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Modo: Corpus Pro

VALOR AGREGADO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 2o.-A, FRACCIONES I, INCISO G), Y II, INCISO D), DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, SI SE RECLAMA CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN EN EL ACTA FINAL DE VISITA DOMICILIARIA EMITIDA EN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DERIVADO DE LA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL TRIBUTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2016. · Registro digital (IUS): 27483
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-11-24
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTR
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo III, Pág. 1746.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RENÉ OLVERA GAMBOA, TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, ROBERTO CHARCAS LEÓN, ÓSCAR NARANJO AHUMADA Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. DISIDENTE: JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ. PONENTE: TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA. SECRETARIO: GUILLERMO GARCÍA TAPIA.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión del once de septiembre de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis **********; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficialía Común de Partes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, **********, abogada autorizada en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de **********, denunció la posible contradicción de criterios, entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (ahora Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito), al resolver el amparo en revisión 698/2016-A (expediente electrónico) de su índice, relativo al amparo en revisión 229/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y, el sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar el amparo en revisión 149/2016.

SEGUNDO.-En acuerdo de cuatro de enero de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, admitió a trámite la denuncia relativa; ordenó formar y registrar el expediente con el número de contradicción **********; tuvo al presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informando que el criterio sustentado en el amparo en revisión 149/2016, de su índice, se encuentra vigente; requirió a los presidentes de los tribunales contendientes, al Quinto y al ahora Sexto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que remitieran copia certificada de los amparos en revisión 149/2016 y 698/2016-A (expediente electrónico); asimismo, solicitó al presidente del citado Sexto Tribunal Colegiado, que informara si el criterio sustentado en dicho asunto, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

TERCERO.-En proveído de trece de enero de dos mil diecisiete, se tuvo a la secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, allegando copia certificada del expediente relativo al recurso de revisión 149/2016, de su índice.

Mediante auto de diez de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo al presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, allegando copia certificada de la ejecutoria dictada en el expediente electrónico, relativo al amparo en revisión 698/2016-A, de su índice -amparo en revisión 229/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito-.

Por acuerdo de treinta y uno de marzo siguiente, se tuvo a los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, manifestando que el criterio sustentado, continúa vigente y se ordenó turnar el asunto al Magistrado Tomás Gómez Verónica, para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es legalmente competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.

No pasa inadvertido para este Pleno de Circuito, que uno de los órganos contendientes fue un Tribunal Colegiado Auxiliar, los cuales tienen jurisdicción en todo el territorio nacional; sin embargo, en el presente caso, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, resolvió el amparo en revisión (expediente electrónico 698/2016-A), en contradicción, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y, en ese supuesto, el Tribunal Colegiado Auxiliar, asumió la jurisdicción del órgano judicial al que prestó apoyo, por lo que se considera que dicho asunto pertenece al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado y, por tanto, el Pleno de ese Circuito es competente para conocer de la posible contradicción de criterios que se suscite con motivo de éstos; lo anterior, conforme lo dispuso la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1656 y, de título y subtítulo: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por conducto de la abogada autorizada de la quejosa en ambos asuntos, quien promovió los recursos de revisión principal 229/2016, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y 149/2016, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que constituyen los criterios en posible contradicción.

TERCERO.-Las consideraciones de las ejecutorias que originaron la denuncia de la contradicción de tesis, son las siguientes:

El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco (ahora Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito), al resolver, en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, el amparo en revisión expediente electrónico 698/2016-A, determinó lo siguiente:

"Son infundados los citados motivos de agravio, porque contrario a lo alegado por la parte inconforme, si bien en la sentencia de amparo se aprecia que el Juez Federal, en primer lugar, analizó el acta final de visita de veintinueve de abril de dos mil quince, y no así la expedición, refrendo y publicación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, específicamente el artículo 2o.-A, inciso g), fracción I y el inciso d), fracción II, no es contrario a derecho, ya que cuando se promueve un juicio de amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, el Juez no podía desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio a la quejosa, como se verá.-En efecto, en la sentencia de amparo se advierte que el Juez Federal determinó: • Que contra el primer acto de aplicación de la ley que la parte quejosa tildó de inconstitucional, consistente en el acta final de visita domiciliaria de veintinueve de abril de dos mil quince, actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, de la Ley de Amparo.-• Que el juicio de amparo indirecto no es procedente cuando se reclamen actos u omisiones provenientes de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio.-• Que de los artículos 42, 46 y 49 del Código Fiscal de la Federación, se aprecia que las actas que se levantan con motivo de una visita domiciliaria fiscal, contienen sólo una relación de hechos o situaciones que adviertan los visitadores, y que no causan perjuicio por sí mismas al visitado, porque la función de éstos solamente consiste en el cercioramiento, en términos de la facultad conferida en la orden de visita correspondiente, de los datos objetivos que observan en relación con el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente visitado.-• Que las actas levantadas en el desarrollo de una visita domiciliaria, sea la primera, intermedia o el acta final, no constituyen resoluciones fiscales que determinan cargos o créditos contra el particular; invocó la tesis «P. CXXVIII/96» bajo el rubro: ‘VISITA DOMICILIARIA. LOS AUDITORES NO DETERMINAN EN DEFINITIVA LA SITUACIÓN FISCAL DEL SUJETO VISITADO.’.-• Que el acta final de la visita domiciliaria de veintinueve de abril de dos mil quince, no podía considerarse como un acto o resolución definitiva dentro del procedimiento, porque sólo constituyó parte de ese procedimiento de fiscalización, donde se plasmaron las consecuencias de los hechos y omisiones observados por la Administración responsable, durante la visita; y que operaría contra la resolución definitiva en la que determinara un crédito fiscal.-• Que el acto reclamado no estaba dentro de la primera hipótesis contenida en la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trató de la resolución definitiva en la que pusiera fin a la vía administrativa y se impusiera una obligación.-• Que tampoco actualizó la hipótesis prevista en el inciso b) del citado numeral, en virtud de que no se trató de un acto autónomo que ocasionara daños de imposible reparación.-• Que el juicio de amparo indirecto procede contra actos autoritarios que lesionen, de manera directa, derechos sustantivos y trasciendan en el ámbito procesal e incidieran en la esfera de derechos materiales de los gobernados; y que era improcedente cuando, únicamente, producen violaciones de carácter formal en el procedimiento respectivo; invocó la jurisprudencia «P./J. 24/92» bajo el rubro: ‘EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.’.-• Que la visita domiciliaria no causó perjuicio a la empresa quejosa, porque era necesario que se emitiera dentro del ámbito administrativo la resolución definitiva, y que establecieran obligaciones a cargo del particular; además, establecieran obligaciones a cargo del particular para que afectara su interés jurídico.-• Que si en la propia acta de inicio, parcial o final de la visita domiciliaria, se estableciera un crédito fiscal o se afectara un domicilio que no corresponda a la empresa obligada; se ocasionaría un daño de imposible reparación; pero -dijo- que en el caso no sucedió, porque en el acta final reclamada no se afectaron derechos sustantivos de la parte quejosa, ni se decidió en definitiva su situación fiscal, ya que se anotaron los hechos y omisiones.-• Que no se pronunció, respecto a los actos reclamados, consistentes en la expedición, refrendo, publicación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, específicamente en el artículo 2o.-A, inciso g), fracción I, inciso d) y fracción II, que se aplicó en el acta final de visita de veintinueve de abril de dos mil quince; en términos de la jurisprudencia bajo el rubro: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.’.-• Que la estrecha vinculación entre la norma impugnada y el acta final de la visita domiciliaria de veintinueve de abril de dos mil quince, respecto del cual se decretó el sobreseimiento, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, de la Ley de Amparo, impide analizarla, prescindiendo de este último; citó el amparo en revisión 322/2015, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.-Lo así resuelto por el Juez de Distrito no es contrario a derecho, porque contrario a lo alegado por la empresa quejosa, el estudio de la norma general impugnada no puede desvincularse del que se realice en torno al acto de aplicación, en el sentido de que si el juicio de amparo resulta improcedente contra el acto de aplicación, por ende, también será improcedente el juicio contra la ley tachada de inconstitucional.-En efecto, tratándose de un juicio de amparo contra normas de carácter general con motivo de su primer acto de aplicación, el juzgador de amparo no puede desvincular el análisis del acto del que concierne a su aplicación del estudio de la ley, el reglamento o la norma de carácter general, pues es dicho acto el que a la postre causa perjuicio al promovente y no la legislación por sí sola considerada en abstracto.-La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar el uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) Que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente, comprende la ley, el reglamento o la norma general; b) Que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar al acto de aplicación, si éste no se combate por vicios propios; y, c) Que la concesión del amparo contra la ley, el reglamento o la norma general, por considerarlos inconstitucionales, debe comprender también al acto de aplicación.-Es aplicable la jurisprudencia 221, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Séptima Época, Tomo I, Parte SCJN, página 210, citada por el Juez de Distrito, del tenor literal siguiente: ‘LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y, c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.’

