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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 892/2007. ********** Y OTRAS. 15 DE JUNIO DE 2009. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIOS: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO, BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ALFREDO VILLEDA AYALA Y FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 892/2007. · Registro digital (IUS): 80006
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ********** Y OTRAS.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Versión electrónica, Pág. 5.

Vo.Bo.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de junio de dos mil nueve.

Cotejó:

V I S T O S, y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil siete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, en su carácter de representante de *****(1)*****, *****(2)*****, *****(3)*****, *****(4)*****, *****(5)*****, *****(6)*****, *****(7)*****, *****(8)*****, *****(9)***** y *****(10)*****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

a) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

b) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;

c) Presidente de la República;

d) Secretario de Gobernación; y

e) Director del Diario Oficial de la Federación, dependiente de la Secretaría de Gobernación (...);

IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables se reclaman:

A) De las CÁMARAS DE DIPUTADOS y DE SENADORES al CONGRESO DE LA UNIÓN, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 2006 (en lo sucesivo el 'Decreto de reformas'), por cuanto hace a sus artículos Sexto y Séptimo (relativos a la Ley del Impuesto al Activo) artículo Tercero (respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta) y el Decreto de expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, por cuanto hace a su artículo 16, quinto párrafo, inciso 1, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 2006, en lo sucesivo el 'Decreto de Ley de Ingresos').

B) Del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, la promulgación y orden de publicación de los Decretos mencionados en el inciso inmediato anterior.

C) Del SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, el refrendo de los Decretos citados en el inciso A) que antecede.

D) Del SECRETARIO DE GOBERNACIÓN y DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, la publicación de los Decretos citados en el inciso A) que antecede, misma que se efectuó el 27 de diciembre de 2006."

SEGUNDO. La parte quejosa señaló como preceptos violados en su perjuicio, los artículos 14, 16, 31, fracción IV y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.

TERCERO. De dicha demanda correspondió conocer, por razón de turno, al Secretario del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, encargado del despacho por vacaciones del titular, quien mediante auto de nueve de febrero de dos mil siete, admitió la demanda de garantías registrándola con el número **********. Por diverso proveído de catorce de febrero del año en cita, se tuvo al representante legal de las quejosas, así como a su autorizado, ampliando la demanda de amparo respecto de los conceptos de violación expresados (precisando los efectos de una eventual concesión del amparo), así como en relación con el acto reclamado (precisando que en la demanda se hace referencia al artículo 13, fracción I, último párrafo de la Ley del Impuesto al Activo y no al segundo párrafo de dicha disposición). Seguidos los trámites legales correspondientes, se verificó la audiencia constitucional el treinta de abril de dos mil siete, terminándose de engrosar la sentencia respectiva el día veintisiete de julio siguiente (firmada por el titular del juzgado), en la que se decidió:

1. Sobreseer de oficio respecto de:

a) La derogación de los artículos 5 y 13, fracción I, último párrafo de la Ley del Impuesto al Activo vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, al considerar que se actualizaron las causas de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones V y XVIII, esta última en relación con lo dispuesto en el artículo 80 (interpretado en sentido contrario), ambos preceptos de la Ley de Amparo, en atención a que las quejosas, por una parte, no acreditaron fehacientemente su interés jurídico para impugnar la derogación de dichos dispositivos, en los cuales se establecía un componente que servía para determinar la base del impuesto, sin que su eliminación por parte del legislador implicara que se dejaran de establecer los elementos esenciales del impuesto, lo cual en nada altera los derechos del contribuyente, ya que tal acto tiende a regir sobre situaciones futuras, además de que la afectación al interés jurídico de las quejosas deriva de la nueva mecánica para determinar el impuesto.

