AMPARO EN REVISIÓN 32/2012. *****(1)*****. 4 DE ABRIL DE 2013. PONENTE: MINISTRO SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del cuatro de abril de dos mil trece.
Vo. Bo.
V I S T O S; y
R E S U L T A N D O:
Cotejó:
PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de febrero de dos mil once, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, *****(1)*****, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se señalan:
AUTORIDADES RESPONSABLES:
A. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
B. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
D. Secretario de Gobernación.
E. Director del Diario Oficial de la Federación.
ACTOS RECLAMADOS:
• La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el Subsidio para el Empleo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, en lo que se refiere específicamente al artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
• La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los Subsidios para el Empleo para la Nivelación del Ingreso, publicado en el Diario Oficial de la Federación del primero de diciembre de dos mil cuatro, específicamente, el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación, del Decreto Legislativo que contiene la Ley del Impuesto sobre la Renta, expedido el treinta y uno de diciembre de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de enero de dos mil dos, el cual dio lugar al texto vigente de los artículos 21 y 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• La expedición del Decreto mediante el cual se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de octubre de dos mil tres, específicamente, los artículos 54 y 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del dieciocho de octubre de dos mil tres, y reformado por Decreto el cinco de diciembre de dos mil seis.
SEGUNDO. La parte quejosa consideró que se violan en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 1° y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, narró los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. Correspondió conocer de la demanda de amparo a la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien por proveído de fecha once de febrero de dos mil once admitió a trámite la demanda de amparo registrando el asunto con el número **********; de igual forma, solicitó a las autoridades responsables que rindieran sus respectivos informes justificados y, por último, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley.
Tramitado el juicio de amparo, el veintiuno de diciembre de dos mil once, la Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional, en la que dictó sentencia y resolvió, por un lado, sobreseer en el juicio por lo que se refiere a los artículos 21 y 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigentes a partir del primero de enero de dos mil dos y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro y de dos mil siete, respectivamente; el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformado mediante Decreto publicado el uno de diciembre de dos mil cuatro; y los artículos 54 y 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformados mediante Decreto publicado el diecisiete de octubre de dos mil tres; al estimar que respecto de tales preceptos se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, por otro, conceder el amparo solicitado en contra del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, reformado mediante Decreto publicado el uno de octubre de dos mil siete (vigente durante el ejercicio fiscal de dos mil diez), al considerar que resulta violatorio del principio de proporcionalidad tributaria.
CUARTO. En contra de dicha resolución, la delegada del Presidente de la República, designada con tal carácter en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el autorizado de la quejosa, promovieron sendos recursos de revisión. Mediante proveídos de cinco y diez de enero de dos mil doce, la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, dio trámite a los recursos de referencia y ordenó su remisión al tribunal de alzada. Posteriormente, en atención además al Acuerdo General 7/2010, de diecisiete de mayo de dos mil diez, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la juzgadora de referencia envió los autos a este Alto Tribunal mediante oficio ******* del doce de enero de dos mil doce.
QUINTO. Por auto de fecha dieciocho de enero de dos mil doce, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió los recursos hechos valer, quedando registrados con el número 32/2012. En ese mismo auto ordenó notificar a las autoridades responsables y dar vista al Procurador General de la República, acompañando a este último copia de los respectivos pliegos de agravios y, finalmente, reservó el trámite subsecuente del asunto, destacando que, por regla general, en los juicios de amparo ya no correrá plazo de caducidad alguno.
El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, se abstuvo de formular pedimento alguno.
SEXTO. En atención a que en términos del punto Primero del Acuerdo General 11/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de diecisiete de mayo de dos mil diez, dicho órgano colegiado determinó crear la Comisión 41 de Secretarios de Estudio y Cuenta para el análisis de los asuntos en que subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete (vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho), y designó al Ministro Sergio A. Valls Hernández como encargado de supervisar y aprobar los proyectos respectivos; y de conformidad además, con lo dispuesto en el punto Segundo del citado acuerdo general, acorde con su interpretación aprobada en sesión privada del veintitrés de agosto de dos mil diez, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, el asunto se turnó al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Tercero, fracción III, del Acuerdo General 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno,(1) y los puntos Primero y Segundo del Acuerdo General 7/2010 del diecisiete de mayo de dos mil diez, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de la sentencia dictada por una Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete y vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, y en el caso resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno en términos de lo acordado por esta misma instancia jurisdiccional en sesión privada del ocho de agosto de dos mil once, en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales, pues debe fijarse el criterio que sobre la problemática de fondo ha de prevalecer.
SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida se notificó mediante oficio al Presidente de la República, por conducto de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el veintidós de diciembre de dos mil once, como se aprecia de la constancia visible en la foja 1290 del cuaderno de amparo. Por tanto, el plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el citado medio de defensa, transcurrió del veintitrés de diciembre de dos mil once al cinco de enero de dos mil doce, descontándose de dicho cómputo los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de diciembre de dos mil once, así como el uno de enero de dos mil doce, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, si el recurso se presentó el cuatro de enero de dos mil doce, es decir, el penúltimo día de dicho plazo legal, es indudable que resulta oportuno.
Por otra parte, la sentencia recurrida se notificó por lista a la quejosa el veintidós de diciembre de dos mil once, como se advierte de la razón actuarial visible en la foja 1286 vuelta del cuaderno de amparo. Por tanto, el plazo de diez días hábiles previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para recurrir la resolución de mérito transcurrió del veintiséis de diciembre de dos mil once al seis de enero de dos mil doce, descontándose de dicho cómputo los días treinta y uno de diciembre de dos mil once y uno de enero de dos mil doce, por ser inhábiles (sábado y domingo), en términos de los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, si el recurso se presentó el seis de enero de dos mil doce, esto es, el último día del plazo aludido, es claro que resulta oportuno.
TERCERO. Aspectos relevantes para la resolución del presente asunto.
I. La quejosa hizo valer en su demanda de garantías los siguientes conceptos de violación:
1. El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del ejercicio fiscal 2008, viola el principio de proporcionalidad tributaria, por las siguientes razones:
El precepto impugnado limita la deducción de las pérdidas sufridas en la enajenación de acciones y otros títulos valor, así como en la realización de operaciones financieras derivadas referidas a acciones o a índices de acciones, al importe de las ganancias que se obtengan en el propio ejercicio o en los diez siguientes, por la realización del mismo tipo de enajenaciones y operaciones.
De lo que se tiene que el importe de la deducción por la pérdida por la enajenación de acciones y otros títulos valor está limitado y condicionado a que el contribuyente hubiese obtenido ganancias por el mismo concepto en el propio ejercicio o en los diez siguientes, en cuyo caso podrá deducirlas sólo contra esas ganancias, lo cual resulta violatorio al principio de proporcionalidad tributaria.
En ese sentido, para que se reconozca la auténtica capacidad contributiva del causante para efectos del impuesto sobre la renta, es necesario que se tomen en consideración todas las afectaciones negativas que sufre el contribuyente, así como las afectaciones positivas.
Lo que hace patente lo desproporcional del artículo impugnado, es que un contribuyente que sufre una pérdida por enajenación de acciones no le será reconocida la afectación negativa que sufre por dicha pérdida, ya que únicamente podrá deducirla si obtiene utilidad por el mismo concepto y, en su caso, dicha ganancia deberá ser igual o superior a la pérdida para poder deducirla.
En efecto, si un contribuyente tiene dentro de su objeto social la tenencia de acciones, es claro que para la obtención de sus ingresos, llevará a cabo enajenaciones de acciones las cuales generarán pérdidas o ingresos dependiendo de cuestiones del mercado o específicas de la sociedad en que participa, por ello, dado que la enajenación de acciones es una operación cuya finalidad es obtener ingresos, no existe justificación para que el legislador haya condicionado su deducción a que obtenga utilidades por dicho concepto en el mismo ejercicio o en los diez siguientes y para que, en tal caso, únicamente hasta el monto de dichas utilidades.
Apoya lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro señala: "RENTA. DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2002, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA", en la que se determinó que el artículo 32, fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete es desproporcional, en virtud de que no reconoce una erogación necesaria o encaminada a la obtención de ingresos, respecto de la cual no existe justificación para ser limitada o condicionada a la obtención de ingresos por el mismo concepto.
Así, se tiene que el vicio de inconstitucionalidad advertido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete, aun está presente en el texto vigente en dos mil ocho, ya que persiste la condición para poder tomar la deducción de la pérdida por enajenación de acciones a que se haya obtenido utilidad por el mismo concepto.
Lo anterior es evidente si se considera que el artículo 20, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta obliga a los causantes a acumular la totalidad del ingreso que provenga de una enajenación de acciones para atender a su verdadera capacidad contributiva, por lo cual a fin de respetar el principio de simetría fiscal, también debería permitirles deducir la totalidad de la pérdida proveniente de dichas operaciones.
