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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA. SI LA JUNTA O TRIBUNAL LABORAL ACEPTA TÁCITA O EXPRESAMENTE LA INCOMPETENCIA DECLINADA A SU FAVOR POR OTRO, Y NO VARÍA EL PLANTEAMIENTO DE LA DEMANDA EN ASPECTOS QUE PUEDAN INCIDIR EN AQUÉLLA O EN LA NORMATIVIDAD QUE LA REGULA, DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 12/2008. · Registro digital (IUS): 21789
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Octubre de 2009, , Pág. 1381.

AMPARO EN REVISIÓN 12/2008. **********

CONSIDERANDO:

III. Los agravios expuestos por el recurrente serán analizados en suplencia de la queja deficiente, de conformidad con lo que establece el artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, al tratarse de la parte trabajadora.

En sus motivos de inconformidad el agraviado aduce los argumentos siguientes:

Que la sentencia emitida por el Juez de Distrito le causa perjuicio, porque vulneró en su perjuicio el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, en cuanto establece que se entenderá consentida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha en que se hubiere notificado la resolución recaída al recurso o medio ordinario de defensa, asimismo, señala el recurrente que de lo dispuesto por los artículos 200, 201, 216 y 217 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios se desprende que, en el caso que nos ocupa, existe un medio de defensa a su favor, por medio del cual puede ser modificado o nulificado el acto de aplicación de la ley que se pretende aplicarle, a saber, la ley burocrática local, en contra de la cual, dice el recurrente, se presentó la demanda de amparo y respecto de la cual procede el juicio de garantías, por tratarse de un acto de imposible reparación, por lo que estima le resulta aplicable la excepción establecida en el párrafo tercero de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues al existir el citado medio de defensa legal, dice el inconforme, no puede entenderse consentido tácitamente el acto, hasta en tanto haya transcurrido el término de quince días, pero contado a partir de la notificación de la resolución recaída a dicho recurso, lo que afirma, en el caso aconteció, porque su demanda de garantías la presentó dentro del término legal.

Continúa diciendo el recurrente que, de conformidad con el párrafo tercero, fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, tenían la opción de hacer valer el medio de defensa que disponen los artículos 200, 201, 216 y 217 de la ley burocrática local, como sucedió, o acudir al juicio de amparo indirecto e, incluso, dice que, por un lado, no resultan aplicables en la especie las jurisprudencias invocadas por el a quo y que conforme a los preceptos citados se obliga a las partes a plantear las cuestiones de competencia hasta la etapa de demanda y excepciones, pues es cuando se configura plenamente la relación procesal entre las partes y el propio tribunal estatal, de encontrar elementos suficientes, puede declararse incompetente hasta antes del cierre de instrucción.

Previamente a dar contestación a los agravios reseñados con antelación, es pertinente citar algunos antecedentes:

1. El trece de enero de dos mil seis ********** por conducto de sus apoderados legales ********** demandó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, del ********** y/o quien o quienes resulten responsables y/o propietarios de la fuente de trabajo y/o de la relación laboral, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones.

2. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, con sede en esta ciudad, por auto de trece de enero de dos mil seis radicó la demanda laboral bajo el número J.3/26/2006, ordenando el emplazamiento a juicio de la parte demandada, señalando día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y de ofrecimiento y admisión de pruebas, y realizando los apercibimientos de ley.

3. ********** en su carácter de director y representante legal del ********** mediante escrito de quince de marzo de dos mil seis, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, interponiendo, entre otras excepciones, la de incompetencia en los siguientes términos:

