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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 282/2009. **********. 3 DE FEBRERO DE 2011. UNANIMIDAD DE DIEZ VOTOS. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIOS: FABIANA ESTRADA TENA, LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT, FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, DAVID RODRÍGUEZ MATHA, FERNANDO SILVA GARCÍA Y FERNANDO TINOCO ORTIZ.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 282/2009. · Registro digital (IUS): 80001
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Versión electrónica, Pág. 1.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de febrero de dos mil once.

Vo.Bo.

V I S T O S, y

R E S U L T A N D O:

Cotejó:

PRIMERO. Por escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil ocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Mérida, Yucatán, **********, en representación de **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"a) De la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, ambas del Honorable Congreso de la Unión, se reclama la aprobación y expedición del inconstitucional Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de octubre de 2007, incluyendo la propia Ley, con todo su articulado, así como sus efectos y consecuencias.

b) Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, se reclama la expedición del Decreto promulgatorio del diverso Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se expide la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo; publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de octubre de 2007, en cuanto hace a su aprobación, promulgación y publicación, así como sus efectos y consecuencias.

c) Del Secretario de Gobernación, se reclama el refrendo ministerial del decreto promulgatorio del diverso Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se expide la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de octubre de 2007, incluyendo la propia Ley, en cuanto hace a su refrendo y firma, así como sus efectos y consecuencias.

d) Del Secretario de Hacienda y Crédito Público, reclamo todos y cada uno de los actos relativos a la recepción recaudación, control, cobro ejecución coactiva y en general todos los actos relacionados con la administración del Impuesto a los Depósitos en Efectivo que se tilda de inconstitucional, incluyendo desde luego la imposición de penas y sanciones, así como los actos de molestia y privación que se pudiera causar a mi representada en sus papeles, propiedades, posesiones y derechos, y que fueran imputables a dicha autoridad, así como todas las obligaciones y sanciones que se pretendan imponer al quejoso derivados de los preceptos legales y del sistema de tributación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, tildados de inconstitucionales.

e) Del Director del Diario Oficial de la Federación, reclamo la publicación efectuada el 1 de octubre de 2007, en dicho medio de difusión, del Decreto Legislativo mencionado en el inciso a), anterior, así como del Decreto Promulgatorio y el refrendo de este último, aludidos en los incisos b) y c) anteriores.

f) Del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reclamo todos y cada uno de los actos relativos a la recepción recaudación, control, cobro, ejecución coactiva y en general todos los actos relacionados con la administración del Impuesto a los Depósitos en Efectivo que se tilda de inconstitucional, incluyendo desde luego la imposición de penas y sanciones, así como los actos de molestia y privación que se pudiera causar a mi representada en sus papeles, propiedades, posesiones y derechos, y que fueran imputables a dicha autoridad, así como todas las obligaciones y sanciones que se pretendan imponer al quejoso derivados de los preceptos legales y del sistema de tributación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, tildados de inconstitucionales.

g) Del Administrador Local de Recaudación de Mérida, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reclamo todos y cada uno de los actos relativos a la recepción recaudación, control, cobro, ejecución coactiva y en general todos los actos relacionados con la administración del Impuesto a los Depósitos en Efectivo que se tilda de inconstitucional, incluyendo desde luego la imposición de penas y sanciones, así como los actos de molestia y privación que se pudiera causar a mi representada en sus papeles, propiedades, posesiones y derechos, y que fueran imputables a dicha autoridad, así como todas las obligaciones y sanciones que se pretendan imponer al quejoso derivados de los preceptos legales y del sistema de tributación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, tildados de inconstitucionales.

h) Del Administrador Local de Auditoría Fiscal de Mérida, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reclamo todos y cada uno de los actos relativos a la recepción recaudación, control, cobro, ejecución coactiva y en general todos los actos relacionados con la administración del Impuesto a los Depósitos en Efectivo que se tilda de inconstitucional, incluyendo desde luego la imposición de penas y sanciones, así como los actos de molestia y privación que se pudiera causar a mi representada en sus papeles, propiedades, posesiones y derechos, y que fueran imputables a dicha autoridad, así como todas las obligaciones y sanciones que se pretendan imponer al quejoso derivados de los preceptos legales y del sistema de tributación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, tildados de inconstitucionales.

