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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 162/2011. 8 DE ABRIL DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JOSÉ ALVARO VARGAS ORNELAS Y JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 162/2011 · Registro digital (IUS): 80077
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Versión electrónica, Pág. 1.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del ocho de abril de dos mil trece.

Vo. Bo.

V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:

Cotejó:

PRIMERO. Por escrito presentado el quince de abril de dos mil diez, ante la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, *****(1)*****, por conducto de su representante legal, **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se señalan:

AUTORIDADES RESPONSABLES:

I. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

II. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.

III. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. Secretario de Gobernación.

V. Director del Diario Oficial de la Federación.

VI. Secretario de Hacienda y Crédito Público

ACTOS RECLAMADOS:

La discusión, aprobación, promulgación, expedición, refrendo, publicación y aplicación del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el Subsidio para el Empleo", publicado en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al lunes primero de octubre de dos mil siete, en vigor a partir del primero de enero de dos mil ocho, específicamente en lo que se refiere al artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

SEGUNDO. La quejosa consideró que dicho Decreto violaba en su perjuicio las garantías individuales contenidas en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, narró los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.

TERCERO. Correspondió conocer de la demanda de amparo al Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien por proveído de fecha diecinueve de abril de dos mil diez, registró el asunto con el número ********** y lo admitió a trámite; de igual forma, solicitó a las autoridades responsables que rindieran sus respectivos informes justificados y, por último, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley.

Tramitado el juicio de amparo, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional el nueve de noviembre de dos mil diez y dictó sentencia terminada de engrosar el cinco de enero de dos mil once en la que, por una parte, decidió sobreseer en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables Presidente de la República y Secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la expedición y aplicación del Decreto reclamado, respectivamente (por negativa de actos no desvirtuada) y, por otra, concedió el amparo a la quejosa en relación con el artículo 32, fracción XVII, párrafos primero y segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, por estimar que viola el principio de proporcionalidad tributaria.

CUARTO. En contra de dicha resolución, la Directora General de Amparos contra Leyes, en suplencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, quien representa al Presidente de la República, interpuso recurso de revisión. Por auto de tres de febrero de dos mil once, el Juez de Distrito del conocimiento lo tuvo por recibido y con fundamento en el Acuerdo General 7/2010, del Pleno de este Alto Tribunal, ordenó remitirlo a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su sustanciación.

QUINTO. Por auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil once, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, quedando registrado con el número 162/2011.

En dicho auto se ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se abstuvo de formular pedimento.

SEXTO. Por su parte, el autorizado de la quejosa interpuso recurso de revisión adhesiva, el cual fue admitido por el Presidente de este Alto Tribunal mediante acuerdo de fecha catorce de marzo de dos mil once.

SÉPTIMO. En atención a que en términos del punto Primero del Acuerdo General 11/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de diecisiete de mayo de dos mil diez, dicho órgano colegiado determinó crear la Comisión 41 de Secretarios de Estudio y Cuenta para el análisis de los asuntos en que subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete (vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho), y designó al Ministro Sergio A. Valls Hernández como encargado de supervisar y aprobar los proyectos respectivos; y de conformidad además, con lo dispuesto en el punto Segundo del citado acuerdo general, acorde con su interpretación aprobada en sesión privada del veintitrés de agosto de dos mil diez, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, el asunto se turnó al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a los previsto en el punto Tercero, fracción II del Acuerdo General 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno, y el punto Primero y Segundo del Acuerdo General 7/2010 de diecisiete de mayo dos mil diez, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpuso en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación del primero de octubre de dos mil siete y vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, y en el caso resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno en términos de lo acordado por esta misma instancia jurisdiccional en sesión privada del ocho de agosto de dos mil once, en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales, pues debe fijarse el criterio que sobre la problemática de fondo ha de prevalecer.

SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida se notificó mediante oficio a la autoridad responsable Presidente de la República (por conducto del Secretario de Hacienda y Crédito Público), el miércoles diecinueve de enero de dos mil once, tal como se advierte a foja 596 del juicio de amparo **********; por tanto, si el plazo para interponer el recurso de revisión transcurrió del jueves veinte de enero al miércoles dos de febrero de dos mil once, descontando de dicho cómputo los días veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de ese mismo mes y año por ser inhábiles (sábados y domingos, respectivamente) en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el escrito respectivo fue presentado el miércoles dos de febrero del año citado, es indudable que su interposición resulta oportuna.

Asimismo, toda vez que el acuerdo de admisión del recurso de revisión fue notificado por medio de lista a la quejosa el día veintiocho de febrero de dos mil once, surtiendo efectos dicha notificación el día primero de marzo del mismo año, se advierte que el plazo para interponer el recurso de revisión adhesiva corrió del dos al ocho de marzo de dos mil once, descontando los días cinco y seis del mismo mes y año, por haber sido sábado y domingo, respectivamente, y tomando en consideración que el artículo 83, último párrafo, de la Ley de Amparo, señala que podrá interponerse recurso de revisión adhesiva dentro del término de cinco días contados a partir de la fecha en que se notifique la admisión del recurso, y de acuerdo con la jurisprudencia 38/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la cual, dicho plazo debe ser contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso. En consecuencia, si el recurso de revisión adhesiva fue presentado el día siete de marzo de dos mil once, es indudable que resulta oportuno.

TERCERO. Aspectos relevantes para la resolución del presente asunto.

I. La quejosa hizo valer en su demanda de garantías los siguientes conceptos de violación:

1) El artículo 32, fracción XVII, primer y segundo párrafos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del ejercicio fiscal dos mil ocho, viola el principio de proporcionalidad tributaria, por un lado, al prohibir la deducción de las pérdidas fiscales por venta de acciones y de otros títulos de valor cuyo rendimiento no sea interés, en los términos del artículo 9 de ese ordenamiento, así como las pérdidas financieras que provengan de operaciones financieras derivadas de capital, acciones o índices accionarios y, por el otro, al establecer un régimen cedular para la deducción de las mismas.

Se reconoce excepcionalmente la deducibilidad de las pérdidas fiscales, pero únicamente contra el monto de las ganancias, que en su caso, se obtengan en el ejercicio o en los diez siguientes en la enajenación de acciones y otro títulos cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 9, antes referido, o en operaciones financieras derivadas de capital como acciones o índices accionarios; es decir, se establece un régimen cedular de deducción; por lo que dicho artículo pretende que se contribuya al gasto público atendiendo a una capacidad contributiva irreal.

A diferencia del régimen aplicable para las personas físicas (régimen cedular), las personas morales deben determinar su resultado fiscal considerando la totalidad de sus ingresos acumulables, sin importar la fuente de la que proceden, así como la totalidad de sus deducciones (régimen global), por lo que no es constitucionalmente válido que se instaure un régimen cedular para aplicar las pérdidas por enajenación de acciones.

2) El artículo 32, fracción XVII, inciso b), de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, contraviene la garantía de proporcionalidad tributaria por incorporar un elemento ajeno a la capacidad contributiva de las empresas, como lo es que el precio de venta de las acciones (que no se coloquen entre el gran público inversionista), se determine conforme a la metodología para determinar "precios de transferencia", lo que lleva a contribuir sobre un ingreso ficticio, siendo que dicho requisito no obedece a criterios de razonabilidad, limitando indiscriminadamente la autentica capacidad contributiva de las empresas.

