AMPARO EN REVISIÓN 80/2008. ********** Y OTRAS. 15 DE JUNIO DE 2009. PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL. SECRETARIOS: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO, BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ALFREDO VILLEDA AYALA Y FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.
Vo.Bo.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de junio de dos mil nueve.
Cotejó:
V I S T O S, y
R E S U L T A N D O:
PRIMERO. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil siete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, en su carácter de representante de *****(1)*****, *****(2)***** y *****(3)*****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:
"IV. AUTORIDADES RESPONSABLES:
a) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;
b) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;
c) Presidente de la República;
d) Secretario de Gobernación; y
e) Director del Diario Oficial de la Federación, dependiente de la Secretaría de Gobernación (...);
V. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables se reclaman:
A) De las CÁMARAS DE DIPUTADOS y DE SENADORES al CONGRESO DE LA UNIÓN, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 2006 (en lo sucesivo el 'Decreto de reformas'), por cuanto hace a sus artículos Sexto y Séptimo (relativos a la Ley del Impuesto al Activo), artículo Tercero (respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta) y el Decreto de expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, por cuanto hace a su artículo 16, quinto párrafo, inciso 1, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 2006 (en lo sucesivo el 'Decreto de Ley de Ingresos').
B) Del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, la promulgación y orden de publicación de los Decretos mencionados en el inciso inmediato anterior.
C) Del SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, el refrendo de los Decretos citados en el inciso A) que antecede.
D) Del SECRETARIO DE GOBERNACIÓN y DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, la publicación de los Decretos citados en el inciso A) que antecede, misma que se efectuó el 27 de diciembre de 2006."
SEGUNDO. La parte quejosa señaló como preceptos violados en su perjuicio, los artículos 14, 16, 31, fracción IV y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. De dicha demanda correspondió conocer, por razón de turno, al Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien mediante auto de catorce de febrero de dos mil siete, admitió la demanda de garantías registrándola con el número **********. Seguidos los trámites legales correspondientes, se verificó la audiencia constitucional el uno de junio de dos mil siete, terminándose de engrosar la sentencia respectiva el día veintiocho de agosto siguiente, en la que se decidió:
1. Sobreseer oficiosamente en el juicio respecto de la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, al considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que el beneficio tributario que se otorgó a los sujetos pasivos del impuesto para que pudieran deducir sus deudas del valor de los activos fue desincorporado de su esfera jurídica de manera permanente y no temporal; por tanto, al momento de la presentación de la demanda de garantías, el derecho contenido en la disposición derogada ya no existía y, por tanto, esa situación no puede causar perjuicio a la parte quejosa (no afecta su interés jurídico).
2. Considerar que en el caso a estudio no se actualizaron las siguientes causas de improcedencia:
a) La prevista en el artículo 73, fracción VI, en relación con el 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo (los preceptos reclamados tienen el carácter de normas heteroaplicativas, cuyo perjuicio sólo se resentirá hasta la presentación de la declaración anual y no así en las provisionales), en razón de que los preceptos reclamados constituyen disposiciones autoaplicativas, porque su modificación creó un nuevo esquema en el impuesto al activo, en el cual ya no se contempla la posibilidad de deducir las deudas contratadas, lo que trae como consecuencia el establecimiento de nuevas situaciones jurídicas concretas que inciden en forma directa e inmediata en los contribuyentes de ese gravamen. Luego, es claro que no se requiere un acto de aplicación.
b) La prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo (la quejosa no demostró su interés jurídico, pues debió demostrar que desarrolla actividades empresariales y que tiene activos y deudas pendientes de amortizar en el ejercicio fiscal dos mil siete), pues basta que la quejosa acredite ser contribuyente del impuesto al activo y que ha pagado o está obligada al pago del impuesto al activo.
