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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 840/2010. 8 DE ABRIL DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 840/2010. · Registro digital (IUS): 80081
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Versión electrónica, Pág. 7.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del ocho de abril de dos mil trece.

VO. BO.

V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:

Cotejó:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil nueve, ante la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, *****(1)*****, por conducto de su representante legal, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se señalan:

AUTORIDADES RESPONSABLES:

I. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

II. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

III. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Secretario de Gobernación.

V. Director del Diario Oficial de la Federación.

ACTOS RECLAMADOS:

1. La discusión, aprobación, expedición, promulgación, referendo y publicación del Decreto Legislativo que contiene la Ley del Impuesto sobre la Renta, expedido el treinta y uno de diciembre de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de enero de dos mil dos, específicamente por lo que se refiere al artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2. La discusión, aprobación, expedición, promulgación, referendo y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el Subsidio para el Empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, específicamente por lo que se refiere al artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

SEGUNDO. La quejosa consideró que es violaban en su perjuicio las garantías individuales contenidas en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, narró los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.

TERCERO. Correspondió conocer de la demanda de amparo a la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien por proveído de fecha veintisiete de abril de dos mil nueve, registró el asunto con el número **********, admitió a trámite la demanda de garantías, solicitó a las autoridades responsables que rindieran sus respectivos informes justificados y, por último, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley.

CUARTO. Tramitado el juicio de amparo, el once de junio de dos mil diez tuvo verificativo la audiencia constitucional y, en atención a lo previsto en los oficios STCCNO/989/2010 y STCCNO/1847/2010, de veintidós de febrero y siete de junio, ambos de dos mil diez, respectivamente, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, la Juez del conocimiento ordenó remitir el expediente al Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en el Distrito Federal, a efecto de que pronunciara la sentencia correspondiente.

QUINTO. El treinta de septiembre de dos mil diez, el Juez de Distrito Auxiliar dictó resolución en la que, por una parte, decidió sobreseer en el juicio en relación con el artículo 32, fracción XVII, de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos y, por otra, concedió el amparo a la quejosa respecto del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, por estimar que viola el principio de proporcionalidad tributaria, ordenando la devolución del expediente a la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.

SEXTO. En contra de dicha resolución, la delegada del Presidente de la República promovió recurso de revisión. Por auto de fecha veintiséis de octubre de dos mil diez, la Juez de Distrito aludida ordenó remitir el recurso de referencia a este Alto Tribunal para su sustanciación, en cumplimiento al Acuerdo General 7/2010 de diecisiete de mayo de dos mil diez, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SÉPTIMO. Por auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil diez, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, quedando registrado con el número 840/2010.

En el mismo auto se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se abstuvo de formular pedimento.

OCTAVO. En atención a que en términos del punto Primero del Acuerdo General 11/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de diecisiete de mayo de dos mil diez, dicho órgano colegiado determinó crear la Comisión 41 de Secretarios de Estudio y Cuenta para el análisis de los asuntos en que subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete (vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho), y designó al Ministro Sergio A. Valls Hernández como encargado de supervisar y aprobar los proyectos respectivos; y de conformidad además, con lo dispuesto en el punto Segundo del citado acuerdo general, acorde con su interpretación aprobada en sesión privada del veintitrés de agosto de dos mil diez, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, el asunto se turnó al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a los previsto en el punto Tercero, fracción II del Acuerdo General 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno,(1) y los puntos Primero y Segundo del Acuerdo General 7/2010 de diecisiete de mayo dos mil diez, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpuso en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación del primero de octubre de dos mil siete y vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, y en el caso resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno en términos de lo acordado por esta misma instancia jurisdiccional en sesión privada del ocho de agosto de dos mil once, en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales, pues debe fijarse el criterio que sobre la problemática de fondo ha de prevalecer.

SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida se notificó mediante oficio a la autoridad responsable Presidente de la República (por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público), el jueves siete de octubre de dos mil diez, tal como se advierte a foja 1239 del juicio de amparo **********; por tanto, si el plazo para interponer el recurso de revisión, transcurrió del viernes ocho al viernes veintidós de octubre de dos mil diez, descontando de dicho cómputo los días nueve, diez, doce, dieciséis y diecisiete de ese mismo mes y año por ser inhábiles en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el escrito respectivo fue presentado el veintidós de octubre de dos mil diez, es indudable que su interposición resulta oportuna.

