AMPARO EN REVISIÓN 121/2010. **********. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, GABRIEL REGIS LÓPEZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO, GUSTAVO RUIZ PADILLA Y JESICCA VILLAFUERTE ALEMÁN.
Vo.Bo.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de septiembre de dos mil once.
Cotejó:
V I S T O S, y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Por escrito presentado el cinco de junio de dos mil nueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
"III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Son autoridades responsables de transgredir mis garantías en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, las siguientes:
"a) CONGRESO DE LA UNIÓN, es decir, tanto la Cámara de Diputados y Senadores, como responsables de la discusión, aprobación y expedición de la ley que contiene los preceptos combatidos por inconstitucionales.
"b) PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a quien se le atribuye la promulgación de los preceptos combatidos.
"c) SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, quien refrendó la reforma a los preceptos que se reclaman como inconstitucionales.
"d) DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, a quien se le imputa la publicación de los preceptos impugnados.
"IV. LEY O ACTO DE AUTORIDAD. Son violatorios de la Constitución, las disposiciones siguientes:
"El sistema de tributación de las personas físicas establecido en el Título XI (sic) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se establece el subsidio para el empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, en específico los artículos 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta."
Conviene precisar que, tras el análisis de los actos reclamados en el presente juicio por parte del Tribunal Colegiado de Circuito en los términos que más adelante se precisarán, la materia de la revisión y el pronunciamiento de este Alto Tribunal debe entenderse en relación con el problema de constitucionalidad que subsiste en esta instancia, es decir, atendiendo a la constitucionalidad de las disposiciones que integran el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en particular, en su artículo 177 (que establece el cálculo del impuesto del ejercicio con base en una tarifa), en la medida en la que -según se afirma- no se reconoce el derecho al mínimo vital que todas las personas deben tener libre de gravamen para hacer frente a las necesidades básicas de subsistencia.
SEGUNDO. La quejosa señaló como garantías individuales violadas las que se contienen en los artículos 31, fracción IV y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. De dicho juicio correspondió conocer al Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien mediante auto de nueve de junio de dos mil nueve, admitió a trámite la demanda de garantías y ordenó su registro con el número **********. Seguidos los trámites legales correspondientes, llevó a cabo la audiencia constitucional el tres de agosto de dos mil nueve y dictó sentencia que firmó el día veinte siguiente, en la que resolvió:
"ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías **********, promovido por **********, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero del presente fallo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando último del mismo."
CUARTO. Inconforme con la resolución anterior, el autorizado de la quejosa interpuso recurso de revisión que se tramitó bajo el toca número **********, ante el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Mediante oficio 529-III-DACLA-(RFLC)-5186.1306454, la delegada del Presidente de la República en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, se adhirió al recurso interpuesto por la quejosa.
En sesión del diecinueve de enero de dos mil diez, el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento resolvió:
"PRIMERO. En la materia de la revisión competencia de este Tribunal Colegiado, se modifica la sentencia recurrida.
"SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en la sentencia que por esta vía se revisa y considerando noveno de la presente ejecutoria.
"TERCERO. Con testimonio de esta resolución y disquete que la contenga, remítanse de la manera más atenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los presentes autos para que determine lo que considere pertinente al respecto."
QUINTO. Una vez recibidos los autos de referencia, por auto de veintitrés de febrero de dos mil diez, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumiera su competencia originaria para conocer del recurso de revisión hecho valer, así como de la adhesión formulada por la delegada del Presidente de la República, quedando registrado con el número 121/2010; asimismo, en dicho proveído ordenó se notificara a las autoridades responsables y al Procurador General de la República, y se turnara el asunto al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea para su estudio.
Mediante certificación de doce de marzo de dos mil diez, el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal hizo constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se abstuvo de formular pedimento.
Previo dictamen del Ministro ponente, el expediente fue enviado a la Primera Sala de este Alto Tribunal. Una vez recibido el expediente, el Presidente de dicha Sala, mediante auto de veintitrés de abril de dos mil diez, ordenó que esta última se avocara al conocimiento del asunto.
