VISITA DOMICILIARIA. LA VALIDEZ DEL OFICIO QUE ORDENA SU AMPLIACIÓN DEPENDE, ÚNICAMENTE, DE LAS RAZONES QUE EN ÉL SE SEÑALEN PARA MOTIVAR ESA DETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 395/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce jurisdicción y esta Segunda Sala es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, además del 37, primer párrafo, y 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esto, ya que se trata de una denuncia de contradicción de criterios, en la que el tema a dilucidar está vinculado con la materia administrativa, cuyo conocimiento corresponde a esta Segunda Sala.
SEGUNDO. Procedencia. En el caso, debe estimarse que la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de la normatividad aplicable.
Sobre el particular, el artículo 197-A de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, establece que cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o sus Magistrados, o bien, las partes que intervinieron en los juicios en que se hayan sustentado tales tesis, podrán denunciar la contradicción atinente.
En el caso, la denuncia de contradicción fue formulada por los integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que participa en una de las resoluciones contendientes en la especie, como se indicó, la recaída en la revisión fiscal número 76/2011, del índice de dicha instancia judicial, por lo que debe concluirse que proviene de parte legítima.
TERCERO. Consideración preliminar. A efecto de determinar si, en el caso, efectivamente se actualiza la contradicción de criterios denunciada, debe tenerse presente que, para su actualización, es necesario que al resolver los asuntos materia de la denuncia:
1. Se hayan examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Se arribe a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
Así las cosas, existirá contradicción de tesis siempre que se satisfagan los supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales, en cuanto a las cuestiones fácticas que los rodean, esto es, que los criterios que sean materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
Esto último, en términos de lo sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)
CUARTO. Ejecutorias de las que deriva la presunta contradicción de tesis. A efecto de establecer si, en la especie, existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente enunciar, para su posterior análisis, las consideraciones esenciales en que se apoyaron las resoluciones correspondientes de los Tribunales Colegiados contendientes.
Esto, en la lógica de que, para que exista la contradicción de tesis, no basta con que un tribunal afirme que no comparte el criterio de otro, sino que es necesario determinar si lo sostenido por uno, al examinar determinado problema, es contrario a lo señalado por el otro al abordar el mismo tema, en el mismo plano, y a la luz de preceptos jurídicos iguales o coincidentes.
Lo anterior, en términos de lo sostenido en la tesis de jurisprudencia con rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE EXISTA NO BASTA QUE UN TRIBUNAL AFIRME QUE NO COMPARTE EL CRITERIO DE OTRO."(2)
En estas condiciones, de las constancias que obran en autos es posible desprender lo siguiente:
I. En la revisión fiscal 76/2011, resuelta el ocho de julio de dos mil once, y aprobada por mayoría de votos de los integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en lo que interesa, se sostuvo lo siguiente:
- Si bien el ejercicio de las facultades de comprobación es de carácter discrecional, ello no implica que su realización sea irrestricta, sino que debe cumplir con el requisito de fundamentación y motivación, previsto en el artículo 16 constitucional, que todo acto de autoridad debe contener, incluso, el oficio de ampliación de visita domiciliaria;
- Si bien, acorde a las facultades discrecionales con que cuenta la autoridad fiscal, no se le puede obligar a que en la resolución determinante del crédito fiscal que emita valore la información obtenida con motivo de la ampliación del plazo de visita, de no hacerlo, su actuar sería arbitrario y caprichoso;
- Ello, pues si al realizar una visita de inspección, la autoridad fiscal determina ampliar su plazo, con el objeto de solicitar y allegarse de más información para determinar la situación fiscal del contribuyente, al momento en que emita la resolución que determine un crédito fiscal, debe hacer algún pronunciamiento en relación con la información obtenida pues, en caso contrario, no estaría justificada la ampliación del plazo de visita, lo que evidenciaría la arbitrariedad de la autoridad hacendaria, sustentada en el uso de sus facultades discrecionales;
