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Modo: Corpus Pro

VISITA DOMICILIARIA. LA ORDEN DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA QUE CONCLUYA DEBE ESTAR DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2006).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 390/2003. · Registro digital (IUS): 21304
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, , Pág. 2616.

AMPARO DIRECTO 390/2003.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Son parcialmente fundados los conceptos de violación.

En relación al primero de dichos conceptos, resulta pertinente señalar que la Sala responsable al declarar infundado el primer concepto de anulación, formuló las siguientes consideraciones que le sirvieron de sustento para tal efecto:

1o. Es infundado lo expuesto por la actora en este concepto de violación, pues de las constancias que obran en autos puede apreciarse que la autoridad demandada ajustó su actuación a derecho, ya que tanto en el citatorio previo a la orden de visita, así como en la entrega de la misma, cumplió con lo dispuesto por los artículos 44, fracción II y 46, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación, numerales que son los que regulan la legalidad del inicio del procedimiento de fiscalización, pues no puede analizarse la legalidad del acto sujeto a debate, bajo el análisis de lo dispuesto por los artículos 134 y 137 del código tributario citado, ya que estos preceptos no son los aplicables en el caso concreto.

2o. Que de los artículos 44, fracción II y 46, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se infiere que contra lo pretendido por la actora, en ninguno de los renglones que componen dichos dispositivos legales, se contiene la obligación a cargo de la autoridad fiscalizadora, de levantar acta circunstanciada en la misma fecha en que se deje el citatorio y en la que se haga constar su entrega previo a la recepción de la orden de visita domiciliaria y que los visitadores deban señalar en el acta en cuestión, en términos de los preceptos citados, que si al presentarse en el lugar donde deba practicarse la diligencia, no estuviera el visitado o su representante, se dejará citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, a fin de que los espere a la hora determinada del día siguiente.

3o. Si bien debe considerarse como una formalidad a cumplir en el desarrollo de una visita domiciliaria, que al no encontrarse al destinatario de la orden o a su representante legal, debe dejarse citatorio de espera a hora determinada para el día siguiente, en el que se indique que la cita es para recibir la orden de visita y que además, de toda visita domiciliaria deberá levantarse acta debidamente circunstanciada, conforme a lo establecido por el artículo 46, fracción I, del código referido, ello no quiere decir que al dejar al contribuyente el citatorio previo al desahogo de la orden de la visita domiciliaria, deba levantarse acta circunstanciada, pues no existe precepto legal que así lo establezca; y,

4o. En términos de lo establecido por el artículo 42, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, las visitas domiciliarias se inician con la entrega de la orden respectiva, de lo que se desprende que el momento oportuno para circunstanciar la entrega del citatorio, es aquel en que se levanta el acta parcial de inicio, en razón de que es hasta ese momento cuando la autoridad se encuentra obligada a hacer constar en acta circunstanciada el desarrollo de la visita domiciliaria, y no antes, como es cuando se entrega el citatorio de espera, de ahí que en esos términos, es al momento en que da inicio la visita domiciliaria, cuando debe hacerse constar el desarrollo de la misma y en la que, se incluyen las formalidades que el legislador ha impuesto a las autoridades fiscales, por lo que resulta apegado a derecho que en el acta de inicio se haya hecho constar la entrega del citatorio de espera, así como la entrega de la orden de visita y no en actas separadas.

