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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 705/2011. **********. 26 DE ABRIL DE 2012. 9 VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIO ADJUNTO: JUAN JOSÉ RUIZ CARREÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 705/2011. · Registro digital (IUS): 80030
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, Septiembre de 2012, Versión electrónica, Pág. 2.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente a la sesión del veintiséis de abril de dos mil doce.

Vo.Bo.

V I S T O S ; y,

R E S U L T A N D O:

C o t e j ó:

PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el catorce de febrero de dos mil siete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, **********, por conducto de sus representantes legales, respectivamente, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se detallan:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES. -- a) Honorable Congreso de la Unión integrado por la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados b) Ciudadano Presidente de la República c) Ciudadano Secretario de Gobernación, d) Ciudadano Director del Diario Oficial de la Federación; e) Ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, f) Ciudadano Jefe del Servicio de Administración Tributaria, cada una de dichas autoridades con domicilio en: a) Av. Congreso de la Unión No. 66, Edifico G. Tercer piso, Col. El Parque, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15969, México, D.F.; b) Palacio Nacional, Edificio 10, Planta Baja, Col. Centro, México, D.F.; c) Calle Bucareli 99, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.; d) Calle Bucareli 99, México, D.F.; e) Palacio Nacional, Primer Patrio Mariano, Tercer Piso, Oficina 3045, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F.; f) Palacio Nacional Primer Patrio Mariano, Tercer Piso, Oficina 3045, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., respectivamente. -- IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. Del Honorable Congreso de la Unión (ambas Cámaras), reclamo: El estudio, discusión y aprobación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal, del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de diciembre de dos mil seis, en específico en la parte en la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo, concretamente su Artículo Sexto que REFORMA los artículos 2o., primer párrafo; 5º-A, primer párrafo; 5º-B; 9º, último párrafo; 13, fracciones I, segundo párrafo y V, y 13-A, fracciones I y III, primer párrafo, y DEROGA los artículos 5º; 12-A; 12-B y 13, fracción I, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo de la Ley del Impuesto al Activo y el Artículo Séptimo Transitorio de dicho Decreto; que dio por resultado la imposibilidad de deducir deudas contraídas por los causantes, en el cálculo del Impuesto al Activo, lo que vicia de inconstitucionalidad a todo el tributo, según se describirá más adelante. -- 2. Del Ciudadano Presidente de la República, reclamo:--- La promulgación y expedición del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de diciembre del dos mil seis, en específico en la parte en la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Activo, concretamente su Artículo Sexto que REFORMA los artículos 2o., primer párrafo; 5º-A, primer párrafo; 5º-B; 9º, último párrafo; 13, fracciones I, segundo párrafo y V, y 13-A, fracciones I y III, primer párrafo, y DEROGA los artículos 5º; 12-A; 12-B y 13, fracción I, último párrafo, de la Ley del Impuesto al Activo y el Artículo Séptimo Transitorio de dicho Decreto; que dio por resultado la imposibilidad de deducir deudas contraídas por los causantes, en el cálculo del Impuesto al Activo, lo que vicia de inconstitucionalidad a todo el tributo, según se describirá más adelante. -- 3. Del Ciudadano Secretario de Gobernación, reclamo: La promulgación, expedición y refrendo del decreto que ordena la publicación y observancia de las reformas a la Ley del Impuesto al Activo, supradichas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintisiete de diciembre de 2006, en vigor desde el pasado primero de enero. -- 4. Del Ciudadano Director del Diario Oficial de la Federación, del decreto que contiene las reformas a la Ley del Impuesto al Activo, supradichas, en vigor desde el pasado primero de enero. -- 5. Del Ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público y/o Ciudadano Jefe del Servicio de Administración Tributaria, reclamo:--- La ejecución o posible ejecución que en perjuicio de mi mandante realice del decreto supracitado y/o del Impuesto al Activo. -- 6. De todas las Autoridades responsables reclamo: Todas las consecuencias de hecho y de derecho que se deriven de los actos que a cada una de ellas reclamo en lo particular y que directa o indirectamente resulten de los mismos, y muy específicamente, cualquiera orden o disposición para que se tome cualquier medida administrativa de carácter coercitivo para obtener el pago del gravamen de referencia, tales como embargo de bienes y remate de los mismos.".

SEGUNDO. Garantías violadas. Las quejosas señalaron como garantías violadas las contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; bajo protesta de decir verdad narraron los antecedentes del caso y expresaron los conceptos de violación que estimaron pertinentes.

TERCERO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Previo requerimiento a la parte quejosa, mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil siete, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, al que por razón de turno correspondió conocer del asunto, admitió a trámite la demanda de garantías registrándola con el número **********.

