TRABAJADORES EXTRANJEROS. LA OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES O LOCALES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN DE REQUERIRLOS PARA QUE ACREDITEN SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS, NO ES EXIGIBLE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 96/2007-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL TERCER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: OLIVA ESCUDERO CONTRERAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII de la Constitución General de la República, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001 de veintiuno de junio de dos mil uno, toda vez que las ejecutorias de las que emanan los posibles criterios encontrados corresponden a la materia laboral que es de su competencia.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que la realizaron los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que es uno de los órganos colegiados que emitió uno de los criterios encontrados, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. A fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto, es necesario tener presentes las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias de las cuales emanan los criterios que se denuncian como encontrados, y que son las siguientes:
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito al resolver el amparo directo 486/2006, en la parte que interesa al asunto, sostuvo:
"CUARTO. El análisis de los motivos de inconformidad formulados, se realizará en orden diverso al en que fueron planteados y permite que se realicen las consideraciones siguientes.
"Deviene infundado el diverso concepto de violación, en que alega la parte quejosa que la autoridad responsable infringió las formalidades esenciales del procedimiento, a que se refiere el artículo 14 constitucional, al admitir la demanda presentada por el ahora tercero perjudicado y no haberlo requerido para que acreditara su legal estancia en el país, por tratarse de un extranjero; por lo que considera, se violentó el principio de legalidad, al emitir el laudo impugnado; refiriendo el quejoso el contenido del artículo 67 de la Ley General de Población, mismo que enseguida se transcribe:
"‘Artículo 67. Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación. En los casos que señale el reglamento, darán aviso a la expresada secretaría en un plazo no mayor de quince días, a partir del acto o contrato celebrado ante ellas.’
"El argumento de la parte quejosa, como ya se dijo, se considera infundado, en razón de que, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el extranjero, por el simple hecho de ser persona, goza de las garantías individuales consagradas en ese mismo ordenamiento, entre las que se encuentra la contenida en el artículo 17 constitucional, que consiste en el derecho que tiene toda persona de que se le administre justicia por los tribunales establecidos, los que tienen la obligación de impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes.
"En este mismo orden de ideas, debe decirse que el dictado de una sentencia de autoridad competente, en este caso, de una autoridad laboral, no es un acto ni contrato jurídico, en los que intervenga la voluntad del extranjero, a los que se refiere el precepto legal que ha quedado transcrito; pues es claro que el requisito impuesto a los extranjeros en el artículo invocado por el quejoso, sólo rige en los casos en que se pretende celebrar un contrato entre particulares o un trámite administrativo, mas no para el ejercicio de acciones de índole laboral, si durante su estancia en la nación, desempeñaron actividades de este tipo, pues los derechos emanados del nexo de trabajo, están protegidos por lo que regulan los preceptos 1o. y 5o. constitucionales, los cuales, en este punto, conviene transcribir en lo que interesa:
"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De las garantías individuales:
"‘Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece ...’
"‘Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.’
"En virtud de los preceptos legales anteriormente transcritos, es dable concluir, que la calidad migratoria del actor, no es obstáculo para la prosecución del juicio laboral y por ende, sería ilegal que la Junta, apoyándose en el numeral 67 en que basa el quejoso el concepto de violación que se contesta, condicionara la admisión de la demanda laboral a la acreditación de tal extremo, pues dicho numeral no limita la capacidad de los extranjeros para ejercitar acciones o hacer valer excepciones en juicio; de ahí que la Junta responsable no incurrió en las violaciones alegadas por la parte quejosa.
"Es aplicable el criterio emitido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic) Séptima Época, Volumen (sic) 217-228, Cuarta Parte, página 123, que literalmente dispone:
"‘EXTRANJEROS, CAPACIDAD DE LOS, PARA PROMOVER EN JUICIO. NO SE ENCUENTRA LIMITADA POR EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley General de Población, todas las autoridades de la República, están obligadas a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia que, previamente, les comprueben su legal estancia en el país; sin embargo, de ahí no se sigue que si no se cumple con este requisito los no nacionales no tengan capacidad para ejercitar acciones o hacer valer excepciones en juicio.’
"Este tribunal no comparte el criterio citado por la parte quejosa, bajo la voz: ‘TRABAJADORES EXTRANJEROS. CUANDO DEMANDAN ACCIONES LABORALES DESVINCULADAS DE RIESGOS DE TRABAJO, LA AUTORIDAD LABORAL, PREVIAMENTE A DAR TRÁMITE A LA DEMANDA, DEBE PREVENIR AL ACCIONANTE PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS COMPRUEBE SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAÍS.’, en razón de que, como ya se dijo, el trabajador extranjero, goza de las garantías individuales consagradas en los artículos 1o., 5o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales consignan el derecho a la libertad de trabajo y el derecho de acceso a la administración de justicia por los tribunales establecidos, motivo por el cual, este Tribunal se apega al criterio emitido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que ha quedado transcrito en el párrafo precedente."