Por otra, en tanto la derogación de los preceptos aludidos implica su expulsión del sistema jurídico, no pueden contraponerse con el contenido de la Constitución Federal cuando se controvierten situaciones futuras o generadas por el cambio del sistema, de ahí que no puedan concretizarse los efectos del amparo en ese aspecto, porque no podría tener por objeto inaplicar la norma derogatoria y, en consecuencia, permitir que los artículos a los que se refiere la norma derogatoria cobren nueva vigencia, pues dicha situación es un problema de ultraactividad normativa que incide en el ámbito temporal de validez de la norma, el cual está vedado para que la autoridad de control constitucional actúe por virtud del principio de relatividad que rige sobre las sentencias de amparo.

b) El artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo y Séptimo, fracción I del Decreto de reformas por lo que se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley vigente a partir del primero de enero de dos mil siete, al considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, en relación -exclusivamente- con la quejosa *****(7)*****, por carecer de interés jurídico. El Juez Federal consideró que dicha empresa, al haberse constituido e iniciado operaciones el ********** (presentó su solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes el **********), al no ubicarse en los supuestos de exención a que se refiere el artículo 6, penúltimo párrafo de la Ley del Impuesto al Activo y, al no haber transcurrido a la fecha de presentación de la demanda los cuatro ejercicios fiscales señalados en el artículo 5-A de la ley reclamada, no puede determinar el valor de su activo conforme al cuarto ejercicio inmediato anterior, pues al no tener existencia la contribuyente en aquella época, tampoco puede haber detentado activos, además de que para los ejercicios fiscales de dos mil cinco y dos mil seis, no determinó el impuesto a su cargo en términos del citado artículo 5-A vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, pues se encuentra imposibilitada para determinar la base del impuesto (el valor de sus activos), conforme al cuarto ejercicio inmediato anterior.

2. Considerar que en el caso a estudio no se actualizaron las siguientes causas de improcedencia:

a) Las previstas en el artículo 73, fracciones V, VI y XVIII, ésta en relación con el artículo 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo (por ausencia de interés jurídico al no haber acreditado las quejosas que son sujetos del impuesto, que realizan actividades empresariales, que cuentan con activos y deudas y que se encuentran en alguna de las diversas categorías que la ley regula, así como por inexistencia de un acto de aplicación que legitime a las quejosas para impugnar las normas reclamadas, de modo que resentirán un perjuicio hasta el momento en que rindan su declaración anual y no así en las provisionales), en razón de que los preceptos reclamados (artículos 2 y 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, éste en relación con el Séptimo, fracción I del Decreto de reformas por lo que se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley vigente a partir del primero de enero de dos mil siete), constituyen disposiciones autoaplicativas que se deben acatar desde el inicio de su vigencia y las quejosas (salvo *****(7)*****), acreditaron ser personas morales sujetos pasivos del impuesto al realizar actividades empresariales -incluso al inicio del ejercicio fiscal de dos mil siete-, por lo que se encuentran obligadas a presentar declaraciones de pago tanto provisionales como la del ejercicio, así como haber ejercido la opción prevista por el artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, con anterioridad a la vigencia del nuevo precepto reformado; precisó el Juez Federal que no resultaba necesario que demostraran que tienen deudas contratadas en el ejercicio de dos mil siete, pues la nueva mecánica para determinar el impuesto al activo en sí misma implica una restricción en la esfera jurídica de los sujetos pasivos del impuesto, lo cual les genera un perjuicio desde la entrada en vigor de las normas reclamadas.

Además, consideró que las argumentaciones apoyadas en las citadas causas de improcedencia relacionadas con los artículos 224, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 16, quinto párrafo, inciso 1 de la Ley de Ingresos de la Federación, ambos vigentes para el ejercicio fiscal de dos mil siete, resultaban inatendibles porque el análisis atinente al trato fiscal benéfico e injustificado -en opinión de las quejosas- que dichos preceptos contienen en relación con determinados sujetos del impuesto al activo, constituyen aspectos de fondo y no propiamente del apartado de improcedencia del juicio.