En efecto, la circunstancia de que se permita tomar la deducción de la pérdida por enajenación de acciones en contra de la utilidad obtenida por el mismo concepto en el mismo ejercicio o los diez siguientes, no modifica el hecho de que no se permita la deducción al momento en que se obtuvo la pérdida, lo anterior en virtud de que si un contribuyente no obtiene en el mismo ejercicio una utilidad por enajenación de acciones igual o mayor a la pérdida por dicho concepto, el monto de las deducciones relacionadas con dicha pérdida en venta de acciones no será acorde con el impacto real que causó la pérdida en el patrimonio del contribuyente.
Incluso, la desproporcionalidad de las normas reclamadas se corrobora si se considera que aun un contribuyente que obtenga utilidades por concepto de enajenación de acciones en los siguientes diez ejercicios necesariamente deberá obtener dichas utilidades en un monto igual o superior a la pérdida en que incurrió por dicho concepto.
Por otro lado, la inconstitucionalidad de la disposición que se reclama se hace más evidente si se toma en cuenta que las restricciones a la deducción de pérdidas sufridas en ventas de acciones que se contienen en la fracción XVII del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tienen como supuesta justificación evitar la simulación de este tipo de operaciones por parte de los contribuyentes con objeto de disminuir el impuesto a su cargo.
Tal como se advierte de la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley que envió el Presidente de la República a la Cámara de Diputados en mil novecientos sesenta y siete, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Seguros, de Presupuesto y Gasto Público y Estudios Legislativos, de la Cámara de Diputados y en la exposición de motivos que dio lugar a la reforma del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del uno de enero de dos mil ocho se advierte la limitante establecida en dicho precepto para la deducción de la pérdida por enajenación de acciones tiene el supuesto fin fiscal de evitar transacciones especulativas que erosionan la base del impuesto sobre la renta.
De lo anterior, se advierte que el legislador asume que toda enajenación de acciones tiene por objeto disminuir la base gravable; sin embargo, tal situación es incorrecta pues existen contribuyentes que llevan a cabo la enajenación de acciones como parte de sus operaciones y con la finalidad de obtener ingresos, por lo que resulta injustificado que el legislador haya otorgado un trato diferenciado a los contribuyentes que obtengan pérdidas por enajenación de acciones bajo la simple suposición que pretenden disminuir su base gravable lo cual no ocurre en casos de contribuyentes como la quejosa.
Ahora bien, si existe al alcance de las autoridades fiscales la posibilidad de determinar la existencia de simulación de actos, como lo establece el artículo 213 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no existe justificación para que el legislador limite la deducción de una erogación relacionada con el objeto social del contribuyente, como ocurre en el caso, y no le permita tomarla en el ejercicio en que impacta su patrimonio.
En todo caso la verificación artificial de la base gravable es una cuestión a revisar por las autoridades fiscales a través de las facultades de comprobación por lo que resulta injustificado que se dé un trato diferencial a contribuyentes que incurren en pérdidas por enajenación de acciones mientras llevan a cabo sus operaciones regulares.
2. El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del ejercicio fiscal dos mil ocho, viola el principio de equidad tributaria, por lo siguiente:
a) El dispositivo reclamado es inequitativo, al impedir a los contribuyentes que han sufrido pérdidas con motivo de la enajenación de acciones de su propiedad, la deducción de las mismas por un importe superior al de las ganancias que hayan obtenido por la enajenación de otras acciones o títulos valor, pues se les está colocando en una situación de desigualdad frente a otros contribuyentes que hayan obtenido sus ingresos a partir de realizar operaciones, erogaciones y gastos relacionados con operaciones distintas de las de venta de acciones, que también les han implicado una disminución patrimonial, siendo que a éstos últimos sí se les reconoce para la determinación de la base del tributo en análisis.