"En ese sentido, fue ajustado a derecho que el Juez Federal, en primer lugar, estudiara la procedencia del juicio de amparo contra el acto de aplicación y, al resultar éste improcedente, lo hiciera extensivo a la norma general reclamada, porque determinó que estaba sub júdice a la citada improcedencia del juicio.-Lo anterior, ya que el Juez de Distrito debe analizar, en principio, si el juicio resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado (acta final de la visita domiciliaria de veintinueve de abril de dos mil quince), y de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada.-Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, en agosto de 2000, página 235, citada de igual forma, tanto por la recurrente como por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, del tenor literal siguiente:

"‘LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.-Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: «LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.», cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.’

"Por lo anterior, es que a consideración de este órgano colegiado, fue acertado el estudio realizado por el Juez de Distrito, en razón de que, efectivamente, previo a estudiar la constitucionalidad de la norma general reclamada, era indispensable analizar si el juicio de amparo era o no procedente y de no serlo, como en el caso ocurrió, estuvo ajustado a derecho que sobreseyera en el juicio, respecto del acto de aplicación y la norma impugnada, sin analizar el fondo del asunto.-Además, cabe apuntar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********, sustentó el criterio obligatorio y vigente, publicado en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, en diciembre de 2007, página 5, de texto sucesivo:

"‘AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.-De los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, así como de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido sobre el particular, se advierte que es procedente el juicio de amparo indirecto contra una ley que con motivo del primer acto de aplicación dentro de un procedimiento cause un perjuicio de imposible reparación al quejoso, con base en la excepción al principio de definitividad que prevé el artículo 73, fracción XII, párrafo tercero, de dicha ley, porque no existe obligación de agotar, antes de acudir al juicio de garantías, los recursos ordinarios establecidos por la ley del acto cuando se reclama su inconstitucionalidad, sino que rigen los criterios generales del amparo contra leyes, es decir, no hay obligación de agotar tales recursos, pero si se decide hacerlo, deberá esperar a su resolución para poder acudir al juicio de amparo indirecto. Por el contrario, si el acto de aplicación de la ley reclamada no es de los considerados como de imposible reparación, aun cuando éste se haya dictado dentro de un procedimiento de naturaleza civil, deberá operar la regla contenida en el artículo 158, párrafo tercero, de la ley de la materia, porque para que se actualice su procedencia resulta indispensable preparar el juicio mediante el agotamiento de los recursos procedentes, en acatamiento al principio de definitividad.’

"De la misma forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis **********, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, ambos del Vigésimo Primer Circuito, reiteró el criterio de que para la procedencia del juicio de amparo contra leyes, con motivo de su primer acto de aplicación dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, deben ocurrir dos supuestos específicos, no desligados entre sí, los cuales consisten en que se acredite en el juicio que se trata del primer acto de aplicación y, además, que dicho acto sea de imposible reparación.-Sirve de fundamento la jurisprudencia 2a./J. 215/2009, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, en enero de 2010, página 267, que establece:

"‘AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 136 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA CUANDO SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.-De los artículos 16, fracción XXVIII, 79, fracción X, 110, 121 a 123, 125, 127, 134 y 136 a 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en relación con los diversos 73, fracciones XII, párrafo tercero, y XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se impugne la inconstitucionalidad de una ley dentro de un procedimiento administrativo disciplinario seguido con fundamento en el referido artículo 136 y el Consejo de la Judicatura Estatal aplique como sanción al servidor público la suspensión, destitución o inhabilitación, solamente procederá el juicio de amparo indirecto, como excepción al principio de definitividad, sin necesidad de esperar a que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia dicte la resolución definitiva al resolver el recurso de revisión oficioso, cuando se acredite que es el primer acto de aplicación de la ley reclamada, y además de imposible reparación. Lo anterior es así, porque razonar en sentido contrario llevaría a paralizar todos los procedimientos administrativos con el solo hecho de impugnar la inconstitucionalidad de la ley, lo que es contrario al fin perseguido por el juicio de amparo. Además, en el caso, es aplicable por analogía, lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Amparo.’