"Con fundamento en lo ordenado por los artículos 761, 762, fracción II y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, vengo a iniciar incidente de competencia en contra de esta H. Junta, ya que esta autoridad no es competente para conocer el presente juicio, en virtud de que quien tiene competencia para resolver la presente controversia es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y le es aplicable la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, al cual deberá remitir los autos del presente expediente esta H. Junta. Lo anterior por las siguientes razones que se hacen valer: 1. El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que: ‘El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.’. Mientras que el artículo 116, fracción IV, a la letra señala: fracción IV. ‘Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislaturas Locales y de los integrantes de los Ayuntamientos se realizan mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; ... c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; ...’. De donde se desprende que los ********** tienen su fundamento constitucional en el mencionado artículo 41 y en la fracción IV del artículo 116 de la Carta Magna. Y esos organismos públicos autónomos son de reciente creación, y no son organismos descentralizados, los que también tienen personalidad y patrimonio propios. Ello en virtud de que como se desprende del artículo en comento, las elecciones federales y estatales son una funciona (sic) estatal, que se realiza a través de los organismos públicos autónomos, creados con ese fundamento constitucional, que a nivel federal, se ejemplifica con la creación y funcionamiento del **********. Por otra parte, a nivel del Estado de México, tenemos que el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México señala lo siguiente: ‘Artículo 11. La organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de gobernador, diputados a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado ********** en cuya integración participarán el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos dispuestos por esta Constitución y la ley de la materia. En el ejercicio de esta función, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores. ...’. Es decir, existe coincidencia entre el contenido del artículo 41, fracción III, de la Constitución Federal y el artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Mientras que el artículo 78 del ********** a la letra indica: ‘Artículo 78. El ********** es el organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales.’. De lo que se desprende que la función del ********** es estatal. Creado por la propia Constitución del Estado, y que para efectos de independencia de su funcionamiento en el desarrollo de la vida democrática y fortalecimiento del régimen de partidos políticos, se ejercita a través de un organismo público autónomo. Que obviamente es contrario a un organismo descentralizado, el cual también tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, pero que no tienen naturaleza jurídica semejante. Ello en virtud de que el servicio público se presta por los organismos descentralizados en nuestro país, lo que es de explorado derecho, e incluso esas actividades pueden ser realizadas por los particulares, mediante una concesión. Lo que no ocurre en relación con las actividades, en este caso, del ********** cuyas actividades no pueden ser realizadas por los particulares, y menos pueden concesionarse. Es por ello que la propia doctrina, por conducto de Carlos Matute González y Sergio Valls Hernández, ha expresado en su libro titulado ‘Nuevo Derecho Administrativo’, publicado por Editorial Porrúa, primera edición, México 2003, págs. 276-277, al referirse a los organismos autónomos constitucionales, lo siguiente: ‘10. Organismos autónomos constitucionales. Estos organismos son el Banco de México, el ********** y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 11. Caracteres de los organismos constitucionales autónomos. Los organismos constitucionales autónomos, como los organismos públicos descentralizados de la administración pública, poseen personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía y un régimen jurídico particular, con facultades para emitir sus propios reglamentos internos. La actuación está sujeta a las leyes que emitan el Congreso de la Unión y sus integrantes sólo son responsables respecto de dichos ordenamientos, sin que existan nexos de control o supervisión por ninguno de los Poderes de la Unión, salvo en los casos extremos del juicio político o en las cuestiones presupuestales, en las que también gozan de un trato especial. En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2004 se establece, en la fracción I del artículo 2 tal y como se ha establecido en años anteriores, la categoría de entidad pública federal, que son las personas de derecho público que tienen autonomía derivada de la Constitución. A estos entes se les asignan recursos a través de los ramos autónomos, tal y como acontece con los Poderes Legislativo y Judicial y, por lo tanto, son igualados con ellos en cuestiones de ejercicio, control y vigilancia del gasto. Cabe resaltar que en los ramos autónomos sólo se incluye al ********** y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no así al Banco de México. Las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución están sujetas a las leyes de adquisición y obras del sector público, contrario a lo que sucede con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que tienen la facultad de expedir su normatividad propia, reglamentando el artículo 34 constitucional.’. Es decir, no queda duda alguna que en el caso concreto el ********** desarrolla una función estatal no concesionable, que por tanto es una actividad propia y exclusiva de la autoridad estatal, motivo por el cual no cabe duda alguna que sus trabajadores están regulados por el contenido del artículo 1 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, que a la letra señala: ‘Artículo 1. Esta ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las relaciones de trabajo entre los poderes públicos del Estado y los Ayuntamientos, y sus respectivos servidores públicos. Igualmente, se regulan por esta ley las relaciones de trabajo entre los tribunales administrativos, los organismos auxiliares de carácter estatal y municipal y sus servidores públicos. Aquellos actos en los que el Estado o los Municipios asuman la responsabilidad de las relaciones de trabajo, se regularán conforme a esta ley, considerando las modalidades y términos específicos que se señalen en dichos actos.’. Asimismo, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios en la fracción I del artículo 185 establece que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer y resolver en conciliación y arbitraje, de los conflictos individuales que se susciten entre las instituciones públicas o dependencias y sus servidores públicos; y como ha quedado claramente expuesto (sic) líneas arriba, el ********** es una institución pública. Por consiguiente, no queda duda alguna de que quien debe de conocer el presente juicio lo es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al que se debe de remitir todo lo actuado en el presente juicio, declarándose incompetente esta H. Junta. Desde este momento se ofrecen como pruebas en el presente incidente las siguientes: 1. La presuncional, en su doble aspecto legal y humano, en todo lo que favorezca al interés jurídico de mi representado, consistente en todas las presunciones que deriven de lo que se actúe en el presente expediente y de la ley; 2. La instrumental de actuaciones, en virtud de que de la Constitución Federal y la del Estado de México, así como del Código Electoral del Estado de México se desprende que las funciones que desempeña el Instituto Electoral del Estado de México son una función pública, propia del órgano estatal, por lo que se demuestra con ello la incompetencia de esta H. Junta, que deberá declinar la competencia a favor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio conocido por esta H. Junta. Prueba que se relaciona con todas y cada una de las partes del presente incidente."