3) El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, viola la garantía de equidad tributaria, al atribuir distintas consecuencias jurídicas a sujetos que frente a la norma tributaria se encuentran en un plano de igualdad; ello pues por regla general los contribuyentes pueden deducir sus gastos o costos contra cualquier ingreso obtenido, en cambio, ciertos contribuyentes (como el caso de la empresa quejosa) cuyo costo para generar ingresos está representado por pérdidas fiscales por enajenación de acciones o de otros títulos de valor cuyo rendimiento no sea interés en los términos del artículo 9 del mismo ordenamiento, así como las pérdidas financieras que provengan de operaciones financieras derivadas de capital, como las acciones o índices accionarios, sólo pueden deducir, dichas pérdidas, de ganancias fiscales obtenidas por el mismo concepto, esto es, mediante un régimen de deducción cedular.

4) El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un procedimiento diverso al contenido en el artículo 24, de ese mismo ordenamiento, para calcular la pérdida sufrida por la enajenación de acciones, situación que impide a los sujetos pasivos del impuesto tributar de conformidad con su verdadera capacidad contributiva, lo que vulnera los principios de proporcionalidad y equidad tributaria.

El supuesto normativo establecido en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual se detona a partir de enajenar acciones, es modificado y distorsionado por el artículo 32, fracción XVII, del mismo ordenamiento, obligando a un recalculo que conlleva a determinar una pérdida que no es acorde a una auténtica capacidad contributiva, ya que mediante la aplicación del procedimiento establecido en esa fracción, se obtiene un resultado distinto al determinado por el artículo 24, siendo que éste fue el procedimiento que detonó la existencia de una ganancia o una pérdida fiscal por venta de acciones.

II. El Juez de Distrito resolvió, por una parte, sobreseer en el juicio y, por otra, conceder el amparo a la quejosa, con base en las siguientes consideraciones:

1. Precisó los actos reclamados consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, referendo, publicación y aplicación del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete.

2. Sobreseyó en el juicio en relación con los actos reclamados al Presidente de la República y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, consistentes en la expedición y aplicación del Decreto reclamado, respectivamente, por negativa de actos no desvirtuada.

3. Tuvo como ciertos los actos atribuidos a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, consistentes en el respectivo ámbito de su competencia, en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que así lo manifestaron al rendir su correspondiente informe justificado, además de que la existencia de dichos actos constituye un hecho notorio que no está sujeto a prueba.

4. Declaró infundadas las causas de improcedencia aducidas por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y por el Presidente de la República, en términos del artículo 73, fracciones V y VI, de la Ley de Amparo; lo anterior, al considerar que la quejosa sí demostró que el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente durante el ejercicio fiscal dos mil nueve, le genera un perjuicio en su esfera jurídica con motivo del primer acto de aplicación, el cual consistió en la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente a dicho ejercicio, ya que a partir de la prueba pericial en materia de contabilidad, se comprobó que cuenta con pérdidas fiscales derivadas de la enajenación de acciones que no pudo deducir en el ejercicio correspondiente.

5. Analizó el primer concepto de violación en el que se adujo que el artículo 32, fracción XVII, párrafos primero y segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, viola el principio de proporcionalidad tributaria.

Al respecto, consideró que de una interpretación sistemática de los artículos 1, 9, 10, 17, 20, 22 y 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el objeto de permitir la disminución de los gastos indispensables para el ejercicio de la actividad del contribuyente, entre las que se encuentran las pérdidas y demás conceptos que en los citados preceptos se mencionan, a la totalidad de los ingresos gravables y así obtener la utilidad fiscal (base gravable) a la que le será aplicada la tasa para determinar el impuesto, no es otro que atender a la capacidad contributiva y, por ende, a la garantía de proporcionalidad tributaria.

La utilidad fiscal (base gravable) así obtenida, atiende a una manifestación real del aumento de la riqueza del contribuyente y, en consecuencia, se ajusta a su capacidad contributiva, pues el impuesto se determina de acuerdo a la potencialidad a que hace referencia el artículo 31, fracción IV, constitucional.