b) La que se desprende del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 80 (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo (no es jurídicamente factible concretar los efectos de la concesión del amparo y, en su caso, no pueden tener el carácter de especulativos, ya que sólo pueden reconocer derechos preexistentes y no constituirlos), pues contrario a lo aducido por las responsables, los efectos de una sentencia concesoria serían los de desincorporar de la esfera jurídica de las quejosas, los elementos esenciales o variables del impuesto al activo, al efecto de que no se encontrasen sujetas al entero de la obligación tributaria sustantiva, o bien, a efecto de corregir los elementos variables e incorporarlos congruentemente en el mecanismo de determinación, sin que ello constituya un derecho a favor de las quejosas y oponible a la autoridad, ni se invada la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, pues no se generaría un régimen de excepción no previsto por el legislador.

c) La que se deduce de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 76 de dicho ordenamiento legal y 107, fracción II de la Constitución Federal (la quejosa controvierte una omisión legislativa derivada de la inexistencia de un mecanismo de cálculo para disminuir las deudas de la base gravable del impuesto al activo), en atención a que la quejosa no impugnó alguna omisión legislativa; consideró el juzgador federal que, en su caso, no puede estimarse como tal la derogación de los artículos 5 y 13, fracción I, último párrafo de la Ley del Impuesto al Activo vigentes hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, pues se reclaman en el contexto de los artículos 2 y 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, éste en relación con el Séptimo, fracción I del Decreto de reformas por lo que se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley vigente a partir del primero de enero de dos mil siete, los cuales establecen un nuevo sistema normativo.

d) La derivada de lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 80 (interpretado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo y, a su vez, en relación con los artículos 31, fracción IV, 49 y 73, fracción VII de la Constitución Federal (las argumentaciones de la quejosa controvierten la política económico-fiscal), en atención a que con la sentencia que se dicte no se analizará la política económico-fiscal delimitada por el Congreso de la Unión al establecer las contribuciones, sino únicamente, a la luz de los conceptos de violación, el resultado normativo en que se plasme el ejercicio de la potestad tributaria para determinar si ésta se somete a los límites que el Constituyente impuso al legislador ordinario.

3. En cuanto al estudio de fondo:

a) Declarar infundados los argumentos contenidos en el tercer concepto de violación en que se adujo que el artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo en relación con el Séptimo, fracción I del Decreto de reformas por lo que se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley vigente a partir del primero de enero de dos mil siete, transgreden la garantía de irretroactividad de la ley, en atención a que el primer precepto señalado en ningún momento se refiere a que la determinación de la base del impuesto del ejercicio, tenga que hacerse conforme a la legislación vigente en el cuarto ejercicio inmediato anterior, sino que de su recta interpretación -en relación con el segundo precepto señalado-, se refiere a la determinación de la base del impuesto del ejercicio por el cual se rinde la declaración, atendiendo al valor del activo del cuarto ejercicio inmediato anterior, el cual, una vez determinado, será actualizado a efecto de aplicarle la tasa del impuesto, sin incorporar en la determinación de la base el valor de las deudas del mismo ejercicio.

Señaló el Juez Federal que la obligación de seguir tributando bajo la mecánica del impuesto al activo que impone el último párrafo del artículo 5-A de la ley reclamada, se refiere al diferimiento del impuesto y no al cálculo y determinación conforme a la legislación vigente al momento de ejercer la opción, con lo que se pretendió que la determinación del impuesto al activo fuera hecha ejercicio por ejercicio, evitando cambios constantes de régimen de tributación y permitiendo que el desempeño económico de la empresa fuera evaluado conforme a su evolución comercial, pues de permitir la posibilidad de optar por el mecanismo del artículo 5-A en un ejercicio, para que al siguiente ejercicio fiscal pudiera optar por la mecánica general prevista en el diverso artículo 2, no se cumplirían los principios de control y eficiencia económica implícitos en la propia configuración del impuesto al activo.

Por tanto -concluyó el juzgador federal- no existe un derecho adquirido a favor de la quejosa y, por tanto, los preceptos aludidos de la ley reclamada no vulneran lo dispuesto por el artículo 14, primer párrafo de la Constitución Federal.

