AMPARO EN REVISIÓN 204/2010. *****(1)***** Y OTROS. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, GABRIEL REGIS LÓPEZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO, GUSTAVO RUIZ PADILLA Y JESICCA VILLAFUERTE ALEMÁN.
Vo.Bo.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de septiembre de dos mil once.
Cotejó:
V I S T O S, y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Por escrito presentado el quince de mayo de dos mil nueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, (1) **********, (2) **********, (3) ********** y (4) **********, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
"III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Son autoridades responsables de transgredir mis garantías en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, las siguientes:
a) CONGRESO DE LA UNIÓN, es decir, tanto la Cámara de Diputados y Senadores, como responsables de la discusión, aprobación y expedición de la ley que contiene los preceptos combatidos por inconstitucionales.
b) PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, a quien se le atribuye la promulgación de los preceptos combatidos.
c) SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, quien refrendó la reforma a los preceptos que se reclaman como inconstitucionales.
d) DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, a quien se le imputa la publicación de los preceptos impugnados.
IV. LEY O ACTO DE AUTORIDAD. Son violatorios de la Constitución, las disposiciones siguientes:
El sistema de tributación de las personas físicas establecido en el Título XI (sic) de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y se establece el subsidio para el empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 2007, en específico los artículos 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta."
Conviene precisar que, tras el análisis de los actos reclamados en el presente juicio por parte del Tribunal Colegiado de Circuito en los términos que más adelante se precisarán, la materia de la revisión y el pronunciamiento de este Alto Tribunal debe entenderse en relación con el problema de constitucionalidad que subsiste en esta instancia, es decir, atendiendo a la constitucionalidad de las disposiciones que integran el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en particular, en su artículo 177 (que establece el cálculo del impuesto del ejercicio con base en una tarifa), y por el efecto producido por la derogación del artículo 178 (que regulaba un subsidio acreditable contra el impuesto sobre la renta del ejercicio), en la medida en la que -según se afirma- no se reconoce el derecho al mínimo vital que todas las personas deben tener libre de gravamen para hacer frente a las necesidades básicas de subsistencia.
SEGUNDO. Los quejosos señalaron como garantías individuales violadas las que se contienen en los artículos 31, fracción IV y 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. De dicho juicio correspondió conocer al Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien previo requerimiento formulado a los quejosos, mediante auto de uno de junio de dos mil nueve, admitió a trámite la demanda de garantías y ordenó su registro con el número **********. Seguidos los trámites legales correspondientes, llevó a cabo la audiencia constitucional el veinticuatro de julio de dos mil nueve y dictó sentencia que firmó el día diecinueve de agosto del mismo año, en la que resolvió:
"PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *****(1)*****, *****(2)*****, *****(3)***** Y *****(4)*****, respecto del acto que reclamaron consistente en la inconstitucionalidad del artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en términos del considerando cuarto de esta resolución.
SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *****(1)*****, *****(2)*****, *****(3)***** Y *****(4)*****, en contra del acto que reclamaron, consistente en la inconstitucionalidad del artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo."
CUARTO. Inconforme con la resolución anterior, el autorizado de los quejosos interpuso recurso de revisión que se tramitó bajo el toca número R.A. 383/2009, ante el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En sesión del uno de marzo de dos mil diez, dicho órgano colegiado resolvió:
"PRIMERO. En la materia de la revisión, competencia de este tribunal, SE REVOCA la sentencia recurrida.
SEGUNDO. Se RESERVA JURISDICCIÓN a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo que a bien tenga determinar respecto a la constitucionalidad de los artículos 177 y 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, en términos de lo expuesto en el último considerando de este fallo; por tanto remítanse el toca **********; previo cuaderno de antecedentes que se forme; el juicio de amparo número ********** promovido por *****(1)***** Y OTROS, testimonio y disquete que contenga esta resolución."