De acuerdo con lo anterior, precisó el Juez Federal que el artículo 32, fracción XVII, párrafos primero y segundo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es inconstitucional, porque viola el principio de proporcionalidad tributaria, ya que la limitante ahí prevista para deducir las pérdidas por enajenación de acciones imposibilita la determinación del gravamen atendiendo a la capacidad contributiva real del causante, pues dichas pérdidas constituyen un concepto que impacta de manera negativa el patrimonio del particular y que, por ende, no debe ser considerado para efectos de la determinación del gravamen a su cargo.

En ese sentido, señaló que la deducción de esas pérdidas es demandada por la lógica y la mecánica del propio tributo, porque se incurre en ellas por la realización de actividades que producen ingresos, o bien, cuando menos, por actividades que son orientadas a producirlos, siendo aplicable por analogía la jurisprudencia número 1a./J.87/2004, de rubro: "RENTA. DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2002, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.", precisando que si bien es cierto que dicho criterio se refiere al artículo 32, fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos, también lo es que los supuestos normativos en ambos casos son iguales, porque aunque ese dispositivo fue modificado mediante Decreto publicado el uno de octubre de dos mil siete, adolece del mismo vicio consistente en prohibir la deducción de las pérdidas provenientes de la enajenación de acciones.

En esos términos, el Juez de Distrito concedió el amparo a la quejosa en contra del artículo 32, fracción XVII, párrafos primero y segundo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación de la norma combatida, así como para que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria permita determinar el impuesto sobre la renta a cargo de la quejosa, considerando que la pérdida por enajenación de acciones determinada en montos precisados por el perito oficial debe establecerse como deducción autorizada y para que, en caso de resultar procedente, devuelva las cantidades enteradas con motivo de la aplicación de la norma declarada inconstitucional, las cuales deberán ser actualizadas por la autoridad fiscal competente.

III. La autoridad recurrente Presidente de la República, por conducto de su representante, expresó en el recurso de revisión los siguientes agravios:

1) La sentencia recurrida causa agravio, porque el A quo llegó a la conclusión de que el impuesto sobre la renta recae sobre una manifestación general de riqueza, lo cual es incorrecto, ya que la ley determina los ingresos acumulables y las partidas no deducibles.

A) No todos los ingresos se acumulan para determinar el impuesto, ni todas las erogaciones son susceptibles de deducción, esto con el objeto de desalentar el abuso de los contribuyentes de figuras especulativas en detrimento de la base gravable, como es el caso de las transacciones por enajenación de acciones que generalmente son realizadas por los contribuyentes con el objetivo de erosionar la base del impuesto sobre la renta.

En efecto, partiendo de la estructura que actualmente rige para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, existen erogaciones que no son deducibles ilimitadamente para efectos del impuesto, mismas que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado constitucionales, por lo que tal aspecto debe ser tomado en consideración al revisar la sentencia.

B) El Juez A quo pasa por alto que en el caso, a raíz de una iniciativa del Ejecutivo Federal, el legislador prepondera un propósito antielusivo para un control eficaz de las operaciones que generalmente se llevan a cabo para erosionar la base del impuesto, lo que se representa en prácticas especulativas que no privilegian las inversiones a largo plazo y con un afán de crear fuentes de empleo y generación de inversión productiva.

Por esta situación, el legislador estableció en el precepto reclamado partidas no deducibles para efectos del impuesto sobre la renta, evitando que se eludan de su obligación, formulando operaciones derivadas de estrategias fiscales por parte de los contribuyentes, de modo que, contrario a lo resuelto por la Juez A quo, se establece una medida de control eficaz con el afán de evitar la erosión de la base del impuesto, inhibiendo estrategias fiscales en perjuicio del fisco federal.

El fin extrafiscal inmerso tiene sustento en los criterios que ha construido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que los tributos pueden perseguir de manera accesoria o secundaria fines extrafiscales utilizados como herramientas de política fiscal, ya sea para orientar, encausar, alentar o desalentar ciertas actividades o usos sociales, siempre y cuando no violenten los principios constitucionales en materia tributaria.

