ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2008-PL. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LA PRIMERA Y LA SEGUNDA SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 6 DE OCTUBRE DE 2011. UNANIMIDAD DE ONCE VOTOS. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: GUSTAVO NARANJO ESPINOSA.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día seis de octubre de dos mil once.
VISTOS; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de enero de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro José Fernando Franco González Salas denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por la Primera y Segunda Salas de este Alto Tribunal, con base en lo siguiente:
"El que suscribe, Ministro José Franco González Salas, presidente de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expone:
"Con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo y de conformidad con el tercer punto resolutivo de la contracción de tesis 75/2007-SS, fallado en sesión de 23 de mayo de 2007, se hace la denuncia de contradicción de tesis entre los criterios sustentados por la Primera y Segunda Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a si la orden de visita domiciliaria debe o no considerarse como un acto consumado de modo irreparable para la procedencia del juicio de amparo, con el objeto de que el Tribunal Pleno, resuelva la posible contradicción de criterios sustentados entre las dos Salas y, en su caso, defina el criterio jurídico que debe prevalecer, con base en los siguientes:
"Antecedentes.
"I. La Primera Sala en la tesis aislada 1a. XXVIII/99, derivada del amparo en revisión 1837/98 promovido por David Pedro Ramos Barrón, fallado en sesión de 17 de febrero de 1999, por unanimidad de cinco votos, siendo ponente la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, determinó la improcedencia del juicio de amparo en contra de la orden de visita por tratarse de un acto que se consuma de manera irreparable, puesto que no sería posible reparar la inviolabilidad del domicilio auditado.
"II. Por su parte, la Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 4/2008, derivada de la contradicción de tesis 75/2007-SS, fallada en sesión de 23 de mayo de 2007, determinó que la orden de visita domiciliaria no puede desligarse del desarrollo del procedimiento administrativo correspondiente ya que debe satisfacer requisitos constitucionales insoslayables, por lo que su sola emisión puede causar perjuicios jurídicos al particular si se emite al margen de éstos, transgrediendo en forma directa, inmediata y definitiva derechos sustantivos, de tal suerte que una vez iniciada la visita domiciliaria no puede considerarse como irreparablemente consumada para efectos del juicio de amparo.
"De lo anterior se desprende la existencia de un criterio diverso respecto de una misma cuestión jurídica, pues mientras que la Primera Sala sostiene que la orden de visita domiciliaria constituye un acto que se consuma de manera irreparable, por lo que resulta improcedente el juicio de amparo, esta Segunda Sala sostiene que la orden de visita domiciliaria, al violar derechos sustantivos no se consuma de manera irreparable para efectos del juicio de amparo." (fojas 1 a 3 del expediente)
SEGUNDO. Por acuerdo de veinticinco de enero de dos mil ocho, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo con el número 1/2008-PL, admitiendo la denuncia de la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por las Salas mencionadas y en virtud de encontrarse debidamente integrado el expediente ordenó dar vista al procurador general de la República por un plazo de treinta días para los efectos legales correspondientes.
El treinta de enero de dos mil ocho el subsecretario general de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, certificó que el plazo de treinta días concedido al procurador general de la República, transcurriría del treinta y uno de enero de dos mil ocho al catorce de marzo siguiente.
TERCERO. Por acuerdo de Presidencia de siete de febrero de dos mil ocho, se ordenó pasaran los autos para su estudio al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
CUARTO. Mediante oficio DGC/DCC/228/2008, recibido el siete de marzo de dos mil ocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el agente del Ministerio Público de la Federación emitió opinión en el presente asunto, en el sentido de que se declare que sí existe la contradicción de tesis denunciada.
QUINTO. En sesión de cinco de enero de dos mil diez, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó que el asunto fuera turnado a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197 de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por las Salas de este Alto Tribunal.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el señor Ministro José Fernando Franco González Salas.
TERCERO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer.
Para que exista contradicción de tesis, se requiere que las Salas de este Alto Tribunal o los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para la existencia, que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis aislada que se reproduce a continuación:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XXX, julio de 2009
"Tesis: P. XLVI/2009
"Página: 68
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 26/2001, DE RUBRO: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’). De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpe la jurisprudencia citada al rubro, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ impide el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impide su resolución.
