolución contenida en el auto o decreto, sea para sustituirla por otra que el recurrente considere legal o para que aquélla quede sin efecto. Está sujeto a las siguientes normas: a) Las sentencias no pueden ser revocadas por el Juez que las pronunció; b) El recurso de revocación se distingue se distingue del de apelación, en que este último se tramita y resuelve por el tribunal de alzada, mientras que la revocación la tramita y decide el mismo Juez que pronunció la resolución recurrida, o el que lo sustituya en caso de recusación o excusa; c) La ‘revocación debe pedirse por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación del decreto o auto recurridos y se sustancia con un escrito por cada parte y la resolución del Juez que debe pronunciarse dentro del tercero día.’ La resolución es irrecurrible porque sólo da lugar al juicio de responsabilidad; d) En los juicios tanto ordinarios como sumarios que se ventilan oralmente, la revocación se decide de plano; e) El recurso de revocación se denomina de reposición cuando se interpone ante el Tribunal Superior."

En esa tesitura, si ********** antes de acudir al multirreferido juicio constitucional, no interpusieron el recurso de apelación previsto en el numeral 509 del código adjetivo civil en vigor, en contra de lo determinado al dictarse el acuerdo que data del ********** entonces, deviene inconcuso que desatendieron el principio de definitividad que lo regula y, por ende, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo.

Similar criterio se sostuvo al resolver el toca número ********** del índice de este órgano colegiado, en sesión celebrada el **********.

En virtud de lo anterior, aunque por diversa causal a la analizada por el Juez de Distrito, lo que procede, en la especie, es confirmar la resolución recurrida y sobreseer en el juicio de garantías.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 89, 90, 91 y demás relativos de la Ley de Amparo, y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; este Tribunal Colegiado,

RESUELVE QUE:

PRIMERO.-Se confirma la resolución recurrida, aunque por las razones que se expresan en esta resolución.

SEGUNDO.-Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********** respecto del acto y la autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria de amparo.

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, envíense los autos al juzgado de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por unanimidad de votos, en cuanto al sentido, de los Magistrados: presidente Isidro Pedro Alcántara Valdés, Agustín Romero Montalvo y José Manuel de Alba de Alba, con el voto aclaratorio, respecto a las consideraciones, emitido por el segundo de los nombrados. Fue relator el primero de los Magistrados antes mencionados.

En términos de lo dispuesto en los artículos 3, fracción VI, 7, 13 y 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22899-e40627d1/apelacion-el-acreedor-alimentario-debe-agotar-este-recurso · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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