QUINTO. Una vez recibidos los autos de referencia, por auto de doce de marzo de dos mil diez, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumiera su competencia originaria para conocer del recurso de revisión hecho valer, quedando registrado con el número 204/2010; asimismo, en dicho proveído ordenó se notificara a las autoridades responsables y al Procurador General de la República, y se turnara el asunto al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo para su estudio.
Mediante certificación de seis de abril de dos mil diez, el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal hizo constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se abstuvo de formular pedimento.
Previo dictamen del Ministro ponente, el asunto fue enviado a la Primera Sala de este Alto Tribunal. Una vez recibido el expediente, el Ministro ponente en su carácter de Presidente de dicha Sala, mediante auto de quince de abril de dos mil diez, ordenó que esta última se avocara al conocimiento del asunto y, una vez listado, en sesión del nueve de junio de dos mil diez, con la asistencia de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente José de Jesús Gudiño Pelayo (ponente), a petición de este último se acordó retirar el asunto.
Posteriormente, mediante proveído de siete de octubre de dos mil diez, en atención a que el asunto correspondió a la ponencia del Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, se returnó al Ministro Juan N. Silva Meza; y, ante la designación de este último como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por auto de siete de enero de dos mil once, se returnó el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz.
Una vez enviado el asunto al Tribunal Pleno y, habiéndose listado de conformidad con lo dispuesto en el punto Segundo del Acuerdo General 11/2010 del diecisiete de agosto de dos mil diez, y lo aprobado en sesión privada del Pleno el veintitrés de agosto siguiente, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, se returnó al Ministro José Fernando Franco González Salas.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Tercero, fracción III del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, y en el punto Segundo del Acuerdo General 12/2008, de primero de diciembre de dos mil ocho, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del sistema de tributación para las personas físicas contenido en el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, particularmente, el artículo 177 y la derogación del artículo 178, ambos de dicha ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, respecto de los cuales subsiste el problema de constitucionalidad y se aborda una temática de importancia y trascendencia.
SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de revisión fue interpuesto por parte legítima y dentro del plazo legalmente establecido, tal como lo señaló el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento en el considerando segundo de la sentencia dictada el uno de marzo de dos mil diez, en el toca **********.
TERCERO. Cuestiones necesarias para la resolución del asunto (síntesis de los conceptos de violación, de la sentencia del Juez de Distrito, de los agravios formulados en revisión y de la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito).
I. En el escrito inicial de la demanda de amparo, los quejosos formularon, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:
Primero.
A. Conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1780/2006 (en el que se alude a la tesis de rubro: DERECHO AL MÍNIMO VITAL. CONSTITUYE UN LÍMITE FRENTE AL LEGISLADOR EN LA IMPOSICIÓN DEL TRIBUTO."), así como el amparo en revisión 554/2007, del que derivó la tesis de rubro: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MARGEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS.", se puede apreciar que los derechos básicos a proteger de las personas dentro de un sistema de tributación justo, es la no afectación del umbral mínimo que corresponde a la dignidad humana para sufragar sus necesidades primordiales, sin que sea su pretensión que el legislador defina tal figura, sino que sólo se respete ese monto patrimonial, y sin que el tributo llegue a ser tan excesivo que implique una confiscación, de manera que el Poder Judicial de la Federación analice y califique si la norma respeta esos dos parámetros que se muestran como limitantes a la Potestad Tributaria.
Además, la Primera Sala del Alto Tribunal en la tesis de rubro: "DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.", señaló que existe un entorno constitucional que protege el derecho a la dignidad humana, para que el gobernado esté en aptitud de subsistir y participar dentro de un entorno democrático; es por ello que la Constitución Federal regula ese derecho elemental de las personas en sus artículos 1, 3, 4, 6, 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123.
Con base en lo anterior, el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en específico su artículo 177, reformado el uno de octubre de dos mil siete, viola los principios de generalidad y proporcionalidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, porque tanto la tarifa que en el mismo precepto se contiene y su texto, dejan patente que no existe prescripción alguna que tutele el derecho que tengan los contribuyentes personas físicas sobre sus ingresos para hacer frente a sus necesidades primordiales, libres de gravamen, figura jurídica que es protegida en la mayoría de los sistemas jurídico-tributarios en el mundo como "mínimo vital", "mínimo existencial" o "mínimo de subsistencia".