4. El veintinueve de septiembre de dos mil seis, la Junta aludida se declaró incompetente para conocer de la demanda promovida por ********** en contra del ********** ordenando remitir los autos al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, basándose en las siguientes consideraciones:

"Se tienen por hechas las manifestaciones de las partes y se declara agotado el periodo para alegar y ofrecer pruebas en el incidente planteado. Vistos los argumentos de las partes, así como las probanzas propuestas por las mismas, se admiten éstas en su totalidad por estar ofrecidas conforme a derecho, a excepción del cotejo propuesto al resultar intrascendente. Asimismo, respecto a las manifestaciones de la demandada en el incidente en cuanto a las facultades de los apoderados para promover el incidente, resulta inatendible dado el reconocimiento que esta Junta ha hecho de la personalidad de las partes, por lo tanto, previo análisis de las constancias procesales, es de verse que el argumento de la incidentista lo es en el sentido de que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje resulta competente para conocer del asunto, ya que conforme al carácter de la patronal, resulta aplicable en los conflictos la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, además de que es de considerar que el organismo demandado realiza una función estatal propia de los organismos públicos autónomos creados con fundamento constitucional. A más de ello, señala que en la Constitución Política del Estado de México, en su artículo 11 contempla que la organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para la elección de las diversas autoridades en dos niveles, se realiza a través de una función estatal efectuada por el ********** en cuya integración participó el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos y que es precisamente esa función estatal la que le da el carácter de organismo público autónomo, señalando otros aspectos para acreditar la procedencia del incidente. A su vez, la demandada en el incidente, con las pruebas aportadas de su parte, no se justifican de manera fehaciente, en el sentido de que resulta improcedente la cuestión incidental, si no antes bien, las pruebas ofrecidas por el incidentista le benefician en primer término porque de las constancias procesales es de apreciarse en específico del instrumento notarial que obra en autos la actividad desempeñada por la demandada, ya que precisamente las actividades correspondientes a los procesos electorales para su desarrollo, organización y consolidación de procesos, es efectuada exclusivamente por dicho organismo conforme a las atribuciones que le han sido designadas; asimismo, es importante considerar que del contenido del artículo 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México se desprende que precisamente la actividad electoral para la elección de gobernantes se realiza a través del instituto demandado, efectuando una función estatal; luego entonces, en efecto, es autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y esa naturaleza no puede perderse de vista, en específico el hecho de que se trate de un organismo público autónomo cuya existencia se encuentra prevista en la Constitución de la entidad, para efectuar precisamente la función estatal citada por el incidentista. Beneficia asimismo a dicha parte la documental que exhibió consistente en la resolución del Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Civiles Federales en esta entidad, ya que dicha autoridad ha determinado que el órgano facultado para dirimir las diferencias laborales entre el instituto demandado y sus trabajadores, lo es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por todas y cada una de las razones argumentadas en dicha resolución. Por tanto, admitida dicha probanza, que se ordena glosar a los autos previa devolución del original, se llega a la conclusión con base también en el razonamiento expuesto en la misma y que en obvio de repeticiones inútiles se considera para determinar que el incidente ha sido acreditado, porque en primer lugar se atiende a la función estatal desempeñada por el organismo, a las categorías y actividades desempeñadas por sus trabajadores, ello porque si bien no de todo se está especificada, también lo es que es clara la tarea y actividades que desempeña el instituto electoral en la entidad; por lo tanto es de considerar que para determinar dicha competencia existen elementos que resultan fehacientes y, por lo tanto, en términos de lo establecido en los artículos 7, 761, 762, 763 y demás relativos y aplicables, es de resolverse y se resuelve. Primero. La demandada en el principal e incidentista, acreditó la procedencia del incidente interpuesto de su parte, en tanto que su contraria se allanó al mismo. Segundo. Se declara procedente el incidente de competencia planteado, por las razones y motivos que han quedado asentados y se ordena remitir el expediente al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para que se avoque al conocimiento del conflicto planteado, autoridad que tiene su domicilio en Rafael M. Hidalgo Oriente, número 301, esquina con prolongación Ignacio López Rayón, planta baja, colonia Cuauhtémoc, en esta ciudad, debiendo obrar en esta especial carpeta falsa para debida constancia legal. Tercero. Notifíquese. ..."