Una vez enviado el asunto al Tribunal Pleno y, habiéndose listado de conformidad con lo dispuesto en el punto Segundo del Acuerdo General 11/2010 del diecisiete de agosto de dos mil diez, y lo aprobado en sesión privada del Pleno el veintitrés de agosto siguiente, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, se returnó al Ministro José Fernando Franco González Salas.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Tercero, fracción III del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, y en el punto Segundo del Acuerdo General 12/2008, de primero de diciembre de dos mil ocho, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del sistema de tributación para las personas físicas contenido en el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, particularmente, el artículo 177 y la derogación del artículo 178, ambos de dicha ley publicados en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, habida cuenta que respecto del primer precepto señalado subsiste el problema de constitucionalidad y se aborda una temática de importancia y trascendencia.
SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de revisión y la adhesión a éste, fueron interpuestos por partes legítimas y dentro del plazo que para cada uno de ellos se establece legalmente, tal como lo señaló el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento en los considerandos segundo al quinto de la sentencia dictada el diecinueve de enero de dos mil diez, en el toca **********.
TERCERO. Cuestiones necesarias para la resolución del asunto (síntesis de los conceptos de violación, de la sentencia del Juez de Distrito, de los agravios formulados en revisión y de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito).
I. En el escrito inicial de la demanda de amparo, la parte quejosa formuló, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:
Primero.
A. Conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1780/2006 (en el que se alude a la tesis de rubro: DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONSTITUYE UN LÍMITE FRENTE AL LEGISLADOR EN LA IMPOSICIÓN DEL TRIBUTO."), así como el amparo en revisión 554/2007, del que derivó la tesis de rubro: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS.", se puede apreciar que los derechos básicos a proteger de las personas dentro de un sistema de tributación justo, es la no afectación del umbral mínimo que corresponde a la dignidad humana para sufragar sus necesidades primordiales, sin que sea su pretensión que el legislador defina tal figura, sino que sólo se respete ese monto patrimonial, y sin que el tributo llegue a ser tan excesivo que implique una confiscación, de manera que el Poder Judicial de la Federación analice y califique si la norma respeta esos dos parámetros que se muestran como limitantes a la Potestad Tributaria.
Además, la Primera Sala del Alto Tribunal en la tesis de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.", señaló que existe un entorno constitucional que protege el derecho a la dignidad humana, para que el gobernado esté en aptitud de subsistir y participar dentro de un entorno democrático; es por ello que la Constitución Federal regula ese derecho elemental de las personas en sus artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123.
Con base en lo anterior, el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en específico su artículo 177, reformado el uno de octubre de dos mil siete, viola los principios de generalidad y proporcionalidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque tanto la tarifa que en el mismo precepto se contiene y su texto, dejan patente que no existe prescripción alguna que tutele el derecho que tengan los contribuyentes personas físicas sobre sus ingresos para hacer frente a sus necesidades primordiales, libres de gravamen, figura jurídica que es protegida en la mayoría de los sistemas jurídico-tributarios en el mundo como "mínimo vital", "mínimo existencial" o "mínimo de subsistencia".
La tarifa que contiene las alícuotas y rangos, desde el primer escaño determina como posible base para ser gravada $0.01, lo que implica que las personas físicas estarán obligadas al pago del impuesto relativo desde el primer centavo que perciban de ingresos, sin que para ello exista una excepción a la carga tributaria por un mínimo de percepciones que sirvan para vestido, vivienda, alimentación, gastos médicos, de recreación, tanto para dichas personas físicas contribuyentes, como para su familia.
