AMPARO CONTRA LEYES. PROCEDE EL REQUERIMIENTO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA CUANDO EN EL INFORME JUSTIFICADO SE PRECISA LA NORMA REALMENTE APLICADA AL QUEJOSO EN EL CÁLCULO DEL IMPUESTO PREDIAL, DIVERSA A LA SEÑALADA EN EL ESCRITO INICIAL.
AMPARO EN REVISIÓN 273/2016. 16 DE FEBRERO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO. SECRETARIO: EDGAR MARTÍN GASCA DE LA PEÑA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Con base en los antecedentes citados se constata que, en el caso, se incurrió en una violación a las reglas del procedimiento que podría influir en la sentencia que ha de dictarse en definitiva, y que es susceptible de trascender al resultado del fallo, por lo cual -sin necesidad de analizar los agravios propuestos por la parte recurrente-, debe reponerse el procedimiento en términos de la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo.
Ello, en virtud de que no se dio al quejoso la oportunidad de ampliar la demanda respecto de la información contenida en los informes con justificación.
En efecto, una de las causas por las que jurisprudencialmente se ha determinado que debe ordenarse la reposición del procedimiento de amparo, es cuando del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se observa la participación de una autoridad no señalada como responsable por el quejoso, o bien, la existencia de un nuevo acto u otros datos vinculados con el reclamado, y el Juez de Distrito omite dar vista al impetrante para que produzca su ampliación de demanda.
Como nota introductoria, debe destacarse que la Ley de Amparo abrogada no preveía la figura de la ampliación de la demanda; sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 12/2003, visible en la página 11 del Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. DEBE ADMITIRSE AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO, YA QUE CONSTITUYE UNA FIGURA INDISPENSABLE PARA QUE EL JUZGADOR DÉ UNA SOLUCIÓN COMPLETA A LA ACCIÓN DEL GOBERNADO.", determinó que era posible considerar dicha figura como parte del sistema procesal del amparo, con fundamento en los principios de justicia completa, pronta e imparcial, previstos en el artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que dicha figura no estaba en contradicción con el conjunto de normas legales que regían al juicio de amparo.
Así -en su momento-, ese Pleno consideró que la ampliación de la demanda de amparo constituía una figura indispensable para que el juzgador diera una solución completa a la acción ejercida por el gobernado.
Igualmente, resolvió que dicha figura jurídica implicaba la adición o modificación, por parte del quejoso, de lo expuesto en su escrito original para que formara parte de la controversia que debería resolver el Juez o tribunal constitucional.
Posteriormente, el propio Pleno, a través de la jurisprudencia P./J. 15/2003, consultable en la página 12 del Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", fijó las siguientes hipótesis de procedencia de la ampliación de la demanda de amparo indirecto:
a. Cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso;
b. Cuando en tal informe se funde o motive el acto reclamado; y,
c. Cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados.
Asimismo, precisó que la ampliación de la demanda podía recaer sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presentara dentro de los plazos que preveía la Ley de Amparo (abrogada) en los numerales correspondientes, a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la realización de la audiencia constitucional.
En resumen, de conformidad con la interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de Amparo abrogada, para incorporar mediante la jurisprudencia la figura de la ampliación de la demanda al juicio de amparo, el quejoso se encontraba en aptitud de designar nuevas autoridades responsables, añadir actos reclamados vinculados con los señalados inicialmente o expresar conceptos de violación novedosos, de encontrarse en alguna de las hipótesis enunciadas con anterioridad.
La nota esencial en dichos supuestos radicaba en que el impetrante no tuviera conocimiento de ciertos datos o actos vinculados con los reclamados, o bien, de la participación de otras autoridades, sino que obtenía esa información durante el juicio de amparo; por lo que, a efecto de dar una solución adecuada al conflicto, debía permitírsele ampliar la demanda.
Con la emisión de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la posibilidad de ampliar la demanda del juicio constitucional está prevista expresamente en su numeral 111, cuyo texto literal es el siguiente:
"Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando:
"I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación;
"II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta ley.
"En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda."
Como se observa, ese precepto dispone que la demanda de amparo es susceptible de ampliarse cuando:
a) No hayan transcurrido los plazos para su presentación; y,
b) El quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este supuesto, la ampliación debe presentarse dentro del plazo previsto en el artículo 17 del propio ordenamiento jurídico, siempre que no se haya llevado a cabo la audiencia constitucional; de ser así, puede presentar una nueva demanda.
Así, uno de los supuestos que hace procedente la ampliación de la demanda, se surte cuando el quejoso tiene conocimiento de actos que guardan estrecha relación con los reclamados en el escrito inicial.
De lo antes expuesto se obtiene que, actualmente, en la Ley de Amparo sólo están regulados los casos de ampliación de demanda cuando, una vez iniciado el trámite del juicio, el impetrante conoce actos -a través de los informes rendidos por la autoridad responsable o por algún otro medio-, que a su juicio transgreden su esfera jurídica y que, por su naturaleza, están estrechamente ligados a lo que motivó el ejercicio de la acción de amparo, para que se resuelva de manera integral el problema ocasionado por esa diversidad de actos.
Sin embargo, a juicio de este Tribunal Colegiado de Circuito, la ampliación de la demanda también debe permitirse cuando del informe con justificación aparezcan datos no conocidos por el agraviado.
Ello, con apoyo, precisamente, en la citada jurisprudencia P./J. 15/2003, pues aun cuando ese criterio derivó de la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, su invocación no es contraria a la vigente, lo que es acorde con el artículo sexto transitorio del decreto que la expidió; dispositivo que preceptúa que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a la legislación vigente.
El supuesto de ampliación en comento no se opone a la Ley de Amparo vigente, en parte, porque la figura de la ampliación surgió con anterioridad a aquélla, mediante la jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, y las razones para incorporarla al juicio de amparo, previamente expuestas, siguen siendo conformes con el principio contenido en el artículo 17 constitucional, relativo a que la justicia debe ser pronta, completa, expedita e imparcial. En otra, en atención a que la finalidad de esta institución es que, por economía procesal, se tramite como ampliación lo que está íntimamente vinculado con el primer acto impugnado, y en un solo juicio se resuelva el conflicto planteado, a fin de evitar que se presenten nuevas demandas cuando se trata de temas estrechamente vinculados.
Ahora, en la diversa jurisprudencia 2a./J. 112/2003, publicada en la página 93 del Tomo XVIII, diciembre de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación instituyó que es obligación del Juez de Distrito requerir al quejoso para que complete o amplíe su demanda, cuando del o de los informes justificados advierta la participación de una autoridad no señalada como responsable y que no hacerlo así, se traduce en una violación al procedimiento constitucional.
Cabe destacar que aun cuando no quedó reflejado en el texto de esa tesis, en su ejecutoria génesis, la Sala estimó que la obligación de notificar al quejoso en forma personal el contenido del informe justificado, así como de prevenirlo para que amplíe su demanda, no sólo surge cuando de ese informe se observa la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable, sino también cuando de dicho informe se desprende la existencia de un nuevo acto.
Se transcribe la parte conducente de dicha resolución:
"Es por lo anterior, que la notificación del informe justificado, cuando de éste o de sus anexos el Juez de Distrito advierte la existencia de un acto diverso del reclamado o la participación de una autoridad no señalada como responsable por el quejoso... en su escrito inicial de demanda de garantías, debe realizarse en forma personal para no dejarlo en estado de indefensión... asimismo, para que dicho juzgador pueda resolver la litis constitucional en su integridad.
"La interpretación teleológica del dispositivo transcrito permite considerar que el legislador estableció una facultad discrecional para el Juez de Distrito, de ordenar que se haga personalmente una notificación cuando estime que la determinación correspondiente tiene importancia para el planteamiento de la litis constitucional y el objetivo principal de tal forma de notificar será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, como es el caso en que del informe justificado se advierte la existencia de un acto reclamado o la participación de una autoridad no señalada como responsable en el escrito inicial de demanda de garantías..." (énfasis añadido)
Así, por analogía, puede afirmarse que la formación del litigio en el amparo puede verse influida con motivo de la rendición de los informes, cuando de su contenido se aprecie la existencia de nuevos actos o datos que no eran del conocimiento del quejoso, que propicien la necesidad de ampliar la demanda de amparo inicial, a fin de hacerse cargo de las cuestiones introducidas.
En ese supuesto, igualmente es obligación del Juez de Distrito notificar personalmente al quejoso el contenido de dicho informe y prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda pues, de lo contrario, incurrirá en violación a las normas del procedimiento, según lo precisó el Alto Tribunal, aspecto que lo obliga a revisar acuciosamente el contenido de la demanda y el de los informes justificados.
Expuesto lo relacionado con la ampliación de la demanda de amparo, y con las actuaciones procesales que debe desplegar el juzgador de amparo en torno a ella, a continuación se abordará lo relativo a la mecánica del impuesto sobre la renta, por ser el tributo que es génesis de la pretensión constitucional del quejoso.
En las ejecutorias dictadas en los amparos en revisión números **********, **********, **********, ********** y **********, este Tribunal Colegiado ha instituido el criterio de que si bien los artículos 162, 164, 168, 172 y 176 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato disponen que la base del impuesto predial es el valor fiscal de los inmuebles, el cual se determina a partir de la manifestación del contribuyente o del avalúo practicado por peritos autorizados por la tesorería municipal; en ambos casos deben aplicarse los valores unitarios de terreno y construcciones que anualmente se fijan en las leyes de ingresos municipales, de tal manera que dichos valores necesariamente inciden en la base gravable del tributo, al tratarse de factores que integran el cálculo del valor fiscal del inmueble que constituirá dicha base gravable.
Además, se precisó que aun cuando en las leyes de ingresos municipales anualmente se publican las tablas de valores unitarios de los terrenos y de construcción que deben aplicarse para determinar el valor fiscal de los inmuebles, lo relevante es que ese valor fiscal no se fija o modifica con la misma periodicidad anual y, por consiguiente, la base gravable y su forma de liquidación no siempre corresponden a las tablas de valores unitarios publicadas en el ejercicio fiscal al que pertenece el pago del impuesto predial respectivo, como en el caso sucede.
Asimismo, se apuntó que dicha conclusión se robustece con el hecho de que las mismas leyes de ingresos municipales prevén las diversas tasas aplicables en ese ejercicio, en función del año en el que se haya determinado o modificado el valor fiscal del inmueble, lo cual significa que el tributo no únicamente se liquida conforme al valor fijado en ese ejercicio, sino también en años anteriores y que aún no se hubiere llevado a cabo su modificación.
Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se obtiene que la pretensión del quejoso es, básicamente, impugnar el cobro que le hizo la autoridad municipal catastral del impuesto predial del ejercicio fiscal dos mil dieciséis, respecto de los inmuebles por los cuales entera dicha contribución.
Como sustento de ello, por una parte, señaló como acto reclamado el proceso legislativo génesis del artículo 6, fracción I, inciso A), de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, así como su acto de aplicación materializado en los cobros correspondientes; sin embargo, ese señalamiento debe ser interpretado de manera integral en relación con la totalidad del escrito inicial de demanda, pues de éste se desprende que la intención del impetrante es, en realidad, plantear la inconstitucionalidad del precepto -cualquiera que éste sea-, que contenga la tabla de valores con base en los cuales se obtuvo la base gravable del impuesto que enteró por el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
Así se desprende de la siguiente reproducción: (fojas 26 y 27)
"Son esas clasificaciones y subclasificaciones del suelo, lo que servirá para obtener el valor fiscal, como base para el pago del impuesto predial; empero, el criterio para distinguir los bienes inmuebles en cada una de dichas categorías no se encuentra establecido en la tabla de valores mencionada y tampoco en la ley, ya que ninguno de los tres artículos que conforman la sección primera ‘Del impuesto predial’, del capítulo tercero ‘De los impuestos’, de la Ley de Ingresos impugnada, menciona los elementos que deben considerarse para distinguir, por ejemplo, entre una zona comercial de primera, zona comercial de segunda o zona comercial de tercera o, incluso, para catalogarla como zona comercial o habitacional o industrial, lo que tampoco se advierte de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, por lo que queda al arbitrio de la autoridad administrativa establecer los parámetros de clasificación respectivos, lo que resulta violatorio del derecho de legalidad tributaria, pues permite un margen de arbitrariedad a favor de dicha autoridad en lo relativo a la determinación de la base gravable del impuesto."
La afirmación anterior se justifica, en la medida en que la demanda de amparo es "un todo", lo cual significa que no necesariamente deben tenerse como actos reclamados aquellos que se señalen en el capítulo respectivo, sino que deben considerarse con tal carácter aquellos actos de cuyo análisis integral del escrito inicial se observe que pretenden controvertirse, con la finalidad de determinar con exactitud la verdadera pretensión del peticionario de amparo y, de esa forma, integrar debidamente la litis en el juicio constitucional.
Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 169 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207, Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo contenido es el siguiente:
"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.-Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."
Pues bien -recordando los antecedentes destacados en el considerando que precede-, al rendir su informe justificado el Congreso del Estado de Guanajuato invocó la falta de interés jurídico como causal de improcedencia, sobre la base de que el quejoso no demostró que le fue aplicado dicho precepto, derivado de que la base gravable del tributo no se fijó de conformidad con las tablas de valores que contiene el mencionado numeral 6 de la Ley de Ingresos de dos mil dieciséis, sino con base en el último valor fiscal de los inmuebles -propiedad del impetrante-, el cual fue determinado mediante avalúos practicados por los peritos autorizados por la tesorería municipal, aplicando los valores unitarios de suelo y construcciones previstos en las tablas del mismo precepto del ordenamiento homólogo, pero de dos mil doce y dos mil trece (el cual se desprende implícitamente del mencionado documento).
Informe que quedó robustecido con el contenido del también referido informe suscrito por el tesorero municipal de León, el cual contiene la respuesta dada por esa autoridad a un requerimiento que realizó el Juez de Distrito, en cuanto a la manera en que se determinó el impuesto predial respecto de los inmuebles por los cuales el contribuyente tributa; y si el valor fiscal que se aplicó fue modificado o actualizado para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, o bien, corresponde a ejercicios anteriores.
De dicha respuesta se obtiene que los valores de terreno y construcción de los predios materia de la solicitud, no se calcularon de conformidad con las tablas contenidas en la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, sino que se encuentra determinado con base en los avalúos catastrales de dichos inmuebles, en términos de los párrafos segundo y tercero del artículo 168 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Guanajuato.
Lo anterior significa que, conforme a tal precepto normativo, el valor fiscal de los inmuebles del impetrante se determinó conforme a ejercicios anteriores.
En efecto, de las constancias que adjuntó a dicho informe se desprende que respecto de uno de los inmuebles, el valor fiscal se obtuvo con base en el valor manifestado en el aviso de traslación de dominio de nueve de julio de dos mil trece y, el otro, conforme a un avalúo catastral del dieciocho de octubre de dos mil doce.
Ello pone de manifiesto que la base gravable, como elemento esencial del impuesto predial cuestionado, no se determinó conforme a los valores unitarios mínimo y máximo del terreno y de la construcción, así como a los criterios de valuación que prevé el artículo 6 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, sino en términos de la referida legislación, pero correspondiente al ejercicio fiscal del año en que se realizaron el aviso de traslación y el avalúo, como es el caso de la Ley de Ingresos para los periodos fiscales de dos mil doce y dos mil trece.
Conforme a los razonamientos en que la autoridad responsable, Congreso del Estado de Guanajuato, sustentó la causal de improcedencia invocada, así como a lo informado en el oficio de la autoridad municipal catastral, es patente que el Juez de Distrito debió prevenir al quejoso, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo ("si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada"), para que aclarara si señalaba como acto reclamado destacado el mencionado numeral 6, fracción I, de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de dos mil doce y dos mil trece y, en su caso, como autoridades responsables a las autoridades correspondientes que intervinieron en el procedimiento legislativo.
Subsanado lo anterior, se estará en posibilidad de emitir nueva sentencia en relación con el diverso artículo 5, fracción I, inciso b), de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis (reclamado por el quejoso), por ser el precepto que señala la tasa aplicable en función a la fecha de práctica del avalúo del inmueble y que, en conjunto con el numeral mencionado en el párrafo anterior, componen el sistema normativo que determinan la base gravable y tasa aplicable del impuesto predial, lo que a su vez incide en el cobro final del tributo.
Así, no existe duda de que mediante los informes justificados rendidos por el Congreso del Estado y por la autoridad municipal catastral, se le dieron a conocer al impetrante los datos relativos a la normativa que realmente le fue aplicada en el cobro del impuesto predial cuya regularidad constitucional cuestiona, consistente en el artículo 6 de la Ley de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de dos mil doce y dos mil trece.
En ese sentido, el Juzgado de Distrito necesariamente debió prevenir al disidente, con el apercibimiento correspondiente, para que aclarara si señalaba aquel precepto legal como acto reclamado, de tal manera que, al haber omitido dicho requerimiento, incurrió en una violación a las normas fundamentales que rigen el procedimiento en el juicio de amparo.
Pero, además, dicha irregularidad trascendió al resultado de la sentencia, por cuanto a que de reclamarse la inconstitucionalidad de los aludidos preceptos normativos, tendría que tenerse en cuenta dicha situación tanto para analizar la procedencia del amparo, como, de ser factible, para efectuar el examen de la constitucionalidad del citado numeral.
Efectivamente, se observa que la violación procesal en que se incurrió trasciende al sentido del fallo, en perjuicio del quejoso, por la razón fundamental consistente en que justamente se falló en el sentido de que la norma impugnada para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis no había sido la aplicada.
Igual determinación tomó este órgano colegiado al resolver los amparos en revisión **********, ********** y **********, en sesiones de ocho de septiembre, trece de octubre y diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, respectivamente; y más recientemente, en sesión de dos de febrero de este año, el amparo en revisión **********.
Así, lo procedente es revocar la sentencia recurrida, a fin de que se reponga el procedimiento en el juicio de amparo, por lo cual se deberá notificar personalmente al quejoso el contenido de los informes justificados rendidos por el Congreso del Estado de Guanajuato y por el tesorero municipal de León e, igualmente, prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda en el plazo legal que señala el artículo 111 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo 6, fracción I, de las Leyes de Ingresos para el Municipio de León, Guanajuato, para los ejercicios fiscales de dos mil doce y dos mil trece y, en su caso, como autoridades responsables a las autoridades correspondientes que intervinieron en el procedimiento legislativo; hecho lo cual, lleve a cabo la audiencia constitucional y dicte la sentencia que en derecho corresponda, con plenitud de jurisdicción.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia pronunciada en el expediente auxiliar **********, el catorce de julio de dos mil dieciséis por la Jueza Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, en auxilio del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien tramitó el juicio de amparo **********.
SEGUNDO.-Se ordena la reposición del procedimiento en los términos apuntados en la parte final de la presente resolución.
Notifíquese. Anótese lo conducente en el libro de registro correspondiente; con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen; en su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como relevante en cumplimiento a lo previsto en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Así, por unanimidad de votos y sin discusión lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Víctor Manuel Estrada Jungo, Ariel Alberto Rojas Caballero y Enrique Villanueva Chávez, siendo presidente y ponente el primero de los nombrados.
En términos de lo previsto en los artículos 97, 98, fracción III, 104, 110, 113, 118, 119 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción XXI, 100, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el diverso 8, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27280-38c7071c/amparo-contra-leyes-procede-el-requerimiento-para-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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