AMPARO EN REVISIÓN 592/2010. *****(1)*****. 8 DE ABRIL 2013.PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MATÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del ocho de abril de dos mil trece.
Vo. Bo.
V I S T O S; y
R E S U L T A N D O:
Cotejó:
PRIMERO. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil nueve, ante la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, *****(1)*****, *****(2)***** y *****(3)*****, por conducto de su representante legal, **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se señalan:
Autoridades responsables:
a) El Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
b) El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
c) El Secretario de Gobernación.
d) El Director del Diario Oficial de la Federación.
e) El Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Actos reclamados:
La aprobación, expedición, promulgación, orden de expedición, refrendo, publicación y aplicación del Decreto por el que se establecen, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de dos mil uno (sic), en específico el artículo 32, fracción XVII, de dicha ley.
SEGUNDO. Las quejosas consideraron que dicho decreto viola en su perjuicio las garantías individuales contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal; narraron los antecedentes del caso e hicieron valer los conceptos de violación que estimaron pertinentes.
TERCERO. Correspondió conocer de la demanda de amparo a la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien por proveído de fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve registró el asunto con el número **********, admitió a trámite la demanda de garantías, solicitó a las autoridades responsables que rindieran sus respectivos informes justificados y, por último, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley.
En la secuela del juicio, la delegada de la autoridad responsable Presidente de la República promovió recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de mayo de dos mil nueve, a través del cual, la Juez de Distrito tuvo por anunciada y admitida la prueba pericial en materia contable ofrecida por las quejosas.
Una vez recibidas las constancias respectivas en el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que por razón de turno correspondió conocer del citado medio de defensa que fue registrado con el número **********, su Presidenta, mediante auto de ocho de junio de dos mil nueve, estimó procedente desechar por notoriamente improcedente el recurso señalado.
Inconforme con esa determinación, la delegada del Presidente de la República promovió recurso de reclamación identificado con el número **********. En sesión correspondiente al catorce de julio de dos mil nueve, el órgano colegiado de referencia resolvió declarar procedente pero infundado el recurso señalado.
CUARTO. Seguidos los trámites legales correspondientes se verificó la audiencia constitucional el día siete de abril de dos mil diez, por lo que encontrándose integrado el expediente para dictar la resolución que en derecho procediera y en cumplimiento a lo dispuesto en los Acuerdos Generales 20/2009 y 21/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en el oficio STCCNO/989/2010, de veintidós de febrero de dos mil diez, signado por la Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos de la Comisión de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por auto de veintiuno de abril de dos mil diez, la Juez de Distrito del conocimiento ordenó remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, para que ésta lo turnara al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, a fin de que procediera a dictar la sentencia correspondiente.
Recibidos los autos en el juzgado auxiliar de referencia, el asunto quedó registrado con el número **********. Mediante resolución engrosada el treinta y uno de mayo de dos mil diez, se determinó sobreseer en el juicio.
QUINTO. En contra de dicha resolución, con fecha veintiuno de junio de dos mil diez, la autorizada de las quejosas promovió recurso de revisión, el cual se admitió a trámite mediante auto de presidencia de fecha treinta de junio de dos mil diez, quedando registrado con el número 592/2010.
En dicho auto se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se abstuvo de formular pedimento.
Posteriormente, mediante oficio **********, de cinco de julio de dos mil diez, el delegado de la autoridad responsable Presidente de la República promovió recurso de revisión adhesiva, el cual fue admitido a trámite por el Presidente de este Alto Tribunal por auto de doce de julio de dos mil diez.
