IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NO SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SOLICITA PREVIAMENTE LA TRASLACIÓN DEL TIPO A LOS PREVISTOS EN EL NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.
AMPARO DIRECTO 904/2003.
CONSIDERANDO:
QUINTO. Previo al estudio de la sustantividad en el presente juicio de garantías, este tribunal estima necesario precisar lo siguiente:
El estudio de las causas de improcedencia es una figura de orden público, y de estudio oficioso y preferente, según se desprende de la parte final del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues de actualizarse alguna de las hipótesis que para el efecto enuncia taxativamente la ley de la materia, imposibilita el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, porque su consecuencia es el sobreseimiento del juicio. Motivo por el cual debe analizarse si se actualiza alguna hipótesis que impida estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, lo aleguen o no las partes.
Encuentra sustento lo anterior en la tesis de jurisprudencia ochocientos catorce, visible en la página quinientos cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, correspondiente a la Materia Común, publicada bajo los siguientes rubro y contenido:
"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia."
En tal contexto, este Tribunal Colegiado no soslaya que el juicio de amparo es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XI, último párrafo, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, normas cuyo contenido es el siguiente:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XI. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;
"...
"Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio."
"Artículo 74. Procede el sobreseimiento:
"...
"III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior."
Ahora bien, de las constancias que integran la causa penal 189/2001, del índice del Juzgado Sexagésimo Penal del Distrito Federal, de la cual deriva el acto reclamado, se advierte que el quejoso ... promovió incidente no especificado ante el Juez de primera instancia, en el que solicitó la aplicación de la ley más favorable, con fundamento en el artículo 10 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, vigente a partir del doce de noviembre de dos mil dos, cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 10 (Principio de ley más favorable). Cuando entre la comisión del delito y la extinción de la pena o medida de seguridad correspondientes, entrare en vigor otra ley aplicable al caso, se estará a lo dispuesto en la ley más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo o haya conocido del procedimiento penal, aplicará de oficio la ley más favorable.
"Cuando el reo hubiese sido sentenciado y la reforma disminuya la penalidad, se estará a la ley más favorable."
En atención a lo anterior, el Juez de primera instancia dictó la resolución incidental de veintidós de abril de dos mil tres, mediante la cual le impuso al impetrante de amparo, por la comisión del delito de violación instrumentada (hipótesis de al que introduzca por vía vaginal cualquier elemento distinto del miembro viril, por medio de la violencia física, sea cual fuere el sexo de la víctima), la nueva pena de seis años, ocho meses, quince días de prisión, al estimar que la nueva norma que sanciona la conducta delictiva por la cual fue sentenciado el actual impetrante de amparo, concretamente el artículo 174, párrafos primero y tercero, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, le resulta más benéfica en comparación con la sanción que prescribía el artículo 265, párrafo tercero, del derogado Código Penal para el Distrito Federal de mil novecientos treinta y uno.
Del análisis sistemático de los artículos 10 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal; y 73, fracción XI y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, se desprende que no se actualiza la causal de improcedencia relativa al consentimiento expreso o manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento del acto reclamado y, en consecuencia, el sobreseimiento en el juicio de amparo directo, en virtud de la solicitud a la autoridad judicial, mediante incidente no especificado, de la traslación del tipo y aplicación de la ley más benéfica, respecto a la pena privativa de libertad impuesta en sentencia definitiva de segunda instancia, pues tal solicitud tiene el objeto de que la autoridad judicial cumpla con la obligación legal de aplicar en beneficio del sentenciado la ley que más le favorezca, cuando se abstuvo de hacerlo en forma oficiosa, no obstante la entrada en vigor del nuevo ordenamiento legal. En efecto, el consentimiento expreso del acto reclamado se actualiza cuando el quejoso manifiesta la aceptación del mismo, ya sea de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos; mientras que la existencia de manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, son aquellas que en forma indubitable denotan que el quejoso se conforma con el acto reclamado, como ocurre cuando lo acata por propia determinación, voluntariamente, sin presión por parte de las autoridades; por tanto, al no tener la finalidad de consentir expresamente la sentencia definitiva la solicitud de aplicación de la ley más benéfica, a través del incidente no especificado, ni implicar que el impetrante de amparo acepte la declaratoria judicial de existencia del delito y la plena responsabilidad penal al respecto, así como la condena impuesta, no puede estimarse consentido el acto reclamado; consecuentemente, debe analizarse la legalidad de la sentencia definitiva, tal como quedó probada y dictada ante la autoridad responsable, en la inteligencia de que el estudio de la totalidad del acto reclamado no implica dividir la continencia de la causa, en virtud de la modificación de la sanción privativa de libertad impuesta, con motivo de la aplicación de la ley más favorable para el sentenciado, pues ésta es un acto de autoridad diverso a la sentencia definitiva que puede ser reclamada en amparo indirecto.
