CERTIFICADO DE GRAVÁMENES. SU FALTA DE ACTUALIZACIÓN CAUSA PERJUICIO AL ACREEDOR QUE NO FUE CITADO AL REMATE, Y NO AL DEUDOR.
AMPARO EN REVISIÓN 10/2008. **********
CONSIDERANDO:
SEXTO. Los agravios serán examinados en un orden distinto al propuesto por la inconforme, por razón de método y técnica jurídica.
Primeramente, conviene dejar asentado que de las constancias remitidas por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, con plena eficacia probatoria en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se conocen las siguientes actuaciones:
1. Por escrito presentado el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y cinco ********** y **********, endosatarios en procuración de ********** antes ********** demandaron en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa de ********** y de ********** el pago de N$54,000.00 (cincuenta y cuatro mil nuevos pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal; el pago de los intereses ordinarios pactados así como de los intereses moratorios además de gastos y costas.
A manera de hechos en su demanda narraron que el ocho de marzo de mil novecientos noventa y tres ********** suscribió un pagaré a la orden de ********** antes ********** por la cantidad reclamada como suerte principal en el que se pactaron como intereses ordinarios el 36.05% anual sobre el importe del pagaré así como intereses moratorios el 56.05% anual sobre el importe del documento base de la acción en caso de que no se cumpliera con el pago establecido en dicho título. Así también manifestaron que el co-demandado ********** signó el aludido documento como aval.
Adujeron que toda vez que había transcurrido el plazo señalado para su vencimiento sin que el mismo fuera liquidado, por ende, procedían a demandar su pago más accesorios legales.
2. Del asunto conoció por razón de turno el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil del Distrito Federal, quien lo radicó bajo el número 1422/95 y por auto de tres de julio de mil novecientos noventa y cinco determinó admitir a trámite la demanda. Asimismo, ordenó se emplazara a juicio a la parte demandada además de que en la diligencia de emplazamiento se le requiriera para que hiciera pago a la parte accionante de la cantidad reclamada con sus intereses ordinarios y moratorios y, en caso de no hacerlo, se le embargaran bienes suficientes para cubrir la deuda.
3. De la diligencia realizada el once de marzo de mil novecientos noventa y seis, la cual se entendió con ********** se advierte lo siguiente:
"... Que ignora las deudas que tenga el demandado, que no puede hacer pago en este momento, que no señala bienes para embargo, en uso de la palabra el interesado dijo que señala para su embargo el terreno y construcciones que le corresponden al departamento en condominio (casa habitación) número ********** del edificio marcado con el número ********** de la calle ********** colonia ********** delegación ********** de esta Ciudad de México, Distrito Federal ..."
4. Por escrito presentado el nueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la parte accionante se desistió de la demanda instaurada en contra de **********. Dicho desistimiento fue acordado de conformidad en auto de doce de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
5. Seguido el juicio en sus etapas procesales, el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve se dictó sentencia de primera instancia en la que se condenó a la parte demandada ********** al pago de las prestaciones reclamadas por considerarse que el demandado no dio contestación a la demanda instaurada en su contra; por lo que, toda vez que, la parte actora exhibió el título de crédito base de la acción, con lo que se acreditó en rebeldía del demandado la relación jurídica existente entre las partes de la que se desprendía la deuda a la parte accionante por la cantidad de N$54,000.00 (cincuenta y cuatro mil nuevos pesos 00/100 moneda nacional), por tanto, lo condenó al pago de las prestaciones reclamadas.
Asimismo, se determinó que se concedía al demandado un plazo de cinco días contado a partir de que la resolución fuera legalmente ejecutable para que diera cumplimiento a lo condenado en dicha sentencia y se le apercibió que de no hacerlo, se procedería al trance y remate de lo embargado y con su producto se pagaría a la parte accionante.
6. Por auto de siete de junio de mil novecientos noventa y nueve se determinó que toda vez que la sentencia definitiva no fue impugnada por la parte condenada, por tanto, causó ejecutoria para todos los efectos legales a que hubiera lugar.
