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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 89/2008. ********** Y OTRAS. 15 DE JUNIO DE 2009. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIOS: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO, BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ALFREDO VILLEDA AYALA Y FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 89/2008. · Registro digital (IUS): 80004
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ********** Y OTRAS.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Versión electrónica, Pág. 4.

Vo.Bo.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de junio de dos mil nueve.

Cotejó:

V I S T O S, y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de febrero de dos mil siete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Quinto Circuito en Tijuana, Baja California, **********, en su carácter de representante de *****(1)*****, *****(2)*****, *****(3)*****, *****(4)***** y *****(5)*****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"IV. AUTORIDADES RESPONSABLES:

a) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

b) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;

c) Presidente de la República;

d) Secretario de Gobernación; y

e) Director del Diario Oficial de la Federación, dependiente de la Secretaría de Gobernación;

V. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables se reclaman:

A) De las CÁMARAS DE DIPUTADOS y DE SENADORES al CONGRESO DE LA UNIÓN, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 2006 (en lo sucesivo el 'Decreto de reformas'), por cuanto hace a sus artículos Sexto y Séptimo (relativos a la Ley del Impuesto al Activo), artículo Tercero (respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta) y el Decreto de expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, por cuanto hace a su artículo 16, quinto párrafo, inciso 1, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 2006 (en lo sucesivo el 'Decreto de Ley de Ingresos').

B) Del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, la promulgación y orden de publicación de los Decretos mencionados en el inciso inmediato anterior.

C) Del SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, el refrendo de los Decretos citados en el inciso A) que antecede.

D) Del SECRETARIO DE GOBERNACIÓN y DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, la publicación de los Decretos citados en el inciso A) que antecede, misma que se efectuó el 27 de diciembre de 2006."

SEGUNDO. La parte quejosa señaló como preceptos violados en su perjuicio, los artículos 14, 16, 31, fracción IV y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.

TERCERO. De dicha demanda correspondió conocer, por razón de turno, a la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, quien mediante auto de nueve de febrero de dos mil siete, admitió la demanda de garantías registrándola con el número **********. Seguidos los trámites legales correspondientes, se verificó la audiencia constitucional el veintidós de mayo de dos mil siete, terminándose de engrosar la sentencia respectiva el día diecisiete de agosto siguiente, en la que se decidió:

1. Sobreseer oficiosamente en el juicio respecto de:

a) La derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, al considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que el beneficio tributario que se otorgó a los sujetos pasivos del impuesto para que pudieran deducir sus deudas del valor de los activos fue desincorporado de su esfera jurídica de manera permanente y no temporal; por tanto, al momento de la presentación de la demanda de garantías, el derecho contenido en la disposición derogada ya no existía y, por tanto, esa situación no puede causar perjuicio a la parte quejosa (no afecta su interés jurídico).

b) Los artículos 16, quinto párrafo, inciso 1 de la Ley de Ingresos de la Federación y 224, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ambos vigentes para el ejercicio fiscal de dos mil siete, al considerar que se actualizó la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80 (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, por no poderse concretar los efectos del amparo. Si la naturaleza de dichos actos reclamados es de carácter positivo, al decretar su inconstitucionalidad únicamente se obtendría que no se aplicaran a la quejosa; sin embargo, tales numerales no se le aplican, siendo precisamente el motivo de su reclamo, al tratarse de exenciones de pago. Tampoco podría darse el efecto de incluirle o hacerle partícipe de las mencionadas exenciones, precisamente por el hecho de que la quejosa alega su inconstitucionalidad y sería incongruente que pretenda que se le encuadre en una hipótesis que considera contraria a la Constitución Federal. Por tanto, si sostiene la inconstitucionalidad de los artículos reclamados, no puede pretender que en dicho acto se funde un derecho del que carece.

2. Considerar que en el caso a estudio no se actualizaron las siguientes causas de improcedencia:

a) La que se desprende del artículo 73, fracción VI, en relación con el 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo (los preceptos reclamados no causan perjuicio a la quejosa por su simple emisión -se trata de normas heteroaplicativas-, sino que tal circunstancia está condicionada a que el contribuyente presente su declaración anual, sin que se demostrara ese acto de aplicación), así como la contenida en la fracción V de ese precepto (la quejosa no probó su interés jurídico, pues debió demostrar que se le ha aplicado el precepto reclamado, que se encuentra en alguna de las categorías de contribuyentes y el régimen de tributación correspondiente y que tiene deudas vigentes en el ejercicio fiscal dos mil siete), en razón de que los preceptos reclamados constituyen disposiciones autoaplicativas, porque su modificación creó un nuevo esquema en el impuesto al activo, en el cual ya no se contempla la posibilidad de deducir las deudas contratadas, lo que trae como consecuencia el establecimiento de nuevas situaciones jurídicas concretas que inciden en forma directa e inmediata en los contribuyentes de ese gravamen; luego, es claro que no se requiere un acto de aplicación. Además, la quejosa acreditó ser contribuyente del impuesto al activo y que ha pagado o está obligada al pago del impuesto al activo; por tanto, acreditó su interés jurídico.

b) La prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80, ambos de la Ley de Amparo (no es jurídicamente factible concretar los efectos de la concesión del amparo, además de que no sería válido si, en su caso, alguno de los elementos del impuesto se estableciera en un acto distinto al formal y materialmente legislativo), ya que no existe impedimento jurídico ni material para que se puedan concretizar los efectos de una virtual sentencia protectora, puesto que de estimarse fundado alguno de los conceptos de violación, los efectos consistirían en que no se aplique a la demandante los preceptos reclamados, tanto en el presente como en el futuro, lo que implicaría que quedaría liberada de la obligación de pago del impuesto al activo, o bien, que pague en una forma determinada, pero ello dependerá del concepto de violación que se estime fundado, sin que ello implique la constitución de un derecho a su favor.

c) Los supuestos derivados de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 76 de la Ley de Amparo, vinculados con el artículo 107, fracción II de la Constitución Federal (el acto impugnado se hizo consistir en la omisión del legislador de establecer un precepto que permita deducir de la base del tributo el valor de los pasivos del contribuyente, por lo que la sentencia de amparo no puede obligar a la autoridad legislativa a subsanar la omisión combatida, pues ello implicaría darle efectos generales al fallo constitucional), ya que en el caso la quejosa no combate ninguna omisión legislativa, sino diversos preceptos de la Ley del Impuesto al Activo que establecen un nuevo sistema de ese tributo, en el cual no se permite la deducción de deudas, siendo ello una razón que se esgrime para demostrar la inconstitucionalidad de dicho sistema.

d) La que se deduce de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80, ambos de la Ley de Amparo (las argumentaciones de la quejosa controvierten la política económico-fiscal), en atención a que con la sentencia que en su caso llegara a emitirse, no implica que tenga por objeto constituir un pronunciamiento o juicio de valor en relación a la política económico-fiscal delimitada por el Congreso de la Unión, sino únicamente su finalidad consistirá en que respecto de los planteamientos expuestos por la impetrante en su demanda de garantías, se verifique que las normas impugnadas se encuentren ajustadas a la Constitución Federal.

3. En cuanto al estudio de fondo, se declaró fundado el concepto de violación en que se adujo -esencialmente- que el artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo viola el principio de proporcionalidad contenido en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, toda vez que se gravan los activos del contribuyente sin considerar sus deudas, lo cual no toma en consideración la verdadera capacidad contributiva del sujeto pasivo; además, conforme al artículo tildado de inconstitucional, se concluye que todos los contribuyentes forman parte de un mismo universo de iguales, y que todos se encuentran en un mismo plano de igualdad frente al tributo (por ello no permite a todos la posibilidad de deducir las deudas contratadas), lo que es contrario al principio de equidad, pues se traduce en un impacto diverso al que les ocasiona a los contribuyentes que por su actividad empresarial o económica, carecen de deudas o pasivos.

Lo anterior -consideró la Juez de Distrito-, en razón de que la base sobre la cual se debe calcular el impuesto de que se trata, lo es el activo (neto, lo que incluye la deducción de deudas), pues sólo de esa manera se puede obtener el factor que determine la capacidad contributiva, aspecto que el legislador necesariamente debe tomar en cuenta como presupuesto esencial de toda contribución. Se contraviene el principio de proporcionalidad tributaria, pues las deudas son un elemento inseparable del objeto del gravamen; no es factible que a la capacidad contributiva no puedan tomarse en cuenta las deudas con que cuente la parte quejosa, pues ello no refleja la riqueza real que detenta.

Por lo anterior, la Juez de Distrito concedió el amparo solicitado por la quejosa sin necesidad de analizar los restantes conceptos de violación hechos valer, ni los diversos preceptos legales que se señalaron como actos reclamados (los que se invocaron únicamente por su vinculación con el declarado inconstitucional), para el efecto de que se permitiera a la quejosa deducir las deudas al enterar el impuesto al activo, sin que con ello quedara eximida de pagar el tributo, pues el vicio de inconstitucionalidad no alcanza la totalidad del sistema impositivo, sino sólo una variable que se aplica a la base.

CUARTO. Inconformes con la resolución anterior, el Subprocurador Fiscal Federal de Amparos en suplencia por ausencia del Procurador Fiscal de la Federación, del Oficial Mayor, de los Subsecretarios de Egresos, de Ingresos, de Hacienda y Crédito Público, así como del Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien actúa en representación del Presidente de la República; el Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, así como el autorizado de la parte quejosa, interpusieron sendos recursos de revisión que se tramitaron bajo el toca número **********, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito.

En atención al oficio número **********, de veintitrés de enero de dos mil ocho, signado por el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal, mediante auto de treinta de enero de dos mil ocho, la Presidenta del Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento ordenó remitir a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los autos del juicio de amparo indirecto **********, así como los escritos de agravios correspondientes.

Por auto de seis de febrero de dos mil ocho, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocara al conocimiento de los recursos de revisión interpuestos, quedando registrados con el número 89/2008; asimismo, en dicho proveído ordenó se notificara a las autoridades responsables y al Procurador General de la República, y se reservara el trámite subsecuente del asunto.

El veinticinco de febrero de dos mil ocho, el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal hizo constar que en el plazo concedido al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, no se formuló pedimento alguno.

Mediante diverso proveído de veinticinco de junio de dos mil ocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar los autos a la Segunda Sala, en cumplimiento a lo acordado por el Tribunal Pleno en sesión privada de veintiuno de mayo de dos mil siete.

Por auto de treinta de junio del año citado, el Ministro José Fernando Franco González Salas, Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, ordenó el avocamiento respectivo y turnar el asunto al Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Previo dictamen del Ministro ponente, el asunto fue enviado nuevamente al Tribunal Pleno donde quedó radicado por acuerdo dictado por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Tercero, fracción II del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, emitido por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por cuanto hace a sus artículos Sexto y Séptimo (relativos a la Ley del Impuesto al Activo) y artículo Tercero (respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta) y el Decreto de expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, por cuanto hace a su artículo 16, quinto párrafo, inciso 1, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis, en el que subsiste el problema de constitucionalidad relativo al sistema de tributación derivado de la regulación del impuesto al activo vigente para el ejercicio fiscal de dos mil siete.

SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida fue notificada por medio de lista a la quejosa el veintiocho de agosto de dos mil siete, de acuerdo con la constancia actuarial que obra a fojas 681 del cuaderno de amparo; por tanto, si el término de diez días que para la interposición del recurso establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del jueves treinta de agosto al miércoles doce de septiembre de ese año, descontándose los días uno, dos, ocho y nueve de septiembre por haber sido sábados y domingos, respectivamente, y el recurso fue presentado el día martes once de septiembre del año citado, es indudable que fue interpuesto oportunamente.

Por lo que se refiere a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la sentencia recurrida fue notificada mediante oficio el treinta de agosto de dos mil siete, de acuerdo con la pieza postal que obra a fojas 851 del cuaderno de amparo; de ahí que, el término de diez días para interponer el recurso corrió del viernes treinta y uno de agosto al jueves trece de septiembre del año citado, descontándose los días uno, dos, ocho y nueve de septiembre por haber sido sábados y domingos, respectivamente, y el recurso fue presentado el día lunes diez de septiembre en la oficina del Servicio Postal Mexicano, es indudable que fue interpuesto oportunamente.

Finalmente, en relación con el Presidente de la República, la sentencia recurrida se tuvo por legalmente notificada hasta el veintidós de octubre de dos mil siete a consecuencia del incidente de nulidad de notificaciones promovido por dicha autoridad -el cual fue declarado fundado por la Juez Federal-, de conformidad con lo ordenado por auto de dieciséis de noviembre de ese año, dictado en el cuaderno de amparo (foja 888 y vuelta); de ahí que, el término de diez días para interponer el recurso corrió del martes veintitrés de octubre al miércoles siete de noviembre del año citado, descontándose los días veintisiete y veintiocho de octubre y tres y cuatro de noviembre por haber sido sábados y domingos, respectivamente, y primero y dos de noviembre por haber sido declarados inhábiles por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de diecisiete de octubre de ese año; por tanto, si el recurso fue presentado en la oficina del Servicio Postal Mexicano el día viernes siete de septiembre dos mil siete, incluso antes de que iniciara legalmente el cómputo respectivo, se concluye que fue interpuesto oportunamente.

Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia de la Segunda Sala de este Alto Tribunal que a continuación se transcribe:

"No. Registro: 170,625.

Jurisprudencia.

Materia(s): Común.

Novena Época.

Instancia: Segunda Sala.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo: XXVI, Diciembre de 2007.

Tesis: 2a./J. 223/2007.

Página: 215.

RECURSO DE RECLAMACIÓN. SU PRESENTACIÓN NO ES EXTEMPORÁNEA AUNQUE SE INTERPONGA ANTES DE QUE INICIE EL PLAZO PARA HACERLO. Del artículo 103 de la Ley de Amparo se advierte que el plazo de 3 días para interponer el recurso de reclamación comenzará a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del acuerdo recurrido. Ahora bien, el recurso interpuesto antes de que inicie ese plazo no puede considerarse extemporáneo, pues dicho precepto sólo pretende que el aludido medio de defensa no se haga valer después de concluido aquél, pero no impide que pueda presentarse antes de que inicie."

TERCERO. Estudio de los agravios.

I. En los argumentos hechos valer por la quejosa, esencialmente se aduce lo siguiente:

1. La sentencia dictada por la Juez A quo es ilegal, toda vez que al momento de emitirla, apreció de manera incorrecta los actos efectivamente reclamados en la demanda de garantías. Estimó que se había señalado como acto reclamado la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, y concluyó que las quejosas carecían de interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de dicho precepto legal, pues consideró que no les causaba ningún perjuicio. Sin embargo, las quejosas no reclamaron en sí mismo el acto consistente en la derogación de dicho precepto, sino lo que reclamaron fueron los efectos y consecuencias que dicha derogación generó, es decir, el nuevo sistema tributario establecido en la Ley del Impuesto al Activo a partir del primero de enero de dos mil siete, el cual resulta inconstitucional por ser desproporcional, al establecer un sistema de tributación que no grava de manera real la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto, según se expuso en el primer concepto de violación de la demanda de amparo.

En este tenor, la afectación en la esfera jurídica de las quejosas se materializa en el hecho de que a partir de dos mil siete se desconoce en la Ley del Impuesto al Activo la posibilidad de que los contribuyentes deduzcan, del valor de sus activos, las deudas a su cargo. Ese desconocimiento surge con motivo de la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, el cual por sí solo no afecta la esfera jurídica de las quejosas, pero su consecuencia sí lo hace, al establecer a partir de dos mil siete, un régimen de tributación apartado del principio de proporcionalidad tributaria.

Serían correctas las afirmaciones de la Juez de Distrito, sólo en el caso de que las quejosas hubieran reclamado únicamente el acto legislativo por el cual se derogó el artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, situación que no fue así, pues lo que impugnaron las ahora recurrentes fueron las consecuencias y efectos que esa derogación ocasionó, las cuales se traducen en el desconocimiento del derecho para deducir las deudas para determinar la base gravable de esa contribución.

Adicionalmente, resulta ilegal el sobreseimiento decretado respecto de la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, ya que en el segundo concepto de violación del escrito de demanda se alegó la consecuencia de esa derogación, consistente en la falta de reconocimiento de las situaciones jurídicas establecidas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de tributación de dicho gravamen, lo cual transgredía la garantía de irretroactividad consagrada en el artículo 14 constitucional.

En ese tenor, resulta ilegal el sobreseimiento decretado por la Juez de Distrito respecto de la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, pues tal acto legislativo generó consecuencias perjudiciales para las quejosas, tanto en lo que hace a la falta de proporcionalidad del nuevo régimen de tributación, como en lo que corresponde a la retroactividad del Decreto reclamado. De ahí que resulte procedente revocar la sentencia recurrida y analizar los argumentos de inconstitucionalidad hechos valer en los conceptos de violación primero y segundo del escrito de demanda.

2. La sentencia dictada por la Juez A quo es ilegal, toda vez que al momento de emitirla, aplicó de manera incorrecta lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII y 80 ambos de la Ley de Amparo, al sobreseer el juicio respecto de los artículos 16, quinto párrafo, inciso 1 de la Ley de Ingresos de la Federación y 224, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes para el ejercicio fiscal e dos mil siete, pues consideró que de ser fundados los conceptos de violación formulados en la demanda de garantías respecto de esas dos disposiciones legales, no se podrían concretar los efectos del amparo en favor de las quejosas.

Es incorrecto sobreseer en el juicio respecto de los posibles efectos restitutorios que tendría la protección constitucional otorgada respecto de los preceptos señalados, en función de que esa situación supone un análisis previo de los motivos de inconstitucionalidad. No resulta lógico ni jurídico sobreseer en el juicio por los mismos motivos que, en su caso, conducirían a la operancia o inoperancia de los conceptos de violación; de no lograrse los efectos restitutorios pretendidos por las quejosas, el concepto de violación, aun siendo fundado, devendrá inoperante.

Por otra parte, de desestimarse lo apuntado para el caso que nos ocupa, debe decirse que contrario a lo que señaló la Juez A quo, sí es posible en el caso otorgar efectos restitutorios respecto de la protección constitucional que se solicita. Esta se lograría mediante la creación de una norma jurídica individualizada (sentencia), la cual bajo el principio de relatividad de las sentencias establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo, sólo tendría efectos respecto de las ahora recurrentes, mediante la cual se convertiría en equitativo el sistema de determinación y pago del impuesto al activo que se desprende de los artículos 16, quinto párrafo, inciso 1 de la Ley de Ingresos de la Federación y 224 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes para el ejercicio fiscal de dos mil siete, permitiéndose a las quejosas obtener los beneficios que se prevén en las normas que se reclaman de inconstitucionales.

La razón por la cual se estiman inconstitucionales los preceptos reclamados, no se subsana anulando las normas y eliminando los beneficios que se contienen en dichos artículos para todos los contribuyentes, sino que, el orden constitucional se restaurará, en el momento en el cual se permita a los contribuyentes que están en igualdad de circunstancias, gozar de las exenciones que se prevén en los artículos reclamados.

Por tanto, al haberse acreditado la ilegalidad del sobreseimiento decretado, procede que se revoque la sentencia recurrida y se analicen los argumentos de inconstitucionalidad hechos valer en el quinto concepto de violación del escrito de demanda.

3. La sentencia dictada por la Juez A quo es ilegal, toda vez que al momento de emitirla, omitió analizar y pronunciarse respecto de los conceptos de violación sexto y séptimo formulados en la demanda de garantías. En efecto, en el sexto concepto de violación se argumentó que la tasa fija del impuesto prevista en el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Activo, es contraria a la garantía de proporcionalidad tributaria; y en el séptimo concepto de violación se expuso que el impuesto al activo en cuanto considera como objeto gravado los terrenos y las construcciones adheridas a éstos (propiedad inmobiliaria), se transgrede el artículo 115, fracción IV de la Constitución Federal, el cual establece como facultad exclusiva de las entidades federativas gravar la propiedad inmobiliaria.

La Juez A quo expuso diversas consideraciones relacionadas con la inconstitucionalidad del artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo; si bien sostuvo que se concedía el amparo sin necesidad de analizar los restantes conceptos de violación, en virtud de que se habían hecho valer en su relación con el concepto de violación analizado, se estima incorrecta esa situación, pues en los conceptos de violación sexto y séptimo que se hicieron valer se controvertían cuestiones diversas a las analizadas que de ser fundadas, llevarían a declaratorias de inconstitucionalidad más benéficas para las quejosas. Por lo anterior, no se atendieron ni se resolvieron todas las cuestiones propuestas.

II. Por su parte, el Subdirector de Amparos y representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hace valer los siguientes agravios:

a) La Juez A quo viola los principios de estricto derecho y el de congruencia de las sentencias de amparo, en atención a que por una parte sobresee o declara inoperantes algunos conceptos de violación hechos valer por la quejosa, sobre algunas disposiciones en específico y, por otra, concede el amparo.

Aunado a lo anterior, la Juez de Distrito, al otorgar el amparo a la quejosa, señalando que los artículos reclamados son violatorios del principio de proporcionalidad tributaria, realiza un deficiente estudio y análisis de los mismos al considerar que la base del impuesto sea el valor activo neto del ejercicio.

b) No es verdad que se trate de manera distinta a sujetos que tienen deudas que a aquellos que no las tienen; por el contrario, se les trata de modo igual frente al objeto y la base del impuesto, pues ambos tributarán en razón del valor de sus activos, y es ahí donde radica la equidad en comento. El hecho de que un sujeto adquiera deuda para allegarse activos, como cuando los obtiene a crédito y otros por la adquisición de contado, no admite servir de base para tildar de inequitativo el tributo en cuestión, en atención a que la equidad radica en el hecho de que se de tratamiento igual a todos los sujetos del impuesto frente al objeto, base, tasa y época de pago que lo determinan, lo cual en el caso sucede. En ese sentido, la adquisición o no de deuda para generarse activos es una cuestión que atañe a decisiones particulares de cada sujeto del tributo que no admite servir de base para cuestionar su equidad.

Aunado a lo anterior, no existe inconstitucionalidad por el hecho de que la ley relativa establezca la anotada obligación, porque así como el legislador tiene libertad para fijar el objeto del tributo, también la tiene para determinar las modalidades que conforman un régimen de tributación.

La capacidad contributiva en tratándose del impuesto al activo se mide única y exclusivamente en la tenencia de activos concurrentes a la obtención de utilidades, y no los pasivos. El legislador impuso un gravamen mínimo para todos aquellos que si bien no tributan para efectos del impuesto sobre la renta, poseen activos susceptibles de generar utilidades y, por lo tanto, de gravarse al ser un signo fiel de capacidad contributiva.

El objeto del tributo lo constituyen los activos, tal y como se desprende del 2 de la Ley del Impuesto al Activo, sin que de su redacción se advierta nada diferente, de tal manera que si se analiza dicho ordenamiento jurídico e incluso la legislación vigente en dos mil seis y ejercicios anteriores, tenemos que el objeto de la contribución lo constituyen los activos de las personas morales y de las personas físicas con actividades empresariales, sin que sea dable afirmar que un activo sólo refleja capacidad contributiva cuando se permita la deducción de las deudas, siendo que el objeto del impuesto esta constituido por los activos.

Las deudas no son la base del impuesto al activo, sino que se estableció como un beneficio el que los contribuyentes pudieran disminuirlas del valor del activo y así determinar su impuesto; sin embargo, con el transcurso del tiempo, se vio que el hecho de permitir

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80004-b29b4cc7/amparo-en-revision-89-2008-y-otras-15 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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