Por consiguiente, al no actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, por no existir consentimiento del acto reclamado por parte del impetrante del amparo o manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento, lo procedente es estudiar la constitucionalidad de la sentencia reclamada.
SEXTO. El quejoso ... expresó, en síntesis, los conceptos de violación siguientes:
1. La autoridad responsable debió sancionar al quejoso de conformidad con la pena prevista en el artículo 174 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal.
2. El acto reclamado es violatorio de los artículos 414 y 415 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, porque la responsable no examinó si se aplicaron exactamente los preceptos legales correspondientes, así como la observancia de los principios reguladores de la prueba o si se alteraron los hechos.
3. La autoridad responsable valoró indebidamente las pruebas, con las cuales acreditó el delito y la responsabilidad penal del quejoso, por las consideraciones siguientes:
a) Con la pericial ginecológica se demuestra que la ofendida ... no presentó huellas de violencia en genitales; por tanto, no es creíble que a pesar de los hechos violentos y la introducción de un dedo en la vagina no presentara signos de violencia. El razonamiento subjetivo de la responsable, en el sentido de que tal pericial no demerita la validez de la imputación de la ofendida, es inexacto, pues si se considera que dicha cavidad presentaba cortes de parto, de haber existido la introducción del dedo, las cicatrices se hubieran abierto.
b) De la declaración de la ofendida ... se desprende que no les manifestó a las testigos ... que el quejoso le hubiera introducido un dedo en la vagina, solamente les comentó que le había introducido los dedos en la boca para que no gritara.
c) Al ampliar su declaración ... ante el Juez de la causa, señaló que no escuchó alguna manifestación que proviniera del domicilio de la ofendida; por tanto, es evidente que no presenció los hechos; máxime que el día de los hechos vio a la ofendida cuando ya estaba vestida.
d) Tampoco debe considerarse como testigo de hechos a ... pues de su deposado ministerial se advierte que no precisó las circunstancias temporales en las que ocurrió el hecho, además, refirió que desconocía lo que realmente sucedió. Al ampliar su declaración ante el Juez de la causa, manifestó que vio salir al quejoso tranquilamente y no se percató de que estuviera drogado, inclusive es muy tranquilo, amigable y nunca les había hecho nada.
e) En virtud de que los testimonios de ... no satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, resultan inaplicables las tesis invocadas por la responsable, cuyos rubros son: "TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SUS DECLARACIONES." y "TESTIGOS. APRECIACIÓN DE SU DECLARACIÓN."
f) Inexacta valoración del reporte psicológico practicado a la ofendida, al atribuirle la responsable el carácter de indicio incriminatorio, a pesar de que la ofendida no expresó que tenía coraje por no evitar que le metiera los dedos o la violara, solamente porque no evitó que el quejoso se metiera a su casa.
g) Indebida valoración de la fe ministerial del cinturón puesto a disposición del Ministerio Público por la ofendida, la cual señaló que le pertenecía al impetrante de amparo y lo dejó en su domicilio el día de los hechos, al no demostrarse que sea propiedad del quejoso; por tanto, no puede considerarse como un indicio.
h) Incorrecta aplicación del artículo 248 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al considerar la responsable que el quejoso no aportó prueba alguna para demostrar su negativa, pues no puede probarse lo que no hizo; además, el Ministerio Público no aportó prueba incriminatoria en su contra.
i) Es inaplicable la tesis que confiere valor a la declaración de la ofendida tratándose de delitos de realización oculta, pues ésta no se encuentra corroborada con otro medio de prueba.
4. Se actualiza la causal de atipicidad prevista en el artículo 29, fracción II, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, al no probarse el elemento del tipo relativo a la introducción de un objeto diverso al miembro viril en el cuerpo de la víctima.
5. No está plenamente acreditada la responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito de violación instrumentada.