CUARTO. Resolución del juicio de amparo. Posteriormente, seguidos los trámites legales, el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional el doce de noviembre de dos mil siete en la que se dictó la sentencia correspondiente, terminada de engrosar el trece siguiente y concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. SE SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por **********, en representación de las personas morales denominadas **********, así como también comparece ********** en representación de **********, respecto de los actos reclamados que se precisan en los considerandos tercero y quinto, de esta resolución, atribuidos a las autoridades responsables indicadas en el resultando primero de este fallo. -- SEGUNDO. Con la salvedad anterior LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A **********, en representación de las personas morales denominadas **********, así como también comparece ********** en representación de **********, en contra de los diversos actos que se reclaman de las propias autoridades responsables, especificados en el último considerando de esta sentencia y para los efectos indicados en la parte final del mismo."

Las consideraciones que sustentan la sentencia, en lo que a esta ejecutoria interesa, son las siguientes:

"OCTAVO. Resulta fundado y suficiente el primer concepto de violación que aduce la quejosa, por las consideraciones que a continuación se externan. -- La parte agraviada sustancialmente refiere que los preceptos legales reclamados, transgreden la garantía de proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no reconocer y no respetar la verdadera capacidad contributiva de las aquí quejosas, dado que el mencionado precepto obliga a los mexicanos a contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa, según lo dispongan las leyes, porque la revelación económica de las quejosas es parcialmente considerada al no permitírseles la deducción de los pasivos para la determinación de la base del tributo. -- También afirman que al implantarse el diverso numeral 5-A, de la Ley del Impuesto al Activo, se impide a las empresas deducir las deudas, sin atender la verdadera capacidad contributiva del contribuyente, ya que no se toma en cuenta que el patrimonio de las empresas se conforma de activos menos pasivos, y al no considerarlo así, se genera que se grave sólo el activo bruto y no su correlativa deuda, lo que contraviene la garantía de proporcionalidad, en la medida en que no se permite recuperar el importe de los costos incurridos ni de las erogaciones efectuadas para adquirir su activo. -- También aduce, que el impuesto al activo, es un tributo de naturaleza personal, en oposición al real, y por ende debería determinarse en función del patrimonio del contribuyente, que los artículos combatidos obligan a las impetrantes de garantías a calcular el tributo sobre una base irreal, que no considera el aspecto negativo de su patrimonio, pues la contratación de la deuda es lo que permite capitalizarse, invertir y cubrir gastos de operación, para la generación de ingresos y posteriormente utilidades. -- Argumenta la parte quejosa que la mecánica de determinación del activo, no respeta la capacidad contributiva, en virtud de que se mide en función de los activos brutos, al no permitir la disminución de las deudas del monto de los activos, por lo tanto viola la garantía de proporcionalidad, pues el legislador no reconoce la realidad económica, sino que la crea sobre bases ficticias o irreales. -- Como se adelantó, son fundados los argumentos contenidos en el primer concepto de violación, sintetizados en párrafos que anteceden y para arribar a esa conclusión, es importante hacer referencia a los orígenes del tributo reclamado, así como a sus modificaciones sustanciales. -- La actual Ley del Impuesto al Activo, inició su vigencia el primero de enero de mil novecientos ochenta y nueve, con la entonces denominación de la Ley del Impuesto al Activo de las Empresas (inicialmente llamada Impuesto al Activo Neto de las Empresas). -- En la exposición de motivos de la iniciativa de la ley, presentada por el Ejecutivo Federal el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante la Cámara de Diputados, se pueden apreciar las razones que llevaron a justificar la creación del referido impuesto, y en lo que aquí interesa son las siguientes:--- 'Impuesto al Activo Neto de las Empresas. -- La presente iniciativa incluye el establecimiento con vigencia propia de la Ley del Impuesto al Activo Neto de las Empresas, la cual tiene por objeto incorporar un nuevo impuesto federal complementario del Impuesto Sobre la Renta. (...) Asimismo, la ley del impuesto que se propone considera que la base del mismo sea el valor del activo neto del ejercicio; concepto que se forma por la diferencia que se obtenga de restar el valor anual del activo, el valor anual del pasivo. Estos valores descansan en valores promedios mensuales de los diversos componentes del activo y del pasivo del contribuyente.'. -- Dichos argumentos, permiten afirmar que el origen del Impuesto al Activo, se sustentó en que la carga impositiva se fijaría en función del valor neto de los activos y no de su valor bruto; dicho en otras palabras, la base sobre la cual se aplicaría la tasa correspondiente sería el resultado de disminuir o restar el valor de las deudas o pasivos sobre el valor de los activos brutos. -- Lo anterior, derivó de razones claramente de proporcionalidad y equidad tributaria, puesto que las deudas o los pasivos constituyen un elemento esencial que necesariamente se refleja en la base del Impuesto al Activo. -- Hasta antes de las reformas en estudio, esto es, durante los ejercicios fiscales que comprenden los años de mil novecientos ochenta y nueve al dos mil seis, los contribuyentes calcularon el impuesto sobre el valor de los activos netos, puesto que las disposiciones vigentes durante ese período permitían la deducción de las deudas o los pasivos, es decir, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, la base del impuesto se determinaba, en términos generales, de la siguiente forma. -- Valor de los activos, conforme a lo establecido en los artículos 1° y 2° de la Ley del Impuesto al Activo, es igual a los activos brutos. -- Menos el valor de las deudas o los pasivos precisados en el artículo 5° (derogado) de la Ley del Impuesto al Activo. -- El precepto legal en el que se sustentaba lo anterior, era del siguiente tenor:--- 'Artículo 5. (Se transcribe).'. -- A partir del primero de enero de dos mil siete y de acuerdo al artículo reformado que se analiza (5-A de la Ley del Impuesto al Activo), se modificó la forma de calcular el Impuesto al Activo. -- La modificación que aquí interesa, consiste básicamente en que, para la determinación del Impuesto al Activo del ejercicio dos mil siete, incluyendo sus pagos provisionales, ya no se permite considerar deducciones (deudas o los pasivos), considerando únicamente el valor de los activos, sin poder deducir o disminuir las deudas. -- Lo anterior implica que se elimina la posibilidad de deducir todas las deudas, tal y como lo establece el artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, en vigor, cuyo texto quedó reformado en los siguientes términos. -- 'Artículo 5o. A. (Se transcribe).'. -- Sentado lo anterior, conviene atender a los imperativos contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice. -- 'Artículo 31, fracción IV. (Se transcribe).'. -- Innumerables criterios jurisprudenciales han determinado que de acuerdo con la norma fundamental antes transcrita, para la validez constitucional de las contribuciones en su género y en particular, la de los impuestos, se requiere la satisfacción de los siguientes requisitos fundamentales:--- a) Que sean establecidos en la ley;--- b) Que sean determinados con exactitud los caracteres esenciales de la contribución, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago;--- c) Que sean proporcionales y equitativos; y--- d) Que se destinen al pago de los gastos públicos. -- Si falta alguno de estos requisitos, necesariamente el impuesto será contrario a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -- Ahora bien, el principio de proporcionalidad tributaria que aquí interesa, es, por una parte, el que estatuye que los gravámenes se fijen en las leyes deben ser acordes a la capacidad económica del sujeto obligado a su pago de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativamente superior a las de medianos y reducidos recursos; y por la otra, que a cada contribuyente individual y exclusivamente considerado, la ley lo obligue a aportar una parte razonable de su riqueza. -- Así, el elemento esencial de la garantía de proporcionalidad tributaria radica sobre la capacidad económica del obligado, puesto que dicha capacidad será el factor determinante de la proporción idónea en la que cada persona debe contribuir a los gastos públicos, pues es la base, el único elemento que puede reflejar la auténtica capacidad contributiva. -- Lo anterior deja de manifiesto que la situación particular de cada sujeto obligado (por las condiciones económicas, salvo los casos de estímulos fiscales), será el parámetro determinante para que contribuya al gasto público, pues es evidente que no todos los sujetos cuentan con las mismas características económicas y por ello no pueden contribuir de manera idéntica. -- A fin de equilibrar la manera de contribuir de manera equitativa y objetiva, es conveniente acudir al monto de la riqueza que producen o detentan, que deriva de sus ingresos, utilidades o rendimientos; así lo ha considerado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada a folio 302, tomo 199-204, Primera Parte, Séptima Época, del semanario Judicial de la Federación, intitulada:--- 'IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. (Se transcribe).'. -- Como puede advertirse, la garantía de proporcionalidad tributaria se sustenta en la capacidad contributiva del obligado, por lo que la norma que establece un impuesto debe considerar la mayor o menor capacidad económica, de ahí que el elemento en que debe sustentarse el monto del impuesto lo es la base gravable, el cual debe estar sustentado en una manifestación objetiva de la riqueza, puesto que de manera objetiva demuestra la capacidad económica del contribuyente. -- Si lo anterior no es atendido por el legislador, evidentemente estamos frente a una norma contributiva desproporcional y por ende inequitativa, pues desatiende la realidad del gravamen. -- En suma, puede concluirse que la garantía de proporcionalidad tributaria exige una estrecha relación entre la base gravable y el impuesto. -- Ahora, para determinar cuál es la base gravable del Impuesto al Activo, es conveniente citar, en otro aspecto, la parte conducente de la exposición de motivos por la cual se creó dicho gravamen:---'(Se transcribe).'. -- Lo anterior fue reflejado en las normas que integran la Ley del Impuesto al Activo, pues tanto la base gravable como la tasa para establecer el impuesto al activo, se encuentran previstas en el artículo 2° de la referida ley, precepto legal que fue reformado por el Artículo Sexto del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial Sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; el artículo en cita estatuye:--- 'Artículo 2o. (Se transcribe).'. -- Tal precepto, a partir del primero de enero de dos mil siete, establece que la base gravable del impuesto al activo se integra por el valor del activo del ejercicio, el cual se determina con la suma del valor promedio de los activos, conforme al procedimiento establecido en el propio artículo, puesto que se determinará aplicando la tasa del 1.25% al valor del activo del ejercicio, sin que se aprecie la posibilidad de aplicar a dicho monto deducción alguna. -- Sin embargo, como ha quedado de manifiesto, la base sobre la cual se debe calcular el impuesto de que se trata, lo es el activo neto, (que incluye la deducción de deudas), pues solo de esa manera se puede obtener el factor que determine la verdadera capacidad contributiva, aspecto que el legislador necesariamente debe tomar en cuenta como presupuesto esencial de toda contribución. -- En efecto, las deudas o pérdidas, son un factor que incide en la base del impuesto, cuyo tema incluso dio lugar a que el máximo Tribunal del País declarara la no violación al principio de proporcionalidad y equidad tributarias, respecto de aquellas personas que reportaran ese tipo de acontecimientos en su ejercicio fiscal, frente a los que no lo hicieran, dejando en claro que es el activo aquél que incide en el monto del gravamen a contribuir; dichos argumentos quedaron condensados en la tesis P. LX/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 13, tomo VIII, diciembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice:--- 'ACTIVO DE LAS EMPRESAS, IMPUESTO AL. LA LEY RELATIVA NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y DE PROPORCIONALIDAD PREVISTOS EN EL ARTICULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL, AL NO CONSIDERAR LA DESIGUALDAD EXISTENTE ENTRE QUIENES REPORTAN PERDIDAS EN SU EJERCICIO FISCAL Y LOS QUE REPORTAN UTILIDADES. (Se transcribe).'