"En ese tenor, no obstante que la quejosa pudiera evidenciar que el acta final de visita domiciliaria de veintinueve de abril de dos mil quince, constituye el primer acto de aplicación de la disposición reclamada, también lo es que, como se dijo en párrafos anteriores, dicha acta no puede considerarse un acto de imposible reparación, pues por sí misma no causa perjuicio a los particulares, sino que es necesario que se emita dentro del ámbito administrativo la resolución definitiva al emitirse un crédito fiscal o bien tal determinación puede ser favorable a sus intereses si se considera que no hay crédito a su cargo.-De ahí que, si no se acreditó el segundo supuesto contemplado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la procedencia de este tipo de asuntos, resulta inconcuso que el juicio constitucional intentado es improcedente.-De no actuarse de esa manera, en ese orden, se haría nugatoria la intención del legislador al crear ese tipo de procedimientos administrativos, pues en realidad sería permisible que la inconforme pudiera controvertir todas y cada una de las actas que comprenden la visita domiciliaria por el solo hecho de impugnar la inconstitucionalidad de una ley, lo que desde luego entorpecería la sustanciación de tales procedimientos (por su dilación), contrariando así el fin perseguido por el juicio de amparo.-Sin que se soslaye la tesis de jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.), sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN.-Conforme al principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la orden de visita domiciliaria expedida en ejercicio de la facultad del Estado para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes debe: a) constar en mandamiento escrito; b) ser emitida por autoridad competente; c) contener el objeto de la diligencia; y, d) satisfacer los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. Ahora bien, en virtud de dicho mandamiento, la autoridad tributaria puede ingresar al domicilio de las personas y exigirles la exhibición de libros, papeles o cualquier mecanismo de almacenamiento de información, indispensables para comprobar, a través de diversos actos concatenados entre sí, que han acatado las disposiciones fiscales, lo que implica la invasión a su privacidad e intimidad. En esa medida, al ser la orden de visita domiciliaria un acto de autoridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos fundamentales del visitado durante su práctica, ya sea que se verifique exclusivamente en una diligencia o a través de distintos actos vinculados entre sí, debe reconocerse la procedencia del juicio de amparo para constatar su apego a lo previsto en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias, con el objeto de que el particular sea restituido, antes de la consumación irreparable de aquellos actos, en el goce pleno de los derechos transgredidos por la autoridad administrativa. Por ende, la orden de visita se puede impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, lo cual no implica la imposibilidad de plantear posteriormente en el juicio de amparo, promovido contra la liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, al tenor de los párrafos tercero y cuarto de la fracción XII del artículo 73 de la ley referida, los vicios constitucionales o legales que pudiese tener la señalada orden cuando no haya sido motivo de pronunciamiento en diverso juicio de amparo.’

"Sin embargo, se destaca que tal criterio jurisprudencial resulta inaplicable, pues tanto de la tesis precedente, transcrita, como de las consideraciones de las que aquélla emanó, se advierte que se refieren al supuesto en el que el acto reclamado, lo constituye la orden de visita domiciliaria, lo que en el caso no aconteció, ya que el acto que se reclamó en el juicio de amparo, es el acta final de veintinueve de abril de dos mil quince.-Y si bien, no se desconoce que la autoridad ejerce sus atribuciones fiscalizadoras a través de una serie de actos concatenados, iniciados con la notificación al particular de la orden de visita correspondiente, de ahí que ese documento sea parte del procedimiento administrativo de vigilancia y fiscalización, por ser, precisamente, el sustento constitucional y legal de la diligencia, que permite el ingreso de los órganos del Estado al domicilio de los particulares, así como el examen de sus papeles; empero, es también inconcuso que el acta final, al corresponder a una etapa posterior de la orden de visita domiciliaria, constituye un acto administrativo distinto de aquélla y, por tanto, no le resulta aplicable la jurisprudencia de mérito.-Atento a lo cual, la procedencia del juicio de amparo contra el acta final de visita, está supeditada al cumplimiento de todos los requisitos legales previstos en la ley de la materia, entre los que se encuentran, el de que se impugne cuando se dicte la última resolución dentro del procedimiento administrativo de fiscalización.-Además, cabe señalar que el acto reclamado no consiste en aquellos de los considerados como de imposible reparación y, por ello, será hasta que se combata la resolución final emitida dentro del procedimiento, que la quejosa podrá impugnar las violaciones cometidas dentro de éste, así como la constitucionalidad de las normas que hayan sido aplicadas durante su sustanciación.-Por esas razones, no son aplicables las jurisprudencias y tesis que cita bajo los rubros: ‘AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY.’, ‘LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.’, ‘LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN.’, ‘LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN.’, ‘CONSULTA FISCAL. SU RESPUES

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27483-427a8b1b/valor-agregado-es-improcedente-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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