Es de señalarse que en cuanto el artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece cuáles son los conceptos no deducibles para efectos del impuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto señalando que las limitantes que ese artículo establece obedecen a un fin extrafiscal con medidas de control, pues dicho límite tiene como finalidad desalentar la práctica elusiva que reduce la recaudación tributaria.

En el caso específico de la deducción de pérdidas por enajenación de acciones es de mencionarse que la limitación al igual que el tema de capitalización insuficiente, tiene un fin extrafiscal que es evitar que los contribuyentes apliquen pérdidas que deriven de operaciones especulativas que erosionen la base del impuesto, situación que se encuentra plenamente apegada a los principios fundamentales que consagra la Constitución Federal.

C) En el caso concreto podría presuponerse la existencia de una práctica elusiva con fines especulativos por parte de la quejosa, derivada del análisis de los dictámenes periciales.

Los contribuyentes implementan estrategias fiscales con el único objetivo de erosionar la base gravable del impuesto, razones que motivaron al legislador el establecimiento de medidas que obstaculicen o impidan su práctica, ya que existen situaciones que evidentemente son motivo de planeación empresarial en perjuicio del Fisco Federal, como a continuación de evidencia:

a) La fecha de adquisición de las acciones enajenadas por la quejosa (con motivo de las cuales sufrió pérdidas fiscales), aconteció el dos de marzo de dos mil nueve, y la venta se realizó el treinta de noviembre de dos mil nueve, es decir, ocho meses después de la adquisición.

b) El valor de enajenación está muy por debajo del costo fiscal de las acciones, es decir, el costo de las acciones supera el precio de venta de las mismas.

c) La operación de enajenación se realizó entre personas con los mismos intereses económicos, ya que la quejosa *****(1)*****, adquirió las acciones emitidas por *****(2)*****, el dos de marzo de dos mil nueve del Secretario del Consejo de Administración de la emisora (*****(3)***** quien, a su vez, tenía sólo un mes de haberlas adquirido), y las enajenó el treinta de noviembre de dos mil nueve al Presidente del Consejo de Administración de la propia emisora (*****(4)*****), habiendo transcurrido sólo nueve meses en el desarrollo de dichas operaciones.

Como se puede observar, a partir de los propios dictámenes periciales que obran en autos, se observa que la quejosa efectuó operaciones relativas a la enajenación de acciones sin el ánimo de invertir y con la sola finalidad de erosionar la base del impuesto, ya que adquirió las acciones y las enajenó, transcurriendo menos de un año entre un momento y otro.

Asimismo, la práctica elusiva es aún más evidente, porque el valor de enajenación está muy por abajo del costo fiscal de las acciones, es decir, el costo de las acciones supera el precio de venta de las mismas, por lo que este tipo de planeaciones fiscales evidencian un fin de erosionar la base del impuesto sobre la renta, lo que llevó al legislador a la reforma del numeral combatido.

Así entonces, el Juez de Distrito omitió valorar esos factores que acreditan que la quejosa únicamente enajenó acciones con el fin de erosionar la base gravable del impuesto y, por ende, el amparo concedido es ilegal.

2) El Juez de Distrito realizó un estudio acerca de los ingresos y las erogaciones que sirven para determinar la utilidad fiscal de un contribuyente; ahora bien, dicho argumento causa agravio a la recurrente, en virtud de que al comparar dichos argumentos con lo regulado en el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, llegó a una conclusión errónea, pues pasa por alto totalmente la característica de la deducción de pérdidas por enajenación de acciones, considerada como no necesaria o no indispensable.

En efecto, atendiendo a la naturaleza de dicha pérdida, el legislador no tenía la obligación de reconocer la deducción de dichas erogaciones, pues no debe perderse de vista que se trata del reconocimiento de efectos fiscales a una deducción que por regla general es no deducible.