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito al resolver el amparo directo 194/2003, en la parte que interesa al asunto, sostuvo:
"SEXTO. Es parcialmente fundado el primer concepto de violación, suficiente para conceder a la empresa quejosa el amparo solicitado, sin que haya necesidad de abordar el resto de los que se hacen valer como en seguida se verá.
"Efectivamente, en el primer concepto de disconformidad el accionante del amparo sostiene que la Junta incurre en transgresión a los artículos 67 y 68 de la Ley General de Población, al 124 (sic) del Reglamento de la Ley General de Población, 870, 871 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, y 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el actor, al presentar su escrito inicial de demanda, acompañó la forma migratoria para turistas, de la que se desprende que es de nacionalidad argentina, y que en tal virtud la Junta estaba obligada, previamente a dar trámite a su demanda, a exigirle que acreditara su legal estancia en el país, ya que -según dice- tenía que notificar al Instituto Nacional de Población sobre su situación legal en relación con la sociedad quejosa en términos de los artículos invocados en primer término; de tal suerte que al no hacerlo, incumplió con lo que los aludidos numerales establecen.
"Es infundado en parte el anterior concepto de violación y para ello conviene referir que el artículo 67 de la Ley General de Población dispone:
"‘Artículo 67. Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación. En los casos que señale el reglamento, darán aviso a la expresada secretaría en un plazo no mayor de quince días, a partir del acto o contrato celebrado ante ellas.’
"En tanto que el artículo 149 del Reglamento de la Ley General de Población establece:
"‘Artículo 149. Las autoridades y fedatarios a que se refieren los artículos 67 y 68 de la ley, están obligados a exigir a los extranjeros y extranjeras que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, con excepción en los casos de:
"‘I. Registro de nacimientos en tiempo;
"‘II. Registro de defunciones, y
"‘III. Otorgamiento de testamentos, poderes, cotejos, certificación de copias de hechos.
"‘En los casos de registro de nacimientos en tiempo, en los cuales los extranjeros no acrediten su legal estancia en el país, las autoridades deberán notificarlo a la secretaría en un término no mayor de quince días.’
"Dichos numerales son claros al referir que las autoridades de la República -en el caso, la Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado- previamente a tramitar la demanda planteada ante su competencia, estaba obligada a prevenir a Ariel Ureña Fraustro, como accionante del juicio ordinario laboral, a fin de que demostrara si Hugo Alberto Abad Pía se encontraba legalmente en el país, pues el cumplimiento de dicha norma, para el caso de extranjeros, constituye una condición para instar su acción laboral so pena que de no hacerlo no se proveerá el trámite a su promoción.
"Sin embargo, para el particular caso de que se trata, no cobra vigencia el contenido del artículo 67 de la Ley General de Población ni el 149 de su reglamento, por lo que hace a las acciones inherentes al riesgo de trabajo, pero sí por lo que hace a las diversas acciones de indemnización constitucional por despido injustificado, salarios caídos, séptimos días, días festivos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, pago de fondo de ahorro y tiempo extra, que es lo que Hugo Alberto Abad Pía, por conducto de su apoderado jurídico, también demandó en el ocurso inicial, más dos horas y media de tiempo extraordinario y media hora para ingerir alimentos o descansar, como lo pidió en la audiencia celebrada el dos de abril de dos mil uno, por las razones que se expondrán en el siguiente considerando.
"Al respecto se tiene que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LXXVII/99, publicada en la página 46, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentó el siguiente criterio:
"‘TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la Norma Fundamental y que aunque en principio la expresión «... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...» parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de «leyes constitucionales», y la de que será Ley Suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que «Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados». No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: «LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.»; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal.’
"Las consideraciones que informan la ejecutoria, en lo que aquí interesa, son las siguientes: (resulta innecesario transcribirlas).
"Vistas pues las consideraciones que dieron pauta a la tesis del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que jerárquicamente ubica a los tratados internacionales por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución General de la República, conviene ahora transcribir el convenio relativo a la Igualdad de Trato a los Trabajadores Extranjeros y Nacionales en Materia de Reparación de los Accidentes del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de agosto de mil novecientos treinta y cinco.