- Por disposición expresa del artículo 16 de la Constitución, todo acto de molestia de una autoridad debe estar debidamente fundado y motivado y, por tanto, el oficio por el que se ordena la ampliación del plazo para concluir la visita domiciliaria debe contener las razones que sirvieron de sustento para determinarla, es decir, la autoridad debe señalar por qué consideró conveniente ampliar el plazo de visita;
- Como consecuencia, a fin de no causar ninguna afectación al gobernado, y que se encuentren justificados los actos de molestia que se generaron al contribuyente con la ampliación de la visita domiciliaria, al momento de emitir la resolución determinante del crédito fiscal, en cumplimiento a la disposición constitucional referida, la autoridad hacendaria también debe hacer mención del resultado obtenido durante la ampliación de la visita;
- Si el resultado obtenido no le sirvió de base para sustentar la determinación del crédito fiscal que emita, así lo debe manifestar pues, de no hacerlo, no estaría justificada la causa que originó la ampliación de la visita, así como los actos de molestia en el domicilio del contribuyente;
- Por lo anterior, la exigencia de la fundamentación y motivación no se limita a que la autoridad exponga las consideraciones a las que atendió para ordenar la ampliación al plazo de visita en la orden respectiva, sino que el actuar de la autoridad deberá ser congruente al caso concreto, lo que implica que, en la resolución en la que se determine un crédito fiscal, debe hacer mención a la información obtenida con el motivo que originó la ampliación, aun cuando no le sirva de sustento para determinar la situación fiscal del contribuyente visitado;
- Lo anterior, pues es lógico exigir que la autoridad fiscal explique, al menos, por qué no utilizó la información obtenida durante el periodo de ampliación de visita ya que, de no ser así, daría margen a consentir la arbitrariedad con que actúa;
- Así, la facultad referida debe sujetarse al artículo 16 constitucional y, por ende, la fundamentación y motivación debe encontrarse contenida no sólo en la orden de ampliación de visita domiciliaria, sino también en la resolución determinante del crédito fiscal que se emita, a fin de verificar si los motivos señalados por la autoridad fiscal para ampliar el plazo de visita, guardan relación con las circunstancias particulares del caso, es decir, si lo dicho por la autoridad para ampliar el plazo de que se trate quedó justificado al momento en que emitió la resolución determinante y se encuentra acorde a las pruebas aportadas a los autos, así como al resultado obtenido por la autoridad hacendaria;
- Por otra parte, la resolutora no analizó el concepto de impugnación formulado, únicamente en el sentido de que no se hubiera fundado y motivado la emisión del oficio de ampliación, sino que se dijo que la demandada no advertía que la información con base en la cual supuestamente llevó a cabo la ampliación hubiera sido analizada, depurada y valorada, ni tampoco que sirviera de base para determinar la situación fiscal de la contribuyente, cuando el motivo de dicha extensión sería el resultado de la compulsa practicada a un contribuyente con el carácter de tercero, y que ésta sería analizada, depurada y valorada para determinar la situación fiscal de la actora, por lo que no se acreditó que el motivo por el cual se amplió la visita se haya sustentado en hechos existentes y justificables;
- Contrariamente a lo señalado por la inconforme, la Sala Fiscal no pasó por alto el oficio en el que aduce haber acreditado las circunstancias por las que ordenó la ampliación del plazo de la revisión de gabinete, y los argumentos expuestos en su contestación a la demanda de nulidad pues, al respecto, señaló que si bien con el aludido oficio se acreditó que cubrió el requisito de la fundamentación del acto administrativo, no demostró que una vez que se proporcionó la información y documentación materia de la diversa revisión a un tercero relacionado, ésta fuera analizada, depurada y valorada para determinar la situación fiscal de la actora, pues de actuaciones no se desprendía tal circunstancia, por lo que no se acreditó que los motivos de ampliación que adujo la autoridad demandada se hubiesen sustentado en hechos existentes y justificables, lo que demuestra que sí analizó dichas probanzas; y,
- No se atiende al criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, en la ejecutoria emitida en el recurso de revisión 129/2005, invocado por la autoridad recurrente, pues los criterios de diversos tribunales no obligan a éste; se trata de una transcripción parcial y, en todo caso, está superado por la jurisprudencia 2a./J. 254/2009, que resulta de observancia y aplicación obligatoria para el Tribunal Colegiado.