7. Por auto de diez de enero de dos mil uno, el Juez de origen determinó dar vista a la parte demandada con el escrito de petición de copias certificadas de la parte actora respecto de la sentencia de primera instancia y de autos se advierte la siguiente razón actuarial:
"En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas del día ocho de marzo de dos mil uno, el suscrito ... se constituyó en la calle de ********** número ********** colonia ********** delegación ********** en esta ciudad, en busca de ********** con el objeto de dar cumplimiento a lo ordenado por auto de diez de enero de dos mil uno y cerciorado de que ahí es el domicilio señalado en autos por corresponder a la nomenclatura del lugar, el suscrito hace constar y da fe, que no pude dar cumplimiento a dicho auto en virtud de que fui atendido por quien dijo vivir ahí y llamarse ********** a quien al preguntarle por el buscado dijo que tenía aproximadamente 3 años que entregó el local que le prestaron y que ignora dónde podía ser localizado; que lo han buscado otras personas porque manifiestan que les adeuda dinero, por lo que no recibe documento alguno ..."
8. Por auto de veintidós de marzo de dos mil uno, el Juez de origen determinó que vista la razón actuarial en virtud de que no se le había podido notificar al demandado el auto de diez de enero de dos mil uno, por tanto, dicha notificación y las subsecuentes notificaciones se le harían por Boletín Judicial con fundamento en el artículo 1070 del Código de Comercio.
9. Por escrito presentado el seis de junio de dos mil uno, la parte actora presentó incidente de liquidación de intereses moratorios contados a partir del ocho de marzo de mil novecientos noventa y tres al cinco de junio de dos mil uno.
Con dicho escrito se le dio vista a la parte demandada por un plazo de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, cuestión que se le notificó por Boletín Judicial de once de junio de dos mil uno.
Toda vez que la parte demandada se constituyó en rebeldía por sentencia interlocutoria de veintiuno de junio de dos mil uno, se aprobó el incidente de liquidación de intereses moratorios presentado por la parte actora, respecto al plazo de ocho de marzo de mil novecientos noventa y tres al cinco de junio de dos mil uno por la cantidad de $244,574.03 (doscientos cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y cuatro pesos 03/100 moneda nacional).
10. Por escrito presentado el veinte de junio de dos mil dos, la parte actora presentó planilla complementaria al incidente de liquidación de intereses moratorios, en la que calculó los intereses generados durante el plazo del seis de junio de dos mil uno al veinte de junio de dos mil dos.
Con dicho escrito se le dio vista a la parte demandada por un plazo de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, cuestión que se le notificó por Boletín Judicial de veinticinco de junio de dos mil dos.
Toda vez que la parte demandada se constituyó en rebeldía por sentencia interlocutoria de ocho de julio de dos mil dos, se aprobó la actualización de intereses moratorios presentado por la parte actora respecto al plazo que corre del seis de junio de dos mil uno al veinte de junio de dos mil dos por la cantidad de $31,948.50 (treinta y un mil novecientos cuarenta y ocho pesos 50/100 moneda nacional).
11. Por escrito presentado el primero de agosto de dos mil dos, la parte actora exhibió certificado de libertad de gravámenes del inmueble embargado y expresó que toda vez que del mismo se advertían diversos acreedores (**********, **********, ********** y **********), solicitaron se giraran oficios a las autoridades correspondientes a fin de conocer su domicilio para notificarles el estado de ejecución de dicho juicio ejecutivo mercantil.
Al respecto, se tiene que a los citados acreedores se les notificó el estado de ejecución del juicio ejecutivo mercantil por medio de Boletín Judicial los días veintisiete de febrero, cuatro y siete de marzo de dos mil tres y por edictos publicados en el "Diario de México" los días catorce, diecinueve y veinticinco de marzo de dos mil tres.
12. Por escrito presentado el diez de marzo de dos mil tres, la parte actora presentó actualización de la planilla al incidente de liquidación de intereses moratorios, en la que calculó los intereses generados durante el plazo del veintiuno de junio de dos mil dos al seis de marzo de dos mil tres.
Con dicho escrito se le dio vista a la parte demandada por un plazo de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, cuestión que se le notificó por Boletín Judicial de trece de marzo de dos mil tres.
Toda vez que la parte demandada se constituyó en rebeldía por sentencia interlocutoria de primero de abril de dos mil tres, se aprobó la actualización de intereses moratorios presentado por la parte actora respecto al plazo que corre del veintiuno de junio de dos mil dos al seis de marzo de dos mil tres por la cantidad de $21,775.42 (veintiún mil setecientos setenta y cinco pesos 42/100 moneda nacional).
13. Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil tres, la parte actora designó como perito valuador al ingeniero ********** y solicitó se requiriera a la parte demandada para que designara perito de su parte y, en caso de que se constituyera en rebeldía, que fuera el propio juzgador quien designara perito de su parte, con fundamento en los artículos 347 y 348 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria al Código de Comercio.
Dicha cuestión fue acordada de conformidad con los términos solicitados por el Juez de origen en auto de dos de junio de dos mil tres. Cuestión que fue notificada a la parte demandada por Boletín Judicial de tres de junio de esa misma anualidad.
Por auto de diecisiete de junio de dos mil tres, ante la rebeldía del demandado en nombrar perito de su parte, el Juez de origen, de oficio, señaló al perito valuador arquitecto ********** a quien le requirió que en un plazo de cuarenta y ocho horas contado a partir de que se le notificara dicho proveído, se presentara en las instalaciones del juzgado para la aceptación y protesta del cargo.
14. Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil tres, el ingeniero ********** presentó dictamen pericial de su parte respecto del inmueble embargado en el que señaló que el valor del inmueble al dieciocho de agosto de dos mil tres, de acuerdo al estado que guardaba era de $303,000.00 (trescientos tres mil pesos 00/100 moneda nacional).
15. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil tres, el arquitecto ********** presentó dictamen pericial en el que valuó la propiedad embargada al seis de septiembre de dos mil tres en la cantidad de $303,300.00 (trescientos tres mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional).
16. Por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil tres, la parte actora presentó actualización de la planilla al incidente de liquidación de intereses moratorios, en la que calculó los intereses generados durante el plazo del siete de marzo al dieciocho de septiembre de dos mil tres.
Con dicho escrito se le dio vista a la parte demandada por un plazo de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, cuestión que se le notificó por Boletín Judicial de veintitrés de septiembre de dos mil tres.
Toda vez que la parte demandada se constituyó en rebeldía por sentencia interlocutoria de nueve de octubre de dos mil tres, se aprobó la actualización de intereses moratorios presentado por la parte actora respecto al plazo que corre del siete de marzo al dieciocho de septiembre de dos mil tres por la cantidad de $16,478.70 (dieciséis mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 70/100 moneda nacional).
17. Por escrito presentado el seis de febrero de dos mil cuatro, ********** presentó el contrato de cesión de derechos litigiosos y de crédito celebrado el veintiuno de noviembre de dos mil tres, entre la parte actora y éste, por lo que solicitó se le tuviera por reconocida su personalidad como cesionario de los derechos que le correspondían a la parte accionante. Dicha solicitud fue acordada de conformidad por auto de veintidós de marzo de dos mil cuatro y a la parte demandada le surtió efectos de notificación por Boletín Judicial.
18. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil cuatro, la parte actora exhibió certificado de existencia de gravámenes y señaló que en el mismo aparecían los mismos acreedores que habían sido notificados personalmente de dicho juicio ejecutivo, por lo que solicitó se requiriera a los peritos valuadores para que actualizaran los avalúos rendidos en autos. Dicho escrito fue acordado de conformidad por auto de dieciséis de junio de dos mil cuatro.
19. Por escrito presentado el quince de junio de dos mil cuatro, la parte actora presentó actualización de la planilla al incidente de liquidación de intereses moratorios, en la que calculó los intereses generados durante el plazo del diecinueve de septiembre de dos mil tres al catorce de junio de dos mil cuatro.
Con dicho escrito se le dio vista a la parte demandada por un plazo de tres días para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, cuestión que se le notificó por Boletín Judicial de dieciocho de junio de dos mil cuatro.
Toda vez que la parte demandada se constituyó en rebeldía por sentencia interlocutoria de ocho de julio de dos mil cuatro, se aprobó la actualización de intereses moratorios presentado por la parte actora respecto al plazo que corre del diecinueve de septiembre de dos mil tres al catorce de junio de dos mil cuatro por la cantidad de $22,868.40 (veintidós mil ochocientos sesenta y ocho pesos 40/100 moneda nacional).
20. Por escrito presentado el treinta de junio de dos mil cuatro, el ingeniero ********** presentó dictamen pericial de su parte respecto del inmueble embargado en el que señaló que el valor del inmueble al dieciocho de junio de dos mil cuatro, de acuerdo al estado que guardaba era de $348,000.00 (trescientos cuarenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional).