i) Del Administrador Local Jurídico de Mérida, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reclamo todos y cada uno de los actos relativos a la recepción recaudación, control, cobro, ejecución coactiva y en general todos los actos relacionados con la administración del Impuesto a los Depósitos en Efectivo que se tilda de inconstitucional, incluyendo desde luego la imposición de penas y sanciones, así como los actos de molestia y privación que se pudiera causar a mi representada en sus papeles, propiedades, posesiones y derechos, y que fueran imputables a dicha autoridad, así como todo los actos y procedimientos iniciados y que se inicien en contra del quejoso y que tengan como base los preceptos legales que se impugnan como inconstitucionales en la presente demanda, así como todas las obligaciones y sanciones que se pretendan imponer al quejoso derivados de los preceptos legales y del sistema de tributación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, tildados de inconstitucionales."

SEGUNDO. La quejosa invocó como garantías violadas las contenidas en los artículos 1°, 14, 16, 25 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal; expuso los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes.

TERCERO. Mediante proveído de dos de septiembre de dos mil ocho, el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular admitió la demanda de garantías y la registró con el número **********, dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y señaló fecha para la audiencia constitucional.

Seguidos los trámites legales, la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán dictó sentencia que terminó de engrosar el trece de enero de dos mil nueve, con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por '**********, por conducto de su representante legal **********, en contra de los actos reclamados de las autoridades responsables Administrador Local de Auditoría Fiscal y Administrador Local Jurídico, ambos de Mérida, con residencia en esta ciudad, consistentes en la recepción, recaudación, cobro, ejecución cautiva y demás actos relacionados con el impuesto reclamado.

SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por '**********, por conducto de su representante legal **********, contra los actos que reclama de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de la República, Secretario de Gobernación, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Director del Diario Oficial de la Federación, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, todos con sede en México, Distrito Federal, y Administrador Local de Recaudación, este con residencia en esta ciudad, precisados en el considerando SEXTO de esta resolución, por los motivos que se expresan en ese propio considerando.

TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a '**********, por conducto de su representante legal **********, contra los actos que reclama de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de la República, Secretario de Gobernación, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Director del Diario Oficial de la Federación, Jefe del Servicio de Administración Tributaria, todos con sede en México, Distrito Federal, y Administrador Local de Recaudación, este con residencia en esta ciudad, que hizo consistir en la discusión, aprobación, expedición, refrendo, orden de publicación y publicación del Decreto por el que se expidió la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicada el uno de octubre de dos mil siete, en vigor a partir del uno de julio del año en curso, así como la recepción, recaudación, cobro, ejecución cautiva y demás actos relacionados con el impuesto reclamado."

CUARTO. Inconforme con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

Por auto de tres de febrero de dos mil nueve, la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán se reservó remitir el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Cuarto Circuito en turno.

Por proveído de cuatro de marzo de dos mil nueve, la Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán en atención al Acuerdo General 12/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha uno de diciembre de dos mil ocho, ordenó remitir el expediente, el original del escrito de agravios así como la copia destinada al Agente del Ministerio Público Federal a este Alto Tribunal.

QUINTO. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil nueve, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de amparo en revisión 282/2009; admitió a trámite el recurso de revisión; tuvo como autorizados a las personas que se mencionan en el escrito de agravios, ordenó notificar a las autoridades responsables y al Procurador General de la República para que en un plazo de diez días formulara el pedimento respectivo.

El Ministerio Público adscrito a este Alto Tribunal se abstuvo de formular pedimento.

Habiéndose listado el asunto de conformidad con lo dispuesto en el punto Segundo del Acuerdo General 11/2010 del diecisiete de agosto de dos mil diez, y lo aprobado en sesión privada del Pleno el veintitrés de agosto siguiente, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, se returnó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente legalmente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Tercero, fracción III del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, y en el punto Segundo del Acuerdo General 12/2008, de primero de diciembre de dos mil ocho, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por una Jueza de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo publicada en el Diario Oficial de la Federación del primero de octubre de dos mil siete, en particular, sus artículos 1°, 2, fracción III, párrafos primero y segundo y fracción VI, 3, 4, 7, 8 y 9, subsistiendo el problema de constitucionalidad relativo al sistema de tributación derivado de la regulación del impuesto a los depósitos en efectivo vigente a partir del primero de julio de dos mil ocho.

SEGUNDO. Oportunidad. El recurso de revisión de la parte quejosa se interpuesto dentro del plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, ya que la sentencia recurrida le fue notificada por medio de lista el quince de enero de dos mil nueve, de manera que la notificación surtió efectos al día siguiente y el escrito de expresión de agravios fue presentado el treinta de enero de ese año, descontándose los días veinticuatro y veinticinco de dicho mes y año, por haber sido sábados y domingos.

TERCERO. Cuestiones que deben quedar firmes. Debe quedar firme el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito en los puntos resolutivos primero y segundo de la sentencia recurrida, con respecto a los actos reclamados al Administrador Local de Auditoría Fiscal y al Administrador Local Jurídico, ambos de Mérida; así como en relación al artículo 2, fracciones III, IV y V, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, respectivamente, toda vez que las consideraciones correspondientes del fallo no fueron impugnadas por la parte a la que perjudican.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 3a./J. 7/91, sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:

"REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES. Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente". (Jurisprudencia. Octava Época. Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y uno. Tesis: 3a./J. 7/91. Página: 60.)

CUARTO. Certeza Jurídica. La parte quejosa recurrente aduce en su quinto agravio que fue incorrecto el razonamiento sustentado por la Juez de Distrito por virtud del cual desestimó el concepto de violación planteado en la demanda de amparo, respecto a que el artículo 8 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo es contrario al principio de certeza jurídica, pues la posibilidad de obtener la devolución mensual del impuesto pagado se supedita a la existencia de un dictamen emitido por contador público, lo que supone una carga administrativa y económica adicional e innecesaria para el contribuyente lo cual es contrario a la simplificación tributaria, a la certeza de los impuestos y a su proporcionalidad.

A este respecto, la Juez de Distrito consideró que "el que se tenga que realizar un trámite administrativo para la devolución del impuesto causado en caso de que proceda y que se tenga que cumplir con los requisitos que se establecen para tal fin con ello no se vulneran los principios citados, ya que incluso en otra clase de impuestos para poder acceder a la devolución de los mismos también se establecen diversos mecanismos que se tienen que realizar para que proceda la devolución de los impuestos que se hubiere solicitado su devolución."

En contra de tal razonamiento, la recurrente vierte los siguientes agravios.

1) "El juzgador se equivoca cuando afirma que el precepto impugnado no trastoca el principio de certeza, porque a fin de no recorrer el camino de la ley, la opción es contar con dictamen."

2) Señala que "si se recorre el procedimiento del ordinal 8, no hay certeza, porque obliga a tocar varias puertas: primero acreditar contra el impuesto que la ley cuestionada mencionada (sic), empero pudiera el sujeto respectivo no serlo contra el cual primero debe ser acreditado."

3) "Después se menciona que se puede compensar, siendo que puede acontecer que no sea ese contribuyente de algún gravamen compensable y finalmente, si todavía existe impuesto recaudado y no agotado, se pide en devolución."

4) "Ello habla de falta de certeza porque la suma recaudada sólo se identifica como tal impuesto hasta que se haya agotado el mecanismo mencionado."

5) "Antes, sólo se sabe que se aportó una suma con motivo de los depósitos realizados que cabría pensar que en primer orden es un prepago y que lo es de impuesto sobre la renta, porque es el primer gravamen contra el cual se puede acreditar lo recaudado por el depósito en efectivo."

6) "Después se puede compensar con el mismo u otros."

7) "El remanente se considera un pago indebido y se puede pedir en devolución, pago que se entiende de impuesto a los depósitos en efectivo."

8) "Empero, además la falta de certeza radica en que se precisa del dictamen de contador para obviar el camino trazado."

9) "Entonces se tiene que precisamente, el dictamen, es lo que le da certeza al tributo, pues a través de él, es como el fisco devuelve la suma."

Los agravios de referencia resultan inoperantes, pues por una parte son argumentos novedosos no expresados en la demanda de garantías e incluso contradictorios con lo manifestado inicialmente, por ejemplo, en cuanto a que el dictamen otorga certeza a la obtención de la devolución mientras que en la demanda de garantías la quejosa precisó que la exigibilidad del dictamen es lo que vulnera la garantía de certeza; por la otra, no combaten el sustento toral esgrimido por la Juez con base en el cual consideró que la disposición no transgrede el principio de certeza, por lo que éste permanece incólume y debe seguir rigiendo el sentido del presente fallo.

Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios sustentados por la Primera y Segunda Salas de este Alto Tribunal, los cuales comparte este Tribunal Pleno:

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado reiteradamente que una de las modalidades de la inoperancia de los agravios radica en la repetición de los argumentos vertidos en los conceptos de violación. Al respecto, conviene aclarar que si bien una mera repetición, o incluso un abundamiento en las razones referidas en los conceptos de violación, pueden originar la inoperancia, para que ello esté justificado es menester que con dicha repetición o abundamiento no se combatan las consideraciones de la sentencia del juez de distrito. Este matiz es necesario porque puede darse el caso de que el quejoso insista en sus razones y las presente de tal modo que supongan una genuina contradicción de los argumentos del fallo. En tal hipótesis la autoridad revisora tendría que advertir una argumentación del juez de amparo poco sólida que pudiera derrotarse con un perfeccionamiento de los argumentos planteados ab initio en la demanda. Sin embargo, también puede suceder que la repetición o abundamiento de los conceptos de violación no sea más que un mero intento de llevar sustancia a la revisión, siendo que las razones sostenidas tanto en los conceptos de violación como en los agravios ya fueron plenamente respondidas por el juzgador. En estos casos, la autoridad revisora debe cerciorarse de que el fallo recurrido presenta una argumentación completa que ha contestado adecuadamente todos los planteamientos de la demanda de amparo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, para estar en aptitud de declarar la inoperancia de los agravios al concluir que aun cuando el recurrente intenta abundar o profundizar sus conceptos de violación, con ello no combate la ratio decidendi del fallo recurrido." (Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVIII, Septiembre de 2008. Tesis: 1a./J. 85/2008. Página: 144.)

"AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida." (Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXII, Diciembre de 2005. Tesis: 1a./J. 150/2005. Página: 52.)

"AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REITERAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ABUNDAN SOBRE ELLOS O LOS COMPLEMENTAN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Conforme al artículo 88 de la Ley de Amparo, el recurrente debe expresar los agravios que le causa la sentencia impugnada, lo que se traduce en que tenga la carga, en los casos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del artículo 76 Bis de la ley de la materia, de controvertir los razonamientos jurídicos sustentados por el órgano jurisdiccional que conoció del amparo en primera instancia. Consecuentemente, son inoperantes los agravios que en el recurso de revisión reiteran los conceptos de violación formulados en la demanda, abundan sobre ellos o los complementan, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXX, Agosto de 2009. Tesis: 2a./J. 109/2009. Página: 77.)

QUINTO. Proporcionalidad tributaria. En los agravios primero y segundo, la parte quejosa aduce que el Juez de Distrito, de manera incorrecta, resolvió que la configuración legal del impuesto controvertido es acorde al principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que, contrariamente a lo considerado en la sentencia recurrida: i) los depósitos en efectivo no reflejan una auténtica capacidad económica y contributiva de las personas para participar en el gasto público, además de que el monto respectivo no necesariamente es propiedad del contribuyente; ii) el legislador ha decidido gravar dichos depósitos sin permitir la deducción de los gastos incurridos para obtenerlos; y iii) a pesar de que la ley prevé un mecanismo de recuperación del tributo, éste puede activarse de manera posterior a la causación y a la actualización de la obligación de pago del tributo.

I. Naturaleza del impuesto a los depósitos en efectivo.

Para dar contestación a los planteamientos de la quejosa es necesario atender a las razones que dieron origen a la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, ello con la finalidad de establecer la naturaleza del impuesto pues con base en tal aspecto es que se puede comprender cuáles son las exigencias del principio de proporcionalidad tributaria respecto de la contribución que se analiza, de modo tal que como punto de partida para emprender el estudio de los argumentos planteados es necesario dilucidar tal aspecto.

Apoyan lo anterior los siguientes criterios emitidos por este Tribunal Pleno y cuyos datos de identificación y contenido son los siguientes:

"PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA DETERMINAR SI UNA CONTRIBUCIÓN CUMPLE CON ESE PRINCIPIO, ES NECESARIO ATENDER A SU NATURALEZA PARA ESTABLECER LAS FORMAS COMO SE MANIFIESTA LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. La capacidad contributiva no se manifiesta de la misma manera en todas las contribuciones, pues aparece en forma directa e inmediata en los impuestos directos, como los que recaen en la renta o el patrimonio, porque son soportados por personas que perciben, son propietarias o poseedoras de ellos, mientras que en los indirectos la capacidad tiene un carácter mediato como la circulación de bienes, la erogación, el gasto y el consumo, ya que parten de la previa existencia de una renta o patrimonio, y gravan el uso final de toda la riqueza a través de su destino, gasto o tipo de erogación que refleja indirectamente dicha capacidad. Luego, para determinar si una contribución cumple con el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario atender a la naturaleza de dicho tributo a fin de conocer la forma como se manifiesta y modifica la capacidad contributiva." (No. Registro: 167,415, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIX, Abril de 2009, Tesis: P./J. 2/2009, Página: 1129)

"PROPORCIONALIDAD DE LAS CONTRIBUCIONES. DEBE DETERMINARSE ANALIZANDO LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES DE CADA UNA. La Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver asuntos relativos al impuesto sobre la renta, ha establecido que el principio de proporcionalidad consiste en que cada causante contribuya a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, aportando una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, y añade que ese objetivo se cumple fijando tasas progresivas. Sin embargo, tratándose de tributos distintos del impuesto sobre la renta, no puede regir el mismo criterio para establecer su proporcionalidad, pues este principio debe determinarse analizando la naturaleza y características especiales de cada tributo." (No. Registro: 205,939, Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Octava Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Tesis: P./J. 4/1990, Página: 143, Genealogía: Informe 1989, Primera Parte, Pleno, tesis 69, página 634., Gaceta número 25, Enero de 1990, página 42., Apéndice 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, tesis 273, página 255.)

Al respecto se tiene que de toda la normativa que integra la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, reviste una primordial importancia la disposición que establece el hecho imponible, pues con base en éste se determina el hecho económico elegido por el legislador como revelador de capacidad contributiva de los sujetos pasivos, siendo que el resto de las disposiciones deben guardar congruencia con este elemento de la contribución, por lo que, con independencia de que el resto de las disposiciones que integran la ley pueden arrojar mayores elementos para detallar las características del tributo, debe ser en función del hecho imponible que se determine de manera prioritaria la naturaleza del impuesto y sólo en caso de que este resultara insuficiente para desentrañar tal extremo sería necesario acudir a las disposiciones que regulan los demás elementos de la contribución.

Sobre la prioridad que guarda el hecho imponible como elemento determinante de la naturaleza de la contribución resultan aplicables los siguientes criterios sustentados por este Tribunal Pleno, cuyos datos y contenido son los siguientes:

"CONTRIBUCIONES. EN CASO DE EXISTIR INCONGRUENCIA ENTRE EL HECHO Y LA BASE IMPONIBLES, LA NATURALEZA DE LA MISMA SE DETERMINA ATENDIENDO A LA BASE. El hecho imponible de las contribuciones, consiste en el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar cada tributo y de cuya realización depende el nacimiento de la obligación tributaria, dicho elemento reviste un carácter especial entre los componentes que integran la contribución, toda vez que no sólo constituye el presupuesto para el nacimiento de la obligación tributaria, sino que además, sirve como elemento de identificación de la naturaleza del tributo, pues en una situación de normalidad, evidencia e identifica la categoría de la contribución a la que pertenece, de ahí que esta situación de normalidad, tiene como presupuesto la congruencia que debe existir entre dicho elemento y la base imponible, ya que mientras el primero ubica la situación, hecho, acto, o actividad denotativa de capacidad contributiva, el segundo representa la magnitud cuantificable de dicha capacidad, erigiéndose en premisa para la determinación en cantidad líquida de la contribución. En este orden de ideas, la distorsión de la relación entre el hecho imponible y la base gravable, normalmente nos llevará a una imprecisión respecto del aspecto objetivo u objeto que pretendió gravar el legislador, pues ante dicha distorsión, el hecho imponible atiende a un objeto, pero la base mide un objeto distinto; sin embargo, este conflicto debe resolverse atendiendo a la base imponible, pues siendo el tributo una prestación dineraria, debe tomarse en cuenta que la base es la que sirve para la determinación pecuniaria del tributo, por lo que será el referido elemento el que determine la naturaleza de la contribución. (No. Registro: 174,924, Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Junio de 2006, Tesis: P./J. 72/2006, Página: 918).

"CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80001-408db34b/amparo-en-revision-282-2009-3-de-febrero · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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