II. Por su parte, derivado de lo resuelto en las revisiones fiscales identificadas con los números de expediente 135/2003, 16/2004, 1/2006, 4/2007 y 148/2007, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito emitió la jurisprudencia con el texto y rubro que a continuación se precisa:
"VISITA DOMICILIARIA. PARA CONSIDERAR MOTIVADO EL OFICIO DE SU AMPLIACIÓN PARA RECABAR DATOS O DOCUMENTOS DE UN TERCERO, ES INNECESARIO QUE EN EL ACTA FINAL SE HAGA REFERENCIA A LA INFORMACIÓN OBTENIDA, SI ÉSTA NO INFLUYÓ EN LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006). El artículo 46-A, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 28 de junio de 2006, establece la posibilidad de ampliar las visitas domiciliarias para comprobar la situación fiscal de los contribuyentes, siempre que la información a recabar esté vinculada con el cumplimiento de las obligaciones del visitado en la materia, por ser ese precisamente el fin que se persigue. No obstante, el hecho de que el oficio relativo se emita para recabar datos o documentos de un tercero, y en el acta final de visita no se haga referencia a la información obtenida, ello no se traduce necesariamente en la falta de motivación del mencionado oficio, si aquélla no influyó en la determinación del crédito fiscal, ya que sólo en caso contrario debe aludirse a ella, porque en esa hipótesis vendría a constituir el sustento de la cuestión de fondo, es decir, de la resolución final."(3)
Como se indicó, la tesis en comento derivó de lo resuelto por el órgano jurisdiccional colegiado referido, en las distintas revisiones fiscales a las que se ha hecho alusión previamente, dentro de las que, en lo que al caso interesa, se sostuvieron consideraciones sustancialmente similares.
En esta lógica, y con la finalidad de evitar repeticiones innecesarias, a continuación se hará referencia a los argumentos sostenidos en la última de las resoluciones mencionadas, esto es, la correspondiente a la revisión fiscal 148/2007, fallada el veintiocho de noviembre de dos mil siete, y en la que, medularmente, se estableció lo siguiente:
- Del análisis integral de los dispositivos que regulan la práctica de las visitas o revisiones se desprende que las ampliaciones que pudieran llevarse a cabo, forzosamente, tienen que ver con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente contenidas en el código, siempre y cuando su expedición se encuentre ajustada a los requisitos que debe contener todo acto de autoridad, y que la ampliación se refiera al periodo de comprobación y a los impuestos que se establecieron desde la orden de visita;
- Por ello, si el fin que persigue la ampliación o revisión es continuar con la verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales, el límite a la facultad discrecional de las autoridades es que la prórroga sea, únicamente, por una ocasión y por duración determinada; la suscriban sólo ciertos funcionarios; el ejercicio de dichas facultades no sea irrestricto, sino prudente, y esté sujeto al principio de oportunidad y a las reglas de la razón y la sana lógica;
- De lo anterior puede concluirse que actuar de manera discrecional no es arbitrariedad, pues hay un marco legal que debe respetarse, un interés legítimo que no debe transgredirse y una finalidad que debe mantenerse;
- De ahí la necesidad de fundar y motivar el acto de autoridad, de modo que si la ampliación no se determina a capricho de la autoridad, ello no trae consigo que se rompa con la finalidad de que la visita o la revisión no dure más de seis meses, pues habrá casos y razones en los que, por un motivo, tal vez no imputable a la autoridad o al contribuyente, sea necesaria la ampliación;
- En este contexto, no basta ampliar la visita domiciliaria o revisión de gabinete por cualquier motivo, sino que la razón de su prolongación, por ser variada, debe quedar claramente establecida;
- Así las cosas, contrariamente a lo considerado por la Sala Fiscal, el oficio de ampliación que justificó la prolongación del acto de molestia está debidamente motivado, porque se precisó que, mediante oficio de dieciocho de octubre de dos mil cinco, se ordenó la práctica de visita domiciliaria a un contribuyente, dirigida a verificar las operaciones que, en su carácter de tercero, llevó a cabo con la actora, entre el uno de enero y el treinta y uno de marzo de dos mil cinco, que se estaba desahogando al notificar el oficio de ampliación;
- En otras palabras, la finalidad de motivar la ampliación del plazo se sustenta en la garantía de la inviolabilidad del domicilio por lo que, si se justificó la continuidad de la visita domiciliaria, al estimarse necesario recabar la información de un tercero, se encuentra debidamente motivado, pues se amplió para analizar, valorar y depurar la información y documentación que obtuviera de la visita practicada al tercero, precisamente, para determinar con certeza la situación fiscal real del contribuyente;
- Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues la demandada cuenta con plenas facultades para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios, o a los terceros relacionados con ellos, que exhiban la documentación fiscal respectiva, a efecto de llevar a cabo su revisión y verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, sin que se advierta alguna limitante a la autoridad fiscal para poder llevar a cabo actividades de revisión, incluso, a terceros, relacionados con la situación fiscal del contribuyente, aun cuando no se haya señalado en el oficio de ampliación el plazo de la revisión;