c) La contenida en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo (la sola derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo no le irroga un agravio personal y directo a la parte quejosa, porque ello implica la creación de un nuevo sistema normativo en ese tributo; no existe en su esfera jurídica ningún derecho para tributar de la forma en que lo venía haciendo); y la que se deduce de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80, ambos de la Ley de Amparo (el hecho imponible y los sujetos pasivos del tributo se encuentran previstos en el artículo 1 de la Ley del Impuesto al Activo y no en el artículo 5, cuya derogación combate la parte quejosa, por lo que no se podrían concretizar los efectos de una virtual sentencia protectora), ya que ambas se sustentan en una apreciación inexacta de la litis del juicio de amparo, pues la demandante, además de impugnar la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, también reclamó los preceptos modificados a través de los cuales se prevé un nuevo esquema de ese tributo, en el cual, para determinar la base gravable, no se permite hacer deducción alguna al valor promedio de los activos del contribuyente.
d) La prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80, ambos de la Ley de Amparo (no es jurídicamente factible concretar los efectos de la concesión del amparo, pues no podría consistir en que la quejosa quede relevada del pago del impuesto constituyéndole un derecho fundándose en un acto contrario a la Constitución), ya que no existe impedimento jurídico ni material para que se puedan concretizar los efectos de una virtual sentencia protectora, puesto que de estimarse fundado alguno de los conceptos de violación, los efectos consistirían en que no se aplique a la demandante los preceptos reclamados, tanto en el presente como en el futuro, lo que implicaría que quedaría liberada de la obligación de pago del impuesto al activo, o bien, que pague en una forma determinada, pero ello dependerá del concepto de violación que se estime fundado, sin que ello implique la constitución de un derecho a favor de la demandante.
e) La que se deduce de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80, ambos de la Ley de Amparo (las argumentaciones de la quejosa controvierten la política económico-fiscal), en atención a que con la sentencia que en su caso llegara a emitirse, no implica que tenga por objeto constituir un pronunciamiento o juicio de valor en relación a la política económico-fiscal delimitada por el Congreso de la Unión, sino únicamente su finalidad consistirá en que respecto de los planteamientos expuestos por la impetrante en su demanda de garantías, se verifique que las normas impugnadas se encuentren ajustadas a la Constitución Federal.
f) Los supuestos derivados de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 76 de la Ley de Amparo, vinculados con el artículo 107, fracción II de la Constitución Federal (el acto impugnado se hizo consistir en la omisión del legislador de establecer un precepto que permita deducir de la base del tributo el valor de los pasivos del contribuyente, por lo que la sentencia de amparo no puede obligar a la autoridad legislativa a subsanar la omisión combatida, pues ello implicaría darle efectos generales al fallo constitucional), ya que en el caso la quejosa no combate ninguna omisión legislativa, sino diversos preceptos de la Ley del Impuesto al Activo que establecen un nuevo sistema de ese tributo, en el cual no se permite la deducción de deudas, siendo ello una razón que se esgrime para demostrar la inconstitucionalidad de dicho sistema.
3. En cuanto al estudio de fondo, se declaró fundado y suficiente para conceder el amparo el concepto de violación en que se adujo -esencialmente- que el artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo viola el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, toda vez que se gravan los activos del contribuyente sin considerar sus deudas, lo que implica que la base gravable de ese tributo sea ficticia, porque no corresponde a la efectiva capacidad contributiva del sujeto pasivo; asimismo, que con ello se da un trato igual a las personas que no tienen el mismo grado de riqueza, pues al gravar los activos brutos se genera una base gravable de idéntica cuantía económica, pero ello no implica que dichas bases estén formadas por riquezas iguales conforme al objeto gravado, dado que una puede tener deudas y otras no.
Lo anterior -consideró el Juez de Distrito-, en razón de que la base del impuesto reclamado se configura con el valor bruto promedio de los activos concurrentes a la obtención de ganancias, es decir, para determinar ese elemento esencial no se permite la deducción de las deudas contratadas con motivo de la adquisición de esos bienes, lo cual impide que en cada caso particular se cuantifique la cuota tributaria conforme a la verdadera capacidad contributiva relativa del sujeto pasivo, pues esa configuración impide medir en cada caso con qué intensidad se realizó el hecho imponible (titularidad de activos).
Además -sostuvo-, la forma de cuantificar la base gravable del impuesto al activo conforme al artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, también viola la garantía de equidad tributaria, en razón de que trata de igual forma a contribuyentes que se encuentran en diversas situaciones, es decir, que tienen diferente capacidad contributiva relativa, en razón del valor real que tienen sus activos en el patrimonio empresarial. Por tanto, al no permitirse distinguir en cada caso con qué intensidad se realizó el hecho generador, sino que en todos ellos se establece una misma forma de cuantificación de ese elemento (el valor total de activos), se da un trato igual a contribuyentes que están en situaciones diversas, pese a que la magnitud se realiza con diferentes intensidades en cada caso, sin que esa inequidad pueda encontrar justificación constitucional alguna, porque no obedece a la prosecución de un fin legítimo, sino a un error técnico en la configuración de la base gravable.
Los efectos del amparo concedido se precisaron en el sentido de que se desincorporara de la esfera jurídica de las quejosas la prohibición de aminorar, del valor de los activos, los pasivos contraídos (pagos provisionales y del ejercicio), sin que con ello quedara eximida de pagar el tributo.
CUARTO. Inconformes con la resolución anterior, el Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal de la Federación, del Oficial Mayor, de los Subsecretarios de Egresos, de Ingresos, de Hacienda y Crédito Público, así como del Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien actúa en representación del Presidente de la República, y el autorizado de la parte quejosa, interpusieron sendos recursos de revisión que se admitieron mediante auto de dieciséis de octubre de dos mil siete, dictado por el Presidente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, los cuales se tramitaron bajo el toca número **********.
En dicho proveído, el Presidente del órgano colegiado de referencia, al advertir que en la especie se actualizaron los supuestos previstos en los puntos Primero y Segundo del Acuerdo General número 18/2007, de veinte de agosto de dos mil siete del Pleno de este Alto Tribunal, "relativo a la remisión de expedientes por parte de los Juzgados de Distrito y al aplazamiento de la resolución de los amparos en revisión en los que se impugnan los artículos 1, 2, 5-A, 5-B, 7 bis y 14 de la Ley del Impuesto al Activo y Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la misma ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis; 16, numeral 1, penúltimo párrafo, de la Ley de Ingresos de la Federación y 224, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todos vigentes en el año dos mil siete, del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito", ordenó el aplazamiento del asunto hasta en tanto se determinara el criterio que debe aplicarse para una mejor resolución de los recursos.
En atención a que el asunto se encontraba en estado de resolución, mediante acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil siete, el Presidente del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento ordenó turnarlo al Magistrado correspondiente para los efectos del artículo 184 de la Ley de Amparo y 41, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Posteriormente, en atención al oficio número **********, de veintitrés de enero de dos mil ocho, signado por el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal y al acuerdo de veinticinco de enero de dos mil ocho, dictado en el toca de revisión número **********, del índice del propio Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento (ambos agregados en copia certificada), su Presidente, por diverso proveído de veintiocho de enero del mismo año, ordenó remitir a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los autos del juicio de amparo indirecto ********** y los del toca de revisión **********.
Por auto de primero de febrero de dos mil ocho, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocara al conocimiento de los recursos de revisión interpuestos, quedando registrados con el número 80/2008; asimismo, en dicho proveído ordenó se notificara a las autoridades responsables y al Procurador General de la República, y se reservara el trámite subsecuente del asunto.
El veintidós de febrero de dos mil ocho, el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal hizo constar que en el plazo concedido al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, no se formuló pedimento alguno.
Mediante diverso proveído de veinticinco de junio de dos mil ocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar los autos a la Segunda Sala, en cumplimiento a lo acordado por el Tribunal Pleno en sesión privada de veintiuno de mayo de dos mil siete.
Por auto de treinta de junio del año citado, el Ministro José Fernando Franco González Salas, Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, ordenó el avocamiento respectivo y turnar el asunto al Ministro Genaro David Góngora Pimentel.
Previo dictamen del Ministro ponente, el asunto fue enviado nuevamente al Tribunal Pleno donde quedó radicado por acuerdo dictado por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Tercero, fracción II del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, emitido por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por cuanto hace a sus artículos Sexto y Séptimo (relativos a la Ley del Impuesto al Activo) y artículo Tercero (respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta) y el Decreto de expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, por cuanto hace a su artículo 16, quinto párrafo, inciso 1, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis, en el que subsiste el problema de constitucionalidad relativo al sistema de tributación derivado de la regulación del impuesto al activo vigente para el ejercicio fiscal de dos mil siete.
SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida fue notificada por medio de lista a la quejosa el seis de septiembre de dos mil siete, de acuerdo con la constancia actuarial que obra a fojas 514 del cuaderno de amparo; por tanto, si el término de diez días que para la interposición del recurso establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del lunes diez de septiembre al lunes veinticuatro de septiembre de ese año, descontándose los días catorce de septiembre en términos del artículo 23 de la Ley de Amparo, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés del mismo mes por haber sido sábados y domingos, respectivamente, y el recurso fue presentado el día miércoles diecinueve de septiembre del año citado, es indudable que fue interpuesto oportunamente.
Por otra parte, la sentencia recurrida fue notificada mediante oficio el cuatro de septiembre de dos mil siete a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Presidente de la República, respectivamente, de acuerdo con las constancias que obran a fojas 517 y 518 del cuaderno de amparo; de ahí que, el término de diez días para interponer el recurso corrió para ambas autoridades del miércoles cinco al miércoles diecinueve de septiembre del año citado, descontándose los días catorce de septiembre en términos del artículo 23 de la Ley de Amparo, ocho, nueve, quince y dieciséis del mismo mes por haber sido sábados y domingos, respectivamente, y los recursos fueron presentados los días lunes diecisiete y martes dieciocho de septiembre, respectivamente, es indudable que fueron interpuestos oportunamente.
TERCERO. Estudio de los agravios.
I. En los argumentos hechos valer por la quejosa, esencialmente se aduce lo siguiente:
1. La sentencia dictada por el Juez A quo es ilegal, dado que no se analizaron los actos reclamados y los conceptos de violación atendiendo debidamente la situación en la que se encontraba la empresa quejosa *****(3)*****, ya que se le concedió el amparo al estimar inconstitucional el artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo; sin embargo, esta sociedad no tributa conforme a la opción prevista en ese precepto legal, sino conforme al sistema general previsto en el artículo 2 de la ley. Al haberse analizado únicamente la constitucionalidad de un precepto legal que no resulta aplicable a dicha quejosa (pero si a las otras dos empresas que promovieron el juicio de amparo), luego, es evidente que el Juez A quo no analizó la cuestión propuesta y planteada por *****(3)*****. Por lo anterior, resulta procedente revocar la sentencia recurrida y analizar los argumentos de inconstitucionalidad hechos valer por dicha empresa.
2. La sentencia dictada por el Juez A quo es ilegal, toda vez que al momento de emitirla, apreció de manera incorrecta los actos efectivamente reclamados en la demanda de garantías. Estimó que se había señalado como acto reclamado la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, y concluyó que las quejosas carecían de interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de dicho precepto legal, pues consideró que no les causaba ningún perjuicio. Sin embargo, las quejosas no reclamaron en sí mismo el acto consistente en la derogación de dicho precepto, sino lo que reclamaron fueron los efectos y consecuencias que dicha derogación generó, es decir, el nuevo sistema tributario establecido en la Ley del Impuesto al Activo a partir del primero de enero de dos mil siete, el cual resulta inconstitucional por ser desproporcional, al establecer un sistema de tributación que no grava de manera real la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto, según se expuso en el primer concepto de violación de la demanda de amparo.
En este tenor, la afectación en la esfera jurídica de las quejosas se materializa en el hecho de que a partir de dos mil siete se desconoce en la Ley del Impuesto al Activo la posibilidad de que los contribuyentes deduzcan, del valor de sus activos, las deudas a su cargo. Ese desconocimiento surge con motivo de la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, el cual por sí solo no afecta la esfera jurídica de las quejosas, pero su consecuencia sí lo hace, al establecer a partir de dos mil siete, un régimen de tributación apartado del principio de proporcionalidad tributaria.
Serían correctas las afirmaciones del Juez de Distrito, sólo en el caso de que las quejosas hubieran reclamado únicamente el acto legislativo por el cual se derogó el artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, situación que no fue así, pues lo que impugnaron las ahora recurrentes fueron las consecuencias y efectos que esa derogación ocasionó, las cuales se traducen en el desconocimiento del derecho para deducir las deudas para determinar la base gravable de esa contribución.
Adicionalmente, resulta ilegal el sobreseimiento decretado respecto de la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, ya que en el segundo concepto de violación del escrito de demanda se alegó la consecuencia de esa derogación, consistente en la falta de reconocimiento de las situaciones jurídicas establecidas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de tributación de dicho gravamen, lo cual transgredía la garantía de irretroactividad consagrada en el artículo 14 constitucional.
En ese tenor, resulta ilegal el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, pues tal acto legislativo generó consecuencias perjudiciales para las quejosas, tanto por la falta de proporcionalidad del nuevo régimen de tributación, como en lo que corresponde a la retroactividad del Decreto reclamado. De ahí que resulte procedente revocar la sentencia recurrida y analizar los argumentos de inconstitucionalidad hechos valer en los conceptos de violación primero y segundo del escrito de demanda.
3. La sentencia dictada por el Juez A quo es ilegal, toda vez que al momento de emitirla, omitió analizar y pronunciarse respecto de diversos conceptos de violación formulados en la demanda de garantías. En efecto, en el quinto concepto de violación se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 16, quinto párrafo, inciso 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete y del 224, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que se estima que ambos preceptos transgreden la garantía de equidad tributaria; en el sexto concepto de violación se argumentó que la tasa fija del impuesto prevista en el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Activo, es contraria a la garantía de proporcionalidad tributaria; y en el séptimo concepto de violación se expuso que el impuesto al activo en cuanto considera como objeto gravado los terrenos y las construcciones adheridos a éstos (propiedad inmobiliaria), se transgrede el artículo 115, fracción IV de la Constitución Federal, el cual establece como facultad exclusiva de las entidades federativas gravar la propiedad inmobiliaria.
Con el análisis que el Juez A quo llevó a cabo de la constitucionalidad del artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, no quedaron analizadas ni resueltas las cuestiones señaladas, máxime que los citados preceptos legales -los no analizados- se refieren a elementos distintos y regulan aspectos diversos de la Ley del Impuesto al Activo a los que regula el citado artículo 5-A. Por lo anterior, no se atendieron ni se resolvieron todas las cuestiones propuestas por las empresas quejosas.
II. Por su parte, el Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hace valer los siguientes agravios:
a) El Juez A quo viola los principios de estricto derecho y el de congruencia de las sentencias de amparo, en atención a que por una parte sobresee o declara inoperantes algunos conceptos de violación hechos valer por la quejosa, sobre algunas disposiciones en específico y, por otra, concede el amparo.
Aunado a lo anterior, el Juez de Distrito, al otorgar el amparo a la quejosa, señalando que los artículos reclamados son violatorios del principio de proporcionalidad tributaria, realiza un deficiente estudio y análisis de los mismos al considerar que la base del impuesto sea el valor activo neto del ejercicio.
b) No es verdad que se trate de manera distinta a sujetos que tienen deudas que a aquellos que no las tienen; por el contrario, se les trata de modo igual frente al objeto y la base del impuesto, pues ambos tributarán en razón del valor de sus activos, y es ahí donde radica la equidad en comento. El hecho de que un sujeto adquiera deuda para allegarse activos, como cuando los obtiene a crédito y otros por la adquisición de contado, no admite servir de base para tildar de inequitativo el tributo en cuestión, en atención a que la equidad radica en el hecho de que se de tratamiento igual a todos los sujetos del impuesto frente al objeto, base, tasa y época de pago que lo determinan, lo cual en el caso sucede. En ese sentido, la adquisición o no de deuda para generarse activos es una cuestión que atañe a decisiones particulares de cada sujeto del tributo que no admite servir de base para cuestionar su equidad.
Aunado a lo anterior, no existe inconstitucionalidad por el hecho de que la ley relativa establezca la anotada obligación, porque así como el legislador tiene libertad para fijar el objeto del tributo, también la tiene para determinar las modalidades que conforman un régimen de tributación.
La capacidad contributiva en tratándose del impuesto al activo se mide única y exclusivamente en la tenencia de activos concurrentes a la obtención de utilidades, y no los pasivos. El legislador impuso un gravamen mínimo para todos aquellos que si bien no tributan para efectos del impuesto sobre la renta, poseen activos susceptibles de generar utilidades y, por lo tanto, de gravarse al ser un signo fiel de capacidad contributiva.
El objeto del tributo lo constituyen los activos, tal y como se desprende del 2 de la Ley del Impuesto al Activo, sin que de su redacción se advierta nada diferente, de tal manera que si se analiza dicho ordenamiento jurídico e incluso la legislación vigente en dos mil seis y ejercicios anteriores, tenemos que el objeto de la contribución lo constituyen los activos de las personas morales y de las personas físicas con actividades empresariales, sin que sea dable afirmar que un activo sólo refleja capacidad contributiva cuando se permita la deducción de las deudas, siendo que el objeto del impuesto esta constituido por los activos.
Las deudas no son la base del impuesto al activo, sino que se estableció como un beneficio el que los contribuyentes pudieran disminuirlas del valor del activo y así determinar su impuesto; sin embargo, con el transcurso del tiempo, se vio que el hecho de permitirse la disminución de las deudas, la función del impuesto fue quedando a un lado y que no se estaban recaudando las cantidades esperadas del impuesto sobre la renta, ni del impuesto al activo. El hecho de que se haya eliminado la posibilidad de disminuir deudas, solamente se dio para buscar la eficiencia de las empresas y que estén tributando de acuerdo a su real y verdadera capacidad contributiva.
Un activo concurre a la obtención de utilidades por la finalidad que le da el contribuyente y no por el hecho de que se permita la deducción de las deudas; todos los activos de un inversionista buscan generarle una riqueza y es esta situación la que se consideró susceptible de gravamen; los rendimientos que genera un activo no pueden medirse en función del adeudo que en su caso tenga el titular.
Se modificó la Ley del Impuesto al Activo esencialmente por las siguientes consideraciones: 1) El impuesto al activo fue creado como un impuesto complementario del impuesto sobre la renta, cuya finalidad radica en obligar a los contribuyentes que busquen erosionar la base de este último impuesto, contribuyan con una cantidad mínima al gasto público de acuerdo a su real y verdadera capacidad contributiva. 2) Derivado de la declaratoria de inconstitucionalidad hecha por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación, el impuesto al activo se vio severamente debilitado, ya que los contribuyentes podrían deducir ciertas deudas originalmente no contempladas, lo cual incluso fue materia de una r
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80005-1db555a8/amparo-en-revision-80-2008-y-otras-15 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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