"Contradicción de tesis 36/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 30 de abril de 2009. Unanimidad de diez votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala."
CUARTO. A fin de estar en aptitud de resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, es preciso tener presentes las consideraciones sustentadas por las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, involucradas en las respectivas ejecutorias.
La Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 1837/98 promovido por David Pedro Ramos Barrón, en sesión de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos, siendo ponente la Ministra Olga Sánchez Cordero, sustentó, en la parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO. Son jurídicamente ineficaces los agravios que aduce la parte recurrente, para revocar el fallo recurrido.
"Ciertamente, es fundado pero inoperante el argumento de que el Juez de Distrito omitió referirse a la procedencia del juicio de amparo, contra la orden de visita domiciliaria reclamada.
"En efecto, del análisis de la sentencia que se revisa se advierte que el a quo, no realizó pronunciamiento expresó respecto de la orden de visita impugnada en este juicio de garantías.
"Sin embargo, esta Primera Sala, advierte de oficio, que en el presente caso, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, último párrafo, del artículo 73, en relación con la fracción IX, de ese precepto legal, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la orden de visita, se ha consumado de modo irreparable.
"Lo anterior es así, en virtud a que dicho acto en sí mismo considerado, se consumó desde el momento que los visitadores se constituyeron en el domicilio fiscal del auditado, como se advierte de las constancias de autos a fojas 30 a 34, por lo que cumple su cometido dicha orden de visita, al introducirse en el domicilio del visitado, lo que origina que ya no sea reparable para el ahora quejoso, la inviolabilidad en su domicilio de que fue objeto, ya que en el supuesto de que se le otorgara la protección constitucional la inviolabilidad a su domicilio, ya no va hacer (sic) posible restituirle esa garantía, dado que se ha consumado de manera irreparable como acontece en el presente asunto, y por ello, se surte la causal de improcedencia y deba sobreseerse en el juicio."
Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis aislada 1a. XXVIII/99, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"ORDEN DE VISITA. AMPARO IMPROCEDENTE POR TRATARSE DE UN ACTO CONSUMADO DE MANERA IRREPARABLE. La orden de visita que tiene como fin el llevar a cabo una revisión de los documentos del visitado directamente en su domicilio es en sí la instrucción a los visitadores de verificar en el domicilio que se señale dentro de la propia orden, la situación jurídica del particular; de tal suerte que al iniciarse el procedimiento de verificación con el acta de visita, dicha orden se consuma de manera irreparable, porque la inviolabilidad del domicilio del auditado, ya no será posible reparar. De ahí que el juicio de garantías, resulta improcedente y debe sobreseerse de conformidad con lo dispuesto por el precepto 73, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IX de la citada ley.
"Amparo en revisión 1837/98. David Pedro Ramos Barrón. 17 de febrero de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Miguel Ángel Cruz Hernández."
Por su parte, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 75/2007-SS, sustentada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, fallada el veintitrés de mayo de dos mil siete, por mayoría de cuatro votos, determinó, en lo que al tema en estudio interesa, lo siguiente:
"SEXTO. Como preámbulo, debe recordarse que de acuerdo a los antecedentes del asunto que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, el Juez de Distrito que emitió la sentencia que revisó, sobreseyó en el juicio, por considerar que se actualizaban las causales de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones IX y XVIII, en relación con el artículo 114, fracción IV (sic), de la Ley de Amparo, pues al haberse iniciado la visita domiciliaria, la orden respectiva se convirtió en un acto consumado de modo irreparable, puesto que el ingreso al domicilio fiscal, se ejecutó irreparablemente, aunque los subsecuentes efectos de dicha orden no se consideran de ejecución irreparable, ya que por sí solos no causan perjuicio y pueden impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, en contra de la resolución definitiva.
"...
"Por otra parte, como antecedente del asunto resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, pues las autoridades ejecutoras se introdujeron al domicilio de la empresa quejosa, y si el acto reclamado era la orden de visita y ésta ya se había ejecutado irreparablemente, resultaba evidente que el objeto del amparo había quedado insubsistente, sin que se pudiera calificar así los efectos subsecuentes a la introducción, pues éstos no son de imposible reparación, ya que por sí solos no causan perjuicio.