21. Por auto de quince de julio de dos mil cuatro, toda vez que el perito valuador designado en rebeldía a la parte demandada ya no habitaba el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, se nombró nuevo perito para la parte demandada (ingeniero arquitecto **********).
22. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil cuatro, el ingeniero arquitecto ********** presentó dictamen pericial en el que valuó la propiedad embargada al veintiséis de agosto de dos mil cuatro en la cantidad de $327,300.00 (trescientos veintisiete mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional).
23. Por escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil cinco, el ingeniero arquitecto ********** presentó dictamen pericial en el que valuó la propiedad embargada al diecisiete de noviembre de dos mil cinco en la cantidad de $327,300.00 (trescientos veintisiete mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional).
24. Por escrito presentado el diez de diciembre de dos mil cinco, el ingeniero ********** presentó dictamen pericial de su parte respecto del inmueble embargado en el que señaló que el valor del inmueble al seis de diciembre de dos mil cinco, de acuerdo al estado que guardaba era de $356,700.00 (trescientos cincuenta y seis mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional).
25. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil seis, el Juez responsable tuvo por exhibido el contrato de cesión de derechos litigiosos y crédito celebrado por ********** (cedente) y ********** (cesionaria). Dicha cesión se hizo del conocimiento de la parte demandada mediante Boletín Judicial de veintidós de mayo de dos mil seis.
26. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil seis, la parte actora exhibió certificado de existencia de gravámenes y señaló que en el mismo aparecían los mismos acreedores que habían sido notificados personalmente de dicho juicio ejecutivo, por lo que solicitó se requiriera a los peritos valuadores para que actualizaran los avalúos rendidos en autos. Dicho escrito fue acordado de conformidad por auto de siete de julio del mismo año.
27. Por escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil seis, el ingeniero ********** presentó dictamen pericial de su parte respecto del inmueble embargado en el que señaló que el valor del inmueble al tres de septiembre de dos mil seis, de acuerdo al estado que guardaba era de $483,000.00 (cuatrocientos ochenta y tres mil pesos 00/100 moneda nacional).
28. Por escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil seis, el ingeniero arquitecto ********** presentó dictamen pericial en el que valuó la propiedad embargada al primero de agosto de dos mil seis en la cantidad de $484,000.00 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional).
29. Por escrito presentado el dos de febrero de dos mil siete, la parte actora exhibió certificado de existencia de gravámenes.
30. Por auto de doce de febrero de dos mil siete, a petición de la parte actora, el Juez responsable fijó las diez horas del trece de marzo del año pasado, para que tuviera verificativo la diligencia de remate en primera almoneda, respecto del inmueble ubicado en el departamento uno, del edificio número ciento sesenta y dos ********** ubicado en la calle de ********** del edificio en condominio, de la colonia ********** delegación ********** de esta ciudad, con las medidas y colindancias señaladas en autos, para lo cual convocó postores por medio de edictos que se publicarían por tres veces dentro de nueve días en los tableros de avisos del juzgado y en los de la Tesorería del Distrito Federal, así como en el periódico "La Prensa", y serviría de base para el remate la cantidad de $484,000.00 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), además de que señaló que sería postura legal las dos terceras partes de dicha suma.
Al efecto se tiene que los edictos quedaron redactados de la siguiente forma:
"Se convocan postores. En los autos del juicio ejecutivo mercantil, seguido por ********** en contra de ********** expediente número 1422/95, el C. Juez Vigésimo Tercero de lo Civil, en el Distrito Federal, mediante proveído dictado con fecha doce de febrero del año dos mil en curso, se señaló las diez horas con treinta minutos del día trece de marzo del año en curso, para que tenga lugar la diligencia de remate en primera almoneda del bien inmueble embargado mismo que se encuentra ubicado en el departamento ********** del edificio número ********** ubicado en la calle de ********** del edificio en condominio de la colonia ********** delegación ********** de esta ciudad, con las superficies medidas y colindancias, que se contienen en las constancias de autos y avalúos respectivos, debiéndose convocar postores por medio de edictos que se publicarán por tres veces dentro de nueve días en el tablero de avisos del juzgado, y en la Tesorería del Distrito Federal, debiéndose girar oficio a dicha dependencia y en el periódico "La Prensa". Sirve como base para el remate la cantidad de cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N., siendo postura legal las dos terceras partes de dicha suma ..."