La omisión del legislador de prever un método de liberación del gravamen para los contribuyentes personas físicas, provoca que el impuesto sea desproporcional, pues se paga sobre una base mayor a la que por derecho natural debe cobrarse, y no se regula alguna alternativa para desgravar o compensar la carga económica que tiene toda persona física para poder subsistir, y así disminuir el monto del tributo a pagar, lo que conlleva a determinar un impuesto sobre una base ficticia, esto es, respecto de un haber patrimonial que no existe, pues el monto de ingresos ha sido disminuido por gastos esenciales que no pueden ser deducibles según la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En ese sentido, no es suficiente que existan en el artículo 109 de dicha ley exenciones parciales por percepciones esporádicas, ya que se trata de casos aislados que no integran la base gravable, sin que exista una política alterna para excluir del objeto o de la base gravable, los ingresos de las personas físicas que son percepciones mínimas.
Así, no existe liberación del objeto del tributo, es decir, ingresos que sean considerados como no vinculados con la aplicación de la norma impositiva, y tampoco existe una figura de desgravación, exención, acreditamiento o deducción por la obtención de ingresos que día con día generan el tributo.
Como lo ha reconocido nuestro máximo tribunal, el derecho al mínimo vital es un umbral de no tributación en todos los ingresos percibidos cotidianamente, en razón a que las necesidades básicas no se dan esporádicamente cuando se perciben los ingresos exentos señalados (ingresos por concepto de horas extra, prima vacacional, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, aguinaldo, gratificaciones, jubilaciones, pensiones, indemnizaciones u otro concepto por separación del trabajo).
El mínimo vital no se agota con exenciones a percepciones esporádicas, pues los gastos vitales de las personas se realizan a diario y ese umbral de no gravamen sobre ingresos rutinarios constantes, deben estar considerados dentro de los elementos esenciales del tributo, esto es, en su tarifa o en disposición alterna que permita desvincular dichos ingresos de la base, acreditarse o incluso dejarlos fuera de la aplicación de la ley, convirtiéndolos en no sujeción o no objeto del tributo.
Todas las personas físicas, cualquiera que sea su régimen tributario, deben tener un mínimo de percepciones libre del gravamen para evitar que se vulnere su dignidad y gocen del derecho a una vivienda digna y decorosa, vestido, alimentación y demás gastos mínimos de subsistencia.
No es óbice para arribar a las conclusiones apuntadas, el hecho de que en la ley reclamada exista impedimento para el patrón de retener el impuesto correspondiente a un salario mínimo por dos razones: a) el salario mínimo no es remunerador del mínimo de subsistencia, pues quien gana ese salario está condenado a vivir en la miseria, en penuria, lo que nunca se acerca a un estilo de vida digna y decorosa a fin de adquirir un inmueble para vivir, alimentarse debidamente, sostener a su familia y realizar gastos de impuestos locales y servicios públicos; y b) la ley no exime de calcular el impuesto anual sobre el salario mínimo, pues la retención es sólo considerada como un pago provisional del tributo.
B. A partir de dos mil ocho, la declaración del ejercicio (que se consideró como el primer acto de aplicación), desaparece la figura jurídica del crédito al salario. Esto conlleva que una figura paralela al mínimo vital, que tenía como fin que a la clase desprotegida se le diera una ayuda para el pago de sus impuestos, inclusive con la que se podía obtener un beneficio efímero y provisional de naturaleza económica, y con ello sufrir en menor grado el embate para las personas asalariadas que soportan la mayoría de la carga tributaria de impuesto sobre la renta, aun cuando parte de ese beneficio era a cargo del patrón y no del Estado, fue eliminada de la ley vigente a partir de ese año, de manera que lo poco que se tenía similar al mínimo vital, sin conceder que ese era su fin, se eliminó y actualmente puede percibirse con mayor intensidad la ausencia de un mínimo vital o se subsistencia en materia tributaria.
Segundo.
El artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el principio de progresividad tributaria, ya que la graduación del tributo no comienza a partir de una base real de factibilidad de tributación. La tarifa prevista en ese precepto al no contener el primer escalón, escaño, rango o tramo, libre de alícuota -que sería la cantidad que el legislador evalúe como la adecuada según las circunstancias económicas y las necesidades de la generalidad de contribuyentes personas físicas-, rompe con dicho principio y, con ello, viola el principio de proporcionalidad y equidad horizontal en materia tributaria.