- Dentro del plazo de la ampliación, la autoridad fiscalizadora está facultada para llevar a cabo las acciones necesarias para allegarse de toda la información y documentación o, en su caso, revisar la información que conste en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder, con la finalidad de determinar, en definitiva, la situación fiscal del contribuyente revisado, lo que se ilustra con la tesis de rubro: "FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LAS AUTORIDADES HACENDARIAS NO SE ENCUENTRAN LIMITADAS PARA REVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES POR PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES EN NÚMERO DE VECES O PERIODOS DETERMINADOS.";
- Lo descrito permite sostener que el hecho de que el crédito fiscal determinado no se apoye o sustente en algún dato o documento que se hubiese obtenido o recabado de la visita domiciliaria practicada a un tercero, no se traduce, necesariamente, en la inmotivación de la orden de ampliación, pues si así fuere, sería estrictamente necesario que la determinación del tributo, o la imposición de sanciones, o de las demás cargas, descansen en la información derivada de la investigación atinente;
- Lo contrario, desnaturalizaría la facultad de investigación del órgano hacendario en materia de impuestos, pues resulta de elemental lógica que una investigación no siempre rinde los frutos o logros que pretenden obtenerse, pues así como pueden obtenerse datos que influyan en el resultado de la visita, también puede ser que dicha investigación resulte infructuosa; y,
- Por tanto, el que la situación fiscal del contribuyente no se apoye en la información derivada de la visita a un tercero, no puede tenerse como falta de motivación del oficio ampliatorio, pues su mención o no en actos de fiscalización posteriores, o en la resolución final, depende de que en la revisión atinente existan elementos para definir la situación fiscal, caso en el cual, sí deberá hacerse alusión al resultado en las actas relativas, y en la resolución fiscal, porque esto constituiría la motivación de la cuestión de fondo, esto es, la determinación del crédito fiscal, que es distinto a la razón que impulsó a la citada autoridad a requerir la documentación, la cual sirvió de motivación al oficio de ampliación.
QUINTO. Existencia de la contradicción. Ahora bien, atento a las anteriores consideraciones, a juicio de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe la contradicción denunciada, por cuanto hace a determinar si, conforme a la legislación vigente hasta el 28 de junio de 2006, la validez del oficio mediante el cual se amplía una visita domiciliaria, depende de que, en la determinación del crédito fiscal, la autoridad haga referencia a la información obtenida durante la ampliación, aun cuando ésta no sirva de sustento para tal efecto.
Lo anterior porque, en relación con este tema, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito sostuvo, en concreto, que sí era necesario, mientras que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito se pronunció en sentido contrario.
En este escenario, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes analizaron una hipótesis jurídica idéntica y, a pesar de ello, arribaron a conclusiones diferentes, resulta claro que, en la especie, como se adelantó, existe la contradicción denunciada, en relación con el tema precisado.
Cabe significar que la circunstancia de que uno de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito implicados no haya integrado jurisprudencia, ni sea expuesto formalmente como tesis y, por ende, no existan las publicaciones respectivas en términos de lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de que se trata pues, a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos al resolver un punto de derecho.
Sobre el particular, resultan aplicables las jurisprudencias P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno y 2a./J. 94/2000 de la Segunda Sala, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican y transcriben:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, e la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."(4)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYA REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados."(5)
Precisado lo anterior, a continuación se procederá a estudiar y resolver la contradicción citada, cuya materia de análisis, como se indicó, se constreñirá a determinar si, conforme a la legislación vigente hasta el 28 de junio de 2006, la validez del oficio mediante el cual se amplía una visita domiciliaria depende de que, en la determinación del crédito fiscal, la autoridad haga referencia a la información obtenida durante la ampliación, aun cuando ésta no sirva de sustento para tal efecto.
SEXTO. Estudio de fondo. Establecido lo anterior, esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que, en el caso, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que a continuación se desarrolla:
Conforme a la legislación vigente al veintiocho de junio de dos mil seis, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establecía la posibilidad de que la autoridad administrativa realizara visitas domiciliarias, entre otros supuestos, para comprobar que se hubieran acatado las disposiciones fiscales.
