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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE VISITA DE VERIFICACIÓN EJECUTADA EN UN SOLO MOMENTO [INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 2/2012 (10a.)].

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 195/2023. · Registro digital (IUS): 32180
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-02-23
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y CUARTO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 34, Febrero de 2024, Tomo III, Pág.3184.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 195/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y CUARTO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 14 DE DICIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. DISIDENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIO: JOSÉ MIGUEL ALVAREZ MUÑOZ.

I. Competencia.

1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, porque así lo determinó la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo y noveno, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por tratarse de criterios sostenidos por tribunales colegiados pertenecientes a los Circuitos Octavo y Trigésimo, que corresponden a la Región Centro-Norte, en asuntos de la materia administrativa.

II. Legitimación.

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente en la época de la denuncia, ya que se formuló por el autorizado de la parte quejosa recurrente en el amparo en revisión 576/2023 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito y apoderado legal de la parte quejosa recurrente en el amparo en revisión 105/2021 del índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, que participan en esta contradicción.(4)

III. Criterios denunciados.

3. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, al resolver el amparo en revisión administrativo 576/2022 en sesión de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.

4. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al fallar el amparo en revisión administrativo 105/2021 en sesión de cuatro de mayo de dos mil veintidós.

IV. Amicus curiae.

5. En el oficio recibido de manera física en este pleno regional el veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés se expresaron, esencialmente, las consideraciones siguientes en cuanto al tema en disputa:

"Se considera que en el presente asunto no existe contradicción de criterios, ni la existencia de punto de toque, en virtud que ambos tribunales colegiados de circuito, aplicaron la jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.), emitida por el Pleno de la SCJN, en el mismo sentido y solo uno de ellos, concluyó que habían concluido los efectos de la orden de visita y por ende ya no era procedente el amparo; sin que para tal efecto hayan realizado una interpretación distinta de la jurisprudencia en cita, lo anterior es así, toda vez que únicamente en el amparo en revisión 105/2021, se resolvió sobre el plazo para promover el amparo indirecto en contra de la orden de visita de verificación ordinaria tomando en cuenta que la orden de visita fue concluida y ejecutada el mismo día en que se levantó el acta de inspección.

"A efecto de dilucidar lo anterior, se estima conveniente traer a colación lo resuelto en la contradicción de tesis 1/2008-PL que dio origen a la jurisprudencia de mérito, en la que se determinó:

"‘Consecuentemente, resulta que la orden de visita domiciliaria, al formar parte de ese procedimiento administrativo, es un acto de molestia no solo al domicilio, sino también a la persona, a la familia, a los papeles y a las posesiones, así como a la privacidad e intimidad; además de poder tener como efecto la privación de la libertad personal, por la comprobación de la comisión de delitos fiscales, motivo por el cual, es susceptible de afectar en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constitución Federal, como es, entre otros, la inviolabilidad de su domicilio, por lo que se requiere la existencia de un medio de control constitucional para constatar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos previstos en la Constitución Federal y en las leyes secundarias.

"‘...

"‘Por ende, la orden de visita se puede impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, lo cual no implica la imposibilidad de plantear posteriormente en el juicio de amparo, promovido contra la liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, al tenor de los párrafos tercero y cuarto de la fracción XII del artículo 73 de la Ley referida, los vicios constitucionales o legales que pudiese tener la señalada orden cuando no haya sido motivo de pronunciamiento en diverso juicio de amparo.

"‘...

"‘En consecuencia, resulta inexistente la razón objetiva para considerar que ese acto autoritario, como cualquier otro que pudiera tener como consecuencia la afectación directa de derechos sustantivos, tuviera que ser soportado por el gobernado hasta la conclusión de la visita, no obstante su posible inconstitucionalidad, pues los efectos de la invasión del domicilio o de la intimidad para revisar la información del contribuyente puede afectar derechos fundamentales y a la postre, causar perjuicios en la esfera jurídica de los particulares;’

"Criterio que ninguno de los dos tribunales colegiados deja de aplicar, solamente que en un caso se decidió que la ejecución de la orden de visita había concluido sus efectos y por ende, conforme a la jurisprudencia, no daba lugar a la procedencia del juicio de amparo.