"...
"En efecto, la visita domiciliaria en materia fiscal federal se encuentra determinada en cuanto a su existencia, desarrollo y conclusión, en el Código Fiscal de la Federación, particularmente, en los artículos 42, fracciones III y V, 43, 44, 45, 46, 46-A, 47 y 63, que en su contenido actual, son del siguiente tenor: (se transcriben).
"De los anteriores preceptos legales se desprende que uno de los medios de que la autoridad fiscal cuenta para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales es la visita domiciliaria, que debe ordenarse a través de mandamiento escrito que satisfaga determinados requisitos constitucionales y legales, e inicia con la asistencia de los visitadores designados en el lugar y fecha señalados, y termina con el levantamiento de un acta final, en la que los auditores asientan los hechos u omisiones que conocieron, la que al igual que las actas parciales que hayan elaborado, son posteriormente analizadas y calificadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para, en su caso, liquidar un crédito fiscal.
"Por la serie de actos concatenados con que la visita se desarrolla es inconcuso que implica un procedimiento, siendo la orden, el acto que le da sustento; luego, de no existir el mandamiento o de no reunir los requisitos exigidos, el procedimiento no debe iniciarse ni sustanciarse, y si se lleva adelante no producirá efecto alguno en contra del visitado, violando sus garantías, dando lugar, incluso, al fincamiento de responsabilidad para la autoridad que lo practique.
"Cabe destacar que la orden de visita domiciliaria es un acto de molestia que debe ajustarse directamente al artículo 16 de la Constitución General de la República, que en lo conducente dispone: (se transcribe).
"De tales lineamientos constitucionales, se desprende que la facultad de control y fiscalización del Estado para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, se lleva a cabo a través de un procedimiento administrativo propiamente dicho, que se inicia con la orden de visita, la cual regirá a ésta y su calificación, en la que, en su caso, puede señalarse la existencia de incumplimiento a las disposiciones, leyes o reglamentos aplicables y, como consecuencia de esto, la determinación de un crédito a cargo del visitado, o hacerse acreedor a sanciones.
"Es por ello que el ejercicio de esa facultad no puede ser arbitrario, debiendo sujetarse a la disposición constitucional anotada, pues con la visita, originada con la orden, la autoridad hacendaria puede exigir al gobernado que exhiba libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, lo que no sólo causa molestia en el domicilio, sino también a la persona, a la familia, a los papeles o a las posesiones de ésta.
"Destaca la garantía de inviolabilidad del domicilio, en cuanto sujeta la visita a la satisfacción de las formalidades prescritas para los cateos y las previstas en las leyes (de las que ya se dio noticia); formalidades dentro de las que se encuentran la de que sea precedida de una orden escrita que exprese el lugar que ha de inspeccionarse, los objetos de la inspección, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
"Además, como acto de autoridad que implica imponer una molestia no sólo al domicilio, sino también a la persona, familia, papeles o posesiones en perjuicio de un particular y constituir una excepción a la garantía de inviolabilidad del domicilio, debe cumplir con los requisitos formales a que alude el párrafo primero del citado precepto fundamental; esto es, debe ser emitida por autoridad competente, por escrito, en el que conste el fundamento legal así como el motivo por el cual se expide.
"De esta guisa resulta que la orden de visita domiciliaria, independientemente que da origen, y por ello forma parte de ese procedimiento, es un acto de molestia no sólo al domicilio, sino también a la persona, a la familia, a los papeles y a las posesiones, susceptible de afectar en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constitución Federal, como es, entre otros, el de la inviolabilidad de su domicilio, por lo que puede ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo o de los medios de defensa establecidos en las leyes, impugnación que debe realizarse dentro de los plazos que al efecto establezcan las leyes.