Atento a dicha previsión constitucional, la fracción II del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación aplicable, en lo conducente, disponía que las autoridades fiscales estaban facultadas para requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, que exhibieran en su domicilio la contabilidad, datos, documentos o informes que se les requirieran para llevar a cabo su revisión.
Lo anterior, con el fin de determinar si los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, habían cumplido con las obligaciones fiscales y, en su caso, las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales, y para proporcionar información a otras autoridades de naturaleza fiscal.
Por su parte, la fracción III del precepto en cita establecía la posibilidad de que la autoridad fiscal practicara visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, para revisar su contabilidad, bienes y mercancías.
En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, entre otros criterios, que la facultad de control y fiscalización del Estado para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes se lleva a través de un procedimiento administrativo, el cual inicia con la orden de visita y concluye con su calificación en la que, en su caso, puede señalarse la existencia de incumplimiento a las disposiciones, leyes o reglamentos aplicables y, como consecuencia, la determinación de un crédito a cargo del visitado, o la imposición de sanciones.
Por lo anterior, se ha estimado que el ejercicio de la facultad referida no puede ser arbitrario pues, con la visita, originada con la orden correspondiente, la autoridad hacendaria puede exigir al gobernado que exhiba libros y papeles indispensables para comprobar que ha acatado las disposiciones fiscales, lo que no sólo causa molestia en el domicilio, sino también a la persona, a la familia, a los papeles o a las posesiones de ésta.
Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 4/2008, de la Segunda Sala, con el rubro y texto que a continuación se precisan:
"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. AL VIOLAR DERECHOS SUSTANTIVOS NO SE CONSUMA DE MANERA IRREPARABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO. Conforme al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la facultad de control y fiscalización del Estado para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes se lleva a través de un procedimiento administrativo, que se inicia con la orden de visita y concluye con su calificación en la que, en su caso, puede señalarse la existencia de incumplimiento a las disposiciones, leyes o reglamentos aplicables y, como consecuencia, la determinación de un crédito a cargo del visitado, o la imposición de sanciones; es por ello que el ejercicio de esa facultad no puede ser arbitrario, pues con la visita, originada con la orden, la autoridad hacendaria puede exigir al gobernado que exhiba libros y papeles indispensables para comprobar que ha acatado las disposiciones fiscales, lo que no sólo causa molestia en el domicilio, sino también a la persona, a la familia, a los papeles o a las posesiones de ésta. Así, la orden de visita no puede desligarse del desarrollo de ésta, pues es la que le da origen y fundamento, de ahí que no sea factible sostener su autonomía frente al procedimiento de visita, al ser aquélla el acto que le da inicio. Ahora bien, en aplicación de la tesis 2a. CCVIII/2001 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro: ‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO QUE AFECTA EN FORMA DIRECTA E INMEDIATA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL GOBERNADO CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, la mencionada orden debe satisfacer requisitos constitucionales insoslayables, por lo que su sola emisión puede causar perjuicios jurídicos al particular si se emite al margen de éstos, transgrediendo en forma directa, inmediata y definitiva derechos sustantivos, de tal suerte que una vez iniciada la visita domiciliaria no puede considerarse como irreparablemente consumada la orden respectiva para efectos del amparo, en términos del artículo 73, fracción IX, de la ley de la materia, sea que se agote en uno o varios actos y siempre que se impugne dentro de los términos legales, en virtud de que es imposible admitir que ese acto que pudiera afectar directamente derechos sustantivos, tuviera que soportarlo el gobernado hasta la conclusión de la visita, no obstante su manifiesta inconstitucionalidad, pues por más que una eventual concesión del amparo respecto de la resolución que determinara un crédito fiscal en contra del gobernado, por vicios en la orden relativa, diera lugar a dejar sin efecto la liquidación o, incluso, insubsistente todo el procedimiento de fiscalización, sería imborrable la huella dejada en la esfera jurídica de aquél por la práctica de la visita, particularmente la invasión de su domicilio por autoridad incompetente, la molestia a la persona, familia, papeles o posesiones, o por virtud de un mandamiento sin fundamentación ni motivación, y la restricción de sus derechos de disposición de los bienes, papeles o posesiones y demás de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23445-b6462795/visita-domiciliaria-la-validez-del-oficio-que-ordena · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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