"De considerar que sí existe contradicción, se estima que la conclusión alcanzada en el proyecto público, rebasa los extremos que la jurisprudencia arriba citada de nuestro más Alto Tribunal reflejó. Esto es así, puesto que el punto de contradicción reflejado en el párrafo 19, es sobre si procede el juicio de amparo indirecto promovido en contra de una orden de visita domiciliaria que ya fue ejecutada. y bajo la estimación de esta representación, ambos colegiados aplican la jurisprudencia en el mismo sentido. Solo que uno de ellos, en el A.R. 105/2021, considera que la conclusión de la orden de visita impide la procedencia del juicio, mientras que el diverso tribunal colegiado, en el amparo en revisión 526/2022 concluye que el efecto de la visita no ha concluido con su ejecución.

"Es decir, el debate se suscita solo en la interpretación de la tesis de jurisprudencia citada; por lo que con base en ello a partir del numeral 39 en adelante comienza a hacer un análisis del contenido del criterio jurisprudencial, extendiendo lo resuelto por nuestro Máximo Tribunal, al grado de determinar que el amparo es procedente contra la orden de visita domiciliaria o de inspección aun cuando el juicio se promueva una vez que su ejecución haya concluido; decisión que no alcanzó el criterio jurisprudencial emitido por la SCJN.

"Sobre el particular, es importante precisar que se estima que la decisión de proyecto público excede las facultades de las cuales se encuentra dotado ese cuerpo colegiado, al otorgar a la jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.) de un mayor alcance al resuelto por nuestro más Alto Tribunal.

"En ese sentido, se estima que no es procedente que una discrepancia que tiene su origen en los alcances de la mencionada jurisprudencia sea estudiada y resuelta como contradicción de criterios ni mucho menos pretender extender el alcance de la misma, puesto que como se ha indicado, en el proyecto público de la contradicción de criterios 195/2023, se señala que en la misma toca esclarecer el alcance de las expresiones:

"• y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio;

"• que no hayan cesado los efectos de la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio.

"De igual manera, en el párrafo 51 del proyecto público igualmente cita una analogía con el principio de no discriminación que se estima no tiene aplicación al caso.

"Adicional a lo anterior, se estima que existe incongruencia del párrafo 68 con la pregunta formulada en el diverso 69, pues no debe confundirse la ejecución de una orden de visita, con su conclusión, en atención a que la ejecución inicia con el acto de notificación, por lo que de la manera en que se encuentra planteada y redactada se entiende que el amparo es procedente en ese supuesto, sin que al respecto lleve inmersa la conclusión, considerando que en esos dos párrafos se está arribando a conclusiones distintas."

V. Existencia de la contradicción de criterios.

6. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

7. En el caso, existe una contradicción de criterios entre los sostenidos por los Tribunales Colegiados Tercero en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito; y Cuarto del Trigésimo Circuito, al resolver los amparos en revisión administrativa 576/2022 y 105/2021, respectivamente.

8. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, en una parte del fallo, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver fallo

9. El Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

10. De esta relatoría se desprende, en lo esencial, la siguiente información:

Ver información

11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este requisito se satisface porque los tribunales decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de una orden de visita domiciliaria de verificación que ya fue ejecutada.

12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, pues ambos analizaron supuestos fácticos similares.

13. En efecto, en ambos juicios se reclamaron órdenes de visita de inspección que fueron notificadas y ejecutadas en su totalidad el mismo día, según se advierte de la siguiente información:

Ver cuadro

14. No obsta para considerar que existe un punto de encuentro entre ambos criterios, que las visitas provinieran de procedimientos administrativos diversos, porque el problema jurídico examinado fue el mismo.

15. En efecto, examinaron la cuestión planteada a partir del alcance y aplicación de la tesis de jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.), de rubro siguiente: "ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN."