La tarifa impugnada no conserva una progresividad proporcional, pues la realidad económica no está manifestada en ella; aun cuando el trato es igualitario para todos los contribuyentes, este trato no es el que corresponde para identificar la verdadera potencialidad para contribuir a los gastos públicos, ya que el legislador extralimitó sus facultades al no considerar el mínimo vital o existencial no gravable que debe proteger atendiendo a lo ordenado por la Constitución, distorsionando gradualmente la progresividad tributaria, pues se recorren los escaños de la tarifa aplicable para el calculo de un impuesto viciado.
Así, resulta desproporcional la disposición reclamada, porque para todos los regímenes de las personas físicas en el impuesto sobre la renta, no considera el mínimo vital o de subsistencia, sean potencialmente mayores o menores contribuyentes, pues un factor positivo o negativo que se adicione a la tarifa de cálculo del tributo o que intervenga en determinación de la base, desproporciona la tarifa y la vicia de falta de progresividad.
Si conforme a la jurisprudencia de rubro: "IMPUESTOS. LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE PARA SU PAGO ESTABLECEN TARIFAS EN LAS QUE EL AUMENTO DE LA BASE GRAVABLE, QUE PROVOCA UN CAMBIO DE RANGO, CONLLEVA UN INCREMENTO EN LA TASA APLICABLE QUE ELEVA EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN EN UNA PROPORCIÓN MAYOR A LA QUE ACONTECE DENTRO DEL RANGO INMEDIATO INFERIOR, SON VIOLATORIAS DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS.", el Pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de tarifas que por diferencias de una unidad monetaria incrementara cualitativamente su aportación al gasto público, entonces por mayoría de razón se debe declarar inconstitucional la desproporción anunciada, al no respetarse la consistencia y sistematización entre tramos en los rangos de una tarifa al dejar de introducir un elemento como lo es el umbral del mínimo vital.
Si lo que pretende el legislador es gravar la riqueza derivada del esfuerzo o del trabajo, esto es, cuando el impuesto recae sobre una persona física, inevitablemente es necesario regular el gravamen con base en una tarifa progresiva que observe el pago cualitativo de los causantes del tributo, tal como lo ha seguido sosteniendo el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación.
II. El Juez de Distrito del conocimiento al dictar sentencia resolvió, en síntesis, lo siguiente:
Considerando Segundo.
Los actos reclamados materia del presente juicio de garantías son la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de mil siete, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se establece el subsidio para el empleo, en especifico de los artículos 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con motivo de su aplicación.
Considerando Tercero.
Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Considerando Cuarto.
Conforme a lo argumentado por el Presidente de la República, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto del artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues la quejosa no tiene interés jurídico para reclamarlo, debido a que el decreto reclamado derogó ese precepto y no pudo haber sido aplicado en su perjuicio.
Por otra parte, de oficio, se advierte que respecto del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues la quejosa no acreditó su interés jurídico para instar la presente vía.
En efecto, aun cuando exhibió su declaración anual del ejercicio dos mil ocho, con dicha probanza sólo demuestra que, como persona física, la quejosa causó el impuesto sobre la renta; sin embargo, en dicha declaración no se especifica cuáles fueron los preceptos legales que se aplicaron y, por ende, no se demuestra fehacientemente que los conceptos y cálculos que en ella se plasman se sustenten en la hipótesis normativa impugnada, de modo que con ello no se logra acreditar el acto de aplicación del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En todo caso, tales extremos se pudieron comprobar a través de la prueba pericial contable y, por tanto, la norma jurídica efectivamente aplicada; al no hacerlo así, la quejosa no acreditó el acto concreto de aplicación del precepto reclamado y por ende, su interés jurídico.
Con apoyo en lo anterior, resulta innecesario analizar las demás causas de improcedencia hechas valer por las autoridades responsables, pues con ello nada cambiaría la resolución adoptada.
Por tanto, procede sobreseer en el juicio.
