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Modo: Corpus Pro

SOCIO O ACCIONISTA RESPONSABLE SOLIDARIO DEL CRÉDITO FISCAL DERIVADO DE LA FALTA DE AVISO DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD CONTRIBUYENTE. DEBE OTORGÁRSELE GARANTÍA DE AUDIENCIA PARA QUE ALEGUE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA, TANTO DE LA DETERMINACIÓN DE SU RESPONSABILIDAD COMO DEL PROCEDIMIENTO QUE CULMINÓ CON LA FIJACIÓN DEL REFERIDO CRÉDITO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2007-SS. · Registro digital (IUS): 20390
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Septiembre de 2007, , Pág. 1194.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL OCTAVO CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.

SECRETARIA: OLIVA ESCUDERO CONTRERAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de las que emanan los posibles criterios encontrados corresponden a la materia administrativa que es de su competencia.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la realizó la Ministra presidenta de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo (foja 5 vuelta).

TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto, es necesario tener presentes las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias de las cuales emanan los criterios que se denuncian como encontrados.

I. El Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito sostuvo en la revisión fiscal 173/2006, lo siguiente:

"Por otro lado, les asiste la razón a las autoridades recurrentes, ya que es verdad que el primer concepto de impugnación esgrimido por el actor en contra de la orden de visita, es inoperante, toda vez que en él se cuestiona la legalidad de la orden de visita, concretamente en cuanto a la fundamentación de la misma, la cual si bien es el origen de la resolución determinante impugnada lo cierto es que fue practicada a la empresa Acoi de México, S.C., y en atención a ello, el representante legal de la empresa revisada era el único que podía combatir tales actos de molestia, por ser esa persona moral la legitimada para hacer valer los recursos legales procedentes y no así el actor Óscar Rodríguez Chacón, en su carácter de responsable solidario, pues debe considerarse que se trata de un deudor sobrevenido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26, fracción III, párrafo tercero, inciso b), y fracción X, del Código Fiscal de la Federación y su calidad resulta de la conducta que asumió el directo obligado frente a la autoridad fiscal; al haber cambiado de domicilio y en ese instante, el socio de la empresa causante, actor en el juicio se convirtió en responsable solidario por disposición de la ley; y si bien es cierto ello constituye una presunción legal, y de que los hechos que la configuran admiten prueba en contrario, también lo es que sólo podía alegar y ofrecer pruebas que desvirtuaran los hechos u omisiones por los cuales se le consideró que tiene el carácter de obligado solidario y no en contra de los actos anteriores a la determinación del crédito pues como lo aducen los promoventes del presente recurso, ello sólo le corresponde impugnarlo a la empresa contribuyente.

"Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis 2a. LXXIX/2005, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de su Segunda Sala, que aparece publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, página 509, que a la letra dice:

"‘RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III, PÁRRAFO TERCERO, INCISO B), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO PREVER A FAVOR DEL POSIBLE AFECTADO LA OPORTUNIDAD DE SER OÍDO PARA DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES POR LOS QUE SE LE CONSIDERA OBLIGADO SOLIDARIO, VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia 110, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, página 141, con el rubro: «AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.», de la que se infiere que cuando la autoridad hacendaria determina un crédito fiscal por el incumplimiento en el pago de una contribución, la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede otorgarse a los causantes con posterioridad al dictado de la liquidación, en virtud de que deriva del incumplimiento de sus obligaciones fiscales; sin embargo, no resulta aplicable a los deudores solidarios que se ubican dentro de los supuestos que establece el artículo 26, fracción III, párrafo tercero, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, en atención a que se trata de deudores sobrevenidos y su calidad resulta de la conducta que asuma el directo obligado frente a la autoridad fiscal en los casos que previene y, en ese instante, quien no era deudor se convierte en responsable solidario por presunción legal; empero, tal presunción y los hechos que la configuraban admiten prueba en contrario, motivo por el cual resulta indispensable que previamente a la declaración de responsabilidad solidaria, la autoridad fiscal le brinde al posible afectado las garantías de audiencia y de defensa para que pruebe y alegue lo que a su derecho convenga. En esa virtud, el citado precepto legal viola la referida garantía constitucional, al no prever a favor del posible afectado la oportunidad de ser oído para desvirtuar los hechos u omisiones por los que se le considera obligado solidario.’