16. Sirve de apoyo a esta consideración la tesis aislada P. V/2011(6) de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE AUN CUANDO LOS CRITERIOS DERIVEN DE PROBLEMAS JURÍDICOS SUSCITADOS EN PROCEDIMIENTOS O JUICIOS DISTINTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DEL MISMO PROBLEMA JURÍDICO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, determinó que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho; sin que para determinar su existencia el esfuerzo judicial deba centrarse en detectar las diferencias entre los asuntos, sino en solucionar la discrepancia. Asimismo, en la tesis P. XLVII/2009, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.’, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que ante situaciones en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a dar certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. En esa medida, puede determinarse válidamente la existencia de una contradicción de tesis no obstante que los criterios sostenidos por los tribunales participantes deriven de problemas jurídicos suscitados en procedimientos o juicios de naturaleza distinta, siempre y cuando se trate, precisamente, del mismo problema jurídico."

17. Sin embargo, llegaron a conclusiones disímiles porque uno, consideró procedente el juicio de amparo indirecto con apoyo en la tesis de jurisprudencia referida; mientras que el otro, estimó que de conformidad con la tesis de jurisprudencia citada, la orden de visita se puede impugnar de inmediato vía amparo indirecto y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, lo que ocurrió en el caso analizado, por lo que si la demanda de amparo se promovió después de ejecutada esa orden, ésta es improcedente.

18. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis de rubro siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE DERIVAR DEL SENTIDO Y ALCANCE QUE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO LE DEN A UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."(7)

19. Desde luego, no pasa inadvertido que ambos tribunales estudiaron, además, otras reglas como las relativas a la impugnación de actos intraprocesales que afectan derechos sustantivos y a los actos consumados de modo irreparable, pero el punto de contradicción se suscita solo en la interpretación de la tesis de jurisprudencia citada.

20. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes,(8) cabe la pregunta siguiente: Conforme a la tesis de jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.), ¿es procedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de una orden de visita domiciliaria o de inspección administrativa que ya fue ejecutada en un solo momento?(9)

21. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito al resolver el amparo en revisión administrativo 576/2022 y el emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al fallar el amparo en revisión administrativo 105/2021.

22. No pasa inadvertido el pronunciamiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito respecto de la improcedencia del juicio de amparo promovido en contra del acta de visita al estimar que no constituye un acto de imposible reparación en términos del numeral 61, fracción XXIII en contexto con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo –aplicado en sentido contrario–, en virtud de que, sobre ese acto reclamado, el Cuarto Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito estimó inoperantes los agravios porque el recurrente no combatió las razones que el juzgado de distrito tomó en consideración para estimar la improcedencia del juicio biinstancial, tal como se advierte de la siguiente transcripción:

"... se afirma que en el caso concreto no existe causa de pedir en los agravios formulados por la parte quejosa, por lo que hace al acta circunstanciada combatida, pues las manifestaciones que expresó en el sentido de que no eran correctas tales consideraciones, se encuentran enfocadas contra el sobreseimiento que se decretó pero en torno al diverso acto reclamado, consistente en la orden de visita de verificación ordinaria ... de diecinueve de agosto de dos mil veinte, emitida por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Reguladora de Energía, de la cual, en el considerando anterior se hizo ver la improcedencia del juicio de amparo (por una causa distinta a la analizada en la sentencia impugnada) y, por ende, la imposibilidad jurídica para analizar de fondo sus pretensiones.

"De ahí que, si la moral quejosa no formula argumentos concretos en los que haga ver que se haya emitido alguna consideración incorrecta, incongruente o insuficiente en la sentencia recurrida, en torno al acta circunstanciada ... de veintiuno de agosto de dos mil veinte, ello implica que este tribunal colegiado no esté en aptitud jurídica de realizar un estudio de fondo del sobreseimiento decretado por ese acto reclamado; por lo que al no manifestarse de manera concreta cuál es la afectación que le provoca el fallo impugnado en relación con el acta circunstanciada y tomando en cuenta que en el caso no opera la figura de la suplencia de la queja deficiente en favor de la quejosa, esos argumentos devienen inatendibles, pues es de estricto derecho el estudio de su inconformidad.

"En tales condiciones, no resultan atendibles las jurisprudencias y tesis aisladas que invoca la impetrante, pues si no combate eficazmente las consideraciones que conforman la sentencia reclamada, no es jurídicamente posible analizar su pretensión únicamente con base en esos criterios, dado que se reitera que, no se encuentra beneficiada por la figura de la suplencia de la queja deficiente de conformidad con el numeral 79 de la Ley de Amparo."