6. Se debió procesar el quejoso por el delito de violación en grado de tentativa y no por el de violación instrumentada.
7. Se actualiza la duda absolutoria a favor del quejoso, respecto a la comisión del hecho delictivo, al no existir prueba alguna que demuestre su plena responsabilidad penal en la comisión del delito.
SÉPTIMO. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso ... son inatendibles, inoperantes e infundados.
En efecto, resulta inatendible el primero de los conceptos de violación que hace valer el impetrante, en el que refiere que debió punirse la conducta por la que resultó penalmente responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 174, párrafo tercero, del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, dado que si la autoridad responsable dictó el acto reclamado el cuatro de noviembre de dos mil dos, de conformidad con los dispositivos normativos contenidos en el Código Penal para el Distrito Federal de mil novecientos treinta y uno, el cual se encontraba vigente al momento de acontecer el evento delictivo (ocho de agosto de dos mil uno), y el ordenamiento legal invocado por el impetrante de amparo entró en vigor el doce de noviembre de dos mil dos, es evidente que la autoridad responsable no estaba en posibilidad de aplicar una ley que no se encontraba vigente, aun cuando ésta le resultara más benéfica para el quejoso por la reducción de las penas, pues sería faltar a la técnica jurídica del juicio de garantías, además de contravenir lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo, si se declarara la inconstitucionalidad del acto reclamado por la inaplicación de un ordenamiento no vigente en la época en que se emitió. Al respecto es aplicable, por similitud de razón, la tesis dictada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 288 del Tomo CXXVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes:
"LEY PENAL, VIGENCIA FORMAL DE LA, COMO DETERMINANTE DE SU EFICACIA MATERIAL. Si el Juez a quo primero y en su oportunidad el Tribunal de Alzada, declararon la culpabilidad del acusado aplicando el ordenamiento jurídico vigente cuando los hechos ocurrieron, fue juzgado con arreglo a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y por las autoridades previamente establecidas como lo disponen los artículos 14 y 16 constitucionales. De aquí se sigue, que es incuestionable la eficacia material de la ley penal, dado que ésta se determina, en principio, con arreglo a la duración de su vigencia formal, esto es, la ley se aplica a las acciones realizadas durante el tiempo de su vigencia; con la sola limitación de que su aplicación no puede tener efecto retroactivo y sólo se rompe en virtud del principio de eficacia retroactiva de la ley más benigna; lo que no ocurría en el caso que ésta no haya sido abrogada o derogada por una ley posterior que contemplaran la conducta ilícita del acusado, refiriéndola a una penalidad más atenuada."
No se soslaya el hecho de que si en la causa penal no se hubiera aplicado la ley más favorable al impetrante de amparo, este órgano de control constitucional estaría impedido para hacerlo, dado que la aplicación retroactiva de la ley en beneficio del inculpado en un proceso penal, corresponde realizarla a los juzgadores y no a los tribunales de amparo, así como a las autoridades competentes de la ejecución de la penas y medidas de seguridad, cuando ya se concluyó la segunda instancia. Sustenta lo anterior el criterio visible en la jurisprudencia 1a./J. 7/95, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 13/94, publicada en la página ciento veinticuatro, del Tomo I, correspondiente a mayo de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son:
"RETROACTIVIDAD. APLICACIÓN DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. DEBE HACERSE EN EL PROCESO PENAL POR LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL ORDINARIA COMPETENTE Y NO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. El juicio de amparo es un medio de protección del orden constitucional contra todo acto de autoridad que agravie a cualquier gobernado; la teleología que persigue es la de proteger y preservar el régimen constitucional. Jurídicamente la acción constitucional de amparo no es un derecho de acción procesal ordinaria penal, civil, laboral o administrativa, sino que es puramente constitucional, nace directamente de la Constitución (artículos 103 y 107); va encaminada a controlar el acto de autoridad que se estima violatorio de garantías y no la ley común; no tutela los intereses que en el acto jurisdiccional ordinario se han dejado a los tribunales comunes, sino que va dirigida a hacer respetar la Ley Suprema cuando la autoridad ha rebasado sus límites. Con el amparo judicial los tribunales de la Federación, al conocer de los respectivos juicios, amplían su esfera de competencia hasta el grado de convertirse en revisores de los actos de todas las autoridades ordinarias judiciales, sin que ello implique que pueden sustituirse en funciones propias de estas últimas sino sólo hasta el límite de analizar las violaciones de procedimiento o de fondo que en su caso ellas hubieran