Debe tomarse en cuenta que en el sistema tributario mexicano no todos los ingresos, ni todos los gastos y pérdidas se toman en consideración como parámetro para apreciar la riqueza de un contribuyente y, por tanto, para determinar la capacidad que tiene una persona para contribuir al gasto público.

Desde el punto de vista constitucional, la exigencia de ajustar las cargas tributarias a la capacidad de los causantes demanda la adecuación a ciertos parámetros, de tal suerte que no todos los ingresos manifestarán la idoneidad de la persona para concurrir al levantamiento de las cargas públicas y, correlativamente, no todas las erogaciones tienen trascendencia en la medida de la capacidad contributiva, lo cual puede obedecer a razones de carácter económico, jurídico y/o social.

En este contexto, los requisitos que permiten determinar el carácter deducible de algún concepto tradicionalmente se vinculan a criterios que buscan ser objetivos, como son la justificación de las erogaciones por considerarse necesarias, la identificación de las mismas con los fines de la negociación, la relación que guardan los conceptos de deducción con las actividades normales y propias del contribuyente, así como la frecuencia con la que se suceden determinados desembolsos y la cuantificación de los mismos.

Por otra parte, señala que las pérdidas son gastos contingentes, ya que dejan de ser necesarios para la obtención de ingresos y si no hay otra alternativa que su realización, se permite su disminución contra ingresos que provienen del mismo concepto, por lo que este tipo de gastos al no ser indispensable, el legislador puede o no considerar factible la deducción de los mismos o de una parte de ellos, ya que no se encuentran vinculados a ningún ingreso.

Lo anterior cobra relevancia por el tratamiento fiscal que tienen los dividendos o utilidades distribuidos o pagados por una empresa, no siendo ni un ingreso acumulable ni tampoco una deducción autorizada. Es decir, si bien se puede inferir que una empresa "X" que invierte en otra empresa "Y" es para generar ingresos o al menos su intención de generarlos (sic), no debe perderse de vista que en el supuesto de que la empresa "X" inversionista obtenga dividendos de la empresa "Y", éstos de ninguna manera son ingresos acumulables.

3) El Juez A quo omite analizar que en el caso no es razonable aplicar la deducción de la pérdida generada por la enajenación de acciones contra otros ingresos que no están vinculados a dicho concepto.

En efecto, el A quo pasa inadvertido que la pérdida por enajenación de acciones no se encuentra vinculada a los demás ingresos que la quejosa percibió por sus demás actividades y, si bien para generar un ingreso el particular debe asumir el riesgo y, eventualmente, la realidad de una pérdida, no es razonable que dicha pérdida por enajenación de acciones se vincule a ingresos que no deriven de los mismos ingresos.

En ese sentido, el A quo no se percató de que el legislador implementó un régimen cedular para compensar la pérdida generada por enajenación de acciones.

El hecho de que exista un régimen especial se generó de la lógica y mecánica del impuesto mismo, puesto que los requisitos establecidos por el legislador para acceder a la prerrogativa de la deducción, respetan la capacidad contributiva de la quejosa atendiendo a que el hecho de que se permite aplicar las pérdidas fiscales generadas por concepto de enajenación de acciones, a los ingresos que se obtengan por la misma operación, aminora la carga tributaria de los contribuyentes y en este caso sí se encuentra vinculada la pérdida al ingreso respectivo.

4) El A quo señala que se viola la garantía de proporcionalidad, porque la limitante contenida en el artículo 32, fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, desconoce la verdadera capacidad contributiva del causante, en tanto limita la deducción a las ganancias que se obtengan por el mismo concepto; lo anterior es erróneo, ya que en realidad únicamente se difiere su aplicación.

En efecto, lo resuelto en la sentencia recurrida carece de sustento, pues la norma reconoce los efectos negativos de la pérdida al permitir la deducción, a través del sistema cedular -sistema declarado constitucional por la Suprema Corte- y, en todo caso, la apli

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80077-dc32af47/amparo-en-revision-162-2011-8-de-abril · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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