23. En ese sentido, no puede sostenerse la existencia de una contradicción, de acuerdo con el criterio sentado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2023(10) de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS. NO EXISTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES SOLO SE LIMITA A CONFIRMAR LO DETERMINADO POR EL JUEZ DE DISTRITO ANTE LA INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SIN EMITIR UN CRITERIO PROPIO.

"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes al analizar la temporalidad entre las firmas de documentos dubitables e indubitables que se presentan para cotejo ante un perito, a efecto de que emita su dictamen en materia de grafoscopía; uno de los Tribunales estableció la necesidad de que los documentos base del cotejo sean contemporáneos al cuestionado para resultar idóneos, mientras que el otro Tribunal, ante la inoperancia de los agravios, solo confirmó lo considerado por el Juez de Distrito en el sentido de que era irrelevante la contemporaneidad de las firmas en los documentos. "Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que no existe la contradicción de criterios denunciada, pues si bien los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al analizar la temporalidad entre las firmas de documentos dubitables e indubitables que se presentan para cotejo ante un perito, a efecto de que emita su dictamen en materia de grafoscopía, lo cierto es que de sus resoluciones no se advierte un punto de toque o contacto, pues no se pronunciaron sobre el mismo problema jurídico, sino que sus resoluciones fueron disidentes porque uno de ellos, ante la inoperancia de los agravios expuestos, solo confirmó lo considerado en la sentencia recurrida en la que se estimó irrelevante la contemporaneidad de las firmas; mientras que el otro avaló lo resuelto por el Juez de Distrito, al determinar que era ajustada a derecho la consideración en el sentido de que la falta de contemporaneidad de las firmas para el cotejo en la pericial en materia de grafoscopía, cuando se promueve un incidente de falsedad de firma en el juicio de amparo, es un motivo suficiente para concluir que carecen de idoneidad; luego es evidente que no existe discrepancia de criterios entre los Tribunales Colegiados de Circuito en torno a ese punto de derecho, sino en todo caso entre un Juez de Distrito y un Tribunal Colegiado; y, por tanto, la contradicción de criterios resulta inexistente.

"Justificación: Los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen que la contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito, solo puede suscitarse entre lo que resuelvan al sustentar criterios contradictorios en los asuntos de su competencia; en ese tenor, no es dable actualizar esa oposición cuando uno de los Tribunales Colegiados contendientes declaró la firmeza de una sentencia pronunciada por un Juez de Distrito, ante la inoperancia de los agravios expuestos, pues en dicho supuesto es inconcuso que el órgano colegiado no emite un pronunciamiento en el que destaque su criterio. Por ello, las consideraciones que sustentan la sentencia que confirma, producirían más bien una contradicción entre la sentencia del Juez de Distrito y la del diverso Tribunal Colegiado de Circuito que contiende, hipótesis que no se encuentra prevista para la procedencia del estudio de una contradicción de criterios, motivo por el que ésta debe declararse inexistente."

24. Así como la tesis aislada 2a. CLXXIII/2001(11) cuyo rubro y texto dicen así:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES, AL RESOLVER, DECLARA INOPERANTES LOS ARGUMENTOS RELATIVOS Y EL OTRO LOS ESTUDIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo que regulan específicamente las hipótesis en que existe contradicción entre las tesis o criterios jurídicos sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito y del contenido de la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha interpretado dichos artículos, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, se sigue que se presenta la contradicción o discrepancia entre tesis o criterios jurídicos, siempre que exista oposición entre ellos respecto de una misma cuestión jurídica; que dicha oposición se suscite en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas y, además, que los criterios en oposición deriven del examen de los mismos elementos. Consecuentemente, cuando uno de los tribunales en conflicto no entra al fondo de la controversia planteada, por haber declarado inoperantes los argumentos expuestos en la instancia relativa y el otro órgano colegiado sí aborda la litis propuesta, es claro que no se da la oposición de criterios, ya que en las sentencias de los Tribunales Colegiados de Circuito no se examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, ni se sostuvieron criterios contradictorios, por lo cual debe declararse que no existe contradicción de tesis."