"Así las cosas y ante lo fundado del agravio en comento, lo conducente es revocar la resolución que se revisa, para el efecto de que la Sala Fiscal dicte otra resolución en la que, considere inoperante el primer concepto de impugnación y analice con libertad de jurisdicción los restantes y resuelva lo que en derecho corresponda; tomando en consideración, asimismo la totalidad de los argumentos de la parte demandada al contestar los conceptos en comento; sin que este Tribunal Colegiado pueda legalmente entrar al estudio de las cuestiones omitidas a que antes se hizo relación, en virtud de que no puede sustituir las facultades propias de la Sala Regional a quo." (fojas 114 a 116 vuelta).

Esta resolución dio lugar a la siguiente tesis:

"RESPONSABLE SOLIDARIO EN MATERIA FISCAL. SÓLO PUEDE CONTROVERTIR LA LEGALIDAD O ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN QUE LE DETERMINÓ TAL CARÁCTER, Y NO EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DE LA PERSONA MORAL DE LA CUAL ES SOCIO. La garantía de audiencia que debe otorgarse al responsable solidario, no puede llegar al extremo de controvertir actos relativos al procedimiento de fiscalización de donde deriva la determinación del crédito de la persona moral obligada de la cual es socio, en atención a que quien se encuentra legitimado para combatir tales actos de molestia es el representante legal de la empresa revisada y no el responsable solidario, pues se trata de un deudor sobrevenido de acuerdo con el artículo 26, fracciones III, párrafo tercero, inciso b) y X, del Código Fiscal de la Federación, y su calidad resulta de la conducta que asumió el directamente obligado frente a la autoridad fiscal, al haber cambiado de domicilio, convirtiéndose el socio de la empresa causante en responsable solidario por presunción legal; la que si bien es cierto que admite prueba en contrario, también lo es que sólo permite alegar y ofrecer pruebas que desvirtúen los hechos u omisiones por los cuales se le considera que tiene el carácter de obligado solidario y no en contra de los actos anteriores a la determinación del crédito, pues ello sólo corresponde impugnarlo a la empresa contribuyente." (Tesis aislada, Materia Administrativa, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, agosto de 2006, tesis VIII.1o.79 A, página 2333).

II. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver la revisión fiscal número 36/2006-I sostuvo:

"SEXTO. Son infundados los motivos de agravio hechos valer por la autoridad inconforme, al tenor de las siguientes consideraciones:

"De las constancias del controvertido de origen se desprende que Ricardo Arroyo Montiel demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 324-SAT-28-I-VI-02733, de treinta de marzo de dos mil cuatro, emitido por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tampico, Tamaulipas, por medio de la cual se determinó su responsabilidad solidaria respecto de la persona moral ‘Pesquera Vancouver, S.A. de C.V.’, y estableció diferencias de impuesto sobre la renta y recargos por una cantidad total de $4'884,215.77 (cuatro millones ochocientos ochenta y cuatro mil doscientos quince pesos 77/100 M.N.).

"Cabe decir que en los conceptos de nulidad expuestos en su demanda, la persona física actora desarrolló argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad tanto de dicha resolución donde se le consideró responsable solidario, como de la diversa que determinó el crédito fiscal a cargo de la empresa ‘Pesquera Vancouver, S.A. de C.V.’.

"De la demanda correspondió conocer, por razón de territorio, a la Sala Regional del Golfo Norte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, quien (sic) por auto de dos de septiembre de dos mil cuatro admitió la competencia que le delegó la Sala Regional del Noreste de ese propio tribunal. En diverso proveído de esa misma fecha admitió a trámite dicho escrito inicial y, como consecuencia, ordenó correr traslado a las autoridades demandadas para que ocurrieran a formular su contestación en los términos de ley.

"Mediante oficio número 325-SAT-28-II-C1-(8)-00418, de veinticuatro de enero de dos mil cinco, la administradora local jurídica de esta ciudad compareció a nombre de dichas autoridades y, antes de desarrollar la contestación que consideró pertinente en derecho, adujo como cuestión previa que la litis en el juicio se constriñe exclusivamente a determinar si es legal o no la resolución donde se determinó un crédito fiscal a cargo del actor, en su carácter de responsable solidario de ‘Pesquera Vancouver, S.A. de C.V.’ y, por tanto, estimó que la Sala debía abstenerse de analizar los conceptos de nulidad enderezados en contra del procedimiento fiscalizador que culminó con la resolución determinante del crédito original.