SEXTO. En atención a que en términos del punto Primero del Acuerdo General 11/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de diecisiete de mayo de dos mil diez, dicho órgano colegiado determinó crear la Comisión 41 de Secretarios de Estudio y Cuenta para el análisis de los asuntos en que subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete (vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho), y designó al Ministro Sergio A. Valls Hernández como encargado de supervisar y aprobar los proyectos respectivos; y de conformidad además, con lo dispuesto en el punto Segundo del citado acuerdo general, acorde con su interpretación aprobada en sesión privada del veintitrés de agosto de dos mil diez, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, el asunto se turnó al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Tercero, fracción III, del Acuerdo General 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno,(1) y los puntos Primero y Segundo del Acuerdo General 7/2010 del diecisiete de mayo de dos mil diez, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete y vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, y en el caso resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno en términos de lo acordado por esta misma instancia jurisdiccional en sesión privada del ocho de agosto de dos mil once, en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales, pues debe fijarse el criterio que sobre la problemática de fondo ha de prevalecer.
SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida fue notificada personalmente a la parte quejosa el viernes cuatro de junio de dos mil diez, de acuerdo con la constancia actuarial que obra en la foja 1229 del cuaderno de amparo; por tanto, si el plazo de diez días que para la interposición del recurso de revisión establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del martes ocho al lunes veintiuno de junio de ese año, descontándose los días doce, trece, diecinueve y veinte del mismo mes por haber sido sábados y domingos, respectivamente, y por tanto inhábiles en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y si el recurso fue presentado el día lunes veintiuno de junio del año citado, es indudable que su presentación es oportuna.
Por otra parte, el auto que admitió a trámite el recurso de revisión principal fue notificado mediante oficio a la autoridad responsable Presidente de la República, el jueves uno de julio de dos mil diez, de acuerdo con la constancia actuarial que obra en la foja 118 del toca en que se actúa; por tanto, si el término de cinco días previsto en el artículo 83 de la Ley de Amparo, para adherirse al recurso principal transcurrió del viernes dos al jueves ocho de julio de ese año, descontándose los días tres y cuatro del mismo mes por haber sido sábado y domingo, respectivamente y, por ende inhábiles, y si el recurso se presentó el jueves ocho de julio de dos mil diez, es indudable que resulta oportuno.
TERCERO. Aspectos relevantes para la resolución del presente asunto.
I. Las quejosas señalaron como autoridades y actos reclamados, los siguientes:
"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:
a) El Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
b) El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
c) El Secretario de Gobernación.
d) El Director del Diario Oficial de la Federación.
e) El Secretario de Hacienda y Crédito Público.
IV. ACTOS RECLAMADOS:
1. Del Congreso de la Unión se reclama la aprobación y expedición del Decreto por el que se Establecen, Reforman y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2001 (sic), en específico el artículo 32, fracción XVII, de la Ley.
La norma cuya inconstitucionalidad se reclama establece textualmente lo siguiente:
‘Artículo 32. Para los efectos de este Título, no serán deducibles:
(...).
XVII. Las pérdidas que provengan de la enajenación de acciones y de otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 9o. de esta Ley, salvo que su adquisición y enajenación se efectúe dando cumplimiento a los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general. Tampoco serán deducibles las pérdidas financieras que provengan de operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones o índices accionarios, salvo que la deducción se aplique en los términos establecidos en el siguiente párrafo.
Las pérdidas por enajenación de acciones que se puedan deducir conforme al párrafo anterior, así como las pérdidas por las operaciones financieras derivadas mencionadas en el citado párrafo, no excederán del monto de las ganancias que, en su caso, obtenga el mismo contribuyente en el ejercicio o en los cinco siguientes en la enajenación de acciones y otros títulos valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 9o. de esta Ley, o en operaciones financieras derivadas de capital referidas a acciones o índices accionarios. Dichas pérdidas se actualizarán por el periodo comprendido desde el mes en el que ocurrieron y hasta el mes de cierre del ejercicio. La parte de las pérdidas que no se deduzcan en un ejercicio, se actualizará por el periodo comprendido desde el mes del cierre del ejercicio en el que se actualizó por última vez y hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior al ejercicio en el que se deducirá.’
2. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación y orden de expedición del Decreto que ha quedado señalado en el numeral que antecede, mismo que contiene la disposición cuya inconstitucionalidad se reclama.
3. Del Secretario de Gobernación, se reclama el refrendo del Decreto Promulgatorio del Decreto Legislativo que ha quedado debidamente señalado en el punto 1 anterior como acto reclamado del Congreso de la Unión.
4. Del Director del Diario Oficial de la Federación, se reclama la publicación de los Decretos a que se hizo referencia en los numerales anteriores, en el Diario Oficial de la Federación.
5. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público se reclama la recaudación de las cantidades que mis representadas tuvieron que enterar como consecuencia de la aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional.
6. De todas las autoridades responsables se reclaman cada uno de los efectos y consecuencias que deriven de la afectación en la esfera de derechos constitucionalmente tutelados de las quejosas, como consecuencia del primer acto concreto de aplicación de la norma reclamada."
II. En torno a la oportunidad para la presentación de la demanda, las quejosas señalaron:
"VII. OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.
La presente demanda es procedente, toda vez que el acto concreto de aplicación de la norma impugnada, se materializa con la presentación de declaración anual del ejercicio fiscal de 2008, en donde se refleja materialmente que mis mandantes durante el ejercicio de 2008 sufrieron pérdidas con motivo de la enajenación de acciones, mismas que se vieron imposibilitadas a deducir de sus ingresos acumulables para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta a su cargo.
Así las cosas, la esfera jurídica de la quejosa *****(1)***** se lesionó el 30 de marzo de 2009 y las esferas jurídicas de las quejosas *****(2)***** y *****(3)***** se lesionaron el 31 de marzo de 2009, ya que al aplicar el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1º de enero de 2002 (sic), se transgreden diversas disposiciones constitucionales, situación que legitima a mis representadas a acudir ante ese H. Juzgado a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal.
Es necesario hacer ver a ese H. Juzgado, que mis mandantes no han consentido la disposición que hoy se impugna, a pesar de que la misma date de varios años atrás.
En efecto, el contenido normativo de la disposición que hoy se combate, desde 1998 ya ha sido declarado inconstitucional por diversos Tribunales Federales, pues a pesar de encontrarse en un ordenamiento al día de hoy abrogado, sustancialmente también se encuentra viciado a grado constitucional, situación que se acredita a lo largo de la presente demanda.
En tal virtud, para el ejercicio de 2002, se emitió una nueva Ley del Impuesto sobre la Renta y, toda vez que la prohibición de deducciones que hoy combaten mis representadas conservó su inconstitucionalidad para el ejercicio de 2008, tal hecho representa un nuevo acto legislativo, mismo que puede ser impugnado en la presente vía.
Lo anterior se sostiene con la siguiente jurisprudencia:
‘LEYES, AMPARO CONTRA. CUENDO SE REFORMA UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL O SE SUSTITUYE POR UNA DE CONTENIDO SIMILAR O IGUAL, PROCEDE UN NUEVO JUICIO POR TRATARSE DE UN ACTO LEGISLATIVO DISTINTO. (se transcribe texto de la jurisprudencia).’
Consecuentemente, cuando existió una modificación formal y sustancial respecto de la legislación vigente hasta 2001, en relación con la vigente a partir del 1º de enero de 2002 y que continuó vigente para el ejercicio de 2008 (sic), la oportunidad con la que cuentan mis representadas para interponer la presente demanda de amparo se encuentra intacta, ya que el nuevo acto legislativo legitima a todo aquel que busque impugnar su contenido, no obstante el historial o existencia previa del precepto inconstitucional.
En adición a lo anterior, no sólo tal modificación legislativa legitima a mis representadas, sino el hecho de que hasta el pasado 30 y 31 de marzo de 2009, efectivamente se haya aplicado aquella disposición que contiene la prohibición para efectuar deducción alguna respecto de aquellas pérdidas sufridas en la enajenación de acciones por parte de personas morales como lo son mis representadas, conservan intacta su oportunidad.