31. El trece de marzo de dos mil siete, se llevó a cabo la audiencia de remate en primera almoneda del inmueble embargado, con la comparecencia personal de la parte actora ********** asimismo se hizo constar que no se encontraba presente la parte demandada o persona que legalmente la representara, ni postor alguno: abierta la audiencia, se tuvo por exhibido el oficio ********** signado por el tesorero del Gobierno del Distrito Federal, por el que señaló que los edictos se publicaron en los tableros de avisos de dicha institución los días veintiséis de febrero, dos y ocho de marzo de dos mil siete; así como la publicación de los edictos en el periódico "La Prensa" los días antes citados.
En esa misma audiencia, se acordaron las diversas promociones presentadas por ********** quien promovió tercería excluyente de dominio; sin embargo, la misma no fue admitida en virtud de que no probó los derechos de propiedad respecto del cincuenta por ciento del inmueble sujeto a remate.
Respecto al escrito exhibido por ********** por virtud del cual promovió incidente de nulidad de actuaciones, se señaló que la misma no procedía toda vez que en la etapa de ejecución de sentencia, el único recurso que preveía el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria al de Comercio era el de responsabilidad.
En cuanto al incidente de reavalúo presentado por la parte demandada con fundamento en el artículo 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria al de Comercio fue desechado toda vez que resultaba improcedente.
En cuanto a los diversos escritos presentados por la parte demandada en los que solicitó se suspendiera la audiencia de remate, dichas solicitudes fueron acordadas en el sentido de que la solicitud resultaba improcedente, ya que el procedimiento de remate no se había aprobado en definitiva, por lo que no le causaba perjuicio alguno al promovente.
Por lo que hacía a la solicitud de demanda de amparo directo presentada por la demandada señaló que no procedía admitir la misma, toda vez que los actos reclamados no se encontraban dentro de la hipótesis señalada en los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, por lo que la demanda debía tramitarse ante un Juez de Distrito; sin embargo, a fin de no dejarlo en estado de indefensión, ordenó remitir la demanda a la autoridad señalada por el ocursante.
Hecho lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 578, 579, 580 y 581 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, el Juez del conocimiento procedió a revisar los autos, por lo que al encontrarse reunidos los requisitos que establecen los citados numerales, como fue el revisar las publicaciones de los edictos, se procedió a la espera de media hora a fin de dar oportunidad para que se presentaran los postores y transcurrida la misma, sin la presencia de ningún postor, a petición de la parte actora el Juez responsable fincó el remate en favor de ésta hasta por la cantidad de $484,000.00 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), que fue el precio del avalúo fijado por los peritos y ordenó citación a las partes para dictar la sentencia de aprobación de remate.
32. El veintitrés de marzo del año de dos mil siete, se dictó la sentencia interlocutoria que resolvió la aprobación de remate a favor de la parte actora por la cantidad de $484,000.00 (cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), que correspondía al valor del avalúo y toda vez que de las constancias de autos se advertía que se encontraba garantizada la cantidad de $453,019.80 (cuatrocientos cincuenta y tres mil diecinueve pesos 80/100 moneda nacional), por tanto, se concedió a la parte actora un plazo de quince días a efecto de que acreditara en el expediente la cantidad de $30,980.20 (treinta mil novecientos ochenta pesos 20/100 moneda nacional), apercibida que de no hacerlo se tendría por no efectuada la aprobación del remate ni su consecuente adjudicación del remate en estudio. Ordenó que una vez que se diera cumplimiento a lo antes establecido, se pusieran los autos a disposición del notario público número ********** del Distrito Federal, a fin de que tirara la escritura pública correspondiente, quien debería notificar personalmente a ********** para que compareciera a firmar la escritura pública de venta respecto del inmueble mencionado en el resolutivo primero, bajo el apercibimiento, que de no hacerlo, el Juez lo haría en su rebeldía.
33. Inconforme con la anterior resolución, las partes interpusieron recurso de apelación el cual fue sustanciado en el toca número 1156/2007 del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien por sentencia de diecinueve de junio de dos mil siete, emitió sentencia que confirmó la interlocutoria de aprobación de remate al considerar infundadas las manifestaciones de la parte demandada.