. -- Bajo esa perspectiva, se estima que la reforma que se tilda de inconstitucional contraviene el principio de proporcionalidad tributaria, pues no es factible que a la capacidad contributiva no puedan tomarse en cuenta las deudas de la parte quejosa, ya que no refleja la riqueza real que detenta. -- Apoya esa determinación, la jurisprudencia número 129, del Pleno del máximo Tribunal del País, plasmada en la página 163, tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece:--- 'CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. (Se transcribe).'. -- A manera de ilustración, debe decirse que antes de las reformas materia de la litis constitucional, si un determinado contribuyente, contaba con un activo que ascendía a la cantidad de $********** y tenía deudas por un monto de $**********, la base para calcular el impuesto era de $**********, pues las deudas constituían un elemento que incidía negativamente en el valor de los activos brutos, empero, con la derogación del artículo 5, de la Ley del Impuesto al Activo, los contribuyentes se encuentran obligados a determinar la base del impuesto sin deducción alguna, lo que implica que la carga impositiva se fijará tomando en cuenta únicamente el valor de los activos brutos, esto es, si el obligado detenta activos por un importe de $********** y deudas de $**********, la base del impuesto será de $**********, circunstancia que evidentemente no refleja la riqueza real (base) que sirva de factor determinante para contribuir al gasto público, pues no son considerados los $100,000 por concepto de deudas contraídas. -- Ahora bien, si partimos del anterior ejemplo, cuando la empresa recupere la deuda contraída ($**********), sin lugar a dudas pasará a formar parte de su activo, el que servirá de sustento para establecer la nueva base del impuesto que deba declarar en un período distinto; también es dable considerar, que si dicho adeudo ($**********) no es recuperado jamás, ello permitirá concluir que la riqueza del contribuyente se vio mermada y deteriorada, lo que implica que el momento en que emitió su declaración con la base de $**********, era la cantidad que efectivamente demostraba su capacidad tributaria. -- En consecuencia, debe considerarse que las deudas inciden sobre la capacidad contributiva, pues es un elemento que debe estimarse inseparable del objeto del gravamen, porque de lo contrario se contraviene el principio de proporcionalidad tributaria al no reflejar la auténtica riqueza del obligado. -- Respalda los anteriores asertos, por las razones que la animan, la tesis XLV/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a folio 63, tomo II, agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe:--- 'ACTIVO. EL ARTICULO 5o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (Se transcribe).'. -- Así como la diversa tesis de jurisprudencia 53, del Pleno del máximo Tribunal del País, consultable a foja 79, tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza:--- 'ACTIVO. EL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, EN CUANTO HACE UNA EXCEPCIÓN A LA AUTORIZACIÓN DE CIERTAS DEDUCCIONES, VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. (Se transcribe).'. -- Por lo anteriormente expuesto y fundado, y al resultar violatorios de garantías los dispositivos legales en estudio, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a las quejosas, en contra del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del día veintisiete del mismo mes y año, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, específicamente por lo que atañe a los artículos 2º, 5º. A, fracciones I, y II, del Séptimo Transitorio, fracciones I y II, para efecto de que se restituya a las agraviadas, en el goce de la garantía individual violada hasta antes de la entrada en vigor de tales disposiciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, debiéndose de desincorporar de la esfera jurídica de las agraviadas, las limitaciones para deducir las deudas a fin de determinar la base del impuesto al activo, por el tiempo en que tengan vigencia los preceptos relativos. -- Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 31 5/1989, visible en la página 228, tomo III, Primer Parte, enero a junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:--- 'LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. (Se transcribe).'. -- En la inteligencia de que, si bien, la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a su formación, expedición, promulgación y refrendo de las disposiciones legales combatidas, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. -- Lo anterior, acorde con los lineamiento establecidos en la tesis el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 1164, publicada en la página 1162, tomo I, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-200, que literalmente establece:--- 'LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. (Se transcribe).'. -- Por tanto, al resultar esencialmente fundados los argumentos contenidos en el primer concepto de violación y en los que se demostró que se vulneraron en perjuicio de la peticionaria del amparo el principio de proporcionalidad tributaria, contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta innecesario entrar al estudio de los restantes, ya que al concederse la protección constitucional solicitada al estimarse fundado uno de ellos, en nada variaría el sentido de este fallo. -- Resulta aplicable al caso la jurisprudencia número 168, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice:--- 'CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. (Se transcribe).'. (...).".