"Dicho convenio, tomado en cuanto a su redacción, ortografía y sintaxis de su fuente original (Diario Oficial) dice: (resulta innecesario transcribirlo).
"El Convenio sobre la Igualdad de Trato a los Trabajadores Extranjeros y Nacionales en Materia de Reparación de los Accidentes del Trabajo, entró en vigor el ocho de septiembre de mil novecientos veintiséis y ha sido ratificado por ciento veinte países, entre ellos, Argentina -que es al parecer la nacionalidad de Hugo Alberto Abad Pía- quien lo ratificó el catorce de marzo de mil novecientos cincuenta, mientras que México lo ratificó el doce de mayo de mil novecientos treinta y cuatro.
"El artículo primero, párrafo segundo, del aludido convenio, dispone que los trabajadores extranjeros y sus derechohabientes que fueren víctimas de un accidente de trabajo, recibirán una igualdad de trato sin ninguna condición de residencia.
"El vocablo ‘residencia’ es sinónimo de domicilio, y domicilio, de acuerdo al artículo 27 del Código Civil para el Estado de Nuevo León: ‘es el lugar en que la ley tiene por situadas a las personas para el cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos’.
"Luego, si el artículo primero del Convenio Relativo a la Igualdad de Trato a los Trabajadores Extranjeros y Nacionales en Materia de Reparación de los Accidentes del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de agosto de mil novecientos treinta y cinco, establece que los trabajadores extranjeros y sus derechohabientes que fueren víctimas de un accidente de trabajo, recibirán una igualdad de trato sin ninguna condición de residencia, entonces, es que devenga inaplicable el artículo 67 de la Ley General de Población y el correlativo 149 de su ley reglamentaria, sólo por lo que hace a las acciones inherentes al riesgo de trabajo; pues si la fuente de aquel mandato emana de un convenio internacional que fue ratificado por el Estado Mexicano como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, convenio que se ubica jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Carta Magna, de acuerdo a la interpretación que el más Alto Tribunal del país dio al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratificado también por la República Argentina, es que tenga prevalencia el convenio sobre lo que dispone la ley secundaria.
"Lo anterior encuentra sustento, además, en lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley Federal del Trabajo, que establece:
"‘Artículo 6o. Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia.’
"Por consiguiente, si la Ley General de Población exige al interesado que tramite asuntos de la competencia de las autoridades de la República de que previamente compruebe su legal estancia en el país, esta exigencia es válida como regla general para todos aquellos extranjeros que acuden ante las autoridades y fedatarios a que alude el numeral a tramitar asuntos de su competencia, pero el caso de excepción, es decir, cuando no opera esa exigencia, es precisamente cuando un extranjero sufre un accidente de trabajo -como es el caso según se infiere del escrito inicial de demanda laboral- porque en este supuesto, conforme al artículo 133 de la Carta Magna, existe un convenio que el Estado mexicano ratificó como miembro de la Organización Internacional del Trabajo, el cual está obligado a observar y acatar, el que está jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Ley Fundamental, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Por eso, si se pretendiera aplicar el contenido de los mencionados artículos de la Ley General de Población y su reglamento al actor, con ello se trataría desigual al extranjero que sufre un accidente de trabajo, al condicionar el ejercicio de su acción a que cumpla con tal comprobación, cuando el artículo primero, párrafo segundo, del convenio multicitado, dispone que los trabajadores extranjeros y sus derechohabientes que fueren víctimas de un accidente de trabajo reciban una igualdad de trato sin ninguna condición de residencia; o sea, que no condiciona el ejercicio de la acción laboral a que previamente comprueben su legal estancia en el país, lográndose así una paridad de trato en relación con los trabajadores mexicanos, que es la finalidad que busca el convenio; siendo tales las razones por las que haya que declarar parcialmente infundado el concepto de violación que se analiza.
"SÉPTIMO. No obstante lo anterior y atendiendo al principio de ‘continencia de la causa’ que consiste en la unidad que debe existir en todo juicio o procedimiento, las exigencias del artículo 67 de la Ley General de Población y 149 de su ley reglamentaria, sí debió observarlas la Junta responsable al proveer lo relativo a la admisión de la demanda laboral.
"Efectivamente, el veinte de marzo de dos mil la Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje proveyó lo siguiente: (resulta innecesario transcribirlo).
"Como el caso de excepción a la aplicación de los artículos 67 de la Ley General de Población y 149 de su ley reglamentaria lo constituye la hipótesis de cuando un extranjero sufre un accidente de trabajo, entonces la regla general -que es la aplicación de los mencionados dispositivos- surge cuando se demanda cualquier otra acción laboral que no sea accidente de trabajo.