TERCERO. Aspectos relevantes para la resolución del presente asunto.

I. La quejosa hizo valer en su demanda de garantías los siguientes conceptos de violación:

1. El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del ejercicio fiscal 2008, viola el principio de proporcionalidad tributaria, por las siguientes razones:

El precepto impugnado limita la deducción de las pérdidas sufridas en la enajenación de acciones y otros títulos valor, así como en la realización de operaciones financieras derivadas referidas a acciones o a índices de acciones, al importe de las ganancias que se obtengan en el propio ejercicio o en los diez siguientes, por la realización del mismo tipo de enajenaciones y operaciones.

De lo que se tiene que el importe de la deducción por la pérdida por la enajenación de acciones y otros títulos valor está limitado y condicionado a que el contribuyente hubiese obtenido ganancias por el mismo concepto en el propio ejercicio o en los diez siguientes, en cuyo caso podrá deducirlas sólo contra esas ganancias, lo cual resulta violatorio al principio de proporcionalidad tributaria.

En ese sentido, para que se reconozca la auténtica capacidad contributiva del causante para efectos del impuesto sobre la renta, es necesario que se tomen en consideración todas las afectaciones negativas que sufre el contribuyente, así como las afectaciones positivas.

Lo que hace patente lo desproporcional del artículo impugnado, es que un contribuyente que sufre una pérdida por enajenación de acciones no le será reconocida la afectación negativa que sufre por dicha pérdida, ya que únicamente podrá deducirla si obtiene utilidad por el mismo concepto y, en su caso, dicha ganancia deberá ser igual o superior a la pérdida para poder deducirla.

En efecto, si un contribuyente tiene dentro de su objeto social la tenencia de acciones, es claro que para la obtención de sus ingresos, llevará a cabo enajenaciones de acciones las cuales generarán pérdidas o ingresos dependiendo de cuestiones del mercado o específicas de la sociedad en que participa, por ello, dado que la enajenación de acciones es una operación cuya finalidad es obtener ingresos, no existe justificación para que el legislador haya condicionado su deducción a que obtenga utilidades por dicho concepto en el mismo ejercicio o en los diez siguientes y para que, en tal caso, únicamente hasta el monto de dichas utilidades.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro señala: "RENTA. DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2002, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.", en la que se determinó que el artículo 32, fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete es desproporcional, en virtud de que no reconoce una erogación necesaria o encaminada a la obtención de ingresos, respecto de la cual no existe justificación para ser limitada o condicionada a la obtención de ingresos por el mismo concepto.

Así, se tiene que el vicio de inconstitucionalidad advertido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete, aun está presente en el texto vigente en dos mil ocho, ya que persiste la condición para poder tomar la deducción de la pérdida por enajenación de acciones a que se haya obtenido utilidad por el mismo concepto.

Lo anterior es evidente si se considera que el artículo 20, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta obliga a los causantes a acumular la totalidad del ingreso que provenga de una enajenación de acciones para atender a su verdadera capacidad contributiva, por lo cual a fin de respetar el principio de simetría fiscal, también debería permitirles deducir la totalidad de la pérdida proveniente de dichas operaciones.

En efecto, la circunstancia de que se permita tomar la deducción de la pérdida por enajenación de acciones en contra de la utilidad obtenida por el mismo concepto en el mismo ejercicio o los diez siguientes, no modifica el hecho de que no se permita la deducción al momento en que se obtuvo la pérdida, lo anterior en virtud de que si un contribuyente no obtiene en el mismo ejercicio una utilidad por enajenación de acciones igual o mayor a la pérdida por dicho concepto, el monto de las deducciones relacionadas con dicha pérdida en venta de acciones no será acorde con el impacto real que causó la pérdida en el patrimonio del contribuyente.

Incluso, la desproporcionalidad de las normas reclamadas se corrobora si se considera que aun un contribuyente que obtenga utilidades por concepto de enajenación de acciones en los siguientes diez ejercicios necesariamente deberá obtener dichas utilidades en un monto igual o superior a la pérdida en que incurrió por dicho concepto.

Por otro lado, la inconstitucionalidad de la disposición que se reclama se hace más evidente si se toma en cuenta que las restricciones a la deducción de pérdidas sufridas en ventas de acciones que se contienen en la fracción XVII del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tienen como supuesta justificación evitar la simulación de este tipo de operaciones por parte de los contribuyentes con objeto de disminuir el impuesto a su cargo.