QUINTO. Interposición, trámite y resolución de los recursos de revisión. Inconformes con la sentencia referida, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente de la República Mexicana, así como el Subdirector de Amparos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, interpusieron sendos recursos de revisión, de los cuales correspondió conocer al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Mediante Acuerdo General 18/2007 de veinte de agosto de dos mil siete, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplazó la resolución de los asuntos en los que se impugnaron las reformas a la Ley del Impuesto al Activo hasta en tanto se establecieran criterios sobre la constitucionalidad de los artículos de la citada Ley.

El Presidente del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, por auto de veintisiete de enero de dos mil diez, admitió los recursos de revisión presentados por las autoridades responsables y los registró con el número **********.

Mediante Acuerdo General 13/2009 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil nueve, se levantó el aplazamiento dispuesto en el diverso Acuerdo General 18/2007 y se ordenó que los asuntos fueran resueltos por los Tribunales Colegiados de Circuito aplicando las tesis jurisprudenciales y aisladas emitidas por este Alto Tribunal.

El diez de marzo de dos mil diez, en cumplimiento al oficio STCCNO/91/2010 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Pleno del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, remitió el asunto a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla,

Correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, cuyo Presidente, mediante auto de nueve de abril de dos mil diez los recibió y los radicó con el número auxiliar A.R.A. **********; en sesión plenaria de nueve de septiembre de dos mil once, el órgano colegiado referido en último término, dictó resolución cuyo punto resolutivo se transcribe a continuación:

"ÚNICO. Se ordena remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que analice la posibilidad de ejercer su competencia originaria, en términos de lo expuesto en el último considerando de esta ejecutoria."

Las consideraciones que sustentan la sentencia, en lo que a esta ejecutoria interesa, son las siguientes:

"DÉCIMO CUARTO. Se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice la posibilidad de que ejerza su competencia originaria. -- Este tribunal colegiado, por la relevancia del tema sujeto a controversia en el tercer concepto de violación cuyo estudio omitió realizar el juez de distrito, considera que el presente recurso de revisión debe remitirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determine si desea asumir su competencia originaria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo y 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto tercero, fracción II, del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintiuno de junio de dos mil uno. -- Los artículos en comento, estable

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80030-45e9ff2c/amparo-en-revision-705-2011-26-de-abril · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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