Esto es, si dos contribuyentes realizan el mismo monto de gastos o sufren la misma cantidad de pérdidas por la enajenación de bienes tales como acciones, terrenos, activos fijos, títulos valor que representan la propiedad de bienes, etcétera, y obtienen ingresos por una cantidad igual, no existe razón alguna que justifique que uno de ellos pague un impuesto mayor que el otro, por el sólo hecho de que los ingresos de uno provengan de la ganancia en enajenación de acciones y los del otro provengan de otros conceptos, pues la naturaleza del bien que enajena un contribuyente y que da origen a una pérdida con menoscabo de su patrimonio no puede constituir una razón que válidamente justifique un trato tributario desigual, en la medida en que se trate de bienes estrictamente indispensables para la actividad mercantil de los sujetos, en un impuesto al ingreso que debe atender a la auténtica modificación patrimonial, tanto positiva como negativa, que registre el contribuyente.
b) Adicionalmente, aun entre contribuyentes que en el mismo ejercicio han realizado operaciones de venta de acciones, el precepto reclamado provoca un trato distinto sin una razón que válidamente lo justifique, porque uno que obtenga utilidades por concepto de enajenación de acciones, podrá deducir las pérdidas que haya sufrido por el mismo concepto, mientras que el que obtuvo ingresos por un concepto diverso, no podrá llevar a cabo la deducción de la pérdida por enajenación de acciones.
De este modo, si ambos contribuyentes obtuvieron una pérdida por enajenación de acciones por el mismo monto y obtuvieron ingresos por el mismo monto, aunque uno de ellos por enajenación de acciones, es claro que la modificación patrimonial real de ambos será idéntica, pues habrán obtenido la misma cantidad de ingresos y sufrido el mismo decremento por concepto de pérdidas por la enajenación de acciones.
Sin embargo, el hecho de que los ingresos de uno de ellos se derivaron de la ganancia obtenida en la enajenación de acciones y otros títulos valor, mientras que los ingresos del otro tengan un origen distinto, dará lugar a que el que obtuvo utilidades por la enajenación de acciones pague un impuesto inferior al segundo, pues podrá deducir las pérdidas sufridas por la enajenación de acciones hasta el monto de sus ganancias, lo cual se traduce en un trato desigual a contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias y, por tanto, la disposición reclamada resulta violatoria de la garantía de equidad tributaria.
Al respecto, debe considerarse que la pérdida por enajenación de acciones deriva de operaciones llevadas a cabo en cumplimiento del objeto social de la quejosa, por lo que claramente estamos en presencia de una erogación estrictamente indispensable; de ahí que resulte inequitativo que no se reconozca el efecto negativo en su patrimonio para la determinación de la base del gravamen o que se condicione a la obtención de utilidades por la venta de otras acciones.
Cabe destacar que ambas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvieron que el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, el cual corresponde al mismo texto del artículo 32, fracción XVII reclamado, resulta inconstitucional por violar la garantía de equidad tributaria.
3. El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el artículo 21 de dicha ley, viola el principio de equidad tributaria:
El artículo 32, fracción XVII, inciso b), de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece que tratándose de una pérdida derivada de la enajenación de acciones que no se encuentran colocadas entre el gran público inversionista, la pérdida se determinará efectuando los ajustes a que se refiere el artículo 24 de esa ley, y considerando como ingreso obtenido el que resulte mayor entre el pactado en la operación de que se trate y el precio de venta de las acciones determinado conforme a la metodología establecida en los artículos 215 y 216 del mismo ordenamiento legal.
Por su parte, el artículo 21, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, señala que para determinar la ganancia (o pérdida) en la enajenación de ciertos bienes, como lo son terrenos, títulos valor que representen la propiedad de bienes o piezas de oro o de plata, los contribuyentes deberán restar del ingreso obtenido, el monto original de la inversión, el cual se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que e realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se realice la enajenación, sin que en términos del párrafo segundo de dicho artículo 21, el ajuste señalado sea aplicable para determinar la ganancia por la enajenación de acciones y certificados de depósito de bienes o de mercancías.
En tales condiciones, se observa que no obstante que el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé un procedimiento para determinar la pérdida por enajenación de bienes, sin justificación alguna, dicho procedimiento no se aplica al caso de enajenación de acciones, lo cual resulta claramente inequitativo. Lo anterior es así, porque el mecanismo del artículo 21 para determinar la ganancia por enajenación de bienes resulta plenamente aplicable al caso de enajenación de acciones y, sin embargo, sin justificación alguna, se estableció en el artículo 32, fracción XVII, de dicha ley, un procedimiento diverso. Así, este último precepto obliga a los contribuyentes a determinar si existe una ganancia o una pérdida por enajenación de bienes de su propiedad, con base en un procedimiento totalmente distinto y dispar con los casos en que enajenen cualquier otro tipo de bienes, como son terrenos, títulos que representen la propiedad de un bien o piezas de oro y plata, sin que exista justificación para hacer semejante distinción.