"La Sala de origen dictó la sentencia impugnada en este recurso, el primero de diciembre del año próximo pasado, y en ella, como una cuestión previa, consideró desacertada la aseveración de quien contestó la demanda en representación de las autoridades hacendarias, en cuanto a que en el caso debe abstenerse de estudiar los conceptos encaminados a demostrar la ilegalidad del procedimiento fiscalizador seguido a la empresa contribuyente.

"Ello porque, adujo, la resolución impugnada en el juicio de nulidad emana de un procedimiento de fiscalización llevado a cabo con la empresa ‘Pesquera Vancouver, S.A. de C.V.’, en donde el actor fungió como socio accionista; por tanto, sostuvo que no analizar los argumentos relacionados con la resolución determinante del crédito original implicaría dejarlo en completo estado de indefensión, coartándole su derecho a verter agravios sobre los actos desahogados en la visita que originó la resolución donde se determinó el crédito que debe cubrir, a pesar de que se emitió en contravención a las formalidades previstas por las leyes.

"Tales consideraciones sirvieron de base a la Sala Fiscal para estudiar los conceptos enderezados por el contribuyente actor contra el procedimiento fiscalizador, los cuales estimó fundados para declarar la nulidad de la resolución controvertida con el argumento de que deriva de un acto viciado, pues no notificó la conclusión de dicho procedimiento dentro del término legal establecido para tal efecto.

"Esos mismos razonamientos constituyen la materia a la cual se constriñen los agravios expuestos por la autoridad recurrente, en los siguientes términos:

"Sostiene en esencia que la sentencia combatida es ilegal porque la Sala de origen varió la litis, pues en lugar de decretar la inoperancia de los conceptos de nulidad encaminados a controvertir la resolución determinante del crédito original, planteados por el actor a pesar de ser un tercero ajeno a ese proceso fiscalizador, los analizó y con base en ellos nulificó una resolución dirigida a otra persona (‘Pesquera Vancouver, S.A. de C.V.’), olvidando que dicho tercero sólo puede inconformarse respecto de una resolución que le cause un perjuicio directo, o sea, la diversa donde se determinó su responsabilidad solidaria.

"Sobre esa línea de defensa, la autoridad recurrente afirma que, tratándose de una determinación de responsabilidad solidaria, el actor únicamente puede controvertir el procedimiento y la resolución por cuyo conducto se le fincó la misma, pero no está en aptitud legal de agraviarse respecto de un procedimiento de fiscalización seguido a una persona diversa.

"Sostiene que, aun cuando la responsabilidad solidaria establecida al actor deriva del procedimiento instaurado a ‘Pesquera Vancouver, S.A. de C.V.’, ambas determinaciones constituyen procedimientos diversos y, por tanto, respecto de la resolución determinante del crédito sólo dicha persona moral puede inconformarse, pues es un paso procesal previo a la imposibilidad del cobro como hipótesis para fincar una responsabilidad solidaria.

"Por tanto, aduce, el agravio relativo a la caducidad de facultades de la autoridad hacendaria, en relación con el procedimiento fiscalizador de origen, que sirvió de base a la Sala para resolver como lo hizo, debió declararse inoperante. Además, abunda, su garantía de audiencia quedó a salvo desde el momento mismo en que tiene la posibilidad de controvertir la resolución por la cual se establece su responsabilidad solidaria.

"Tales argumentos son infundados, por lo siguiente:

"Para los efectos de este estudio resulta oportuno, en primer término, tener en consideración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la garantía de audiencia ha sustentado, entre otros, los criterios contenidos en las jurisprudencias cuyos rubros, texto y datos de identificación se transcriben enseguida:

"‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE. CÓMO QUEDA CUMPLIDA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. La garantía que otorga el artículo 14 de la Constitución Federal, sobre la necesidad de un juicio previo para que pueda privarse a los ciudadanos de sus propiedades, posesiones y derechos, se cumple satisfactoriamente cuando se trata de actos administrativos, si la autoridad que los dicta y ejecuta se ha ceñido estrictamente a las normas del procedimiento señalado por la ley, pues la connotación de ser oído y vencido, no puede referirse sino a la existencia en la ley, de un procedimiento especial en el que se dé audiencia al interesado y oportunidad de rendir sus pruebas; por lo que no hay necesidad de que se siga en contra del quejoso un procedimiento judicial, para que la autoridad administrativa dicte el acto reclamado." (Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIX, página 5919).