III. En el escrito del recurso de revisión la quejosa expresó en su único agravio, en síntesis, lo siguiente:
Único.
Al dictar sentencia, el Juez A quo pasó por alto que la quejosa sí tiene interés jurídico para promover el juicio de garantías.
Tratándose de leyes tributarias, el primer acto de aplicación lo entendemos como el pago que realiza el particular para cumplir con su obligación, reflejándose en la declaración anual, traduciéndose el pago realizado como primer acto de aplicación de la misma, y así naciendo la afectación por encontrarse en el supuesto de dicha ley; entonces, con el formato de pago, se acredita el cumplimiento de la disposición y la vinculación hacia la misma, aun cuando en él no se refleje el procedimiento que se usó para determinar dicha contribución, ya que el gobernado está obligado a cumplir conforme a las disposiciones establecidas en dicho ordenamiento, lo cual hace evidente que se tiene el interés jurídico para presentar la demanda de amparo.
Incluso, el juzgador arguye que la quejosa no acredita de manera fehaciente el interés jurídico para promover el juicio de garantías, aduciendo como causal de sobreseimiento hecha valer por una de las autoridades responsables, que al haber sido derogado el artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no es posible que le cause agravio; sin embargo es oportuno aclarar, que aunque dicha disposición se hubiese derogado, en nada cambia la afectación causada a la quejosa, toda vez que lo que se está impugnando de ese decreto, es que en ninguna disposición de las modificadas, se considera establecer el mínimo vital que esté exento del pago de impuestos, por lo cual todo el sistema de tributación del impuesto sobre la renta para personas físicas es inconstitucional, de acuerdo con lo planteado en el juicio de garantías interpuesto, en donde se argumentó, además, que dicho precepto preveía una figura equiparable al mínimo vital que ya no existe y, en su lugar, se estableció otra que no es aplicable a la quejosa.
Al existir la declaración anual ante la autoridad fiscal de los impuestos causados por la quejosa, es evidente que se desprende y acredita el agravio reclamado en el juicio de garantías, pues es éste el primer acto de aplicación con el cual se demuestra el interés jurídico para promover el juicio.
Por ello resulta ilegal que el Juez A quo sobresea el juicio de garantías, ya que el agravio está causado, es decir, el derecho tutelado se está vulnerando por dicho decreto, siendo este el derecho que tiene la quejosa como contribuyente a declarar el impuesto sobre la renta de manera proporcional y equitativa, tal como lo establece el artículo 31, fracción IV, constitucional, de acuerdo a su capacidad contributiva, en el entendido de que para determinar esta violación no hay necesidad de ofrecer prueba pericial contable alguna para crear convicción en el juzgador de que se violó dicho precepto con el acto reclamado.
La inconstitucionalidad expresada en la demanda de amparo, consistente en la falta de proporcionalidad de la ley tributaria, y de que no se respeta la capacidad contributiva de los sujetos pasivos porque no se deja una parte de sus ingresos a salvo de gravamen, siendo esta el mínimo existencial descrito en la demanda de amparo, y para la acreditación del interés jurídico no es necesaria dicha pericial, pues para estudiar el fondo de la cuestión planteada no es necesario el conocimiento técnico de un contador, ya que es evidente la inconstitucionalidad planteada, no siendo ésta el cálculo de impuestos o la forma para deducir gastos; la cuestión radica en que no hay ingreso alguno exento de gravámenes para que el contribuyente tenga lo mínimo para subsistir y pueda aplicarlo conforme a alguna disposición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues no existe y eso no es materia de análisis de un perito en contabilidad.
IV. En el escrito de la revisión adhesiva, la delegada del Presidente de la República expresó, en síntesis, los siguientes agravios:
Primero.
Debe confirmarse la sentencia recurrida, ya que son insuficientes sus argumentos de la quejosa para desvirtuar el sobreseimiento.
Por lo que se refiere al artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no es posible como pretende la quejosa, que se estudie el fondo del asunto, ya que sería inútil el análisis respectivo al haber perdido vigencia; no se podrían concretar los efectos y, como bien señala el Juez A quo, esa disposición ya no le causa un perjuicio jurídico.
