BENEFICIO FISCAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. NO PUEDEN CONSIDERARSE INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA SU APLICACIÓN AL TENOR DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 106/2008, AL HABER SIDO APROBADA SIN MODIFICACIONES LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE POR EL CONGRESO LOCAL. BENEFICIO FISCAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, PUNTO 21, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AL EXCLUIR LA POSIBILIDAD DE SER ACREEDOR DE AQUÉL, A QUIEN HAYA PROMOVIDO ALGÚN MEDIO DE DEFENSA ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES O TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS, VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN.
BENEFICIO FISCAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. NO PUEDEN CONSIDERARSE INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA SU APLICACIÓN AL TENOR DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 106/2008, AL HABER SIDO APROBADA SIN MODIFICACIONES LA INICIATIVA CORRESPONDIENTE POR EL CONGRESO LOCAL.
BENEFICIO FISCAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, PUNTO 21, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AL EXCLUIR LA POSIBILIDAD DE SER ACREEDOR DE AQUÉL, A QUIEN HAYA PROMOVIDO ALGÚN MEDIO DE DEFENSA ANTE AUTORIDADES JURISDICCIONALES O TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS, VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 554/2016. 17 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ. SECRETARIO: ANTONIO RODRÍGUEZ FLORES.
CONSIDERANDO:
CUARTO.-Sentencia recurrida. La sentencia impugnada es del contenido siguiente:
"PRIMERO.-Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, con jurisdicción en toda la República, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 17, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 107, fracción I, de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 18/2008 y 30/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los cuales, en lo atinente, se crea el Centro Auxiliar de la Tercera Región y se prevé la creación y funcionamiento de este órgano de control constitucional, respectivamente; y la determinación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, contenida en el oficio SCCNO/1128/2015, en el sentido de que se auxiliará al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Santiago de Querétaro, Querétaro, toda vez que el juicio de amparo indirecto materia de esta resolución, proviene del mencionado órgano jurisdiccional, y los actos reclamados se integran por normas generales que tienen aplicación en el Estado de Querétaro, territorio en el que ejerce jurisdicción el juzgado auxiliado.
"Cabe precisar que el alcance de la competencia de este órgano jurisdiccional auxiliar se limita a emitir la sentencia en el presente juicio de amparo, mas no a juzgar o calificar su trámite, pues éste corresponde exclusivamente al juzgado auxiliado, como se advierte de los puntos quinto y segundo de los Acuerdos Generales 18/2008 y 30/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y de la circular CAR 13/CCNO/2011, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal.
"SEGUNDO.-Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la quejosa en este juicio de garantías, consisten en:
"De la Legislatura y del gobernador del Estado de Querétaro, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la aprobación y promulgación de:
"a) El artículo 49, fracciones I, punto 21 y II, punto 11; así como el décimo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
"b) El Decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones del Municipio de Querétaro, Querétaro, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
"Del secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro:
"c) La aplicación y ejecución de los preceptos legales citados.
"TERCERO.-Inexistencia del cobro de la contribución reclamada. No es cierto el acto reclamado atribuido al secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, consistente en la exacción de la contribución base de la demanda de amparo, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, ya que, al efecto, refirió que la quejosa fue quien compareció voluntariamente a realizar el pago del impuesto reclamado de inconstitucional, sin que esa autoridad ejerciera coacción sobre la impetrante para realizar dicho pago, pues resulta por demás evidente que fue la actora quien se colocó en la hipótesis normativa prevista por los artículos reclamados, y esa autoridad únicamente intervino en la recaudación del pago de la contribución en cuestión. (foja 115)
"En efecto, la recepción del pago del tributo autoliquidado por la contribuyente no implica una actuación unilateral por parte de las autoridades exactoras, porque no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino más bien atiende al cumplimiento de una obligación establecida en la ley, la cual la contribuyente sujetará al orden constitucional cuando la impugne con motivo del acto de aplicación, consistente en la realización del pago respectivo.
"Es así, porque la circunstancia consistente en que la autoridad exactora reciba el importe autoliquidado por la contribuyente, no envuelve un actuar positivo de aquélla, pues no constituye una conducta tendente a querer que se realice el acto en sí, o que desee que se manifiesten sus efectos.
"Así, la tarea de recibir o cobrar el impuesto autoliquidado no conlleva una declaración de voluntad unilateral por parte del órgano del Estado.
"Es sustento de lo argumentado el criterio previsto en la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 367, Tomo XXVI, agosto de 2007, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:
"‘AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.’ (se transcribe texto)
"En la ejecutoria que dio origen al criterio anterior, la Segunda Sala consideró, en relación con la recepción de los tributos autoliquidados, lo siguiente:
"‘...la circunstancia consistente en que la autoridad exactora reciba el importe autoliquidado por el contribuyente, no envuelve un actuar positivo de aquélla, pues no constituye una conducta tendiente a querer que se realice el acto en sí, o que desee que se manifiesten sus efectos, pues poco le importa a la unidad receptora del pago si el contribuyente lo realiza o no, pues, en tal caso, posteriormente, sólo el contribuyente deberá soportar las consecuencias de su omisión.
"‘En su caso, tal situación únicamente implica una actitud de mero trámite, ante la voluntad manifestada externamente por el propio particular que acude espontáneamente a la oficina recaudadora a enterar el impuesto que, por medios propios, se ha autoliquidado; es decir, se trata de una actitud pasiva frente a la recaudación voluntaria que realiza el particular.
"‘Lo anterior, porque la tarea de recibir o cobrar el impuesto autoliquidado no conlleva una declaración de voluntad unilateral por parte del órgano del Estado, tendiente a la obtención de un fin determinado, pues las indicadas acepciones de «recibir» y «cobrar», no demuestran los extremos citados, como se advierte de su significado tomado del Diccionario de la Lengua Española:
"‘«Recibir. Dicho de una persona: Tomar uno lo que le dan o le envían. Hacerse cargo de lo que le dan o le envían.»
"‘«Cobrar. Recibir dinero como pago de una deuda. Obtener el pago de algo.»
"‘Así, es posible concluir que cuando la quejosa, con motivo de la autoliquidación del tributo, considera que ha sufrido en su perjuicio el primer acto de aplicación de la disposición legal que le impone la carga tributaria reflejada en el pago correspondiente y, por tal motivo, la sujeta al orden constitucional mediante la interposición del juicio de amparo indirecto, los actos consistentes en la determinación, cuantificación, liquidación, recaudación, cobro y recepción del pago del impuesto enterado, que de manera general le atribuye a las autoridades ejecutoras, no son imputables a éstas pues, como se ha visto, la existencia de un acto de autoridad no puede derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la propia conducta que, en su caso, despliegue o exteriorice la propia autoridad.’
"Por tanto, cuando la quejosa reclama la recepción del pago del impuesto enterado motu proprio, no es imputable a las autoridades ejecutoras, pues no constituye un acto de autoridad, al derivar de la actitud del particular frente al mandato legal.
"En esta instancia constitucional la quejosa promueve la demanda de amparo con base en el recibo fiscal oficial **********, de veintiocho de enero de dos mil dieciséis, expedido por la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro, por concepto de impuesto predial urbano. (foja 26)
"Sin que en esta instancia constitucional exista constancia de que el tributo fuera enterado en virtud de actuación alguna de la autoridad exactora.
"Por tanto, la contribución reclamada fue erogada directamente por la contribuyente, al no existir un acto específico de la autoridad fiscal, por lo que debe entenderse que el entero correspondió a aquélla por mandato legal, ya que la existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente a la ley, sino de la conducta observada por la propia autoridad.
"Sin que sea obstáculo a lo anterior, que el monto del tributo pueda obtenerse previamente al pago a través de la página de Internet de la autoridad exactora, pues dicha determinación no se trata de una resolución fiscal definitiva, al no implicar el cobro del tributo, sino que, en todo caso, se trata de un medio para facilitar el entero de la contribución.
"Es ilustrativa de lo anterior, por la razón que informa, la jurisprudencia 2a./J. 9/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 709:
"‘PREDIAL. LAS PROPUESTAS DE DECLARACIÓN PARA EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO EMITIDAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, NO CONSTITUYEN RESOLUCIONES DEFINITIVAS DE CARÁCTER FISCAL IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.’ (se transcribe texto)
"Lo expuesto, tomando en cuenta que el artículo 13 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, establece que el impuesto predial debe ser pagado directamente por el contribuyente, sin que se prevea la intervención de la autoridad fiscal. (se transcribe artículo al pie de página)
"En consecuencia, no es cierto el acto reclamado materia de este considerando, dado que dicha recepción no es imputable a las autoridades ejecutoras, al no estar acreditado un requerimiento de pago previo, por lo que debe entenderse que la contribución se erogó por mandato legal.
"No obstante, el entero en análisis puede constituir un acto de aplicación de las normas generales que regulan el tributo.
"De tal suerte que la litis constitucional se integra, únicamente, por la constitucionalidad de las leyes reclamadas.
"Lo anterior tiene como efecto que, al ser inexistente la recepción del impuesto, como acto de autoridad, los vicios de legalidad que se atribuyen a dicho pago, en relación con la falta de aplicación de beneficios fiscales en éste y la cuantificación del tributo (aumento desproporcionado), no puedan estudiarse en el presente juicio de amparo, pues, se insiste, no existe un acto específico en el que se encuentre acreditada la intervención de la autoridad exactora.
"Por tanto, la inexistencia decretada impide el estudio de las cuestiones de legalidad planteadas contra dicho acto, pues se trata de circunstancias realizadas por el particular siguiendo la ley, y no por imperio de la autoridad, por lo que únicamente se puede controvertir el contenido del mandato legal.
"En conclusión, se sobresee en el juicio de amparo, en lo concerniente a la recepción del impuesto sobre transmisiones patrimoniales reclamada, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"CUARTO.-Certeza de los actos reclamados. El director de Asuntos Legislativos y Jurídicos, en representación de la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Querétaro, aceptó la aprobación de las normas reclamadas. (fojas 108 a 111)
"De igual manera, el director Jurídico y Consultivo de la Secretaría de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado de Querétaro, aceptó la promulgación de las normas generales combatidas. (foja 114)
"Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba.
"Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, Tomo XII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:
"‘PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribe texto)
"También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis V.2o.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, Tomo XV-I, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:
"‘LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.’ (se transcribe texto)
"En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia del acto reclamado, al tenor de la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece:
"‘INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.’ (se transcribe texto)
"QUINTO.-Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados:
"- El veintiocho de enero de dos mil dieciséis la Secretaría de Finanzas del Municipio de Querétaro expidió, a nombre de **********, por concepto de impuesto predial, el siguiente recibo de pago:
"a) ********** (sic), por la cantidad de un millón cuatrocientos setenta y dos mil setecientos noventa y siete pesos, correspondiente a los bimestres del primero al sexto del año de dos mil dieciséis, respecto del inmueble con clave catastral 140 100 125 139 012. (foja 26)
"SEXTO.-Análisis de la causal de improcedencia invocada. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de manera preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia 814 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, página 553, del texto siguiente:
‘"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe texto)
"El secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro alega que, en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción VIII, del citado ordenamiento. (foja 118)
"Lo anterior, en virtud de que, afirma, la quejosa no formuló conceptos de violación dirigidos a combatir los artículos 49, fracción I, punto 21 y décimo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016.
"No se actualiza la causal de improcedencia invocada.
"La fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia dispone:
"‘Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"‘...
"‘XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.’
"La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo.
"Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento, no son los únicos por los cuales puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, ya que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas, por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo que así lo establezca.
"En ese sentido, el artículo 108, fracción VIII, de la ley de la materia establece:
"‘Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:
"‘...
"‘VIII. Los conceptos de violación.’
"Del artículo anterior se deduce que, uno de los requisitos de la demanda de amparo es la expresión de los conceptos de violación por los cuales se estima inconstitucional el acto o actos reclamados.
"El requisito precedente se sustenta en el hecho de que los conceptos de violación resultan indispensables para conocer la pretensión de la quejosa en el juicio de amparo.
"Así, en las materias en que no existe suplencia de la queja, la ausencia de conceptos de violación hace legalmente imposible que el Juez del conocimiento conceda o niegue el amparo que se solicita, pues no existen los argumentos sobre los cuales se debe evaluar la constitucionalidad de los actos reclamados.
"Sirve de sustento a lo anterior el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 187-192, julio-diciembre de 1984, Primera Parte, que dice:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO ANTE JUZGADOS DE DISTRITO.’ (se transcribe texto)
"Por tanto, la expresión de conceptos de violación constituye un requisito esencial en el juicio de amparo.
"En esta instancia constitucional, como se expuso, la quejosa reclama, entre otros, los artículos 49, fracción I, punto 21 y décimo transitorio de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis.
"Del análisis integral de la demanda de amparo (fojas 2 a 25), se advierte que la quejosa sí formuló conceptos de violación dirigidos a combatir los numerales reclamados pues, en esencia, expresó que:
"I. En el apartado identificado como ‘actos reclamados’, punto 3, la quejosa alega que el numeral 49, fracción I, punto 21, de la ley de ingresos impugnada, transgrede el principio de equidad, al establecer que los contribuyentes que hubieren demandado en la vía jurisdiccional, en materia fiscal o administrativa, al Municipio de Querétaro, no pueden ser acreedores a los beneficios fiscales establecidos en dicho precepto, o bien los establecidos en los artículos 49, fracción II, punto 11 y décimo transitorio de la ley de ingresos impugnada; por lo que se trata de una disposición que, de manera inequitativa, hace un distingo entre ser sujeto a un estímulo o beneficio fiscal por haber reclamado o no un derecho.
"II. En una parte del tercer concepto de violación (foja 18), la quejosa alega que el artículo 49, fracción I, punto 21, viola los artículos 1o., 14, 17 y 40 constitucionales, porque la excluye de los beneficios establecidos en el precepto impugnado, únicamente por la circunstancia de haber demandado a la autoridad.
"Afirma que, en términos del artículo 1o. constitucional -el cual consagra el principio pro homine-, al contenerse en el precepto reclamado diversos beneficios fiscales, debe aplicársele lo más favorable a sus intereses.
"De lo anterior destaca que la quejosa sí formuló conceptos de violación dirigidos a combatir los numerales reclamados.
"De ahí que resulte infundada la causal de improcedencia invocada.
"SÉPTIMO.-Estudio de fondo del decreto que contiene las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, en el Municipio de Querétaro, Querétaro. Al no existir diversa causal de improcedencia que hagan valer las partes, ni que se advierta de oficio, procede entrar al estudio de fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer, sin que sea necesario transcribirlos, con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:
"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.’ (se transcribe texto)
"En una parte del primer concepto de violación (foja 13), la quejosa alega que la autoridad responsable no explica de dónde o cómo obtuvo los valores de su predio, lo que no le permite conocer de qué manera o cómo es que relacionó el valor que le asignó a cada una de sus propiedades con la tabla de valores unitarios de construcción para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, de tal manera que le permitiera conocer cómo obtuvo los montos base para el cálculo del impuesto predial y bajo qué razón consideró las condiciones particulares de localización, estructura y tipo de inmueble.
"El concepto de violación anterior resulta infundado:
"La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente, que el legislador no está obligado a precisar las razones o circunstancias especiales que tomó en consideración para expedir una ley, dado que el requisito de motivación se satisface cuando ésta se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas.
"En efecto, la fundamentación y motivación de los actos del Poder Legislativo se satisface cuando éste actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación) y, cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación).
"Por tanto, no es necesario que todas y cada una de las disposiciones que integran las leyes deban ser materia de una motivación específica.
"Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 181-186, enero-junio de 1986, Primera Parte, página 239, que dispone:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’ (se transcribe texto)
"En relación con la motivación particular de los actos legislativos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que puede ser de dos tipos, a saber: ordinaria y reforzada.
"La reforzada se actualiza cuando se emiten actos o normas en donde puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante, desde el punto de vista constitucional, por lo que es indispensable que el legislador razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso.
"Tratándose de actos legislativos, es necesaria una motivación reforzada cuando se detecta alguna ‘categoría sospechosa’, es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que, eventualmente, pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate.