Efectivamente, desde el ejercicio de 2002 y hasta la presentación de la declaración anual de mis representadas respecto del ejercicio de 2008, mis mandantes, no habían sufrido ninguna transgresión a su esfera jurídica constitucional, motivo por el cual, no es, sino hasta la presente demanda de garantías por medio de la cual se denuncia la primera aplicación de aquella norma detallada anteriormente, misma que es violatoria de diversos principios constitucionales.
Consecuentemente y, derivado de la declaración anual presentada por *****(1)***** el 30 de marzo de 2009 y por *****(2)***** y *****(3)***** el 31 de marzo de 2009, es precisamente de esos actos de donde se acredita la lesión de la que hoy se duelen mis representadas y, por ende, a partir de ésta se debe contabilizar el término con el que cuentan para la interposición de la demanda de garantías.
Por último, la oportunidad con la que se presenta esta demanda de garantías, deriva del contenido del artículo 21 de la Ley de Amparo, mismo que literalmente establece: (se transcribe)
Tal afirmación se respalda con el contenido de la siguiente jurisprudencia emitida por reiteración de tesis, y obligatoria para ese H. Juzgado en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo:
‘ORDENAMIENTOS GENERALES. TÉRMINO PARA PROMOVER EL AMPARO CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. (se transcribe texto de la jurisprudencia).’
Es importante señalar que en términos del Acuerdo emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado en sesión del 25 de marzo de 2009, se declararon como días no laborables los días 8, 9 y 10 de abril del presente año, por lo que en todo caso en estos días no corrieron términos, situación que evidencia la oportunidad con la que se presenta esta demanda.
Así las cosas, la presente demanda de amparo resulta oportuna al interponerse dentro de los 15 días siguientes al primer acto concreto de aplicación de la norma impugnada, plazo que vence el 23 de abril de 2009, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo.
(...)."
III. Los antecedentes del caso narrados por las quejosas, son los siguientes:
"VIII. HECHOS:
1. Mis representadas son sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas, mismas que dentro de su objeto social se encuentra ‘la adquisición, negociación, custodia y enajenación de cualquier título, acciones, bonos, obligaciones, y en general, títulos de crédito, valores y partes sociales de sociedades mercantiles, civiles o asociaciones de cualquier índole, tanto nacionales como extranjeras’, como se desprende a foja 25 del instrumento notarial número ********** de *****(1)*****, a foja 18 del instrumento notarial número ********** de *****(2)*****, y a foja 10 del instrumento notarial número ********** de *****(3)*****, mismos que se adjuntan al presente como Anexos 1, 2 y 3.
2. Mis mandantes cuentan con autorización para determinar su resultado fiscal en forma consolidada, en su carácter de sociedad controlada. Es importante señalar que mis mandantes son sociedades de las denominadas sub-holding, ya que dentro de su estructura corporativa dependen accionariamente diversas empresas (********** de *****(1)*****, ********** de *****(2)*****, y ********** de *****(3)*****).
3. De conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, toda vez que mis mandantes son sujetos de dicho tributo de conformidad con el artículo 1º de dicho ordenamiento, éstas se encuentran obligadas al pago de dicho gravamen.
4. Derivado de su calidad de sujeto del impuesto sobre la renta, mis mandantes tienen que determinar su base gravable de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, motivo por el cual, ésta debe de tomar en consideración las deducciones autorizadas en dicho ordenamiento.
5. Como consecuencia de sus operaciones normales, mis mandantes incurren en gastos, inversiones, eventualidades y pérdidas, conceptos que de conformidad con la legislación aplicable deben ser tomados en consideración para determinar la base gravable, es decir, restar los conceptos deducibles y así obtener el verdadero resultado fiscal.
6. Por así convenir a sus intereses, mis mandantes durante el ejercicio de 2008 llevaron a cabo diversas operaciones de enajenación de acciones y otros títulos valor, mismas que por naturaleza y características propias de las operaciones, así como de las condiciones actuales del mercado, les ocasionaron una pérdida, situación que impactó de forma negativa el patrimonio de mis representadas.
7. No obstante lo anterior, el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2008, impidió que mis mandantes, dedujeran de su base tributaria el monto de la pérdida generada en la enajenación de acciones u otros títulos valor.
8. Tal prohibición implica que no se reconozca para efectos fiscales el impacto negativo en el patrimonio de mis representadas, ya que tales disposiciones permiten a una autoridad administrativa determinar elementos esenciales del tributo que no se encuentran en ley, además de que el dispositivo que se reclama resulta ser desproporcional e inequitativo, razón por la cual se interpone la presente demanda de garantías."
IV. Las quejosas hicieron valer en su demanda de garantías los siguientes conceptos de violación:
1. Al respecto, sostienen las quejosas que el artículo 32, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en principio, prohíbe la deducción de las pérdidas por enajenación de acciones; sin embargo, por excepción permite su deducción, pero para ello se establece que la adquisición y enajenación de dichos títulos se efectúe dando cumplimiento a los requisitos establecidos por el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general.
En ese sentido, afirman las quejosas que tal regulación viola el principio de legalidad tributaria, porque si se considera que está referida a un elemento esencial como es la base del tributo, dado que en última instancia se permite la deducción de las pérdidas por enajenación de acciones a fin de determinar una utilidad o pérdida fiscal, entonces, la deducción aludida no se encuentra detallada ni específicamente delimitada en el propio artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque permite a la autoridad administrativa la emisión de las reglas de carácter general a través de las que se determinará si las pérdidas sufridas son deducibles -dependiendo de si se cumplen o no los requisitos impuestos conforme al capricho de tal autoridad-, siendo que para salvaguardar la garantía que se estima violada, los elementos que integran la base del tributo deben estar contenidos en una ley en sentido formal y material.
Tal postura se reafirma en la jurisprudencia que señala: "RENTA EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, AL PERMITIR QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, MEDIANTE REGLAS DE CARÁCTER GENERAL, DECIDA QUÉ PÉRDIDAS SUFRIDAS EN LA ADQUISICIÓN Y ENAJENACIÓN DE ACCIONES PUEDEN SER DEDUCIBLES."
2. La imposibilidad de deducir la pérdida generada en la enajenación de acciones, resulta violatoria del principio de proporcionalidad tributaria, al no reconocer en la base del impuesto sobre la renta el impacto negativo generado por dicha pérdida, por lo que no se permite al contribuyente tributar conforme a su verdadera capacidad contributiva.
Cuando el patrimonio se ve modificado de manera positiva, se genera la obligación de pago del impuesto sobre la renta; en cambio, cuando se ve impactado de manera negativa, se adquiere el derecho a tomar una deducción, la cual es indispensable para que el gravamen recaiga únicamente sobre la modificación patrimonial positiva que experimenta el sujeto pasivo del tributo.
El artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que las personas morales acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio; sin embargo, no debe desconocerse que dichos ingresos acumulables deben ser atemperados por todas y cada una de las deducciones autorizadas por la propia ley. Así, para el caso de impuestos directos como el impuesto sobre la renta, debe reconocerse la obligación de acumular ingresos, pero también la imperiosa necesidad de disminuir los conceptos que impactan el patrimonio de los causantes de manera negativa.
Por tanto, "es indudable que el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en el ejercicio de 2008", no es proporcional, ya que no permite la determinación de un gravamen de conformidad con la verdadera capacidad contributiva de los causantes, pues no se les permite deducir las pérdidas que llegasen a sufrir con motivo de la enajenación de acciones, de manera que la base gravable para efectos del impuesto sobre la renta está viciada por el artículo reclamado, en tanto no permite efectuar una deducción que por su naturaleza es necesaria para calcular la base.