cometido, por lo que propiamente deben estudiar el problema jurídico planteado ante este tipo de autoridades de acuerdo con las normas que rijan la materia y resulten ser las aplicables en el tiempo y en el espacio, estableciendo así el consiguiente control constitucional previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales; por ende, el juicio de amparo, además de ser un medio de impugnación constitucional (lato sensu), es también un medio de control de legalidad. Así las cosas, atendiendo a su naturaleza, las sentencias de amparo sólo deben decidir sobre la constitucionalidad del acto que se reclama y nunca sobre cuestiones cuya decisión compete a los tribunales ordinarios, sean del fuero común o del fuero federal. Así, cuando un órgano jurisdiccional de amparo conoce de un acto reclamado que proviene de un proceso penal, no puede sustituirse en funciones propias de la autoridad responsable, a saber: en determinar de manera directa si una conducta es constitutiva de delito o no, declarar sobre la responsabilidad o irresponsabilidad del acusado o imponer las penas y medidas de seguridad establecidas en las leyes respectivas, pues lo único que debe de analizar es la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado en cuanto a la aplicación exacta y puntual de las leyes adjetiva y sustantiva correspondientes por razones de materia, ámbito territorial y tiempo, en relación con las garantías de seguridad jurídica y legalidad previstas en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Carta Magna. Luego, como el juicio de garantías no es una instancia más en el proceso penal y como al juzgador constitucional de amparo no corresponde calificar ni sancionar en su caso la conducta del acusado, procesado o sentenciado, él no debe, al estudiar la constitucionalidad del acto reclamado, aplicar una ley diferente a la que estuvo en vigor al emitir dicho acto, pues de esta manera ya no estaría juzgando la conducta de la autoridad responsable, que se estima violatoria de garantías, sino sustituyéndose en funciones específicas de ésta y, por ende, creando una instancia más dentro del proceso penal, con el consecuente quebrantamiento del orden jurídico y la tergiversación de la esencia y los fines del juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el que, en términos del artículo 14 constitucional y de diversas leyes sustantivas, esté permitida la aplicación retroactiva de la ley penal cuando ésta beneficie al quejoso y no se lesionen derechos de tercero, pues la aplicación de tal ley debe hacerse siempre por autoridad competente y dentro del proceso penal, o el procedimiento de ejecución, según corresponda, pero nunca en el juicio de garantías; lo cual no implica dejar en estado de indefensión al interesado, porque en caso de que hubiera concluido la segunda instancia, la autoridad competente de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, aun de oficio, deberá aplicar la ley más favorable al sentenciado."
Por otra parte, debe destacarse el hecho de que el quejoso en el contenido de la demanda de amparo señaló que el acto reclamado es violatorio del artículo 19 de la Constitución Federal; afirmación que resulta inoperante, en virtud de que este precepto regula el dictado del auto de plazo constitucional, pero no los requisitos que debe cumplir la sentencia definitiva impugnada en esta vía; inclusive, las posibles violaciones que se hubieran cometido, respecto de las cuales el solicitante de protección constitucional no expresó argumento alguno, quedaron consumadas de modo irreparable con el dictado de la sentencia de primer grado, en la que se declaró la acreditación del delito y la responsabilidad penal del quejoso en la comisión del delito de mérito.
Ahora bien, contrario a lo argumentado por el quejoso, del estudio de la sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil dos, por la Octava Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, este Tribunal Colegiado advierte que no irroga violación alguna a las garantías del quejoso la correcta justipreciación del acervo probatorio que obra en la causa de origen, en términos de los artículos 253, 254, 255 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, realizada por la autoridad responsable, pues se ajustó a los principios de legalidad y a los reguladores de valoración de las pruebas; máxime que al enlazar de manera lógica y jurídica los medios de prueba existentes en la causa, conformó legalmente la prueba circunstancial, la cual tiene eficacia jurídica plena, de conformidad con el numeral 261 del código adjetivo de la materia y fuero, con el objeto de generar el respectivo juicio de reproche en contra de ... por resultar aptos y suficientes para comprobar el delito de violación instrumentada, previsto y sancionado en el artículo 265, párrafo tercero (hipótesis de al que introduzca por vía vaginal cualquier elemento distinto del miembro viril, por medio de la violencia física, sea cual fuere el sexo de la víctima), del Código Penal para el Distrito Federal vigente al ocurrir el hecho (ocho de agosto de dos mil uno), que a la letra establecía:
"Artículo 265. ...
"Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a catorce años, al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido."
En el contexto analizado, la autoridad responsable legalmente consideró acreditado el delito en cuestión, en términos de los artículos 122 y 124 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al ponderar los medios probatorios existentes en la causa, de los cuales resaltó la declaración ministerial de la ofendida ... ratificada ante el Juez de primera instancia, de la cual, esencialmente, se desprende que: aproximadamente a las quince horas del ocho de agosto de dos mil uno entró a su domicilio el inculpado, quien la sujetó del cuello, la tiró y la golpeó en la cara, luego le quitó el pantalón y el calzón; posteriormente, se le encimó y le introdujo los dedos en la vagina; para detener la agresión de la que era víctima lo pateó y después salió de su domicilio a pedir ayuda. Medio de convicción incriminatorio el cual fue correctamente apreciado por la autoridad responsable, al estimar que se trata de una denuncia corroborada por otros elementos de prueba, los cuales la hacen fidedigna, no obstante que se refiere a la comisión de un delito de índole sexual, cuya realización es oculta, pues no se advierte que haya declarado en contra del impetrante de amparo por motivos de odio, rencor u obligada moral o físicamente.
La anterior imputación fue legalmente robustecida por la responsable con la declaración ministerial de la testigo ... ratificada ante el Juez de primer grado, de la cual, sustancialmente, se desprende que: en las circunstancias eventuales y temporales del hecho, escuchó cuando azotaron una puerta y enseguida ... le comenzó a gritar al inculpado que la soltara, por tal motivo salió de su domicilio para ayudarla, pero se percató de que la puerta de su casa estaba cerrada y también que estaban en el lugar algunos amigos del inculpado, ante dicha circunstancia fue a solicitar ayuda de una patrulla, pero al regresar encontró abierta la puerta de la casa de ... quien le comentó que el inculpado le había pegado en la cara e intentado violar. Así como con la testimonial de ... de la cual, en síntesis, se desprende que: el día de los hechos ... le informó que el inculpado estaba en la casa de ... al acudir a dicho lugar se percató que ... salió de su casa y le pidió que la ayudaran, pero solamente vestía una blusa, después salió el inculpado, a quien no pudo detener. Medios de prueba a los que correctamente la responsable otorgó el valor probatorio de testimoniales, en términos del artículo 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, habida cuenta de que sus producentes poseen aptitud testimonial acorde a la ley, ante la ausencia de alguna causa legal que los inhabilite para rendir su testimonio, por lo cual, sus aseveraciones resultan aptas y suficientes para acreditar, con los acontecimientos sometidos a juicio, que efectivamente se concretó la conducta prohibida por la ley, realizada por el sujeto activo, quien a través de la violencia física le introdujo a la ofendida un elemento distinto del miembro viril, específicamente, uno de sus dedos.
Elementos de convicción que fueron concatenados a consideración de la responsable con el dictamen de integridad física, peso, talla y el ginecológico, del que, esencialmente, se aprecia que ... presentó diversas lesiones en el cuerpo, consistentes en escoriación de un centímetro de diámetro del lado derecho de la nariz, escoriación lineal de un centímetro en región ciliar derecha, equimosis rojiza de un centímetro con cincuenta milímetros en cara lateral derecha de cuello; así como equimosis vinosas en hombro izquierdo, brazo izquierdo, tercio superior, cara anteroexterna, hombro derecho, región axilar derecha, antebrazo izquierdo, tercio medio, cara anterior, en tórax posterior derecho e izquierdo, en cicatriz umbilical, siendo la mayor de trece centímetros y la menor de ocho milímetros; laceraciones de la mucosa del labio superior y del paladar blando; las cuales fueron clasificadas pericialmente como aquellas que por su naturaleza no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince días, y de acuerdo a su análisis ginecológico se advirtió que era púber y presentaba himen reducido a carunculas mirtiformes; así como el reporte psicológico inicial, del cual se desprende que la denunciante presentó sintomatología asociada a los hechos, consistentes en alteraciones en alimentación y sueño, miedo y coraje hacia el sujeto activo, además de inseguridad por tenerlo de vecino e impotencia por no haber podido evitar que se metiera a su casa; elementos de convicción que justipreció la responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, otorgándoles legalmente valor probatorio, en atención al principio de libre valoración de dicho medio de prueba.