25. Finalmente, respecto de los argumentos hechos valer por la autoridad fiscal en su escrito de amicus curiae relativos a la inexistencia de la contradicción de criterios, basta decir que la decisión de tener por existente la presente contienda se desarrolló en el presente considerando, mientras que las restantes manifestaciones guardan relación con el contenido del proyecto publicado inicialmente.

V. Estudio.

26. Como ya se estableció, los criterios en contradicción versan sobre la interpretación del criterio sentado en la tesis jurisprudencial P./J. 2/2012,(12) que es del tenor siguiente:

"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. Conforme al principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la orden de visita domiciliaria expedida en ejercicio de la facultad del Estado para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes debe: a) constar en mandamiento escrito; b) ser emitida por autoridad competente; c) contener el objeto de la diligencia; y, d) satisfacer los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. Ahora bien, en virtud de dicho mandamiento, la autoridad tributaria puede ingresar al domicilio de las personas y exigirles la exhibición de libros, papeles o cualquier mecanismo de almacenamiento de información, indispensables para comprobar, a través de diversos actos concatenados entre sí, que han acatado las disposiciones fiscales, lo que implica la invasión a su privacidad e intimidad. En esa medida, al ser la orden de visita domiciliaria un acto de autoridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos fundamentales del visitado durante su práctica, ya sea que se verifique exclusivamente en una diligencia o a través de distintos actos vinculados entre sí, debe reconocerse la procedencia del juicio de amparo para constatar su apego a lo previsto en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias, con el objeto de que el particular sea restituido, antes de la consumación irreparable de aquellos actos, en el goce pleno de los derechos transgredidos por la autoridad administrativa. Por ende, la orden de visita se puede impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, lo cual no implica la imposibilidad de plantear posteriormente en el juicio de amparo, promovido contra la liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, al tenor de los párrafos tercero y cuarto de la fracción XII del artículo 73 de la Ley referida, los vicios constitucionales o legales que pudiese tener la señalada orden cuando no haya sido motivo de pronunciamiento en diverso juicio de amparo."

27. Un primer acercamiento a este criterio jurisprudencial revela que se trata de un pronunciamiento sobre las órdenes de visita domiciliaria que pueden desarrollarse en un período de hasta doce meses, con las excepciones de dieciocho meses y dos años previstas en el numeral 42-A del Código Fiscal de la Federación.(13)

28. En los casos examinados por los tribunales contendientes, como ya quedó expuesto, no se reclamaron órdenes de visita domiciliaria de naturaleza fiscal, sino de naturaleza administrativa regidas por diversas legislaciones (una en materia de sanidad animal y otra en materia de energía).

29. Sin embargo, este pleno regional coincide con los tribunales contendientes en el sentido de que las consideraciones sentadas en la tesis jurisprudencial antes transcrita son aplicables por igualdad de razón a visitas de inspección previstas en ordenamientos diversos del fiscal, ya que, en esencia, todas encuentran su fundamento o sus límites en el artículo 16 constitucional, todas se traducen en una intromisión en el domicilio de la persona visitada y en su ámbito de privacidad en lo que se refiere a papeles y posesiones; y todas, por su propia naturaleza, pueden dar lugar a la tramitación de procedimientos que culminarán con una resolución que podrá imponer ciertas obligaciones o consecuencias al visitado.

30. En efecto, desde décadas atrás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el artículo 16 constitucional sirve de fundamento para la realización de visitas domiciliarias fiscales y visitas de inspección en el domicilio de las personas o en instalaciones equiparadas a éste, e incluso, en aquellos supuestos en que por disposición legal deban observarse sus lineamientos en las visitas de verificación administrativa en espacios distintos del domicilio, como aparece de las tesis que enseguida se reproducen:

"VISITAS A LOS COMERCIOS. SON EQUIPARABLES A LAS VISITAS DOMICILIARIAS. Los reglamentos de policía abarcan todas aquellas disposiciones dictadas con el objeto de que las autoridades administrativas vigilen la conducta de los particulares, a fin de que ésta se ajuste a las normas legales de orden público y de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32180-5e23b230/juicio-de-amparo-indirecto-es-improcedente-contra-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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