La tarifa que contiene las alícuotas y rangos, desde el primer escaño determina como posible base para ser gravada $0.01, lo que implica que las personas físicas estarán obligadas al pago del impuesto relativo desde el primer centavo que perciban de ingresos, sin que para ello exista una excepción a la carga tributaria por un mínimo de percepciones que sirvan para vestido, vivienda, alimentación, gastos médicos, de recreación, tanto para dichas personas físicas contribuyentes, como para su familia.
La omisión del legislador de prever un método de liberación del gravamen para los contribuyentes personas físicas, provoca que el impuesto sea desproporcional, pues se paga sobre una base mayor a la que por derecho natural debe cobrarse, y no se regula alguna alternativa para desgravar o compensar la carga económica que tiene toda persona física para poder subsistir, y así disminuir el monto del tributo a pagar, lo que conlleva a determinar un impuesto sobre una base ficticia, esto es, respecto de un haber patrimonial que no existe, pues el monto de ingresos ha sido disminuido por gastos esenciales que no pueden ser deducibles según la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En ese sentido, no es suficiente que existan en el artículo 109 de dicha ley exenciones parciales por percepciones esporádicas, ya que se trata de casos aislados que no integran la base gravable, sin que exista una política alterna para excluir del objeto o de la base gravable, los ingresos de las personas físicas que son percepciones mínimas.
Así, no existe liberación del objeto del tributo, es decir, ingresos que sean considerados como no vinculados con la aplicación de la norma impositiva, y tampoco existe una figura de desgravación, exención, acreditamiento o deducción por la obtención de ingresos que día con día generan el tributo.
Como lo ha reconocido nuestro máximo tribunal, el derecho al mínimo vital es un umbral de no tributación en todos los ingresos percibidos cotidianamente, en razón a que las necesidades básicas no se dan esporádicamente cuando se perciben los ingresos exentos señalados (ingresos por concepto de horas extra, prima vacacional, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, aguinaldo, gratificaciones, jubilaciones, pensiones, indemnizaciones u otro concepto por separación del trabajo).
El mínimo vital no se agota con exenciones a percepciones esporádicas, pues los gastos vitales de las personas se realizan a diario y ese umbral de no gravamen sobre ingresos rutinarios constantes, deben estar considerados dentro de los elementos esenciales del tributo, esto es, en su tarifa o en disposición alterna que permita desvincular dichos ingresos de la base, acreditarse o incluso dejarlos fuera de la aplicación de la ley, convirtiéndolos en no sujeción o no objeto del tributo.
Todas las personas físicas, cualquiera que sea su régimen tributario, deben tener un mínimo de percepciones libre del gravamen para evitar que se vulnere su dignidad y gocen del derecho a una vivienda digna y decorosa, vestido, alimentación y demás gastos mínimos de subsistencia.
No es óbice para arribar a las conclusiones apuntadas, el hecho de que en la ley reclamada exista impedimento para el patrón de retener el impuesto correspondiente a un salario mínimo por dos razones: a) el salario mínimo no es remunerador del mínimo de subsistencia, pues quien gana ese salario está condenado a vivir en la miseria, en penuria, lo que nunca se acerca a un estilo de vida digna y decorosa a fin de adquirir un inmueble para vivir, alimentarse debidamente, sostener a su familia y realizar gastos de impuestos locales y servicios públicos; y b) la ley no exime de calcular el impuesto anual sobre el salario mínimo, pues la retención es sólo considerada como un pago provisional del tributo.