Al respecto, la quejosa en el primer concepto de violación aduce en esencia lo siguiente: A) La sentencia reclamada interpreta y aplica indebidamente los artículos 44 y 46 del Código Fiscal de la Federación y deja expresamente de aplicar los artículos 134 y 137 del mismo ordenamiento legal, desestimando las argumentaciones propuestas en el primer concepto de nulidad, atinente a que si en la diligencia relativa a la cita previa, para recibir la orden de visita domiciliaria, la autoridad está obligada a levantar acta circunstanciada, en la que se haga constar la entrega del citatorio respectivo y los hechos acontecidos en su entorno, independientemente de la que se elabore con motivo del inicio de la visita domiciliaria en la que se hagan constar los hechos ocurridos al entregarse el citatorio, considerando que en oposición a lo sustentado por la Sala responsable, sí son aplicables los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación. B) Tratándose de la notificación del citatorio previo a la entrega de la orden de visita domiciliaria, la actuación del visitador queda sujeta a las formalidades previstas en los artículos citados con antelación, en cuanto a que debe levantarse un acta circunstanciada donde se hará constar todo lo acontecido con motivo de su entrega, de modo que si un hecho no aparece asentado en el acta de un día determinado, deberá entenderse que ese acontecimiento no se produjo, ya que de admitir una conclusión diversa y aceptar que en el acta de un día se asienten hechos acontecidos en otra fecha distinta, significaría privar de seguridad jurídica al visitado, para lo cual invoca la jurisprudencia 2a./J. 15/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN)." C). Que en concordancia con las consideraciones expresadas, es claro que tratándose de la notificación del citatorio previo a la entrega de la orden de visita domiciliaria, los visitadores deben elaborar acta circunstanciada donde hagan constar todos los hechos acontecidos con motivo de su entrega, pues sólo de esa manera existe prueba de que se dejó la cita de espera dirigida al contribuyente visitado o a su representante legal, de modo que si un hecho no aparece asentado en el acta en un día determinado, deberá entenderse que ese acontecimiento no se produjo, máxime que en tal jurisprudencia se determinó que de cualquier notificación fiscal de carácter personal, debe levantarse acta circunstanciada de la diligencia respectiva, lo cual se opone a lo sustentado en la sentencia reclamada, transcribiendo parcialmente el considerando tercero de la misma. D) Que la jurisprudencia 2a./J. 37/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el rubro de: "VISITA DOMICILIARIA. LA NOTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, DEBE HACERSE CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA FIRMADA POR DOS TESTIGOS, Y LEVANTADA EN LA FECHA EN QUE DICHA NOTIFICACIÓN SE REALICE.", trató el tema relacionado con la notificación de la ampliación del plazo de la visita domiciliaria, respecto de la cual determinó que debe levantarse el acta circunstanciada correspondiente en la fecha en que se haya realizado, consideraciones que resultan aplicables al caso en lo conducente, resolviendo así el punto sujeto a debate, concerniente a determinar si al practicarse la diligencia relativa a la entrega del citatorio, se deben observar o no las formalidades previstas en los artículos 134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, y si en esa fecha y no en otra posterior, debe circunstanciarse tal diligencia.

Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera que resulta inoperante el primer concepto de violación planteado, en tanto que el quejoso no controvierte en su totalidad los razonamientos que sirvieron de sustento a la Sala responsable para desestimar el primer concepto de nulidad de su demanda fiscal, no obstante que es su obligación hacerlo en virtud de que el amparo en materia administrativa es de estricto derecho, pues los argumentos formulados se encuentran dirigidos a controvertir las consideraciones identificadas en los puntos 1o., 2o. y 3o. reseñados, consistentes en esencia en que la entrega del citatorio se regula por lo dispuesto por los artículos 44, fracción II y 46, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y en que no es necesario levantar acta circunstanciada de esa diligencia en esa misma fecha, sin combatir las consideraciones reseñadas en el punto 4o., acorde a las cuales se estableció sustancialmente que en términos del artículo 42, último párrafo, del citado ordenamiento, las visitas domiciliarias se inician con la entrega de la orden respectiva, por lo que el momento oportuno para circunstanciar la entrega del citatorio, es aquel en que se levanta el acta de inicio, en virtud de que es hasta ese momento, cuando la autoridad está obligada a hacer constar en acta circunstanciada, el desarrollo de la visita domiciliaria, y no en un momento anterior, como lo es cuando se entrega el citatorio de espera.

Cabe decir, que incluso el quejoso transcribe parcialmente el considerando tercero de la sentencia reclamada, pero omite transcribir las consideraciones realizadas por la Sala responsable en el mismo considerando reseñadas en el punto cuarto referido, las que no son objeto de impugnación y por tanto permanecen incólumes, subsistiendo entonces lo resuelto en relación al primer concepto de nulidad.

Bajo este contexto, el primer concepto de violación resulta inoperante por insuficiente, al no impugnar el quejoso íntegramente las consideraciones sustentadas en la sentencia reclamada para declarar infundado el primer concepto de nulidad de la demanda fiscal.

Apoya lo anterior la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 86-1, febrero de 1995, clave VI.2o. J/352, página 45, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE OMITEN COMBATIR ALGUNAS CONSIDERACIONES EN QUE SE APOYA EL ACTO RECLAMADO. SON INSUFICIENTES. Los conceptos de violación deben estar relacionados directa e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable y no las combate, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por consecuencia deben subsistir."

También sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, Tesis II.A.62 A, página 1001, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN MATERIA ADMINISTRATIVA. INOPERANTES SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL FALLO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se combaten o desvirtúan todos y cada uno de los razonamientos de la sentencia reclamada, aquéllos se consideran inoperantes, ya que aun cuando alguno fuera fundado, no sería suficiente para conceder el amparo solicitado, puesto que existen otras consideraciones de la sentencia que no se impugnaron y que este Tribunal Colegiado no puede estudiar, por ser el amparo en materia administrativa de estricto derecho; conclusión que hace innecesario el estudio de las infracciones que se aducen en los conceptos de violación, en virtud de que lo expresado en ellos carece de trascendencia jurídica, al subsistir la sentencia reclamada con base en los intocados razonamientos en que se apoya."

No pasa inadvertido, que la quejosa solicita se ordene agregar al expediente la resolución recaída al amparo directo 187/2003, del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, respecto de lo cual es preciso señalar en primer lugar, que por regla general no se admiten pruebas en la vía directa, en tanto que, el acto reclamado se debe apreciar tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo; y en segundo lugar, que la quejosa se encontraba en condiciones de solicitar dicha resolución y acompañarla a su demanda de garantías.

Independientemente de lo anterior, se estima que el concepto de violación que se analiza es infundado, pues de las constancias que obran en autos, se infiere que la autoridad tributaria ajustó su actuación a las normas que regulan el inicio del procedimiento administrativo, específicamente, a lo dispuesto por los artículos 44, fracción II y 46, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior, en tanto que dichos dispositivos legales informan expresamente lo siguiente:

"Artículo 44. En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: ... II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visitado o su representante los esperen a hora determinada del día siguiente para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se encuentre en el lugar visitado."

"Artículo 46. La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas: I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta en la que se hará constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieran conocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visitadores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisiones encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del visitado en el periodo revisado."

Y en la especie, las autoridades fiscales se ajustaron a los requisitos exigidos en dichas normas, pues como consta en autos, dejaron citatorio previo a la entrega de la orden de visita, contenida en el oficio número 324-SAT-05-I-1-1267, de veintisiete de agosto de dos mil uno, circunstanciándose en el acta de inicio, tanto la entrega del citatorio previo a la recepción de la orden, como la entrega de la misma.

Sin que legalmente exista la obligación de levantar un acta circunstanciada en la fecha en que se deja el citatorio, como indebidamente lo pretende la quejosa, en tanto que, es al elaborar el acta de inicio con motivo de la entrega de la orden de visita, cuando la autoridad debe hacer constar en forma circunstanciada, el desarrollo de la visita, y no antes, como es cuando se entrega el citatorio de espera.

Por tanto, se considera que carecen de aplicación las ejecutorias que al efecto invoca la quejosa, pues como se ha visto, la autoridad fiscalizadora no tiene obligación de elaborar acta circunstanciada, en la misma fecha en que se deje el citatorio.

En cambio, se considera fundado el segundo concepto de violación, en el que el quejoso cuestiona la determinación de la Sala responsable, en la que básicamente se sostiene que el artículo 46-A, del Código Fiscal de la Federación, contiene una facultad discrecional para ampliar la visita domiciliaria, sin que la autoridad tributaria deba invocar para su ejercicio motivación alguna, en virtud de que la única limitante para que opere tal ampliación, es que se emita por la misma autoridad, en términos del precepto citado.

Efectivamente, argumenta en esencia la impetrante de garantías, que un acto de molestia como lo constituye la orden de ampliación de una visita domiciliaria, requiere necesariamente de encontrarse debidamente fundado, con independencia de que se trate de una facultad discrecional, porque en observancia a lo previsto por el artículo 16 de la Constitución, cualquier acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, para lo cual deben expresarse las razones que sirven de sustento a la orden de ampliación de la visita domiciliaria, esto al margen de lo que dispone el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.