Tal como se advierte de la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley que envió el Presidente de la República a la Cámara de Diputados en mil novecientos sesenta y siete, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Seguros, de Presupuesto y Gasto Público y Estudios Legislativos, de la Cámara de Diputados y en la exposición de motivos que dio lugar a la reforma del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del uno de enero de dos mil ocho se advierte la limitante establecida en dicho precepto para la deducción de la pérdida por enajenación de acciones tiene el supuesto fin fiscal de evitar transacciones especulativas que erosionan la base del impuesto sobre la renta.

De lo anterior, se advierte que el legislador asume que toda enajenación de acciones tiene por objeto disminuir la base gravable; sin embargo, tal situación es incorrecta pues existen contribuyentes que llevan a cabo la enajenación de acciones como parte de sus operaciones y con la finalidad de obtener ingresos, por lo que resulta injustificado que el legislador haya otorgado un trato diferenciado a los contribuyentes que obtengan pérdidas por enajenación de acciones bajo la simple suposición que pretenden disminuir su base gravable lo cual no ocurre en casos de contribuyentes como la quejosa.

Ahora bien, si existe al alcance de las autoridades fiscales la posibilidad de determinar la existencia de simulación de actos, como lo establece el artículo 213 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no existe justificación para que el legislador limite la deducción de una erogación relacionada con el objeto social del contribuyente, como ocurre en el caso, y no le permita tomarla en el ejercicio en que impacta su patrimonio.

En todo caso la verificación artificial de la base gravable es una cuestión a revisar por las autoridades fiscales a través de las facultades de comprobación por lo que resulta injustificado que se dé un trato diferencial a contribuyentes que incurren en pérdidas por enajenación de acciones mientras llevan a cabo sus operaciones regulares.

2. El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del ejercicio fiscal dos mil ocho, viola el principio de equidad tributaria, por lo siguiente:

a) El dispositivo reclamado es inequitativo, al impedir a los contribuyentes que han sufrido pérdidas con motivo de la enajenación de acciones de su propiedad, la deducción de las mismas por un importe superior al de las ganancias que hayan obtenido por la enajenación de otras acciones o títulos valor, pues se les está colocando en una situación de desigualdad frente a otros contribuyentes que hayan obtenido sus ingresos a partir de realizar operaciones, erogaciones y gastos relacionados con operaciones distintas de las de venta de acciones, que también les han implicado una disminución patrimonial, siendo que a éstos últimos sí se les reconoce para la determinación de la base del tributo en análisis.

Esto es, si dos contribuyentes realizan el mismo monto de gastos o sufren la misma cantidad de pérdidas por la enajenación de bienes tales como acciones, terrenos, activos fijos, títulos valor que representan la propiedad de bienes, etcétera, y obtienen ingresos por una cantidad igual, no existe razón alguna que justifique que uno de ellos pague un impuesto mayor que el otro, por el sólo hecho de que los ingresos de uno provengan de la ganancia en enajenación de acciones y los del otro provengan de otros conceptos, pues la naturaleza del bien que enajena un contribuyente y que da origen a una pérdida con menoscabo de su patrimonio no puede constituir una razón que válidamente justifique un trato tributario desigual, en la medida en que se trate de bienes estrictamente indispensables para la actividad mercantil de los sujetos, en un impuesto al ingreso que debe atender a la auténtica modificación patrimonial, tanto positiva como negativa, que registre el contribuyente.

b) Adicionalmente, aun entre contribuyentes que en el mismo ejercicio han realizado operaciones de venta de acciones, el precepto reclamado provoca un trato distinto sin una razón que válidamente lo justifique, porque uno que obtenga utilidades por concepto de enajenación de acciones, podrá deducir las pérdidas que haya sufrido por el mismo concepto, mientras que el que obtuvo ingresos por un concepto diverso, no podrá llevar a cabo la deducción de la pérdida por enajenación de acciones.

De este modo, si ambos contribuyentes obtuvieron una pérdida por enajenación de acciones por el mismo monto y obtuvieron ingresos por el mismo monto, aunque uno de ellos por enajenación de acciones, es claro que la modificación patrimonial real de ambos será idéntica, pues habrán obtenido la misma cantidad de ingresos y sufrido el mismo decremento por concepto de pérdidas por la enajenación de acciones.

Sin embargo, el hecho de que los ingresos de uno de ellos se derivaron de la ganancia obtenida en la enajenación de acciones y otros títulos valor, mientras que los ingresos del otro tengan un origen distinto, dará lugar a que el que obtuvo utilidades por la enajenación de acciones pague un impuesto inferior al segundo, pues podrá deducir las pérdidas sufridas por la enajenación de acciones hasta el monto de sus ganancias, lo cual se traduce en un trato desigual a contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias y, por tanto, la disposición reclamada resulta violatoria de la garantía de equidad tributaria.

Al respecto, debe considerarse que la pérdida por enajenación de acciones deriva de operaciones llevadas a cabo en cumplimiento del objeto social de la quejosa, por lo que claramente estamos en presencia de una erogación estrictamente indispensable; de ahí que resulte inequitativo que no se reconozca el efecto negativo en su patrimonio para la determinación de la base del gravamen o que se condicione a la obtención de utilidades por la venta de otras acciones.

Cabe destacar que ambas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvieron que el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, el cual corresponde al mismo texto del artículo 32, fracción XVII reclamado, resulta inconstitucional por violar la garantía de equidad tributaria.

II. El Juez de Distrito resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio y, por otra, conceder el amparo a la quejosa, con base en las siguientes consideraciones:

1. Precisó los actos reclamados, consistentes en:

a) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, referendo y publicación del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del ejercicio fiscal de dos mil dos.

b) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, referendo y publicación del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete.

2. Señaló que resulta suficiente para tener como ciertos los actos atribuidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, la aceptación, en el ámbito de su competencia, de la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que por tratarse de actos de naturaleza legislativa, su existencia no está sujeta a prueba.

3. Determinó sobreseer en el juico en relación con el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del dos mil dos, al considerar que se actualizó la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que no se demostró que tal acto irrogó perjuicio a la quejosa en su esfera de derechos.

4. Declaró infundada la causa de improcedencia aducida por el Presidente de la República, en términos del artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo; lo anterior, al considerar que la quejosa sí demostró que el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del ejercicio fiscal dos mil ocho, le genera un perjuicio en su esfera jurídica con motivo del primer acto de aplicación, el cual consistió en la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente a dicho ejercicio, ya que a partir de la prueba pericial en materia de contabilidad, se comprobó que cuenta con pérdidas fiscales derivadas de la enajenación de acciones que no pudo deducir en su totalidad en el ejercicio correspondiente.

5. Determinó que no fue posible analizar las causas de improcedencia aducidas por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ya que dicha autoridad sólo se limitó a afirmar que se actualizan las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo, pero no explicó las razones que le condujeron a sostener tal afirmación.

Al no haber otras cusas de improcedencia, sin advertirlas de oficio, el juez procedió al estudio de los conceptos de violación.

6. Señaló que para resolver el planteamiento contenido en los conceptos de violación, resulta necesario tener en cuenta la jurisprudencia 1a./J. 87/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RENTA. DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."

A partir de las consideraciones que dieron sustento a la jurisprudencia de referencia, el Juez de Distrito precisó que la Primera Sala de este Alto Tribunal expuso lo siguiente:

- Para analizar si el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del uno de enero del dos mil dos, salvaguarda la garantía de proporcionalidad tributaria, es necesario tomar en cuenta que el artículo 17 de dicha ley prevé que las personas morales acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio; sin embargo, no se debe desconocer que, a fin de atender a dicha garantía, los ingresos acumulables deben ser atemperados por las deducciones autorizadas por el propio ordenamiento a fin de que el tributo efectivamente atienda a la capacidad contributiva del gobernado.

- Para tales efectos el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta reconoce la necesidad de que el gravamen atienda no al ingreso bruto sino a una utilidad o ganancia, es decir, a un ingreso neto, obtenido mediante la disminución de las deducciones autorizadas.

- Consecuentemente, la disminución de ciertos conceptos deducibles, aplicada a los ingresos percibidos por el causante, permite la determinación de una utilidad, es decir, de un ingreso neto, conforme al que se permite determinar la capacidad que tiene el contribuyente para resentir las cargas tributarias, en la medida en que se atiende a una utilidad real y no a una que no corresponda a la capacidad contributiva, como lo es la determinada sin considerar los gastos y costos deducibles.

- Con base en lo anterior, el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no permite la determinación del gravamen atendiendo a la capacidad contributiva real del causante, pues únicamente permite la deducción de las pérdidas que llegara a sufrir derivadas de la adquisición y enajenación de bienes en la medida de las ganancias que obtuviera por el mismo concepto en el ejercicio y en los cinco siguientes.

- Entre los conceptos deducibles que deben atemperar los ingresos acumulados por el contribuyente a fin de determinar una utilidad real ajustada a su capacidad contributiva, se deben prever las pérdidas derivadas de la adquisición y enajenación de acciones, toda vez que constituyen un concepto que efectivamente impacta de manera negativa el patrimonio del particular y que, por ende, no debe ser considerado para efectos de la determinación del gravamen a su cargo.

- Ahora, si bien es cierto que no cualquier concepto que impacte negativamente el haber del causante deber ser deducible necesariamente, también lo es que en el caso de las pérdidas derivadas de la adquisición y enajenación de acciones, su deducción es demandada por la lógica y la mecánica del tributo, toda vez que se incurre en ellas por la realización de actividades que producen ingresos o ganancias o, cuando menos, tendentes a hacerlo; y es que, para generar ingreso, el particular debe de asumir el riesgo y, eventualmente la realidad de una pérdida representada por el costo de llevar a cabo negocios o inversiones que, de materializarse, reduce la capacidad contributiva del causante.

- La legislación fiscal debe aspirar a que las decisiones de negocios no se tomen por motivos fiscales, sino por causas relacionadas con la operación de que se trate. En tal virtud, si dicha legislación ha de permanecer "neutral" a las decisiones de riesgo e inversión, debe permitir la deducción de las pérdidas sufridas en transacciones que se orienten a la generación de ingresos, pues de otra forma tendría el indeseable efecto de que las inversiones sobre las que pese un riesgo elevado no se lleven a cabo, o bien, que requieran de una tasa de retorno lo suficientemente alta para que, de ser exitosas, compensaran la pérdida no mitigada que provocarían de no tener éxito.

- No se debe pasar por alto que, conforme a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el contribuyente se encuentra obligado a acumular la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que obtengan en el ejercicio. Por ende, la garantía de proporcionalidad tributaria demanda que, si para efectos de la acumulación no se distinguen, por un lado, los ingresos provenientes de conductas activas (como lo son las empresariales en las que el contribuyente efectivamente participa materialmente) y conductas pasivas (como lo sería una inversión en un negocio en el que el contribuyente no participa materialmente); entonces, no existe razón objetiva para que las deducciones relacionadas con unas y otras, se deban de distinguir como lo hace el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil dos, al limitar la deducción de las pérdidas provenientes de la adquisición y enajenación de acciones a aquellos casos en los que se cuente con una ganancia por ese mismo concepto.

Dicho lo anterior, el Juez de Distrito resolutor precisó que el artículo 32, fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta fue modificado mediante decreto publicado el uno de octubre de dos mil siete, y refirió el contenido de la exposición de motivos respectiva; a partir de lo cual, destacó que la reforma al precepto reclamado obedeció a que la Suprema Corte Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional por violar el principio de legalidad tributaria; sin embargo -consideró el Juez-, no se reparó el vicio de desproporcionalidad derivado del hecho de no tomar en cuenta que las pérdidas derivadas de la adquisición y enajenación de acciones constituyen un concepto que impacta negativamente el patrimonio del particular. Indicó que esa afirmación se corrobora si se toma en cuenta que en la propia exposición de motivos los legisladores establecieron que, por tratarse de una deducción extraordinaria, se debía mantener el régimen cedular hasta entonces previsto para las pérdidas por enajenación de acciones, esto es, que la deducción únicamente se podrá efectuar contra las utilidades, régimen que condujo a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta viola la garantía de proporcionalidad tributaria.

Precisó que la razón que condujo a dicha Sala del Alto Tribunal del país a considerar que el multicitado artículo viola la garantía de proporcionalidad tributaria es, precisamente, porque sólo permite deducir las pérdidas derivadas de la adquisición y enajenación de acciones contra las ganancias o utilidad generada por el mismo concepto, régimen que el legislador consideró que debe permanecer en razón de que se trata de una deducción extraordinaria.

Por tanto, concluyó el Juez Federal que las consideraciones que si

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80081-fd12672f/amparo-en-revision-840-2010-8-de-abril · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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