B. A partir de dos mil ocho, la declaración del ejercicio (que se consideró como el primer acto de aplicación), desaparece la figura jurídica del crédito al salario. Esto conlleva que una figura paralela al mínimo vital, que tenía como fin que a la clase desprotegida se le diera una ayuda para el pago de sus impuestos, inclusive con la que se podía obtener un beneficio efímero y provisional de naturaleza económica, y con ello sufrir en menor grado el embate para las personas asalariadas que soportan la mayoría de la carga tributaria de impuesto sobre la renta, aun cuando parte de ese beneficio era a cargo del patrón y no del Estado, fue eliminada de la ley vigente a partir de ese año, de manera que lo poco que se tenía similar al mínimo vital, sin conceder que ese era su fin, se eliminó y actualmente puede percibirse con mayor intensidad la ausencia de un mínimo vital o se subsistencia en materia tributaria.
Segundo.
El artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola el principio de progresividad tributaria, ya que la graduación del tributo no comienza a partir de una base real de factibilidad de tributación. La tarifa prevista en ese precepto al no contener el primer escalón, escaño, rango o tramo, libre de alícuota -que sería la cantidad que el legislador evalúe como la adecuada según las circunstancias económicas y las necesidades de la generalidad de contribuyentes personas físicas-, rompe con dicho principio y, con ello, viola el principio de proporcionalidad y equidad horizontal en materia tributaria.
La tarifa impugnada no conserva una progresividad proporcional, pues la realidad económica no está manifestada en ella; aun cuando el trato es igualitario para todos los contribuyentes, este trato no es el que corresponde para identificar la verdadera potencialidad para contribuir a los gastos públicos, ya que el legislador extralimitó sus facultades al no considerar el mínimo vital o existencial no gravable que debe proteger atendiendo a lo ordenado por la Constitución, distorsionando gradualmente la progresividad tributaria, pues se recorren los escaños de la tarifa aplicable para el calculo de un impuesto viciado.
Así, resulta desproporcional la disposición reclamada, porque para todos los regímenes de las personas físicas en el impuesto sobre la renta, no considera el mínimo vital o de subsistencia, sean potencialmente mayores o menores contribuyentes, pues un factor positivo o negativo que se adicione a la tarifa de cálculo del tributo o que intervenga en determinación de la base, desproporciona la tarifa y la vicia de falta de progresividad.
Si conforme a la jurisprudencia de rubro: "IMPUESTOS. LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE PARA SU PAGO ESTABLECEN TARIFAS EN LAS QUE EL AUMENTO DE LA BASE GRAVABLE, QUE PROVOCA UN CAMBIO DE RANGO, CONLLEVA UN INCREMENTO EN LA TASA APLICABLE QUE ELEVA EL MONTO DE LA CONTRIBUCIÓN EN UNA PROPORCIÓN MAYOR A LA QUE ACONTECE DENTRO DEL RANGO INMEDIATO INFERIOR, SON VIOLATORIAS DE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIOS.", el Pleno de la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de tarifas que por diferencias de una unidad monetaria incrementara cualitativamente su aportación al gasto público, entonces por mayoría de razón se debe declarar inconstitucional la desproporción anunciada, al no respetarse la consistencia y sistematización entre tramos en los rangos de una tarifa al dejar de introducir un elemento como lo es el umbral del mínimo vital.
Si lo que pretende el legislador es gravar la riqueza derivada del esfuerzo o del trabajo, esto es, cuando el impuesto recae sobre una persona física, inevitablemente es necesario regular el gravamen con base en una tarifa progresiva que observe el pago cualitativo de los causantes del tributo, tal como lo ha seguido sosteniendo el Pleno de la Suprema Corte de justicia de la Nación.
II. El Juez de Distrito del conocimiento al dictar sentencia resolvió, en síntesis, lo siguiente:
Considerando Segundo.
Los actos reclamados materia del presente juicio de garantías son el Decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por el que se establece el subsidio para el empleo, específicamente los artículos 177 y 178, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de mil siete, con motivo de su primer acto de aplicación consistente en la declaración anual que presentaron los quejosos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil ocho.
Considerando Tercero.
Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
Considerando Cuarto.
Conforme a lo argumentado por el Presidente de la República, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto del artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues los quejosos no hicieron valer conceptos de violación en su contra, por lo que resulta procedente sobreseer.
Por otra parte, contrario a lo señalado por el Presidente de la República, no se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues los quejosos sí acreditaron la afectación a su interés jurídico provocada por el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al haber exhibido el acuse de recibo de su declaración anual para el ejercicio fiscal 2008, en la cual se aplicó dicho precepto, por lo que resulta infundada dicha causa de improcedencia.
Al no haberse hecho valer otras causas de improcedencia y al no advertirse la existencia de alguna otra, procede analizar el fondo del juicio.
Considerando Quinto.
Son infundados los conceptos de violación en que se aduce violación a los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, porque los artículos 113 y 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta -tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar las disposiciones relativas vigentes para el ejercicio fiscal de dos mil seis-, al establecer las tarifas que se aplicarán para calcular la base gravable del impuesto sobre la renta para las personas físicas que prestan un servicio personal subordinado o asimilado, como es el caso de los hoy quejosos, prevén la aplicación de tablas en las que existe una progresividad, en la que la diferencia de un peso entre un rango y otro se encuentra compensado con la cuota fija establecida para su aplicación, sobre el excedente del límite inferior, evitando que el impuesto se eleve de manera desproporcionada.
De tal manera, el aumento en una unidad del parámetro de medición de la base gravable, que provoca un cambio de rango al rebasar su límite superior y quedar comprendido en el siguiente, conduce a que quien obtenga mayores ingresos tenga una mayor carga tributaria. Ello derivado de la medición entre un renglón y otro, desde menor a mayor ingreso, con relación al límite superior del renglón anterior, del que se advierte que existe una carga tributaria en proporción al aumento del ingreso, que al que tiene lugar en el renglón inferior.
Así, se advierte la progresividad de la tarifa, ya que conforme aumenta el ingreso incrementa la alícuota a pagar, esto es, derivado de la relación con la cantidad inmersa entre un límite inferior y uno superior y considerando que la tasa del impuesto se aplica sobre el excedente del límite inferior en un porcentaje al que se le suma la cuota, por lo que resulta una carga tributaria mayor en proporción al aumento de los ingresos, sin que tal incremento en el impuesto a pagar resulte en una proporción mayor a la que tiene lugar en el renglón inferior, por un aumento de la misma cuantía de la base gravable.
Por ello es que, con apoyo en el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, no obstante referirse a disposiciones vigentes en dos mil seis, se concluye que el precepto reclamado vigente en dos mil ocho no viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, pues las razones por las cuales se consideraron constitucionales aquéllos, resultan aplicables a éste, al no variar su contenido y esencia.
En consecuencia, toda vez que el artículo impugnado no viola el principio de proporcionalidad tributaria, por ende, tampoco vulnera el diverso principio consagrado en la Constitución referido a un derecho al mínimo vital, en virtud de que al considerar que las tarifas son progresivas y que respetan la capacidad contributiva de los contribuyentes, luego respetan ese mínimo vital al que alude la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 1a. XCVII/2007.
Por tanto, procede negar el amparo solicitado en relación con el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
III. En el escrito del recurso de revisión los quejosos expresaron, en síntesis, los siguientes agravios:
Primero.
El Juez de Distrito emite su resolución sin estar debidamente motivada.
En efecto, señaló con base en un criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es proporcional y equitativo, bajo la premisa de que la tabla que en dicho precepto se contiene es progresiva, lo cual trae aparejado que contemple el mínimo vital aludido en la demanda de amparo; sin embargo, no realiza una explicación concreta de por qué las tarifas son progresivas y contemplan ese derecho.