5. El siete de noviembre de dos mil seis, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje acordó:

"Toluca, Estado de México, a siete de noviembre del año dos mil seis. Visto: El escrito de demanda y su(s) anexo(s), presentado ante la Oficialía de Partes de este Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el día doce de octubre del año dos mil seis, atento a su contenido, se provee: I. Con el escrito de demanda, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, bajo el número que le corresponda. II. Como se desprende del escrito de demanda, el promovente omite manifestar a este tribunal cuáles son los días de descanso obligatorio que reclama bajo el numeral 8 y por qué años los reclama, las funciones con las que se ostentaba al servicio de la demandada de acuerdo a la categoría que refiere; por lo que en razón de lo anterior, se le requiere para que proporcione a este tribunal lo solicitado, concediéndole para tal efecto un término de cinco días hábiles contados a partir de que surta sus efectos de notificación el presente acuerdo; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 227, 228 y 230 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, y una vez que se dé cumplimiento a la prevención decretada, se acordará en cuanto a la continuación del procedimiento. III. Notifíquese personalmente a la parte actora el presente acuerdo por medio del C. Actuario adscrito a este tribunal. ... " (foja 163).

6. Tal acuerdo fue notificado a la parte actora a través de su representante legal ********** el veintitrés de noviembre de dos mil seis (foja 164).

7. Por escrito presentado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el treinta de noviembre de dos mil seis, el actor ********** a través de sus apoderados legales, desahogó el requerimiento realizado por la responsable en auto de siete de noviembre del mismo año, en los términos siguientes:

"Que encontrándonos en tiempo y forma por medio del presente escrito venimos a desahogar el requerimiento formulado por este H. Tribunal mediante acuerdo de fecha siete de noviembre de 2006, por lo que se aclara que por cuanto hace a los días de descanso obligatorio que se reclaman bajo el numeral 8 se manifiesta que tal y como se precisó en nuestro escrito inicial de demanda y que se encuentra especificado en el hecho marcado con el numeral 2 lo son los días 21 de marzo, 1 de mayo y 16 de septiembre, todos ellos del año 2005, conforme a lo que dispone el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. Por cuanto hace a lo requerido, referente a las funciones con las que se ostentaba al servicio de la demandada de acuerdo a la categoría, se manifiesta que no obstante de que los demandados se abstuvieron de entregar a nuestro representado por escrito las funciones a desempeñar conforme a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo, en aplicación supletoria, tal y como es obligación de los mismos, se manifiesta que las funciones que realizaba nuestro representado consistían en funciones operativas de carácter material y técnico, realizando tareas asignadas por sus superiores, absteniéndose por órdenes de los demandados de realizar otras funciones. En términos de lo expuesto anteriormente deberá quedar satisfecho el requerimiento vertido por esta H. Autoridad laboral." (foja 165).

8. El cuatro de diciembre de dos mil seis, el tribunal estatal admitió la demanda a trámite y tuvo por desahogada la prevención de mérito; asimismo, requirió al accionante precisara domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia del citado órgano jurisdiccional, determinación que fue notificada a la parte actora, como se advierte a foja doscientos ocho de los autos, el diecinueve de diciembre de dos mil seis.

9. Posteriormente, el nueve de marzo de dos mil siete, la autoridad responsable celebró audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y en atención a que las partes solicitaron el diferimiento de la citada audiencia, porque manifestaron que se encontraban celebrando pláticas conciliatorias, el mencionado tribunal responsable señaló las nueve horas con quince minutos del día once de junio de dos mil siete para que tuviere verificativo la audiencia trifásica.

10. Así las cosas, el once de junio de dos mil siete, día y hora señalados para la celebración de la audiencia trifásica, el actor ********** interpuso ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje incidente de incompetencia, al considerar que el competente para conocer del asunto relativo era la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, México; dicho incidente se interpuso en los términos siguientes:

"En uso de la palabra el apoderado legal de la parte actora dijo que: En este acto y antes de ratificar su escrito inicial de demanda, así como las aclaraciones, adiciones y modificaciones realizadas al mismo, a nombre de mi representado me permito interponer incidente de falta de competencia de este H. Tribunal para conocer del presente asunto, toda vez que es de considerarse que como se expuso desde el escrito inicial de reclamación, el mismo fue debidamente interpuesto ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, independientemente de esto esa autoridad en fecha veintinueve de septiembre del año dos mil seis se declaró incompetente para conocer del presente asunto, refiriendo cuestiones que han sido ya superadas por el propio Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito a través de una ejecutoria en donde en forma clara y precisa refiere que la autoridad competente para conocer de los asuntos laborales tramitados en contra del ********** lo es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, y en el caso que nos ocupa la autoridad competente lo es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, esto en virtud de que como bien lo refiere el Tribunal Colegiado, el ********** que ahora se demanda no forma parte del Poder Ejecutivo local y por lo tanto las relaciones laborales de éste con sus empleados se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, pues éstas escapan de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales, quienes sólo pueden expedir leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los poderes locales y sus servidores; por lo tanto, en el caso que nos ocupa, la autoridad competente, como se ha mencionado, lo es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, amén de que el instituto demandado goza de plena autonomía constitucional, esto es de un grado extremo de descentralización, lo cual lleva a considerar como criterio de los Tribunales Colegiados también el hecho de que el presente asunto sea conocido y resuelto por la Junta Local en comento además de que en su momento procesal oportuno esta parte referirá más consideraciones al respecto; y toda vez que nos encontramos interponiendo incidente de competencia, solicitamos a esta autoridad se nos señale día y hora para la celebración de la audiencia incidental de competencia y una vez que esta autoridad se declare incompetente para conocer del presente asunto se sirva remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito con residencia en Toluca, Estado de México, a fin de que sea éste el que decida, en su caso, la competencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca para conocer del presente asunto; el presente incidente se interpone en términos de lo que disponen los artículos 761 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, ofreciendo desde estos momentos como pruebas en el presente incidente la instrumental pública de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana en todo aquello que favorezca a los intereses que represento, reservándome mi derecho para alegar y ofrecer más pruebas en la audiencia incidental correspondiente; ratificando en todas sus partes las presentes manifestaciones."

11. El veintidós de junio de dos mil siete, el apoderado legal de la parte actora, respecto al incidente de incompetencia planteado por el mismo en audiencia de once de junio del mismo año, manifestó:

"En uso de la palabra el apoderado legal de la parte actora en el incidente así como en el principal, dijo que: En este acto se ratifica en todas sus partes el incidente interpuesto por esta parte en audiencia de fecha once de junio del año en curso, insistiendo en que la autoridad competente para conocer del presente asunto lo es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, tal y como lo ha expuesto el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito con residencia en esta ciudad de Toluca, Estado de México, a través de la ejecutoria número RT. 206/2006, que fuera emitida el veintisiete de abril del año en curso, y en donde en forma clara y precisa refiere que la autoridad competente para conocer de los asuntos laborales tramitados en contra del ********** lo es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y, en el caso que nos ocupa, por consiguiente sería la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, esto en virtud de que como bien lo refiere el Tribunal Colegiado el ********** ahora demandado no forma parte del Poder Ejecutivo local y, por lo tanto, las relaciones laborales de éste con sus empleados se rigen por el apartado A del artículo 123 de la Constitución Federal, pues éstas escapan de las facultades reglamentarias de las Legislaturas Locales, quienes sólo pueden expedir leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los poderes locales y sus servidores, esto independientemente de que el ********** demandado goza de plena autonomía constitucional; ofreciendo como pruebas del presente incidente la ejecutoria que fuera emitida por el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito el día veintisiete de abril del año en curso del expediente de amparo RT. 206/2006, documental pública que se exhibe en 66 fojas vistas por ambas caras y la cual se solicita sea agregada a los autos y surta los efectos legales correspondientes, con el fin de que este tribunal tenga la ejecutoria de mérito al momento de decidir sobre la procedencia del presente incidente y por consiguiente se declare incompetente para conocer del presente conflicto laboral, ratificando de igual manera las pruebas que en audiencia de fecha once de junio del presente año que fueron ofrecidas por el de la voz, hecho lo anterior ratifico en todas sus partes las presentes manifestaciones teniéndoseme por ratificado el incidente planteado, por realizadas las alegaciones correspondientes y por ofrecidas las pruebas que en la audiencia anterior y presente ofrezco, y, en su oportunidad, declarar procedente el incidente de competencia planteado."

12. Finalmente, el veintiuno de agosto de dos mil siete, la autoridad citada con antelación declaró improcedente el incidente de falta de competencia interpuesto por el accionante, por considerar:

"... Del análisis y valoración de las pruebas ofrecidas por las partes, así como de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que la parte demandada en el principal es un organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que su figura es idéntica y se equipara a un organismo público descentralizado; de ahí que las relaciones laborales con sus trabajadores deben regularse por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, to

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21789-a1131bfd/competencia-si-la-junta-o-tribunal-laboral-acepta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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