Esto es, si los contribuyentes han enajenado bienes o títulos de su propiedad, en todo caso, deben estar en posibilidad de determinar la existencia de una ganancia acumulable o pérdida deducible, bajo los mismos parámetros.
4. El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola la garantía de igualdad contenida en el artículo 1° constitucional.
Tomando en consideración que para que una ley respete la garantía de igualdad consagrada en el artículo 1° constitucional, debe ineludiblemente dar un mismo trato a aquellas personas que son iguales y solamente dar un trato desigual a aquellas que lo son jurídicamente, y que cualquier trato en contrario no solamente será discriminatorio, sino también violatorio de esa garantía individual, tenemos que el precepto reclamado, al limitar el derecho de los contribuyentes a deducir las pérdidas sufridas en la enajenación de acciones, hasta por el importe de las ganancias obtenidas por la venta de acciones y otros títulos valor en el mismo ejercicio o en los diez siguientes, otorga un trato distinto a personas que se encuentran en igualdad de circunstancias frente a la ley, sin que exista una razón que válidamente lo justifique.
Ello es así, toda vez que al impedir a los contribuyentes que han sufrido pérdidas con motivo de la enajenación de acciones de su propiedad, la deducción de las mismas por un importe superior al de las ganancias que hayan obtenido por la enajenación de otras acciones o títulos valor, se les está colocando en una situación de desigualdad frente a otros contribuyentes que hayan obtenido sus ingresos a partir de realizar operaciones, erogaciones y gastos relacionados con operaciones distintas de las de venta de acciones, que también les han implicado una disminución patrimonial, siendo que a éstos últimos sí se les reconoce para la determinación de la base del tributo en análisis, sin tener que observar la limitante establecida para el caso de enajenación de acciones.
Esto es, si dos contribuyentes realizan el mismo monto de gastos o sufren la misma cantidad de pérdidas por la enajenación de bienes tales como acciones, terrenos, activos fijos, títulos valor que representan la propiedad de bienes, etcétera, y obtienen ingresos por una cantidad igual, no existe razón alguna que justifique que uno de ellos pague un impuesto mayor que el otro, por el sólo hecho de que los ingresos de uno provengan de la ganancia en enajenación de acciones y los del otro provengan de otros conceptos. Así, el hecho de que un contribuyente, por razones propias de su actividad, enajene acciones sufriendo una pérdida, no puede constituir una razón que válidamente justifique el trato desigual que se contiene en la disposición que se combate, respecto del que reciben otros contribuyentes que enajenan otro tipo de bienes, cualesquiera que éstos sean.
En este sentido, la norma reclamada viola la garantía de igualdad contenida en el artículo 1° constitucional, porque trata en forma distinta a personas que se encuentran en un mismo supuesto normativo, otorgando a algunas mayores beneficios que a otras.
5. Si se considera que a partir de la reforma del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de enero de dos mil ocho, los artículos 54 y 58 del Reglamento de dicha ley, no fueron derogados (y, por ende, que continúan vigentes), entonces, estos últimos resultan violatorios de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria por lo siguiente:
a) El artículo 54, fracción II, del Reglamento señalado, dispone que tratándose de una pérdida derivada de la enajenación de acciones que no se encuentran colocadas entre el gran público inversionista se exige, entre otros requisitos, que la pérdida se determine efectuando los ajustes a que se refiere el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y considerando como ingreso obtenido el que resulte mayor entre el declarado y el determinado, a partir del capital contable por acción actualizado que se obtenga conforme al artículo 58 del Reglamento; este último precepto, señala que el capital contable por acción o parte social actualizado, será el que resulte de dividir el capital contable determinado en el estado de posición financiera formulado a la fecha de cierre del ejercicio inmediato anterior al de la enajenación, actualizado, entre el total de acciones o partes sociales de la persona moral a la fecha de la enajenación respectiva, incluyendo las correspondientes a la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que integre el capital contable de la empresa.
En ese contexto, el Reglamento reclamado obliga a los contribuyentes a considerar como valor contable de cada acción o parte social, el que resulte mayor entre el monto de la operación pactada y el monto a que ascendió el capital contable de la empresa durante el ejercicio inmediato anterior al de la enajenación (actualizado), entre el número total de acciones o partes soci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80075-940b2c8e/amparo-en-revision-32-2012-1-4-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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