Resulta erróneo decir que se respeta en la progresividad el derecho al mínimo vital, toda vez que en dicho criterio sólo se señala que se contempla la progresividad, pero no así el derecho al mínimo vital señalado, el cual radica en que una parte de los ingresos no sea gravado por impuesto alguno, o se puedan deducir los gastos mínimos para subsistir, lo cual no se desprende de lo considerado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, la tabla contenida en el artículo 177 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no respeta ninguna parte del ingreso como mínimo vital, porque empieza a gravar desde el primer centavo percibido por los causantes, y en ninguno de los renglones de dicha tabla se deja a salvo del impuesto un ingreso mínimo para las necesidades primordiales de los contribuyentes.
El Juez A quo no estudió la figura del mínimo vital, ya que con sólo enunciarla en el considerando en el cual declara infundado el concepto de violación de los quejosos, e invocando una jurisprudencia que alude a dicho concepto, ello no implica que hubiese entrado a su estudio. Por tanto, es evidente la omisión en que incurrió el juzgador.
Segundo.
De manera incorrecta la sentencia recurrida sobreseyó respecto de la derogación del artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo el argumento de que no se expresaron conceptos de violación en su contra.
El Juez A quo no tomó en consideración que en la demanda de amparo se combate todo el sistema de tributación para las personas físicas, esto es, todos los preceptos incluidos en el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contra los cuales se expresaron conceptos de violación en los que se argumentó que, para respetar el principio de proporcionalidad tributaria, es necesario reconocer para todas las personas físicas de los distintos regímenes contemplados en la ley, un mínimo de ingresos libre de gravamen de cualquier impuesto, lo cual represente el mínimo vital indispensable para subsistir.
Con ello se puede considerar impugnada la derogación del artículo 178 de la ley reclamada, porque aun cuando no se hiciera la manifestación de que se está atacando, en la demanda se sostuvo que en dicho precepto se contemplaba una figura paralela al mínimo vital, lo que conjuntamente con los diversos argumentos de inconstitucionalidad se complementa en una sola idea, para señalar que ahora es más notoria la ausencia de dicho mínimo de subsistencia.
IV. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento al dictar sentencia resolvió, en síntesis, lo siguiente:
Considerando Cuarto.
Es esencialmente fundado el agravio (segundo) expuesto en contra del sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida respecto de la derogación del artículo 178 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, todos los conceptos de violación formulados por los quejosos combaten la constitucionalidad de los dos preceptos reclamados (177 y 178) como un sistema normativo único que regula en su conjunto la determinación del impuesto anual para las personas físicas, de modo que su impugnación no puede realizarse de manera aislada.
El hecho de que no existan conceptos de violación de forma directa en contra de la derogación del artículo 178 en cita, no implica que deba sobreseerse, toda vez que los quejosos controvierten el sistema de tributación que para las personas físicas establece el Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Considerando Quinto.
Se advierte que el Juez de Distrito no estudió las causas de improcedencia invocadas por la Cámara de Senadores, apoyadas en el artículo 73, fracciones V y VI de la Ley de Amparo, y por el Presidente de la República, con fundamento en la fracción XVIII de dicho precepto, en relación con el artículo 76 de la Ley de Amparo y 107, fracción II de la Constitución Federal, motivo por el cual se emprende su análisis.
Sin embargo, no se actualizan las causas de improcedencia aducidas por la Cámara de Senadores, porque si bien los quejosos combatieron el Decreto reclamado específicamente, el sistema de tributación de
41. El Fondo de Compensación se regula en el artículo 4o. A de la Ley de Coordinación Fiscal, y será analizado en el apartado que estudia el cierto es que en su demanda de amparo no atribuyen perjuicio alguno al acto de aplicación, sino a la ley, es decir, sus conceptos de violación están dirigidos a combatir la inconstitucionalidad del ordenamiento reclamado. El prejuicio que los quejosos atribuyen a la ley reclamada deriva de su oposición a la Constitución Federal y no del acto de aplicación.
Tampoco se actualiza la causa de improcedencia invocada por el Presiden
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80014-92b6a5e7/amparo-en-revision-204-2010-1-y-otros · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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