"‘AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional.’ (Séptima Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, tomo 81, Tercera Parte, página 15).

"‘ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.’ (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, tesis P./J. 40/96, página 5).

"‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga «se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento». Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.’ (Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, diciembre de 1995, tesis P./J. 47/95, página 133).

"De las anteriores tesis se advierte que nuestro Máximo Tribunal del país ha establecido como regla general, que la emisión de los actos materialmente jurisdiccionales o administrativos, cuyo efecto es desincorporar algún derecho de la esfera jurídica de un gobernado debe estar precedida, necesariamente, de un procedimiento en donde se le permita desarrollar plenamente sus defensas, para salvaguardar así sus garantías de audiencia previa y efectiva defensa.

"Ahora bien, el artículo del Código Fiscal de la Federación donde se prevén los casos para decretar actualizada la figura de la responsabilidad solidaria, en la hipótesis que la autoridad hacendaria atribuyó al actor en el juicio de nulidad, dice:

"‘Artículo 26. Son responsables solidarios con los contribuyentes:

"‘...

"‘X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizado con los bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción III de este artículo, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenían en el capital social de la sociedad durante el periodo o a la fecha de que se trate.’

"Por su parte, el inciso b) de la fracción III de ese mismo numeral, que sirvió de base a la autoridad hacendaria para considerar al actor del juicio de nulidad como responsable solidario de una persona moral donde fue socio, y al cual remite la hipótesis acabada de transcribir, dispone:

"‘b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del reglamento de este código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin efectos.’

"Como puede verse, el precepto recién transcrito establece en la parte que interesa para los efectos de este estudio, que son responsables solidarios, entre otros, los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieren causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, cuando el obligado principal cambie su domicilio sin dar el aviso correspondiente a la autoridad hacendaria, si dicho cambio se efectúa después de que se le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación pero antes de la notificación de la resolución relativa.

"Por su parte, los artículos 2o. y 42 del mismo ordenamiento legal, refieren lo siguiente:

"‘Artículo 2o. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera:

"‘I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo. ...’

"‘Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la omisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

"‘I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones y otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate.

"‘II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en la oficina de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

"‘III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

"‘IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor de impuestos al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales.

"‘V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 49 de este código.

"‘VI. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte.

"‘VII. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones.

"‘VIII. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuales que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio que la ley relativa concede a las actas de la policía judicial; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los abogados hacendarios que designe, serán coadyuvantes del ministerio público federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.

"‘Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.’

"Tal como se puede apreciar, el artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación establece que son contribuciones: los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. También define lo que debe entenderse por cada uno de estos conceptos, dentro de los cuales reviste particular importancia para efectos de este análisis, lo que señala en el sentido de que: ‘Impuestos son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en las fracciones II, III y IV de este artículo’.

"Del mismo modo, dicho normativo establece la facultad de las autoridades fiscales para comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales, con el objeto de que, en su caso, determinen las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, razón por la cual están facultadas para llevar a cabo, entre otros actos, visitas domiciliarias a los contribuyentes.

"Ahora bien, desde luego que este Tribunal Colegiado no desconoce que tratándose de la materia tributaria el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la garantía de audiencia no necesita ser previa, pues basta que los afectados sean oídos con posterioridad a la aplicación del impuesto, en las tesis de jurisprudencia y aislada, cuyos rubros, texto y datos de identificación se transcriben a continuación:

"‘AUDIENCIA, GARANTÍA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos.’ (Séptima Época, Pleno, Apéndice 2000, Tomo I Const., Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 110, página 141).

"‘GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVIA, EXCEPCIONES A LA, EN MATERIA FISCAL. No puede exigirse el establecimiento de una audiencia previa en beneficio de los afectados y en relación con la fijación de un impuesto, toda vez que esa fijación, para cumplir con los fines de la tributación, debe ser establecida unilateralmente por el Estado, e inmediatamente ejecutiva, ya que sería sumamente grave que fuese necesario llamar a los particulares afectados, para que objetaran previamente la determinación de un impuesto, lo que paralizaría los servicios correspondientes, y, por el contrario, cuando se trata de contribuciones, la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la fijación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias autoridades el monto y el cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho de combatir la fijación del impuesto, una vez que ha sido determinado por las autoridades fiscales, para que en materia hacendaria

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20390-ed0719f5/socio-o-accionista-responsable-solidario-del-credito-fiscal · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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