Ello toda vez que resultaba improcedente la notificación personal de la sentencia definitiva para requerir al demandado de realizar el pago a que fue condenado, ya que el artículo 506 del Código de Procedimientos Civiles preveía que el juzgador señalara al deudor un plazo de cinco días para que cumpliera con la sentencia, sólo en los casos en que en la sentencia definitiva no se hubiese señalado término para su cumplimiento lo que, en el caso, no aconteció.
Máxime que de constancias de autos se advertía que a la parte demandada en la sentencia de veintiséis de abril de mil novecientos noventa y nueve se le concedió un plazo de cinco días para cumplir con el pago de la cantidad a que fue condenada; por lo que resultaba improcedente que se le notificara personalmente el cumplimiento de la misma, ya que debió ser cumplida a partir de la fecha en que fuera legalmente ejecutable.
También desestimó que la prevención para que las partes señalaran perito de su parte debiera ser notificada personalmente a éstas pues, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 569 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil, el avalúo en un remate se practicaba de acuerdo a las reglas de la prueba pericial, las cuales en los artículos 1252 a 1258 del Código de Comercio no preveían notificación personal para las partes.
Determinó que de constancias de autos se advertía que los avalúos realizados en el juicio para la celebración del remate en primera almoneda celebrada el trece de marzo del dos mil siete, fueron practicados con una antigüedad no mayor de seis meses a la fecha del remate y, por lo tanto, era infundado el agravio expresado en ese sentido.
En cuanto a la vigencia del certificado de gravámenes y la notificación a los acreedores, prevista en los artículos 566, 567 y 568 del Código de Procedimientos Civiles señaló que no era una cuestión que afectara a los intereses del deudor o demandado sino que eran los acreedores quienes, en su caso, dejarían de llamarse por falta de actualización de dicho documento, a quienes les causaría un perjuicio al privárseles del derecho que les otorgaba la ley para acudir a la almoneda; de ahí que resultaban infundados los agravios en ese sentido.
Sostuvo que, contrario a lo manifestado por el demandado, los edictos publicados para convocar postores a la celebración de la audiencia de remate resultaban legales, toda vez que de ellos se desprendía plenamente la identificación del inmueble a rematar, el costo y el lugar del remate con lo que se cumplía con la finalidad que perseguía la publicación de los mismos, que era convocar postores en beneficio del acreedor y del deudor, tal y como lo preveía el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil.
Determinó que la diligencia de trece de marzo de dos mil siete, en que se celebró la audiencia de remate era legal, ya que se hizo constar después de iniciada la diligencia y acordado diversas promociones que se concedía la media hora prevista por el artículo 579 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia mercantil, para que se presentaran postores, sin que esto ocurriera, es decir, sin que se presentara ningún postor interesado en participar en el remate, por lo que, en consecuencia, no se causaba el agravio a que aludía el apelante.
En cuanto a la violación a los artículos 1o., 8o., 14, 16 y 17 constitucionales determinó que carecía de competencia para conocer de tales infracciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En cuanto al avalúo practicado por el perito de la actora y por el perito designado en rebeldía al demandado, señaló que los mismos cumplían con los requisitos legales, toda vez que el avalúo que se tomó en consideración para el remate fue el practicado por el perito designado en rebeldía a la parte demandada, con el cual se le concedió un plazo de tres días, por auto de ocho de noviembre del dos mil seis, para que manifestara lo que a su derecho conviniere, sin que realizara ninguna manifestación o inconformidad, con lo cual perdió su derecho para hacerlo.
Determinó que el artículo 570 del Código de Procedimientos Civiles y 1411 del Código de Comercio no ordenaban que la publicación de los edictos debiera hacerse en alguna sección especial del periódico donde ésta se practicara, por lo que, dicha publicación era posible que se realizara en los lugares asignados por cada uno de los periódicos en donde ésta se practicara.
Estableció que, contrario a lo sostenido por el recurrente, la publicación de los edictos ordenada en autos fue practicada en cumplimiento a las formalidades previstas por el artículo 1411 del Código de Comercio, es decir, por tres veces dentro de nueve días pues de autos, se advertía que las publicaciones fueron practicadas los días veintiséis de febrero, dos y ocho de marzo todos de dos mil siete, de donde se observaba que entre la primera y última publicación transcurrieron nueve días hábiles, tal y como lo ordenaba el precepto mencionado.
Determinó que si bien a la audiencia de remate compareció el abogado de la actora, fue la propia actora la que compare
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21431-74313f77/certificado-de-gravamenes-su-falta-de-actualizacion-causa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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