"Así se tiene que Hugo Alberto Abad Pía, por conducto de su apoderado jurídico, aparte de las acciones inherentes al riesgo de trabajo demandadas en su libelo inicial, también reclamó el pago de la indemnización constitucional por despido injustificado, salarios caídos, séptimos días, días festivos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, pago de fondo de ahorro y tiempo extra, más dos horas y media de tiempo extraordinario y media hora para ingerir alimentos o descansar, como lo pidió en la audiencia celebrada el dos de abril de dos mil uno (fojas uno y cuarenta y cuatro).
"Por otro lado, conviene referir que en nuestra legislación prevalece, en esencia, el principio general de equiparación entre nacionales y extranjeros en el aspecto de garantías individuales, aunque con algunas características distintivas.
"Así el artículo 1o. de la Constitución Federal establece que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Por su parte, el artículo 33 de la Ley Fundamental define a los extranjeros como aquellos que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 de la misma, precisando que tienen derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título primero, que la propia Ley Fundamental establece.
"No obstante este principio de igualdad esencial entre nacionales y extranjeros, éstos quedan sujetos a las restricciones que la misma Constitución Federal establece, como las que, entre otras, a continuación se mencionan.
"El artículo 32 en relación con el artículo 5o. de la Carta Magna, precisa que los mexicanos serán preferidos a los extranjeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano. Que en tiempos de paz ningún extranjero podrá servir en el ejército, ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Que para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra o a la Fuerza Aérea, y desempeñar cualquier cargo o comisión en ellas, se requiere ser mexicano por nacimiento. Que esta misma calidad será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, mecánicos y, de una manera general para todo el personal que tripule cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o insignia mercante mexicana. Además, la propia Ley Fundamental, precisa que también será necesaria la calidad de mexicano por nacimiento para desempeñar los cargos de capitán de puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeródromo, así como todas las funciones de agente aduanal en la República.
"En otro aspecto, no obstante que el artículo 11 de la misma Constitución dispone que todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carga de seguridad, pasaporte, salvoconducto y otros requisitos semejantes, el ejercicio de este derecho queda subordinado a limitaciones, correlativas de las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y de las autoridades administrativas, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos y residentes en el país.
"Estas restricciones a las garantías individuales de los extranjeros también coinciden con los términos y modalidades consignados en el artículo 33, en cuanto a que el Ejecutivo de la Unión tiene la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue conveniente.
"Revisando otras disposiciones constitucionales como el artículo 8o., se observa que los extranjeros tampoco pueden inmiscuirse en los asuntos políticos del país; en tal virtud, las garantías que la Constitución concede a los ciudadanos de la República para ejercer libremente los derechos de petición y de asociación (artículo 9o.), no se reconocen a los extranjeros en materia política.
"En cuanto al régimen de la propiedad del extranjero, se observa que la primera parte de la fracción I, del artículo 27 constitucional, alude al derecho discrecional del Estado mexicano para conceder a los extranjeros, personas físicas, el derecho a adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación mineras o acuíferas siempre y cuando los interesados accedan a convenir ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieran adquirido (cláusula calvo); con la prohibición establecida para que los extranjeros puedan adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas en las llamadas zonas prohibidas, o sea, dentro de una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas.
"Algunas de las anteriores restricciones en materia constitucional, como las señaladas respecto del artículo 5o. constitucional, primer párrafo, se encuentran consignadas en diversas leyes federales emanadas del Congreso de la Unión, tales como la consignada en el artículo 7o. de la Ley Federal del Trabajo, en el cual se establece que en toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos; por lo que respecta a las categorías de técnicos y de profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos en todo caso.
"En fin, el numeral 154 de la misma ley laboral también establece que los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean.
"Las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, entre otras existentes, permiten considerar, como ya se indicó, que aunque los extranjeros gozan en principio, de las garantías individuales al igual que los mexicanos, su misma condición de extranjería los sujeta a reglas propias, que siendo comunmente aceptadas por todos los países, implican el sometimiento al control y vigilancia por parte del Estado cuando se internan al territorio nacional.
"Las consideraciones que anteceden las sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo en revisión 339/98, en sesión de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, que dio origen a la tesis P. CII/2000, publicada en la página 141, Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: ‘EXTRANJEROS. EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE DIVORCIO PROPUESTO POR ELLOS, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL.’
"En otro orden, pero relacionado con el concepto que se analiza, debe decirse nuevamente que el artículo 67 de la Ley General de Población dispone:
"‘Artículo 67. Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/20723-b32bc84d/trabajadores-extranjeros-la-obligacion-de-las-autoridades-federales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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