AMPARO EN REVISIÓN 540/2009. ********** Y OTRAS. 10 DE FEBRERO DE 2011. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIOS: FABIANA ESTRADA TENA, LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, DAVID RODRÍGUEZ MATHA, FERNANDO SILVA GARCÍA Y FERNANDO TINOCO ORTIZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diez de febrero de dos mil once.
Vo.Bo.
V I S T O S, y
R E S U L T A N D O:
Cotejó:
PRIMERO. Por escrito recibido el siete de agosto de dos mil ocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, en representación de (1) **********, (2) **********, (3) ********** y (4) **********; **********, en representación de (5) ********** y **********, en representación de (6) **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se precisan:
III. AUTORIDADES RESPONSABLES:
1. El Congreso de la Unión, integrado tanto por la Cámara de Diputados, como por la Cámara de Senadores.
2. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
3. El Secretario de Gobernación.
4. El Secretario de Hacienda y Crédito Público.
5. El Director del Diario Oficial de la Federación.
IV. ACTOS RECLAMADOS:
1. Del Congreso de la Unión se reclama la discusión, aprobación y expedición del Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de octubre de 2007, en vigor a partir del 1º de julio de 2008. Particularmente, las quejosas impugnan los artículos 1, 2, fracción III, párrafos primero y segundo y fracción VI, 3, 4, 7, 8 y 9 del citado ordenamiento.
Las normas cuya inconstitucionalidad se reclama, establecen lo siguiente:
(Se transcriben)
2. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación y orden de expedición del Decreto que ha quedado señalado en el numeral que antecede como acto reclamado del Congreso de la Unión, mismo que contiene las disposiciones cuya inconstitucionalidad se reclama.
3. Del Secretario de Gobernación se reclama el refrendo del Decreto promulgatorio del Decreto legislativo que ha quedado puntualizado en el numeral 1 anterior como acto reclamado de Congreso de la Unión.
4. Del Secretario de Hacienda y Crédito Público se reclama la expedición de la Resolución por la que se expiden las reglas de carácter general para la prestación de los servicios de recaudación y entero o concentración del impuesto a los depósitos en efectivo por parte de las instituciones del sistema financiero; particularmente, mis representadas impugnan la resolución primera a cuarta, cuyo contenido es del siguiente tenor:
(Se transcribe)
5. Del Director del Diario Oficial de la Federación se reclama la publicación del Decreto y de la Resolución a que se hizo referencia en los numerales anteriores en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al 1º de octubre de 2007 y 2 de abril de 2008, respectivamente.
6. De todas las autoridades responsables se reclaman cada uno de los efectos y consecuencias que se deriven de la afectación en la esfera de derechos constitucionalmente tutelados de las quejosas, como consecuencia de la entrada en vigor de las normas reclamadas.
SEGUNDO. La parte quejosa estimó que se violentaron en su agravio los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución General de la República; narró los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. Por auto de ocho de agosto de dos mil ocho, la Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, ordenó formar el expediente con el número **********; y, seguido el juicio en sus trámites, el dos de marzo de dos mil nueve, dictó sentencia en la que determinó sobreseer y negar la protección de la Justicia Federal.
CUARTO. Inconforme con la sentencia anterior, mediante escrito de veinticuatro de marzo de dos mil nueve, **********, autorizada en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, de todos y cada uno de los quejosos, interpuso recurso de revisión ante la Juez de Distrito del conocimiento, la que mediante proveído de veinticinco de marzo siguiente, en acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de uno de diciembre de dos mil ocho, ordenó la remisión de los autos a este Alto Tribunal.
QUINTO. Por auto de uno de abril de dos mil nueve, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia, admitió el recurso de revisión, quedando registrado con el número 540/2009; asimismo, en dicho proveído ordenó se notificara a las autoridades responsables y al Procurador General de la República la citada admisión, para que este último formulara el pedimento respectivo.
Mediante certificación de veinticuatro de abril de dos mil nueve, el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal hizo constar que en el plazo concedido al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, no se formuló pedimento alguno.
Finalmente, habiéndose listado el asunto de conformidad con lo dispuesto en el punto Segundo del Acuerdo General 11/2010 del diecisiete de agosto de dos mil diez, y lo aprobado en sesión privada del Pleno el veintitrés de agosto siguiente, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, se returnó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente legalmente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Tercero, fracción III del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, y en el punto Segundo del Acuerdo General 12/2008, de primero de diciembre de dos mil ocho, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por una Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo publicada en el Diario Oficial de la Federación del primero de octubre de dos mil siete, en particular, sus artículos 1, 2, fracción III, párrafos primero y segundo y fracción VI, 3, 4, 7, 8, 9 y 12, fracción II, subsistiendo el problema de constitucionalidad relativo al sistema de tributación derivado de la regulación del impuesto a los depósitos en efectivo vigente a partir del primero de julio de dos mil ocho.
SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida fue notificada por medio de lista a la quejosa el seis de marzo de dos mil nueve, de acuerdo con la constancia actuarial que obra a foja 933 del cuaderno de amparo; por tanto, el plazo de diez días que para la interposición del recurso establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del diez al veinticuatro de marzo de dos mil nueve, descontándose los días siete, ocho, catorce, quince, dieciséis, veintiuno y veintidós del citado mes y año por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; consecuentemente, si el recurso fue interpuesto el veinticuatro de marzo de dos mil nueve, es indudable que su accionamiento es oportuno.
TERCERO. Agravios. En su recurso de revisión, las quejosas expusieron los siguientes agravios:
1. La resolución recurrida viola los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, toda vez que la Juez de Distrito no valoró adecuadamente el acto reclamado, al decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de los artículos 2, fracción VI, 4, 7, 8 y 9 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, así como de la Resolución por la que se expiden las Reglas de carácter general para la prestación de los servicios de recaudación y entero o concentración del impuesto a los depósitos en efectivo por parte de las instituciones del sistema financiero, por considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, pues estimó que las sociedades quejosas no contaban con interés jurídico para impugnar los preceptos señalados, en razón de que fueron impugnados como heteroaplicativos, por lo que era necesario acreditar el acto concreto de aplicación para que se individualizaran las normas reclamadas y afectaran su esfera jurídica.
No obstante, las quejosas sí cuentan con interés jurídico para impugnar las disposiciones señaladas, en atención a que guardan una estrecha relación entre sí y con el resto de las disposiciones combatidas respecto de las que se acreditó el acto de aplicación del impuesto, por lo que constituyen un sistema normativo que justifica su impugnación conjunta en el juicio de amparo.
2. Contrario a lo que resolvió la Juez A quo, es fundado el quinto concepto de violación en el que se expuso que el impuesto a los depósitos en efectivo parte de la premisa de que dichos depósitos son producto de la informalidad, es decir, presume de antemano que los depósitos en efectivo que se hagan en las cuentas de los contribuyentes no han pagado impuestos, cuestión que en sí misma es violatoria de la garantía de audiencia, porque no se prevé un mecanismo que permita desvirtuar dicha presunción.
Además, por conducto de la ley reclamada se establece una obligación tributaria a todos los ciudadanos, no obstante que el dinero que se deposite en las cuentas sea producto de la renta debidamente fiscalizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por tratarse de personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, lo cual provoca un trato igual entre desiguales.
3. Es ilegal la sentencia recurrida, toda vez que no estudió debidamente el segundo concepto de violación en que se adujo que la Resolución por la que se expiden las reglas de carácter general para la prestación de los servicios de recaudación y entero o concentración del impuesto a los depósitos en efectivo por parte de las instituciones del sistema financiero, viola la garantía de legalidad estatuida en el artículo 16 de la Constitución Federal, en virtud de que el Secretario de Hacienda y Crédito Público no citó debidamente los artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que le confieren competencia para la emisión de la citada Resolución, sin que hubiere sido correcto el sobreseimiento decretado respecto de dicho acto reclamado, en tanto regula un aspecto relacionado con la época de pago del impuesto.
4. La Juez de Distrito no debió declarar infundado el octavo concepto de violación en el que se expuso que la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo viola la garantía de fundamentación y motivación establecida en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues se hace cargo de una situación social que no requiere ser regulada, como lo es la problemática que enfrenta la hacienda pública para que los contribuyentes evasores cumplan con sus obligaciones tributarias y lograr el pago de las contribuciones, además de que los depósitos en efectivo no revelan capacidad contributiva alguna, por lo que al establecerse un gravamen con ese objeto, se desnaturaliza la institución jurídica de los impuestos.
5. La sentencia recurrida es contraria a derecho, toda vez que apreció de manera incorrecta el primer concepto de violación, en el que se sostuvo que el artículo 4, fracción II, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al dejar al arbitrio de la autoridad hacendaria uno de los elementos esenciales del impuesto como lo es la época de pago, es decir, permite que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine mediante reglas de carácter general el plazo y los términos para enterar el impuesto. Lo anterior, con independencia de que la sentencia recurrida es incongruente porque, por una parte, sobreseyó respecto del precepto reclamado y, por otra, declaró infundado el primer concepto de violación en se hizo valer su inconstitucionalidad, lo cual revela que no debió haber sobreseído.
6. La sentencia sujeta a revisión es inexacta al resolver el planteamiento contenido en el tercer concepto de violación, en el que se sostuvo que el artículo 2, fracción III, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, viola el principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al establecer que estarán exentas las personas físicas y morales por los depósitos en efectivo que realicen en sus cuentas, hasta por un monto de $25,000.00 en cada mes del ejercicio fiscal, siendo que la justificación de dicho monto únicamente resulta aplicable para las personas físicas, y no así para las personas morales.
7. En el mismo tercer concepto de violación, se sostuvo que el artículo 2, fracción III, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo transgrede el principio de equidad tributaria al otorgar un trato desigual a sujetos que se encuentran en situaciones iguales frente a la ley, esto es, a los causantes que adquieran cheques de caja y aquellos que reciban depósitos en sus cuentas, toda vez que los primeros no gozarán de exención alguna, mientras que los segundos si tendrán una exención por $25,000.00 mensuales.
8. Por otra parte, la sentencia reclamada es ilegal en razón de que, contrario a lo que resolvió en relación con lo argumentado en el cuarto concepto de violación, el artículo 2, fracción III, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, sí viola la garantía de equidad tributaria, ya que al otorgar la exención por $25,000.00 mensuales por cada institución financiera, ocasiona un trato desigual entre iguales, esto es, entre contribuyentes que realicen depósitos en efectivo en una sola institución del sistema financiero (que sólo tendrán un monto exento), respecto de aquellos que realicen depósitos en efectivo en dos o más instituciones del sistema financiero (que tendrán igual número de montos exentos).
9. Asimismo es ilegal la sentencia combatida al resolver el argumento contenido en el séptimo concepto de violación, en el que se sostuvo que la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo viola el principio de equidad tributaria, al otorgar un trato desigual a iguales, ya que no grava a los sujetos que, teniendo dinero en efectivo, no lo depositen en cuentas abiertas a su nombre en las instituciones del sistema financiero.
10. En otro aspecto, en sentido inverso a lo que determinó la Juez de Distrito en relación con el sexto concepto de violación, la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo viola el principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en razón de que su objeto no grava manifestación de riqueza alguna, pues al recaer sobre los depósitos en efectivo o la adquisición de cheques de caja, tales operaciones no indican capacidad contributiva alguna, al no ser indicativos de una aptitud exteriorizada por medio de la renta obtenida, la circulación de riqueza o el consumo de bienes y servicios; y, respecto de la compra de cheque de caja, no se grava sólo una parte del patrimonio del contribuyente, sino el total de la cantidad que éstos amparen.
CUARTO. Estudio de los agravios de improcedencia. Naturaleza de la ley reclamada e interés jurídico. Análisis de conceptos de violación omitidos.
I. Aspectos de procedencia.
Esta Corte Constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, emprende el estudio del agravio 1, a través del cual la parte quejosa combate el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito, en términos del artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 73, fracción V, del mismo ordenamiento legal, bajo la consideración de que la impetrante de garantías carece de interés jurídico al no haber acreditado el primer acto de aplicación en su perjuicio de los artículos 2, fracción VI, 4, 7, 8 y 9 de la legislación reclamada, así como respecto de la Resolución por la que se expiden las Reglas de carácter general para la prestación de los servicios de recaudación y entero o concentración del impuesto a los depósitos en efectivo por parte de las instituciones del sistema financiero.
En ese sentido, aduce que la Juez de Distrito no debió sobreseer por no haberse acreditado su aplicación, pues señala, entre otras cosas, que impugnó dichas normas como unidad, debido a la íntima relación que guardan todos sus artículos, por lo que si la Juez A quo estimó acreditado el interés jurídico respecto de algunos preceptos, lo correcto es que idéntica consideración imperara respecto del resto, al estar en presencia de un sistema tributario.
A efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada, este Tribunal Pleno estima necesario, de manera previa, realizar una breve consideración a efecto de precisar si la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo reviste el carácter de una ley autoaplicativa o heteroaplicativa, para estar en aptitud de pronunciarse sobre los medios necesarios para que la quejosa acreditara su interés para acudir al juicio de garantías.
A. Carácter heteroaplicativo de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo para los sujetos que no son cuentahabientes del sistema financiero y que impugnen las disposiciones que imponen el tributo por la mera adquisición de cheques de caja.
Al respecto, puede señalarse que la legislación es heteroaplicativa en lo relativo a las disposiciones que imponen el tributo por la mera adquisición de cheques de caja, tratándose de contribuyentes que no tengan o no demuestren tener el carácter de cuentahabientes del sistema financiero, ello debido a lo siguiente:
1) La legislación y/o la norma jurídica reclamada, desde su entrada en vigor y de manera automática, no produce efectos vinculantes ni genera obligaciones concretas incondicionadas para el gobernado que carece de una cuenta bancaria ante el sistema financiero, si se toma en cuenta que es imprescindible que éste adquiera un cheque de caja para que se actualice la obligación tributaria.
2) Las disposiciones que prevén que el tributo debe pagarse por la adquisición de cheques de caja prevén un supuesto de causación simple, desvinculado de otras hipótesis normativas, de lo cual deriva que pueda apreciarse sin mayores dificultades que se trata de normas heteroaplicativas.
3) Las disposiciones que prevén que el tributo debe pagarse por la adquisición de cheques de caja, no producen en automático la incorporación de obligaciones o la desincorporación de derechos de la esfera jurídica de quienes ni siquiera tienen cuentas bancarias dentro del sistema financiero.
Por tanto, las personas que -sin ser cuentahabientes de alguna institución bancaria- adquieran cheques de caja y, por ende, resulten sujetos del impuesto, deberán acreditar la aplicación de la ley mediante la exhibición de las constancias que evidencien la adquisición de dicho documento bancario.
No obstante lo anterior, debe tomarse en cuenta que la ley objeto de estudio en el presente asunto, tiene una naturaleza particular que permite diferenciarla del resto de las leyes tributarias especiales, pues mientras que los impuestos contenidos en éstas, atienden exclusivamente a un fin recaudatorio y en ocasiones extrafiscal, el presente tributo y la legislación que lo regula ponen de manifiesto que se trata de una contribución cuya finalidad persigue lograr un control efectivo en el cumplimiento de obligaciones fiscales relacionadas con otras contribuciones, principalmente el impuesto sobre la renta.
Así, el referido carácter complementario del tributo que se analiza y su finalidad instrumental para lograr la recaudación de otras contribuciones, dan cuenta del alcance que tiene el sistema normativo que regula su funcionamiento, pues desde que se causa y retiene o entera el tributo, éste se encuentra sujeto a una serie de hipótesis y consecuencias que de manera sucesiva desencadenan el ciclo regular de su operatividad.
En otras palabras, basta que se retenga o entere el impuesto para estimar que éste debe ser recuperado si se cumplen, principalmente, las obligaciones fiscales del impuesto sobre la renta, por lo que el acto de aplicación consistente en la retención o entero de la contribución, implica la sujeción al sistema normativo que regula las condiciones generales de tributación que afectan al contribuyente que se ubicó en el hecho imponible, de modo tal que demostrado el acto de aplicación relativo a la retención o entero, no existe obstáculo para analizar las disposiciones que regulan el mecanismo de recuperación del impuesto pues debe entenderse que éstas son consecuencias naturales del tributo y que en condiciones de regularidad en el cumplimiento de obligaciones fiscales, ineludiblemente deberán actualizarse.
B. Interés jurídico en el caso concreto.
Ahora bien, obran en autos las siguientes documentales:
1. Comprobante Universal con número de folio ********** y nota de venta por la expedición de cheque de caja, ambos de dieciocho de julio de dos mil ocho, a nombre de (1) **********, por el importe de $100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional), más impuesto al valor agregado e impuesto a los depósitos en efectivo por $2.00 (dos pesos 00/100 moneda nacional); página 323 del cuaderno de amparo.
2. Comprobante Universal con número de folio ********** y nota de venta por la expedición de cheque de caja, ambos de dieciocho de julio de dos mil ocho, a nombre de (2) **********, por el importe de $100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional), más impuesto al valor agregado e impuesto a los depósitos en efectivo por $2.00 (dos pesos 00/100 moneda nacional); página 325 del cuaderno de amparo.
3. Comprobante Universal con número de folio ********** y nota de venta por la expedición de cheque de caja, ambos de fecha dieciocho de julio de dos mil ocho, a nombre de (3) **********, por el importe de $100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional), más impuesto al valor agregado e impuesto a los depósitos en efectivo por $2.00 (dos pesos 00/100 moneda nacional); página 327 del cuaderno de amparo.
4. Comprobante Universal con número de folio ********** y nota de venta por la expedición de cheque de caja, ambos de fecha dieciocho de julio de dos mil ocho, a nombre de (4) **********, por el importe de $100.00 (cien pesos 00/100 moneda nacional), más impuesto al valor agregado e impuesto a los depósitos en efectivo por $2.00 (dos pesos 00/100 moneda nacional); página 329 del cuaderno de amparo.
5. Comprobante Universal con número de folio ********** y nota de venta por la expedición de cheque de caja, ambos de veintidós de julio de dos mil ocho, a nombre de (5) **********, por el importe de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), más impuesto al valor agregado e impuesto a los depósitos en efectivo por $200.00 (doscientos pesos 00/100 moneda nacional); página 331 del cuaderno de amparo.
6. Comprobante Universal con número de folio ********** y nota de venta por la expedición de cheque de caja, ambos de dieciocho de julio de dos mil ocho, a nombre de (6) **********, por el importe de $25,400.00 (veinticinco mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), más impuesto al valor agregado e impuesto a los depósitos en efectivo por $508.00 (quinientos ocho pesos 00/100 moneda nacional); página 334 del cuaderno de amparo.
A juicio de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las documentales anteriores son suficientes para demostrar el interés jurídico de la quejosa.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 203 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles,(1) supletoriamente aplicables en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, el tribunal goza de la más amplia libertad para analizar, ponderar y determinar el valor probatorio de la probanzas rendidas, aun cuando se trate de documentos privados, los cuales quedan al prudente arbitrio del juzgador.
En esa tesitura, como acertadamente lo determinó la Juez de Distrito, las pruebas documentales privadas antes relatadas, constituyen elementos probatorios suficientes para generar convicción en el sentido de que las quejosas adquirieron un cheque de caja cada uno de ellos; por ende, esa adquisición propició la causación del impuesto a los depósitos en efectivo, por lo que tales documentos resultan aptos para demostrar su interés jurídico.
En consecuencia, asiste razón a las impetrantes de garantías en cuanto señalan que como demostraron haber sido afectadas con la retención del 2% con motivo del impuesto a los depósitos en efectivo sobre el monto que amparan los cheques de caja que adquirieron, la Juez de Distrito no debió decretar el sobreseimiento en el amparo en relación con los diversos preceptos 2, fracción VI, 4, 7 y 8 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, así como respecto de la Resolución por la que se expiden las Reglas de carácter general para la prestación de los servicios de recaudación y entero o concentración del impuesto a los depósitos en efectivo por parte de las instituciones del sistema financiero, toda vez que, a la luz de las anteriores consideraciones, por cuanto hace a las normas que regulan la causación, cuantificación, retención, entero y recuperación del tributo, el sistema contributivo contenido en la ley se trata de una auténtica unidad normativa, la cual es desarrollada en la citada resolución sólo en la medida en que regula cuestiones sobre la recaudación y entero del impuesto, cuyo examen de manera integral no debe ser escindido.
Por otra parte, distinto pronunciamiento debe hacerse en relación con el agravio en el que se reclama el sobreseimiento decretado respecto del artículo 9 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, pues de la lectura de ese precepto se advierte que no forma parte de la normativa general que regula las condiciones normales de tributación y recuperación del impuesto, pues establece una verdadera alternativa de tributación, la cual únicamente resulta operante en la medida en que el contribuyente opte por su aplicación, de modo tal que al no ser consecuencia natural de la actualización del hecho imponible no puede considerarse parte integrante del sistema normativo que puede ser impugnado, una vez demostrada la retención o entero del impuesto.
Entonces, toda vez que el artículo 9 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, no afecta el interés jurídico de las quejosas, lo procedente es declarar infundado el agravio, únicamente por lo que hace a esa norma.
En sentido inverso, al resultar fundado el agravio examinado por lo que se refiere a los artículos 2, fracción VI, 4, 7, y 8 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, así como respecto de la Resolución por la que se expiden las Reglas de carácter general para la prestación de los servicios de recaudación y entero o concentración del impuesto a los depósitos en efectivo por parte de las instituciones del sistema financiero, en razón de que respecto de tales normas no se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que las quejosas sí demostraron contar con interés jurídico para impugnarlos, lo procedente es levantar el sobreseimiento que la Juez A quo decretó en el juicio de amparo al respecto.
Enseguida, dado que la Juez de Distrito no dejó pendiente el examen de ninguna causa de improcedencia y sin que este Tribunal Pleno advierta de oficio alguna otra que amerite ser examinada en términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91, fracción I, del mismo ordenamiento legal, se procede al examen de los conceptos de violación omitidos y del resto de los agravios por virtud de los cuales se combate la negativa del amparo.
II. Análisis de conceptos de violación omitidos.
En el primer concepto de violación (argumentos que se retoman en la síntesis del agravio 5), aduce la quejosa que el artículo 4, fracción II, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, viola el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, al dejar al arbitrio de la autoridad hacendaria uno de los elementos esenciales del impuesto como lo es la época de pago; es decir, al permitir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine mediante reglas de carácter general el plazo y los términos para enterar el impuesto, la época de pago del impuesto no se regula en una ley formal y materialmente legislativa, sino a través de una resolución meramente administrativa, sin que la previsión de la ley consistente en que dicho plazo no deberá exceder de los tres días hábiles siguientes a aquél en que se haya recaudado el impuesto subsane la inconstitucionalidad, pues no se sabe con exactitud el día en que los importes recaudados serán entregados a la hacienda pública.
Como consecuencia de lo anterior, la Resolución por la que se expiden las reglas de carácter general para la prestación de los servicios de recaudación y entero o concentración del impuesto a los depósitos en efectivo por parte de las instituciones del sistema financiero, particularmente sus reglas primera a cuarta (dentro de las que se prevén 3 plazos distintos en "días hábiles bancarios" para proceder al entero atendiendo a diversas categorías de recaudadores, pudiendo modificarse en cualquier momento), también violan el principio de legalidad tributaria, porque al ser disposiciones de naturaleza administrativa -y no formal y materialmente legislativas-, no debieron regular la época de pago del impuesto.
En el segundo concepto de violación (argu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80002-33ac5991/amparo-en-revision-540-2009-y-otras-10 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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