En otro aspecto, respecto del sobreseimiento decretado en contra del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la quejosa no combate en sí el motivo por el cual el Juez A quo sobreseyó el amparo, ya que únicamente señala que con la sola presentación de la declaración anual se evidencia la aplicación de la norma reclamada; sin embargo, es absolutamente necesario demostrar que el mecanismo previsto en el artículo reclamado fue aplicado, para lo cual son necesarios los conocimientos de un especialista en la materia, siendo indispensable el dictamen de un perito en materia de contabilidad para demostrar la aplicación del artículo y el perjuicio del cual se queja.
En caso de que una norma establezca, ya sea varios supuestos o un procedimiento que el quejoso deba aplicar para llegar a un resultado variable, éste tendrá la carga procesal de acreditar fehacientemente el acto de aplicación y el consecuente interés jurídico, a través del medio probatorio idóneo, ya que no bastará que lo pretenda acreditar con la declaración de impuestos correspondiente o con documento diverso en el cual sólo se refleje el resultado (como sucede en el caso concreto), mas no la aplicación de los diversos supuestos y mecánica del acto reclamado, ya que justamente tiene que demostrar, en caso de un procedimiento variable o complejo en el cálculo del tributo, qué disposición aplicó.
Segundo.
Es infundado lo argumentado por la quejosa en el sentido de que el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta no respeta el principio de proporcionalidad tributaria al no prever la figura del mínimo vital.
En efecto, analiza aisladamente los elementos del catálogo previsto en la norma reclamada, y concluye que en razón de que se grava desde el primer centavo que entra al patrimonio de un particular, se está privando del mínimo vital para subsistir; sin embargo, pierde de vista que el precepto no grava el mínimo vital. Se afirma lo anterior, porque la mecánica prevista en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, únicamente afecta una porción minúscula del patrimonio total de los contribuyentes. No debe perderse de vista que la tabla tiene los siguientes elementos y se aplica de la siguiente forma:
Un límite inferior y uno superior, dentro del cual se ubicará el patrimonio percibido por los contribuyentes (personas físicas). Una cuota fija, la cual será enterada a la autoridad recaudadora al haberse ubicado dentro de ese rango de percepciones. Un porcentaje para aplicarse sobre el excedente del limite inferior, el cual es un elemento previsto por el legislador para evitar el cambio desproporcional entre rangos de tributación y que opera restando el monto percibido, menos el limite inferior, y al resultando aplicando el porcentaje señalado por la norma.
Conforme a lo anterior, resulta que entre menos ingresos, menor será la cuota fija y también el porcentaje sobre el excedente del límite inferior a calcular y entre más ingresos, más se enterará al fisco; sin embargo, a final de cuentas el porcentaje a pagar será similar en todos los casos, de lo cual podemos concluir que la contribución al fisco será similar en todos los casos y será relativamente poca respecto al total de los ingresos percibidos.
Es una tarea difícil, si no es que es imposible, definir hasta qué punto o qué porcentaje de tributación pudiera considerarse que priva al particular de un mínimo vital; sin embargo, no escapa a la lógica que el tributo conforme al artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no priva al particular de un mínimo vital para subsistir, toda vez que deja intacto prácticamente todo el ingreso del particular; por tanto, deviene en infundado el argumento de la quejosa, ya que únicamente analiza un elemento del tributo ignorando la mecánica para llevar a cabo el cálculo del impuesto a pagar, el cual ya ha sido declarado constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Tercero.
Es infundado lo argumentado por la quejosa en el sentido de que el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es desproporcional por no respetar el principio de progresividad, debido a que la tabla en el primer rango no establece un monto mínimo de subsistencia que deba quedar sin gravar.
Sin embargo, de la tarifa establecida en el precepto señalado, se advierte que existe una progresividad en la que la diferencia de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80018-384efe1a/amparo-en-revision-121-2010-19-de-septiembre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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