"Es imposible admitir que ese acto autoritario, como cualquier otro que pudiera tener como consecuencia la afectación directa de derechos sustantivos, tuviera que ser soportado por el gobernado hasta la conclusión de la visita, no obstante su manifiesta inconstitucionalidad, pues los efectos de la invasión del domicilio por una autoridad afectan las garantías individuales del gobernado y, eventualmente, pueden causar perjuicios desde luego, pues por más que una eventual concesión del amparo respecto de la resolución que determinara un crédito fiscal en contra del gobernado, por vicios en la orden relativa, diera lugar a que se dejara sin efecto la liquidación o, incluso, insubsistente todo el procedimiento de fiscalización, sería imborrable la huella dejada en la esfera jurídica del gobernado por la práctica de la visita, particularmente, la invasión de su domicilio por autoridad incompetente, la molestia en la persona, familia, papeles o posesiones, o por virtud de un mandamiento no fundado ni motivado, y las consecuentes molestias traducidas en la restricción de sus derechos de disposición de los bienes, papeles o posesiones y demás derechos del particular relacionados con la inspección.
"De lo expuesto debe significarse que la práctica de una visita domiciliaria sin orden escrita de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, o sin siquiera alguno de esos presupuestos, equivale a una violación directa al derecho sustantivo consagrado en el artículo 16 de la Constitución General de la República, que actualiza la procedencia inmediata del juicio de amparo.
"Es corolario de lo anterior, que por la naturaleza de la orden de visita domiciliaria que es un acto susceptible de afectar en forma directa, inmediata y definitiva derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Constitución Federal, el juicio de amparo en su contra debe estimarse procedente en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción II, párrafo primero, en relación con la fracción IV -de aplicación analógica-, del mismo numeral de la Ley de Amparo, que dicen: (se transcriben).
"En similares términos, pero bajo la óptica de la legislación fiscal anterior (cuya esencia sigue la anteriormente transcrita), ya se había pronunciado esta Sala (Amparo en revisión 2509/98. Mandujano y Mendoza, S.A. de C.V. 27 de octubre de 2000. Unanimidad de cuatro votos), precedente del cual emanó la siguiente tesis aislada:
"‘Núm. Registro IUS: 188561
"‘Tesis aislada
"‘Materia: Administrativa
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘XIV, octubre de 2001
"‘Tesis: 2a. CCVIII/2001
"‘Página: 435
"‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO QUE AFECTA EN FORMA DIRECTA E INMEDIATA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL GOBERNADO CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe)
"Más adelante, la Segunda Sala refrendó esas mismas consideraciones (Amparo en revisión 230/99. Calzados Nos, S.A. de C.V. 27 de abril de 2001. Cinco votos), pero añadió: (se transcribe).
"...
"Pese a la conclusión del último precedente, que distingue entre órdenes de visita que se agotan en un solo momento y las que se materializan en diversas ocasiones, conviene aclarar que este aspecto se tocó de manera marginal, pues el problema toral a resolver, se circunscribió a un supuesto en que, además de la orden de visita, se reclamaron en amparo los preceptos en que se fundamentó, lo cual se reflejó en la tesis que se transcribe:
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XVI, octubre de 2002
"‘Tesis: 2a. CXXXI/2002
"‘Página: 470
"‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. CUANDO ÉSTA CONSTITUYE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO AUNQUE TODAVÍA NO SE LEVANTE EL ACTA FINAL.’ (se transcribe)
"Es más, esta tesis ya no puede subsistir, pues debe recordarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el día nueve de abril de dos mil siete, resolvió la contradicción de tesis 8/2006-PL, donde sustancialmente se dijo que el amparo contra leyes con motivo de un acto de aplicación dentro del procedimiento, procede en la vía indirecta siempre y cuando sea de imposible reparación, al tenor de la siguiente tesis:
"‘AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.’ (se transcribe)
"Lo anterior, de alguna manera, ya había sido analizado por este Alto Tribunal con el siguiente criterio:
"‘Núm. Registro IUS: 900956
"‘Tesis aislada
"‘Materia(s): Constitucional
"‘Octava Época
"‘Instancia: Pleno
"‘Fuente: Apéndice 2000
"‘Tomo I, Const., P.R. SCJN
"‘Tesis: 283
"‘Página: 202
"‘Genealogía: Gaceta Número 43, julio de 1991, página 61.
"‘Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, julio de 1991, página 6, Pleno, tesis P. XXXI/91.
"‘AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EL SOBRESEIMIENTO, SI EL QUEJOSO AL IMPUGNAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN SURGIDO EN UN JUICIO, NO RECLAMA LA AFECTACIÓN DE DERECHOS SUSTANTIVOS SINO ÚNICAMENTE DE DERECHOS MERAMENTE PROCESALES.’ (se transcribe)
"Así, partiendo de la premisa referida a que la orden de visita con su sola emisión afecta en forma directa e inmediata derechos sustantivos, para su impugnación en amparo indirecto, resulta intrascendente la distinción entre órdenes de visita que se agotan en un solo momento y las que se materializan en diversas ocasiones, pues en ambos casos, la orden debe satisfacer requisitos constitucionales insoslayables; en ese sentido, puede causar perjuicios jurídicos al particular si se emite al margen de esas exigencias o traspasando las limitaciones constitucionales, transgrediendo, como ya se explicó, en forma directa, inmediata y definitiva derechos sustantivos.
"De tal suerte que, en este caso, una vez iniciada la visita domiciliaria no puede considerarse como irreparablemente consumada la orden respectiva para efectos del amparo, sea que se agote en uno o varios actos, siempre que se impugne dentro de los términos legales, en virtud de que, como ya se señaló, es un acto de molestia no sólo al domicilio, sino también a la persona, a la familia, a los papeles y a las posesiones, susceptible de afectar en forma directa e inmediata los derechos sustantivos; además, es imposible admitir que ese acto autoritario, como cualquier otro que pudiera tener como consecuencia la afectación directa de derechos sustantivos, tuviera que ser soportado por el gobernado hasta la conclusión de la visita, no obstante su manifiesta inconstitucionalidad, pues los efectos de la invasión del domicilio por una autoridad afectan las garantías individuales del gobernado y, eventualmente, pueden causar perjuicios desde luego, pues por más que una eventual concesión del amparo respecto de la resolución que determinara un crédito fiscal en contra del gobernado, por vicios en la orden relativa, diera lugar a que se dejara sin efecto la liquidación o, incluso, insubsistente todo el procedimiento de fiscalización, sería imborrable la huella dejada en la esfera jurídica del gobernado por la práctica de la visita, particularmente, la invasión de su domicilio por autoridad incompetente, la molestia a la persona, la familia, los papeles o las posesiones, o por virtud de un mandamiento no fundado ni motivado, y las consecuentes molestias traducidas en la restricción de sus derechos de disposición de los bienes, papeles o posesiones y demás derechos del particular relacionados con la inspección.
"Además, debe tenerse presente que en la práctica, la mayoría de las ocasiones la orden de visita se notifica al inicio de ésta, por lo que si subsistiera el criterio de que una vez iniciada ya no podría impugnarse aquélla por estar consumada de modo irreparable para efectos del amparo, jamás podría combatirse alegando inviolabilidad al domicilio o cualquier otra afectación, incluso vicios propios, pasando por alto las consecuencias derivadas de un acto inconstitucional, que no se agotan con su sola emisión.
"No debe perderse de vista que, como se destacó, la visita se desarrolla por una serie de actos concatenados, siendo la orden, el acto que le da sustento; luego, de no existir el mandamiento o de no reunir los requisitos exigidos, el procedimiento no debe iniciarse ni sustanciarse, y si se lleva adelante, no producirá efecto alguno.
"De ahí que la orden de visita domiciliaria, una vez iniciada ésta, no puede considerarse como un acto consumado de modo irreparable que haga improcedente el amparo, en términos del siguiente numeral de la ley de la materia, que prevé:
"‘Artículo 73.’ (se transcribe)
"Como consecuencia de lo anterior, deben quedar superadas las siguientes tesis, cuyos número y rubro se transcriben:
"‘2a./J. 23/2003
"‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA EN MATERIA FISCAL. ES IMPUGNABLE EN AMPARO AUTÓNOMAMENTE, POR NO FORMAR PARTE DEL PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO EN QUE SE DESENVUELVE LA VISITA.’
"‘2a. CXXXI/2002
"‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. CUANDO ÉS
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23632-ae6311a9/orden-de-visita-domiciliaria-puede-ser-impugnada-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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