De igual manera, la Sala responsable adminiculó a los anteriores medios de prueba la inspección ministerial del lugar de los hechos, consistente en el inmueble ... del andador ... colonia ... delegación ... y la fe ministerial de un cinturón sin marca, negro, con hebilla metálica, con la figura de una guitarra y la leyenda ... medios de prueba que fueron debidamente valorados por la Sala responsable, al tenor de lo dispuesto por el artículo 253 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, por tratarse de diligencias practicadas por el órgano ministerial, acorde a las formalidades establecidas por la ley.
Sin soslayar lo declarado ante el Juez de la causa por el quejoso ... de quien la responsable adecuadamente estimó que su negativa, en relación con la comisión del hecho delictivo, no es suficiente para desvirtuar la serie de indicios incriminatorios que en su contra aportó la representación social.
Conforme con lo anterior, la responsable correctamente consideró acreditado el conjunto de elementos que constituyen el delito referido, al ponerse de manifiesto de forma inequívoca, como lo estableció en la sentencia reclamada, que el sujeto activo, actual quejoso ... aproximadamente a las quince horas del ocho de agosto de dos mil uno, en el inmueble ... del andador ... colonia ... delegación ... en esta ciudad, por sí mismo, a través de la violencia física, introdujo en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, un elemento distinto al miembro viril; lo cual aconteció cuando el sujeto activo golpeó a la ofendida ... y la tiró, luego le quitó el pantalón y la pantaleta, para enseguida introducirle uno de sus dedos en la vagina; evento fáctico con el cual se actualizó la conducta verbo núcleo del tipo penal de violación instrumentada, así como se vulneró el bien jurídico tutelado por la norma penal que lo prevé, consistente en la libertad sexual de las personas, en el caso concreto, de la ofendida ...
En relación con la plena responsabilidad penal del sentenciado ... fue legal que el órgano jurisdiccional responsable en forma acertada la tuviera por demostrada como autor material directo del delito que se le atribuyó, en términos de la fracción II del artículo 13 del Código Penal para el Distrito Federal, vigente al momento de acontecer el evento delictivo (ocho de agosto de dos mil uno), al determinar que los hechos probados, conforme a los medios de convicción previamente justipreciados y según las reglas legales aplicables, encuadran debidamente en la figura delictiva prevista y sancionada en el artículo 265, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal vigente al ocurrir el hecho (ocho de agosto de dos mil uno), que describe el tipo penal de violación instrumentada; además, al acreditarse que el ahora quejoso ... fue quien lesionó la libertad sexual de la ofendida ... pues a través de la violencia física le introdujo por vía vaginal un elemento diverso al miembro viril, específicamente, uno de sus dedos; por tanto, es evidente que no se actualizó a su favor algún aspecto negativo de la culpabilidad en términos de las fracciones VII, VIII y IX del artículo 15 del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la época de comisión del hecho delictivo, dado que no aparece que exista causa de justificación, de inculpabilidad o de exclusión del delito, o se encuentra fundado el juicio de reproche en su contra; de igual forma resulta legal que la responsable tuviera por acreditada la realización dolosa de la acción típica, en términos del párrafo primero del artículo 9o. del código punitivo en mención, en virtud de la mecánica en que se desarrollaron los hechos, que según se ha dicho, fueron ejecutados por el quejoso, quien actuó por sí, para realizar el delito de manera directa y
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18043-c437e153/improcedencia-del-juicio-de-amparo-directo-no-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SENTENCIA PENAL. SU FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEBE ANALIZARSE A LA LUZ DEL ARTÍCULO 14 Y NO DEL DIVERSO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. (AMPARO DIRECTO)
- ROBO. NO ES APLICABLE LA SANCIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 369 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SI POR NEGLIGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO SE OMITE VALORAR EL OBJETO DEL (AMPARO DIRECTO)
- DELITO IMPRUDENCIAL COMETIDO CON MOTIVO DE UN HECHO DE TRÁNSITO. EL DICTAMEN PERICIAL NO ES EL ÚNICO MEDIO PARA DEMOSTRAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL ACUSADO (CÓDIGO DE DEFENSA (AMPARO DIRECTO)
- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ANTECEDENTES PENALES PARA DETERMINAR EL GRADO DE CULPABILIDAD DEL SENTENCIADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS). (AMPARO DIRECTO)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO EN MATERIA CIVIL. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO. (s/clave)
- AMPARO DIRECTO (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis