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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 507/2010. *****(1)***** Y OTROS. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, GABRIEL REGIS LÓPEZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO, GUSTAVO RUIZ PADILLA Y JESICCA VILLAFUERTE ALEMÁN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 507/2010. · Registro digital (IUS): 80016
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: *****(1)***** Y OTROS.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Versión electrónica, Pág. 5.

Vo.Bo.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de septiembre de dos mil once.

Cotejó:

V I S T O S, y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil nueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, (1) **********, (2) **********, (3) **********, (4) **********, (5) **********, (6) **********, (7) ********** y (8) **********, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"AUTORIDADES RESPONSABLES. Son autoridades responsables de transgredir mis garantías en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, las siguientes:

a) CONGRESO DE LA UNIÓN, es decir, tanto la cámara de diputados y senadores, como responsables de la discusión, aprobación y expedición de la ley que contiene los preceptos combatidos por inconstitucionales.

b) PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a quien se le atribuye la promulgación de los preceptos combatidos.

c) SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, quien refrendó la reforma a los preceptos que se reclaman como inconstitucionales.

d) DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, a quien se le imputa la publicación de los preceptos impugnados.

IV. LEY O ACTO DE AUTORIDAD. Son violatorios de la constitución, las disposiciones siguientes:

El sistema de tributación de las personas físicas establecido en el Título XI (sic) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al valor agregado y se establece el subsidio para el empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, en específico los artículos 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta."

Conviene precisar que, tras el análisis de los actos reclamados en el presente juicio por parte del Tribunal Colegiado de Circuito en los términos que más adelante se precisarán, la materia de la revisión y el pronunciamiento de este Alto Tribunal debe entenderse en relación con el problema de constitucionalidad que subsiste en esta instancia, es decir, atendiendo a la constitucionalidad de las disposiciones que integran el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en particular, en su artículo 177 (que establece el cálculo del impuesto del ejercicio con base en una tarifa), y por el efecto producido por la derogación del artículo 178 (que regulaba un subsidio acreditable contra el impuesto sobre la renta del ejercicio), en la medida en la que -según se afirma- no se reconoce el derecho al mínimo vital que todas las personas deben tener libres de gravamen para hacer frente a las necesidades básicas de subsistencia.

SEGUNDO. Los quejosos señalaron como garantías individuales violadas las que se contienen en los artículos 31, fracción IV y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.

TERCERO. De dicho juicio correspondió conocer a la Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien mediante auto de veintinueve de mayo de dos mil nueve, admitió a trámite la demanda de garantías que ya había sido registrada con el número **********. Seguidos los trámites legales correspondientes, llevó a cabo la audiencia constitucional el veintiocho de julio de dos mil nueve.

En cumplimiento a los Acuerdos Generales 27/2008 y 37/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como al oficio STCCNO/1071/2008, de siete de julio de dos mil ocho, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos de dicho Consejo, mediante auto de diez de agosto de dos mil nueve, el Secretario en funciones de titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, remitió los autos del juicio de amparo indirecto **********, a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, para que por su conducto se turnara al órgano jurisdiccional competente, a efecto de que dictara la sentencia que en derecho correspondiera.

Una vez recibido el expediente en dicha oficina, se envió al Juez Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien mediante auto de dieciocho de agosto de dos mil nueve, lo tuvo por recibido, quedando registrado con el cuaderno de antecedentes número **********, a efecto de dictar la sentencia correspondiente. Mediante resolución terminada de engrosar el diez de septiembre de dos mil nueve, se decidió lo siguiente:

"PRIMERO. Se sobresee en el juicio de garantías **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez (del que deriva el cuaderno de antecedentes **********, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región), promovido por *****(6)***** contra el Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, por los actos precisados en el considerando segundo de este fallo, de acuerdo con las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****(1)*****, *****(2)*****, *****(3)*****, *****(4)*****, *****(5)*****, *****(7)***** ni a *****(8)*****, contra las autoridades y contra los actos mencionados en el considerando segundo, de conformidad con los razonamientos y preceptos jurídicos señalados en el considerando quinto de la presente resolución.

TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el inciso 6) del punto quinto del Acuerdo General 27/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura (sic), devuélvanse los autos al juzgado de origen y remítase el disquete que contenga la presente resolución, para los efectos legales a que haya lugar".

CUARTO. Inconforme con la resolución anterior, mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil nueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el autorizado de los quejosos interpuso recurso de revisión, mismo que se tramitó bajo el toca número ********** ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, tal y como se desprende del acuerdo de admisión dictado el diecinueve de octubre de dos mil nueve por la Magistrada Presidenta del referido Tribunal.

Mediante oficio 529-III-DACL-(GTD)-63735.1306179 presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito el treinta de octubre de dos mil nueve, la delegada del Presidente de la República en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, se adhirió al recurso interpuesto por los quejosos.

En atención a que el asunto se ubicó en el supuesto contenido en el oficio STCCNO/939/2010, de veintidós de febrero de dos mil diez, emitido por la Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante auto de tres de marzo de dos mil diez, la Presidenta del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento remitió el asunto a los Tribunales Colegiados Auxiliares con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por conducto de su Oficina de de Correspondencia Común.

Una vez recibido el expediente en dicha oficina, se envió al Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, quien mediante auto de ocho de marzo de dos mil diez, lo tuvo por recibido quedando registrado con el número auxiliar **********, a efecto de dictar la sentencia correspondiente. En sesión correspondiente al veintidós de abril de dos mil diez, el órgano colegido auxiliar resolvió lo siguiente:

"PRIMERO. Se CONFIRMA en parte, la sentencia recurrida, en cuyo primer resolutivo establece: 'PRIMERO. Se sobresee en el juicio de garantías **********, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez (del que deriva el cuaderno de antecedentes **********, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región), promovido por *****(6)***** contra el Congreso de la Unión, Presidente Constitucional los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, por los actos precisados en el considerando segundo de este fallo, de acuerdo con las razones expuestas en el considerando cuarto de este fallo'.

SEGUNDO. Se RESERVA JURISDICCIÓN a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que a bien tenga determinar respecto a la constitucionalidad de los artículos 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, en términos de lo expuesto en el último considerando de este fallo.

TERCERO. Previo cuaderno de antecedentes que se forme de este asunto, por conducto del Tribunal Auxiliado REMÍTANSE LOS AUTOS del juicio de amparo número **********, promovido por *****(1)***** Y OTROS y, el recurso de revisión **********, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que a bien tenga determinar; asimismo envíese el disco que contenga esta resolución."

QUINTO. Una vez recibidos los autos de referencia, por auto de nueve de junio de dos mil diez, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumiera su competencia originaria para conocer del recurso de revisión hecho valer, así como de la adhesión formulada por la delegada del Presidente de la República, quedando registrado con el número 507/2010; asimismo, en dicho proveído ordenó se notificara a las autoridades responsables y al Procurador General de la República, y se reservara el trámite subsecuente del asunto sin que corrieran los plazos de caducidad, hasta en tanto este Alto Tribunal emitiera criterio sobre el problema central que se aborda en la demanda.

Mediante certificación de veintiocho de junio de dos mil diez, el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal hizo constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se abstuvo de formular pedimento.

De conformidad con lo dispuesto en el punto Segundo del Acuerdo General 11/2010 del diecisiete de agosto de dos mil diez, y lo aprobado en sesión privada del Pleno el veintitrés de agosto siguiente, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, se turnó al Ministro José Fernando Franco González Salas.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Tercero, fracción III del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, y en el punto Segundo del Acuerdo General 12/2008, de primero de diciembre de dos mil ocho, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del sistema de tributación para las personas físicas contenido en el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, particularmente, el artículo 177 y la derogación del artículo 178, ambos de dicha ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, respecto de los cuales subsiste el problema de constitucionalidad y se aborda una temática de importancia y trascendencia.

SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de revisión principal fue interpuesto dentro del plazo legalmente establecido, tal como lo señaló el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el considerando segundo de la sentencia dictada el veintidós de abril de dos mil diez, en el toca auxiliar **********.

Por otra parte, el auto que admitió a trámite el recurso de revisión principal fue notificado mediante oficio a la autoridad responsable Presidente de la República, el lunes veintiséis de octubre de dos mil nueve, de acuerdo con la constancia que obra en la foja 40 del toca de revisión **********, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; por tanto, si el término de cinco días previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo, para adherirse al recurso principal transcurrió del miércoles veintiocho de octubre al miércoles cuatro de noviembre de dicho año, descontándose los días treinta y uno de octubre, uno y dos de noviembre por ser inhábiles, y si el recurso se presentó el viernes treinta de octubre de dos mil nueve, es indudable que resulta oportuno.

TERCERO. Cuestiones necesarias para la resolución del asunto (síntesis de los conceptos de violación, de la sentencia del Juez de Distrito, de los agravios formulados en revisión y de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito).

I. En el escrito inicial de la demanda de amparo, los quejosos formularon, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:

Primero.

A. Conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1780/2006 (en el que se alude a la tesis de rubro: DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONSTITUYE UN LÍMITE FRENTE AL LEGISLADOR EN LA IMPOSICIÓN DEL TRIBUTO"), así como el amparo en revisión 554/2007, del que derivó la tesis de rubro: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS", se puede apreciar que uno de los derechos básicos a proteger de las personas dentro de un sistema de tributación justo, es la no afectación del umbral mínimo que corresponde a la dignidad humana para sufragar sus necesidades primordiales, sin que sea su pretensión que el legislador defina tal figura, sino que sólo se respete ese monto patrimonial, y sin que el tributo llegue a ser tan excesivo que implique una confiscación, de manera que el Poder Judicial de la Federación analice y califique si la norma respeta esos dos parámetros que se muestran como limitantes a la Potestad Tributaria.

Además, la Primera Sala del Alto Tribunal en la tesis de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.", señaló que existe un entorno constitucional que protege el derecho a la dignidad humana, para que el gobernado esté en aptitud de subsistir y participar dentro de un entorno democrático; es por ello que la Constitución Federal regula ese derecho elemental de las personas en sus artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123.

Con base en lo anterior, el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en específico su artículo 177, reformado el uno de octubre de dos mil siete, viola los principios de generalidad y proporcionalidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque la tarifa que en el mismo precepto se contiene y su texto, dejan patente que no existe prescripción alguna que tutele el derecho que tengan los contribuyentes personas físicas sobre sus ingresos para hacer frente a sus necesidades primordiales, libres de gravamen, figura jurídica que es protegida en la mayoría de los sistemas jurídico-tributarios en el mundo como "mínimo vital", "mínimo existencial" o "mínimo de subsistencia".

La tarifa que contiene las alícuotas y rangos, desde el primer escaño determina como posible base para ser gravada $0.01, lo que implica que las personas físicas estarán obligadas al pago del impuesto relativo desde el primer centavo que perciban de ingresos, sin que para ello exista una excepción a la carga tributaria por un mínimo de percepciones que sirvan para vestido, vivienda, alimentación, gastos médicos, de recreación, tanto para dichas personas físicas contribuyentes, como para su familia.

La omisión del legislador de prever un método de liberación del gravamen para los contribuyentes personas físicas, provoca que el impuesto sea desproporcional, pues se paga sobre una base mayor a la que por derecho natural debe cobrarse, y no se regula alguna alternativa para desgravar o compensar la carga económica que tiene toda persona física para poder subsistir, y así disminuir el monto del tributo a pagar, lo que conlleva a determinar un impuesto sobre una base ficticia, esto es, respecto de un haber patrimonial que no existe, pues el monto de ingresos ha sido disminuido por gastos esenciales que no pueden ser deducibles según la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En ese sentido, no es suficiente que existan en el artículo 109 de dicha ley exenciones parciales por percepciones esporádicas, ya que se trata de casos aislados que no integran la base gravable, sin que exista una política alterna para excluir del objeto o de la base gravable, los ingresos de las personas físicas que son percepciones mínimas.

Así, no existe liberación del objeto del tributo, es decir, ingresos que sean considerados como no vinculados con la aplicación de la norma impositiva, y tampoco existe una figura de desgravación, exención, acreditamiento o deducción por la obtención de ingresos que día con día generan el tributo.

Como lo ha reconocido nuestro máximo tribunal, el derecho al mínimo vital es un umbral de no tributación en todos los ingresos percibidos cotidianamente, en razón a que las necesidades básicas no se dan esporádicamente cuando se perciben los ingresos exentos señalados (ingresos por concepto de horas extra, prima vacacional, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, aguinaldo, gratificaciones, jubilaciones, pensiones, indemnizaciones u otro concepto por separación del trabajo).

El mínimo vital no se agota con exenciones a percepciones esporádicas, pues los gastos vitales de las personas se realizan a diario y ese umbral de no gravamen sobre ingresos rutinarios constantes, deben estar considerados dentro de los elementos esenciales del tributo, esto es, en su tarifa o en disposición alterna que permita desvincular dichos ingresos de la base, acreditarse o incluso dejarlos fuera de la aplicación de la ley, convirtiéndolos en no sujeción o no objeto del tributo.

Todas las personas físicas, cualquiera que sea su régimen tributario, deben tener un mínimo de percepciones libre del gravamen para evitar que se vulnere su dignidad y gocen del derecho a una vivienda digna y decorosa, vestido, alimentación y demás gastos mínimos de subsistencia.

No es óbice para arribar a las conclusiones apuntadas, el hecho de que en la ley reclamada exista impedimento para el patrón de retener el impuesto correspondiente a un salario mínimo por dos razones: a) el salario mínimo no es remunerador del mínimo de subsistencia, pues quien gana ese salario está condenado a vivir en la miseria, en penuria, lo que nunca se acerca a un estilo de vida digna y decorosa a fin de adquirir un inmueble para vivir, alimentarse debidamente, sostener a su familia y realizar gastos de impuestos locales y servicios públicos; y b) la ley no exime de calcular el impuesto anual sobre el salario mínimo, pues la retención es sólo considerada como un pago provisional del tributo.

B. A partir de dos mil ocho, la declaración del ejercicio (que se consideró como el primer acto de aplicación), desaparece la figura jurídica del crédito al salario. Esto conlleva que una figura paralela al mínimo vital, que tenía como fin que a la clase desprotegida se le diera una ayuda para el pago de sus impuestos, inclusive con la que se podía obtener un beneficio efímero y provisional de naturaleza económica, y con ello sufrir en menor grado el embate para las personas asalariadas que soportan la mayoría de la carga tributaria de impuesto sobre la renta, aun cuando parte de ese beneficio era a cargo del patrón y no del Estado, fue eliminada de la ley vigente a partir de ese año, de manera que lo poco que se tenía similar al mínimo vital, sin conceder que ese era su fin, se eliminó y actualmente puede percibirse con mayor intensidad la ausencia de un mínimo vital o de subsistencia en materia tributaria.

Segundo.

El artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el principio de progresividad tributaria, ya que la graduación del tributo no comienza a partir de una base real de factibilidad de tributación. La tarifa prevista en ese precepto al no contener el primer escalón, escaño, rango o tramo, libre de alícuota -que sería la cantidad que el legislador evalúe como la adecuada según las circunstancias económicas y las necesidades de la generalidad de contribuyentes personas físicas-, rompe con dicho principio y, con ello, viola el principio de proporcionalidad y equidad horizontal en materia tributaria.

La tarifa impugnada no conserva una progresividad proporcional, pues la realidad económica no está manifestada en ella; aun cuando el trato es igualitario para todos los contribuyentes, este trato no es el que corresponde para identificar la verdadera potencialidad para contribuir a los gastos públicos, ya que el legislador extralimitó sus facultades al no considerar el mínimo vital o existencial no gravable que debe proteger atendiendo a lo ordenado por la Constitución, distorsionando gradualmente la progresividad tributaria, pues se recorren los escaños de la tarifa aplicable para el calculo de un impuesto viciado.

Así, resulta desproporcional la disposición reclamada, porque para todos los regímenes de las personas físicas en el impuesto sobre la renta, no considera el mínimo vital o de subsistencia, sean potencialmente mayores o menores contribuyentes, pues un factor positivo o negativo que se adicione a la tarifa de cálculo del tributo o que intervenga en determinación de la base, desproporciona la tarifa y la vicia de falta de progresividad.

Si conforme a la jurisprudencia de rubro: "IMPUESTOS. LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE PARA SU PAGO ESTABLECEN TARIFAS EN LAS QUE EL AUMENTO DE LA BASE GRAVABLE, QUE PROVOCA UN CAMBIO DE RANGO, CONLLEVA UN INCREMENTO EN LA TASA APLICABLE QUE ELEVA EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN EN UNA PROPORCIÓN MAYOR A LA QUE ACONTECE DENTRO DEL RANGO INMEDIATO INFERIOR, SON VIOLATORIAS DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS", el Pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de tarifas que por diferencias de una unidad monetaria incrementara cualitativamente su aportación al gasto público, entonces por mayoría de razón se debe declarar inconstitucional la desproporción anunciada, al no respetarse la consistencia y sistematización entre tramos en los rangos de una tarifa al dejar de introducir un elemento como lo es el umbral del mínimo vital.

Si lo que pretende el legislador es gravar la riqueza derivada del esfuerzo o del trabajo, esto es, cuando el impuesto recae sobre una persona física, inevitablemente es necesario regular el gravamen con base en una tarifa progresiva que observe el pago cualitativo de los causantes del tributo, tal como lo ha seguido sosteniendo el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación.

II. El Juez de Distrito del conocimiento al dictar sentencia resolvió, en síntesis, lo siguiente:

Considerando Segundo.

Los actos reclamados materia del presente juicio de garantías son la discusión, aprobación, promulgación, refrendo, publicación y aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de mil siete, particularmente los artículos 177 y 178 de dicha ley.

No obstante, la litis se constriñe estrictamente a determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en virtud de que del Decreto impugnado se advierte que el diverso artículo 178 fue derogado, de ahí que no haya materia de análisis respecto de su constitucionalidad o inconstitucionalidad.

Considerando Tercero.

Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Considerando Cuarto.

De oficio, se advierte que en el juicio se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso artículo 114, fracción I (a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, por lo que se refiere a la quejosa *****(6)*****, debido a que no acreditó la existencia del acto de aplicación y, por ende, su interés jurídico, al no haber exhibido el acuse de recibo que demostrara la presentación de la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal dos mil ocho. Por tanto, debe sobreseerse el juicio en relación con la quejosa señalada.

Por otra parte, contrario a lo señalado por el Presidente de la República y por el Congreso de la Unión, no se actualizan las causas de improcedencia contenidas en el artículo 73, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, pues los quejosos sí acreditaron la afectación a su interés jurídico provocada por el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al haber exhibido el acuse de recibo de su declaración anual para el ejercicio fiscal 2008, en la cual se aplicó dicho precepto, por lo que resulta infundada dicha causa de improcedencia.

No pasa desapercibido que el Presidente de la República señaló que además se actualizaba la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 76 de ese mismo ordenamiento y con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, pues a su juicio los quejosos impugnan una omisión legislativa, ya que los conceptos de violación aducidos están encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no la omisión legislativa del precepto en cita con el propósito de que sea subsanada.

Considerando Quinto.

Agotado el estudio de las causas de improcedencia, se analiza la cuestión planteada en los conceptos de violación.

Son infundados los argumentos en que se aduce violación al principio de proporcionalidad tributaria, porque los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta -tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar las disposiciones relativas vigentes para el ejercicio fiscal de dos mil seis-, al establecer las tarifas que se aplicarán para calcular la base gravable del impuesto sobre la renta para las personas físicas que prestan un servicio personal subordinado o asimilado, como es el caso de los hoy quejosos, prevén la aplicación de tablas en las que existe una progresividad, en la que la diferencia de un peso entre un rango y otro se encuentra compensado con la cuota fija establecida para su aplicación, sobre el excedente del límite inferior, evitando que el impuesto se eleve de manera desproporcionada.

De tal manera, el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable, que provoca un cambio de rango al rebasar su límite superior y quedar comprendido en el siguiente, conduce a que quien obtenga mayores ingresos tenga una mayor carga tributaria. Ello derivado de la medición entre un renglón y otro, desde menor a mayor ingreso, con relación al límite superior del renglón anterior, del que se advierte que existe una carga tributaria en proporción al aumento del ingreso, que al que tiene lugar en el renglón inferior.

Así, se advierte la progresividad de la tarifa, ya que conforme aumenta el ingreso incrementa la alícuota a pagar, esto es, derivado de la relación con la cantidad inmersa entre un límite inferior y uno superior y considerando que la tasa del impuesto se aplica sobre el excedente del límite inferior en un porcentaje al que se le suma la cuota, por lo que resulta una carga tributaria mayor en proporción al aumento de los ingresos, sin que tal incremento en el impuesto a pagar resulte en una proporción mayor a la que tiene lugar en el renglón inferior, por un aumento de la misma cuantía de la base gravable.

Por ello es que, con apoyo en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no obstante referirse a disposiciones vigentes en dos mil seis, se concluye que el precepto reclamado vigente en dos mil ocho no viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, pues las razones por las cuales se consideraron constitucionales aquéllos, resultan aplicables a éste, al no variar su contenido y esencia.

Por otra parte, resultan infundados los argumentos referentes a que la tarifa señalada en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al provocar un incremento en la tasa aplicable, transgrede el derecho al mínimo vital reconocido en materia impositiva en el orden constitucional mexicano. Lo anterior, debido a que -como se expuso con antelación-, el impuesto no transgrede en modo alguno los principios de proporcionalidad y equidad tributaria que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, pues no se está en presencia de un tributo que imponga una carga fiscal a los particulares que afecte en grado superlativo la capacidad para sufragar sus necesidades básic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80016-08d0f20b/amparo-en-revision-507-2010-1-y-otros · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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