Además, no existe razón objetiva alguna para que las deducciones relacionadas con cualquier tipo de actividad deban de distinguirse, como lo hace en forma inconstitucional la fracción XVII del artículo 32, al limitar la deducción de las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones, a aquellos casos en los que se cuente con una ganancia por ese mismo concepto.
En ese sentido, para reconocer su verdadera capacidad contributiva, la norma reclamada debiera permitir a los causantes deducir las pérdidas sufridas en la enajenación de acciones de todos sus ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio en el que la pérdida de mérito se sufrió, y no, como lo establece el precepto tildado de inconstitucional, limitando dicha deducción a que tales pérdidas únicamente puedan ser deducibles de la ganancia que se obtenga con motivo de la enajenación de acciones, reconociendo que hay una merma patrimonial generada con motivo de la pérdida sufrida, pero cuyo efecto tributario se encuentra diferido en el tiempo o hasta que se obtengan utilidades con motivo de la enajenación de acciones.
Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia que señala: "RENTA. DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."
3. El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola la garantía de equidad tributaria, por lo siguiente:
A) Otorga un trato tributario desigual a contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias frente a la ley, a saber, a las personas morales que derivado de sus operaciones cuenten con pérdidas por enajenación de bienes, respecto de aquellas personas morales que cuenten con pérdidas derivadas de la enajenación de acciones.
Todo aquel contribuyente que sea una persona moral, y que derivado de la enajenación de bienes sufra una pérdida, necesariamente habrá de encontrarse en una misma categoría, por lo que al ser todos iguales entre ellos, necesariamente debe tratárseles de forma igual, ya que será este tratamiento lo único que garantice el respeto a la garantía de equidad y, por ende, su validez constitucional.
El artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contiene las deducciones autorizadas para las personas morales, incluidas aquellas generadas por las pérdidas en la enajenación de bienes (fracción VI). De este modo, a primera vista, dentro de la categoría de las personas morales que cuenten con pérdidas derivadas de la enajenación de bienes, se desprende que éstas efectivamente pueden deducir tal impacto negativo en su patrimonio.
No obstante lo anterior, el artículo reclamado hace una distinción caprichosa e injustificada, ya que dentro de la categoría conformada por personas morales que cuenten con una pérdida derivada de la enajenación de bienes, injustificadamente excluye a aquellas personas que cuentan con una pérdida generada por la enajenación de acciones, situación que evidentemente transgrede la garantía de equidad tributaria porque trata desigual a los iguales.
B) Por otra parte, el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, otorga un trato idéntico a contribuyentes que se encuentran en situaciones distintas, es decir, a quienes en cumplimiento de su objeto social, enajenan acciones de manera habitual (como las quejosas), respecto de aquellos que sólo enajenan acciones de manera accidental.
"De la revisión que se lleve a cabo de las declaraciones anuales del ejercicio de 2008 presentadas" por las quejosas como sociedades controladas -de las denominadas sub-holdings, toda vez que dentro del grupo de consolidación son propietarias en forma directa o indirecta de más del 50% de las acciones con derecho a voto de diversas sociedades mercantiles-, "claramente se podrá advertir que la mayor parte de los ingresos obtenidos en el ejercicio de 2008" fueron derivados de la enajenación de acciones.
En ese sentido, se trata de contribuyentes que de acuerdo a su objeto social enajenan acciones en forma habitual, por lo que dichos títulos de crédito se convierten en mercancías, a diferencia de las empresas que no tributan bajo el régimen de consolidación o que enajenan acciones en forma no habitual, las cuales, al hacer transacciones con acciones, obtienen ingresos o pérdidas extraordinarias no habituales.
Por ello, la deducción de pérdidas por la enajenación de acciones y otros títulos para sociedades como las quejosas resulta ser un rubro importante derivado de sus actividades, cuyo objeto social es el de invertir en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80078-8cba0646/amparo-en-revision-592-2010-1-8-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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