Teniendo así, que le asiste la razón al amparista, pues se considera que la Sala responsable analiza aisladamente el multicitado artículo 46-A del indicado ordenamiento tributario, soslayando que aun cuando la ampliación de la visita domiciliaria constituye una facultad discrecional, la autoridad no puede actuar a su arbitrio, sino que debe ajustarse al mandato constitucional previsto en el artículo 16 de la Ley Fundamental, que le impone el deber de razonar por qué consideró prudente ampliar el plazo, atendiendo para ello a la situación en que se encuentre el causante.

Es decir, que el artículo 16 de la Constitución, prevalece sobre la legislación ordinaria, aun cuando como en la especie acontece, ésta sea omisa al respecto, de ahí que el ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad fiscal, para establecer el motivo por el cual ordena la ampliación del plazo de la visita domiciliaria, se encuentra limitado por la mencionada disposición constitucional.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, clave VI.3o.A.21 A, página 1249, del siguiente tenor literal: "VISITA DOMICILIARIA, AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA. REQUIERE DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN. La ampliación del plazo que establece el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación para la conclusión de las visitas domiciliarias o de escritorio, implica el ejercicio de una facultad discrecional, que no por serlo deviene irrestricta, sino sujeta al principio de legalidad, e incluso, a control jurisdiccional, de manera que si en la determinación respectiva sólo se señala que se dispone la ampliación del plazo porque no se concluyó la visita, pero no se justifica con motivos suficientes la razón de tal proceder, como podría ser por ejemplo, lo extenso de los movimientos fiscales, la dificultad técnica para cotejar los datos aportados, la diversidad de impuestos por revisar, etcétera, la orden de que se trata resulta violatoria de la garantía de debida motivación contemplada en el artículo 16 constitucional."

En lo conducente y sustancial, respalda el criterio sustentado en este fallo la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, tesis 1a. I/2003, página 218, que dice: "VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO ESTABLECER LAS HIPÓTESIS EN QUE PUEDE AMPLIARSE EL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La circunstancia de que el segundo párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación no establezca las hipótesis en que la autoridad administrativa puede ampliar el plazo para la conclusión de una visita domiciliaria, no transgrede el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es suficiente la sola existencia de este precepto constitucional para que los requisitos de las visitas domiciliarias que prevé subsistan por encima de la legislación ordinaria, aun cuando ésta sea omisa al respecto, es decir, el ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad fiscal para establecer el motivo por el cual ordena la ampliación del mencionado plazo, se encuentra limitado por la referida disposición constitucional, al señalar la obligación que toda autoridad tiene de fundar y motivar debidamente sus determinaciones. Esto es, la discrecionalidad de la actuación de la autoridad no puede ser caprichosa o arbitraria, sino que debe ajustarse al mandato constitucional, que le impone el deber de razonar por qué consideró prudente ampliar el plazo, atendiendo a la situación o casos en que se encuentre el contribuyente. Además, el hecho de que el citado artículo 46-A del referido código no establezca los supuestos en que la autoridad pueda ampliar el plazo de una visita, no significa que su duración se extienda ilimitadamente, o que el término de la misma quede sujeto a su arbitrio, toda vez que con toda claridad dispone que el plazo de seis meses, que en principio debe durar una visita, sólo podrá ampliarse por periodos iguales hasta por dos ocasiones."

En las condiciones anteriores, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y en su lugar dicte otra, en la que reitere las consideraciones vertidas al analizar el primero y tercer conceptos de nulidad de la demanda fiscal, y analice la resolución impugnada, sobre la base de que la autoridad demandada tiene la obligación constitucional de fundar y motivar la ampliación de la visita domiciliaria, examinando para ello, los cuestionamientos que hace valer la actora en el segundo concepto de nulidad; y sobre ese único aspecto, resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, todos ellos en relación con los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se resuelve:

ÚNICO.-En los términos y para los efectos precisados en el considerando séptimo de este fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de actos que reclama de la Primera Sala Regional del Norte Centro II del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en esta ciudad, consistente en la sentencia de cuatro de julio de dos mil tres, dictada por la referida Sala en el juicio de nulidad **********.

Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a la Sala responsable, devuélvanse los autos y en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los Magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Fernando Octavio Villarreal Delgado, José Mario Machorro Castillo y Marco Antonio Arroyo Montero. Firmando el primero como presidente y el segundo como ponente.

Conforme a lo previsto en los artículos 1 a 9, 12 a 23, 27, 61 y 62 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21304-e003f929/visita-domiciliaria-la-orden-de-ampliacion-del-plazo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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