"En estos casos, el legislador debe ponderar los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los cuales el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate.
"Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna ‘categoría sospechosa’, esto es, cuando no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. En estos casos, la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso, porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo.
"Los razonamientos reseñados se encuentran en la jurisprudencia P./J. 120/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 1255, que establece:
"‘MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.’ (se transcribe texto)
"Del texto del criterio anterior se sigue que el campo económico constituye un ámbito sobre el cual el legislador tiene un margen amplio de configuración, ya que no puede ejercerse un control estricto, en atención a los principios democrático y de separación de poderes.
"En consecuencia, para la determinación del sistema tributario, el legislador puede desenvolverse en un margen de configuración amplio, pues el Congreso de la Unión tiene un aspecto legítimo para definir el modelo y las políticas tributarias que en cada momento histórico cumplan con sus propósitos de la mejor manera, sin violentar los principios constitucionales.
"Lo anterior, según se desprende de la jurisprudencia 1a./J. 159/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 111.
"‘SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES.’ (se transcribe texto)
"Por tanto, al versar sobre un ámbito respecto del cual el legislador tiene un margen amplio de configuración, las leyes tributarias deben estar sometidas a una motivación legislativa ordinaria; es decir, la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso.
"En consecuencia, tratándose de leyes tributarias, la motivación está inmersa en el fin perseguido por la contribución, que es destinarla a cubrir el gasto público en beneficio de la colectividad.
"Luego, el legislador no está obligado a razonar o explicar el por qué se crea la prestación patrimonial pública, porque se trata de relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, al existir el deber de contribuir al gasto público, en términos del artículo 31, fracción IV, constitucional.
"Así, dado que los valores unitarios contenidos en las tablas reclamadas son elementos que integran la base gravable del impuesto predial para los Municipios del Estado de Querétaro, el legislador no se encontraba obligado a expresar o razonar específicamente los elementos que tuvo en consideración para establecerlos, en aras de cumplir con la garantía de legalidad, en cuanto a su motivación, pues, se reitera, este elemento está inmerso en el propio acto legislativo.
"Sirve como criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 234/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 307, que establece:
"‘PREDIAL. LAS MATRICES DE CARACTERÍSTICAS Y DE PUNTOS, ASÍ COMO LAS TABLAS DE PUNTOS, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD.’ (se transcribe texto)
"No es óbice a lo anterior, el hecho de que el legislador pudiera establecer valores numéricos de manera arbitraria, puesto que estaría delimitado por la diversa garantía de proporcionalidad tributaria, por virtud de la cual, tomando en consideración la naturaleza del procedimiento para la determinación de la base, el legislador no podría establecer un mecanismo de apreciación de la riqueza que fuera completamente ajeno al objeto del tributo.
"Es decir, no podrían asignarse valores que no correspondieran con la realidad, pero ello no implica que exista la obligación de justificar los que se asignen.
"Luego, contrariamente a lo alegado, las tablas reclamadas no transgreden el principio de legalidad tributaria, ya que no era necesario que se plasmara la influencia de cada uno de los elementos tomados en cuenta para la cuantificación de los valores unitarios respectivos, al involucrar tal cuestión la motivación de un acto legislativo en materia tributaria.
"En otra parte del segundo concepto de violación (foja 15), la quejosa alega que las autoridades legislativa y municipal fueron quienes
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27312-b1d7e48d/beneficio-fiscal-contenido-en-el-articulo-decimo-transitorio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO, PUNTO III, INCISO A), NUMERAL 6, DEL APARTADO DENOMINADO "DEFINICIONES" DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES (2a./J. 220/2009)
- PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO, PUNTO III, INCISO A), NUMERAL 6, DEL APARTADO DENOMINADO "DEFINICIONES" DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES (688)
- PREDIAL. EL ARTÍCULO 6, FRACCIÓN I, INCISOS A) Y B), DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2017, AL CONTENER LOS ELEMENTOS P (XVI.1o.A.191 A (10a.))
- IMPUESTO PREDIAL. LAS TABLAS DE VALORES DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2017 A 2021, AUN CUANDO NO DEFINEN LOS C (VIII.1o.P.A.7 A (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis