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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 24/2010. *****(1)***** Y OTROS. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: FANUEL MARTINEZ LÓPEZ, GABRIEL REGIS LÓPEZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO, GUSTAVO RUIZ PADILLA Y JESICCA VILLAFUERTE ALEMÁN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 24/2010. · Registro digital (IUS): 80015
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: *****(1)***** Y OTROS.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Versión electrónica, Pág. 4.

Vo.Bo.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de septiembre de dos mil once.

Cotejó:

V I S T O S, y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado el once de mayo de dos mil nueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, (1) **********, (2) **********, (3) **********, (4) **********, (5) **********, (6) ********** y (7) **********, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Son autoridades responsables de transgredir mis garantías en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, las siguientes:

a) CONGRESO DE LA UNIÓN, es decir, tanto la Cámara de Diputados y Senadores, como responsables de la discusión, aprobación y expedición de la ley que contiene los preceptos combatidos por inconstitucionales.

b) PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a quien se le atribuye la promulgación de los preceptos combatidos.

c) SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, quien refrendó la reforma a los preceptos que se reclaman como inconstitucionales.

d) DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, a quien se le imputa la publicación de los preceptos impugnados.

IV. LEY O ACTO DE AUTORIDAD. Son violatorios de la Constitución, las disposiciones siguientes:

El sistema de tributación de las personas físicas establecido en el Título XI (sic) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se establece el subsidio para el empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, en específico los artículos 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta."

Conviene precisar que, tras el análisis de los actos reclamados en el presente juicio por parte del Tribunal Colegiado de Circuito en los términos que más adelante se precisarán, la materia de la revisión y el pronunciamiento de este Alto Tribunal debe entenderse en relación con el problema de constitucionalidad que subsiste en esta instancia, es decir, atendiendo a la constitucionalidad de las disposiciones que integran el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en particular, en su artículo 177 (que establece el cálculo del impuesto del ejercicio con base en una tarifa), en la medida en la que -según se afirma- no se reconoce el derecho al mínimo vital que todas las personas deben tener libre de gravamen para hacer frente a las necesidades básicas de subsistencia.

SEGUNDO. Los quejosos señalaron como garantías individuales violadas las que se contienen en los artículos 31, fracción IV, y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.

TERCERO. De dicho juicio correspondió conocer a la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien mediante auto del trece de mayo de dos mil nueve, admitió a trámite la demanda de garantías y ordenó su registro con el número **********. Seguidos los trámites legales correspondientes, llevó a cabo la audiencia constitucional el veinte de julio de dos mil nueve y dictó sentencia que firmó el día ocho de septiembre siguiente, en la que resolvió:

"PRIMERO. Se sobresee en el juicio de garantías número **********, promovido por *****(1)*****, *****(2)*****, *****(3)*****, *****(4)*****, *****(5)*****, *****(6)***** y *****(7)*****, en contra de los actos y autoridades responsables precisados en el resultando primero y por los razonamientos expuestos en el considerando sexto de este fallo.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a *****(1)*****, *****(2)*****, *****(3)*****, *****(4)*****, *****(5)*****, *****(6)***** y *****(7)*****, en contra de los actos reclamados y por las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de la presente resolución y conforme a las razones expuestas la parte (sic) considerativa de esta sentencia."

CUARTO. Inconforme con la resolución anterior, el autorizado de los quejosos interpuso recurso de revisión que se tramitó bajo el toca número **********, ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

En sesión del nueve de diciembre de dos mil nueve, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento resolvió:

"PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se SOBRESEE en relación al artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete), en los términos precisados en el considerando sexto.

TERCERO. Este Tribunal Colegiado DECLARA CARECER DE COMPETENCIA legal para conocer del presente recurso de revisión, respecto del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete).

CUARTO. Previo cuaderno de antecedentes que se forme de este asunto, REMÍTANSE LOS AUTOS del juicio de amparo número **********, promovido por *****(1)***** Y OTROS y, el recurso de revisión **********, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que a bien tenga determinar; asimismo envíese el disco que contenga esta resolución."

QUINTO. Una vez recibidos los autos de referencia, por auto de trece de enero de dos mil diez, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumiera su competencia originaria para conocer del recurso de revisión hecho valer, quedando registrado con el número 24/2010; asimismo, en dicho proveído ordenó se notificara a las autoridades responsables y al Procurador General de la República, se enviara el asunto a la Segunda Sala para el único efecto de que se turnara al Ministro correspondiente y se devolviera a la Subsecretaría General de Acuerdos para la continuación del trámite.

Por acuerdo del catorce de enero de dos mil diez, el Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal turnó el asunto al Ministro Luis María Aguilar Morales y ordenó la devolución del expediente a la Subsecretaría General de Acuerdos.

Mediante pedimento V/16/2010, el Agente del Ministerio Público de la Federación designado para intervenir en el presente asunto, solicitó que en la materia de la revisión se confirmara la sentencia recurrida y se negara el amparo a los quejosos.

Habiéndose listado el asunto de conformidad con lo dispuesto en el punto Segundo del Acuerdo General 11/2010 del diecisiete de agosto de dos mil diez, y lo aprobado en sesión privada del Pleno el veintitrés de agosto siguiente, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, se returnó al Ministro José Fernando Franco González Salas; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Tercero, fracción III, del Acuerdo General 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno, y en el punto Segundo del Acuerdo General 12/2008, de primero de diciembre de dos mil ocho, ambos emitidos por este Tribunal Pleno; toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del sistema de tributación para las personas físicas contenido en el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, particularmente, el artículo 177 y la derogación del artículo 178, ambos de dicha ley publicados en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, habida cuenta que respecto del primer precepto señalado subsiste el problema de constitucionalidad y se aborda una temática de importancia y trascendencia.

SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima y dentro del plazo legalmente establecido, tal como lo señaló el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento en el considerando segundo de la sentencia dictada el nueve de diciembre de dos mil nueve, en el toca **********.

TERCERO. Cuestiones necesarias para la resolución del asunto (síntesis de los conceptos de violación, de la sentencia del Juez de Distrito, de los agravios formulados en revisión y de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito).

I. En el escrito inicial de la demanda de amparo, los quejosos formularon, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:

Primero.

A. Conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1780/2006 (en el que se alude a la tesis de rubro: DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONSTITUYE UN LÍMITE FRENTE AL LEGISLADOR EN LA IMPOSICIÓN DEL TRIBUTO."), así como el amparo en revisión 554/2007, del que derivó la tesis de rubro: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS.", se puede apreciar que los derechos básicos a proteger de las personas dentro de un sistema de tributación justo, es la no afectación del umbral mínimo que corresponde a la dignidad humana para sufragar sus necesidades primordiales, sin que sea su pretensión que el legislador defina tal figura, sino que sólo se respete ese monto patrimonial, y sin que el tributo llegue a ser tan excesivo que implique una confiscación, de manera que el Poder Judicial de la Federación analice y califique si la norma respeta esos dos parámetros que se muestran como limitantes a la Potestad Tributaria.

Además, la Primera Sala del Alto Tribunal en la tesis de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.", señaló que existe un entorno constitucional que protege el derecho a la dignidad humana, para que el gobernado esté en aptitud de subsistir y participar dentro de un entorno democrático; es por ello que la Constitución Federal regula ese derecho elemental de las personas en sus artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123.

Con base en lo anterior, el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en específico su artículo 177, reformado el uno de octubre de dos mil siete, viola los principios de generalidad y proporcionalidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque tanto la tarifa que en el mismo precepto se contiene y su texto, dejan patente que no existe prescripción alguna que tutele el derecho que tengan los contribuyentes personas físicas sobre sus ingresos para hacer frente a sus necesidades primordiales, libres de gravamen, figura jurídica que es protegida en la mayoría de los sistemas jurídico-tributarios en el mundo como "mínimo vital", "mínimo existencial" o "mínimo de subsistencia".

La tarifa que contiene las alícuotas y rangos, desde el primer escaño determina como posible base para ser gravada $0.01, lo que implica que las personas físicas estarán obligadas al pago del impuesto relativo desde el primer centavo que perciban de ingresos, sin que para ello exista una excepción a la carga tributaria por un mínimo de percepciones que sirvan para vestido, vivienda, alimentación, gastos médicos, de recreación, tanto para dichas personas físicas contribuyentes, como para su familia.

La omisión del legislador de prever un método de liberación del gravamen para los contribuyentes personas físicas, provoca que el impuesto sea desproporcional, pues se paga sobre una base mayor a la que por derecho natural debe cobrarse, y no se regula alguna alternativa para desgravar o compensar la carga económica que tiene toda persona física para poder subsistir, y así disminuir el monto del tributo a pagar, lo que conlleva a determinar un impuesto sobre una base ficticia, esto es, respecto de un haber patrimonial que no existe, pues el monto de ingresos ha sido disminuido por gastos esenciales que no pueden ser deducibles según la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En ese sentido, no es suficiente que existan en el artículo 109 de dicha ley exenciones parciales por percepciones esporádicas, ya que se trata de casos aislados que no integran la base gravable, sin que exista una política alterna para excluir del objeto o de la base gravable, los ingresos de las personas físicas que son percepciones mínimas.

Así, no existe liberación del objeto del tributo, es decir, ingresos que sean considerados como no vinculados con la aplicación de la norma impositiva, y tampoco existe una figura de desgravación, exención, acreditamiento o deducción por la obtención de ingresos que día con día generan el tributo.

Como lo ha reconocido nuestro máximo tribunal, el derecho al mínimo vital es un umbral de no tributación en todos los ingresos percibidos cotidianamente, en razón a que las necesidades básicas no se dan esporádicamente cuando se perciben los ingresos exentos señalados (ingresos por concepto de horas extra, prima vacacional, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, aguinaldo, gratificaciones, jubilaciones, pensiones, indemnizaciones u otro concepto por separación del trabajo).

El mínimo vital no se agota con exenciones a percepciones esporádicas, pues los gastos vitales de las personas se realizan a diario y ese umbral de no gravamen sobre ingresos rutinarios constantes, deben estar considerados dentro de los elementos esenciales del tributo, esto es, en su tarifa o en disposición alterna que permita desvincular dichos ingresos de la base, acreditarse o incluso dejarlos fuera de la aplicación de la ley, convirtiéndolos en no sujeción o no objeto del tributo.

Todas las personas físicas, cualquiera que sea su régimen tributario, deben tener un mínimo de percepciones libre del gravamen para evitar que se vulnere su dignidad y gocen del derecho a una vivienda digna y decorosa, vestido, alimentación y demás gastos mínimos de subsistencia.

No es óbice para arribar a las conclusiones apuntadas, el hecho de que en la ley reclamada exista impedimento para el patrón de retener el impuesto correspondiente a un salario mínimo por dos razones: a) el salario mínimo no es remunerador del mínimo de subsistencia, pues quien gana ese salario está condenado a vivir en la miseria, en penuria, lo que nunca se acerca a un estilo de vida digna y decorosa a fin de adquirir un inmueble para vivir, alimentarse debidamente, sostener a su familia y realizar gastos de impuestos locales y servicios públicos; y b) la ley no exime de calcular el impuesto anual sobre el salario mínimo, pues la retención es sólo considerada como un pago provisional del tributo.

B. A partir de dos mil ocho, la declaración del ejercicio (que se consideró como el primer acto de aplicación), desaparece la figura jurídica del crédito al salario. Esto conlleva que una figura paralela al mínimo vital, que tenía como fin que a la clase desprotegida se le diera una ayuda para el pago de sus impuestos, inclusive con la que se podía obtener un beneficio efímero y provisional de naturaleza económica, y con ello sufrir en menor grado el embate para las personas asalariadas que soportan la mayoría de la carga tributaria de impuesto sobre la renta, aun cuando parte de ese beneficio era a cargo del patrón y no del Estado, fue eliminada de la ley vigente a partir de ese año, de manera que lo poco que se tenía similar al mínimo vital, sin conceder que ese era su fin, se eliminó y actualmente puede percibirse con mayor intensidad la ausencia de un mínimo vital o de subsistencia en materia tributaria.

Segundo.

El artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el principio de progresividad tributaria, ya que la graduación del tributo no comienza a partir de una base real de factibilidad de tributación. La tarifa prevista en ese precepto al no contener el primer escalón, escaño, rango o tramo, libre de alícuota -que sería la cantidad que el legislador evalúe como la adecuada según las circunstancias económicas y las necesidades de la generalidad de contribuyentes personas físicas-, rompe con dicho principio y, con ello, viola el principio de proporcionalidad y equidad horizontal en materia tributaria.

La tarifa impugnada no conserva una progresividad proporcional, pues la realidad económica no está manifestada en ella; aun cuando el trato es igualitario para todos los contribuyentes, este trato no es el que corresponde para identificar la verdadera potencialidad para contribuir a los gastos públicos, ya que el legislador extralimitó sus facultades al no considerar el mínimo vital o existencial no gravable que debe proteger atendiendo a lo ordenado por la Constitución, distorsionando gradualmente la progresividad tributaria, pues se recorren los escaños de la tarifa aplicable para el calculo de un impuesto viciado.

Así, resulta desproporcional la disposición reclamada, porque para todos los regímenes de las personas físicas en el impuesto sobre la renta, no considera el mínimo vital o de subsistencia, sean potencialmente mayores o menores contribuyentes, pues un factor positivo o negativo que se adicione a la tarifa de cálculo del tributo o que intervenga en determinación de la base, desproporciona la tarifa y la vicia de falta de progresividad.

Si conforme a la jurisprudencia de rubro: "IMPUESTOS. LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE PARA SU PAGO ESTABLECEN TARIFAS EN LAS QUE EL AUMENTO DE LA BASE GRAVABLE, QUE PROVOCA UN CAMBIO DE RANGO, CONLLEVA UN INCREMENTO EN LA TASA APLICABLE QUE ELEVA EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN EN UNA PROPORCIÓN MAYOR A LA QUE ACONTECE DENTRO DEL RANGO INMEDIATO INFERIOR, SON VIOLATORIAS DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS.", el Pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de tarifas que por diferencias de una unidad monetaria incrementara cualitativamente su aportación al gasto público, entonces por mayoría de razón se debe declarar inconstitucional la desproporción anunciada, al no respetarse la consistencia y sistematización entre tramos en los rangos de una tarifa al dejar de introducir un elemento como lo es el umbral del mínimo vital.

Si lo que pretende el legislador es gravar la riqueza derivada del esfuerzo o del trabajo, esto es, cuando el impuesto recae sobre una persona física, inevitablemente es necesario regular el gravamen con base en una tarifa progresiva que observe el pago cualitativo de los causantes del tributo, tal como lo ha seguido sosteniendo el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación.

II. El Juez de Distrito del conocimiento al dictar la sentencia recurrida resolvió, en síntesis, lo siguiente:

Considerando Segundo.

Los actos reclamados materia del presente juicio de garantías son la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se establece el subsidio para el empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil siete; en específico los artículos 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Considerando Tercero.

Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

Considerando Cuarto.

Contrario a lo señalado por el Presidente de la República, no se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, pues los quejosos sí acreditaron el acto concreto de aplicación al haber exhibido su declaración anual para el ejercicio fiscal 2008, por lo que resulta infundada dicha causa de improcedencia.

Considerando Quinto.

Contrario a lo señalado por el Presidente de la República, no se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues los quejosos sí acreditaron su interés jurídico para reclamar los artículos 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues a través de la declaración anual del ejercicio fiscal de 2008, demostraron que actualizaron el hecho generador del impuesto y, por tanto, que están sujetos al pago del gravamen, lo que no sólo denota un perjuicio económico, ya que tal situación incide en el cúmulo de derechos cuya titularidad ostenta, por lo que resulta infundada dicha causa de improcedencia.

Considerando Sexto.

Conforme a lo argumentado por el Presidente de la República, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del artículo 176 (sic) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues los quejosos no hicieron valer conceptos de violación en su contra, por lo que resulta procedente sobreseer. Lo cual no sucede en el caso del artículo 177 de dicha ley, pues contra disco precepto sí se formularon argumentos de inconstitucionalidad.

Al no existir otra causa de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, que a juicio de este juzgado opere de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación propuestos por los quejosos en contra de la disposición normativa respecto de la cual no se decretó el sobreseimiento.

Considerando Séptimo.

Son infundados los conceptos de violación en que se aduce violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, porque de los artículos 110, 113 y 116, en relación con el 177, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se observa que se establece una tarifa para el pago del impuesto con base en una estructura de rangos, una cuota fija y una tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior, con lo cual se respeta la capacidad contributiva de los sujetos pasivos de la relación tributaria, así como también la igualdad o desigualdad de las condiciones en que aquéllos se encuentran frente a la ley.

El hecho de que los contribuyentes al rebasar en una unidad el límite superior de un rango, queden comprendidos en el siguiente, no genera desproporcionalidad porque la tabla no determina una tarifa progresiva con base únicamente en la diferencia de un número, sino que señala una cuota fija aplicable al límite inferior y una tasa adicional sobre el excedente. Luego, al considerar todos estos elementos, refleja la auténtica capacidad contributiva del sujeto obligado, la cual se determina por la cuantía de la renta obtenida y por la fuente de la que proviene: capital o trabajo.

De ahí que el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no sea inequitativo y menos desporporcional, en atención a que considera la situación objetiva del contribuyente, así como las circunstancias cuantitativas y cualitativas en que se ubica frente a la ley, esto es, igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales.

Finalmente, es ineficaz el argumento que se aduce en el sentido de que la graduación del tributo que se cuestiona no comienza sobre una base real de factibilidad en la tributación, sino que se calcula sin importar que la utilidad posterior a pago de impuestos sea suficiente o no para afrontar los gastos esenciales de las personas, aunado a que no se considera de manera alguna el mínimo vital, lo cual vicia la tarifa contenida en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; lo anterior es así, dado que para acreditar su extremo, era necesario que los quejosos demostraran mediante la prueba idónea (pericial) que con la aplicación de ésta (tarifa) se llega a resultados irreales.

Por tanto, procede negar el amparo solicitado en relación con la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se establece el subsidio para el empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil siete; en específico del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

III. En el escrito del recurso de revisión los quejosos expresaron, en síntesis, los siguientes agravios:

Primero.

El Juez de Distrito negó el amparo solicitado sin entrar al estudio de fondo de la cuestión efectivamente planteada, por lo que la sentencia recurrida viola el principio de exhaustividad.

En efecto, señaló que el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es proporcional y equitativo, bajo la premisa de que la tabla que en dicho precepto se contiene, grava los ingresos conforme a la capacidad económica y contributiva, pues es progresiva y no permite que de un rango a otro se incremente de manera desproporcional el impuesto a pagar, además de que el impuesto grava cualitativa y cuantitativamente acorde a la situación jurídica en que se encuentran los sujetos.

Sin embargo, omitió analizar los razonamientos tendientes a demostrar que las cifras contenidas en la tabla contenida en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no son proporcionales por ausencia del mínimo vital, lo cual es evidente porque se empieza a gravar desde el primer centavo percibido por los causantes; así, el Juez no toma en cuenta el tema por el que se controvierte la ley reclamada, que es la ausencia de regulación del mínimo vital materia del juicio, sin comprender el concepto de tal figura y pasa por alto los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en la demanda se citaron como aplicables.

Segundo.

La sentencia recurrida es incongruente, porque en la demanda de amparo se señaló que en ninguna parte de la tabla contenida en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se respeta el derecho al mínimo vital; en cambio, el Juez A quo no resolvió dicha cuestión, sino que se limita a realizar consideraciones tendientes a resolver otra cuestión que no fue planteada.

No se tomó en consideración el argumento de los quejosos en el que se sostuvo que la tabla contenida en dicho precepto reclamado no puede ser proporcional al no respetar la verdadera capacidad contributiva de los causantes, ya que el legislador no deja una parte del ingreso libre de gravamen para conseguir lo necesario para subsistir y, por ende, no respeta el derecho al mínimo vital.

Por otra parte, sostiene el Juez A quo que los quejosos no demostraron fehacientemente su extremo, porque era necesaria la prueba pericial para demostrar que con la aplicación de la tarifa se va a llegar a un resultado irreal. Sin conceder que el Juez se refiera a que debió demostrarse con dicha prueba la ausencia de regulación del mínimo vital, lo cierto es que ello no es necesario, porque además de que el derecho no está sujeto a prueba, no se requiere el conocimiento técnico de un contador para apreciar que no hay ingreso alguno liberado del gravamen para que el contribuyente tenga lo mínimo para subsistir.

Tercero.

De manera incorrecta la sentencia recurrida sobreseyó respecto de la derogación del artículo 176 (sic) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo el argumento de que no se expresaron conceptos de violación en su contra.

El Juez A quo no tomó en consideración que en la demanda de amparo se combate todo el sistema de tributación para las personas físicas, esto es, todos los preceptos incluidos en el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contra los cuales se expresaron conceptos de violación en los que se argumentó que, para respetar el principio de proporcionalidad tributaria, es necesario reconocer para todas las personas físicas de los distintos regímenes contemplados en la ley, un mínimo de ingresos libre de gravamen de cualquier impuesto, lo cual represente el mínimo vital indispensable para subsistir.

Con ello se puede considerar impugnada la modificación del artículo 176 (sic) de la ley reclamada, porque aun cuando no se hiciera la manifestación de que se está atacando, en la demanda se controvierte su constitucionalidad, así como de todo el sistema de tributación mencionado, por lo que sí se hicieron valer conceptos de violación en su contra.

IV. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento al dictar sentencia resolvió, en síntesis, lo siguiente:

Considerando Cuarto.

Previo al análisis de los agravios expuestos por la recurrente, debe repararse una incongruencia advertida pues, no obstante que la Juzgadora Federal determinó en el considerando segundo de la sentencia recurrida que los actos reclamados consistían específicamente en los artículos 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el considerando sexto sobreseyó en relación con el artículo 176 de la citada ley, lo cual tampoco corresponde a la causa de improcedencia propuesta por el Presidente de la República.

Considerando Quinto.

Aclarado lo anterior, debe decirse que respecto al artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Juzgadora Federal estimó que no se actualizaba la causa de improcedencia invocada por el Presidente de la República, consistente en la ausencia de conceptos de violación; sin embargo, no hizo pronunciamiento alguno respecto de dicha causal en relación con el artículo 178 de dicha ley, por lo que al advertirse tal omisión se procede a su estudio por tratarse de una cuestión de orden público y análisi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80015-ccf72b0c/amparo-en-revision-24-2010-1-y-otros · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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