Destacó que no pasaba inadvertido el contenido de la jurisprudencia de rubro: "CONSOLIDACIÓN FISCAL. LAS REFORMAS A LOS PRECEPTOS QUE REGULAN ESTE RÉGIMEN, QUE INICIARON SU VIGENCIA EL PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, SON VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y POR CONSECUENCIA DE LA CERTEZA Y LA SEGURIDAD JURÍDICAS, EN RELACIÓN, EXCLUSIVAMENTE, CON LOS CONTRIBUYENTES QUE EN ESE MOMENTO TRIBUTABAN DENTRO DEL PERIODO OBLIGATORIO DE CINCO EJERCICIOS, SÓLO RESPECTO A LOS PENDIENTES DE TRANSCURRIR." (número P./J. 95/2001), pues consideró que en la ejecutoria relativa al amparo en revisión 1037/99, se determinó que la violación al principio de irretroactividad se daba con motivo de situaciones de tributación concretas derivadas de un acto particularizado consistente en la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tributar, por cinco ejercicios fiscales, conforme al régimen de consolidación fiscal, porque la reforma relativa pretendía desconocer ese derecho adquirido para tributar durante cinco ejercicios, lo que no sucede en el caso, pues en ningún momento se le pretende desconocer su derecho a tributar conforme al valor del activo en el cuarto ejercicio inmediato anterior, y sin que lo anterior implique que el legislador no pueda cambiar las bases de la tributación de carácter general y abstracto, como son la determinación del objeto o la base del impuesto, las cuales no constituyen un derecho irrevocable del contribuyente.

Sostuvo el Juez de Distrito que todo lo anterior es congruente con lo dispuesto por el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

b) Declarar infundados los argumentos contenidos en el cuarto concepto de violación en que se adujo que el artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo en relación con el Séptimo, fracción I del Decreto de reformas por lo que se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley vigente a partir del primero de enero de dos mil siete, transgreden las garantías de proporcionalidad y equidad tributaria, en atención a que de la interpretación sistemática de dichos preceptos se advierte que la tasa que deben considerar los contribuyentes que apliquen el régimen opcional contenido en el primer precepto señalado, es la prevista en el artículo 2 de la ley señalada, es decir, la del 1.25% -y no la del 1.8% como lo aducen las quejosas-, lo cual se corrobora con la regla 4.16 de la Décima Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil seis y su Anexo 5, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de enero de dos mil siete.

c) Declarar infundados los argumentos contenidos en el sexto concepto de violación, en que se adujo que el artículo 2 de la Ley del Impuesto al Activo, vulnera el principio de proporcionalidad tributaria en cuanto establece una tasa fija de impuesto, en razón de que el legislador, en pleno ejercicio de su potestad tributaria, puede atender a mecanismos de tarifas progresivas o regresivas, o bien, al sistema de tasa fija, a efecto de establecer la manera de cuantificar la capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto en función del objeto gravado.

Conforme a los procedimientos de determinación de la base del impuesto previstos en los artículos 2 y 5-A de la Ley del Impuesto al Activo -consideró el juzgador federal-, entre mayor sea la tenencia de activos consecuentes a la obtención de utilidades, mayor será la base del impuesto a la cual se le aplicará la medida promedio del 1.25% que establece la tasa prevista en el primer párrafo del artículo 2 de dicha ley, con lo cual, en principio, el hecho imponible considera un elemento susceptible de determinar una capacidad contributiva, la cual en sí misma es cuantificable. Por lo que se refiere a la intensidad con que se realiza ese hecho imponible, los mecanismos contenidos en los referidos preceptos permiten que cuando exista una menor tenencia de activos, el impuesto a enterar será menor, lo cual funciona a la inversa en caso de que la tenencia de activos sea mayor. Además, la tasa única permite cuantificar la carga tributaria de cada uno de los sujetos pasivos de forma congruente con la intensidad que se realiza el hecho imponible.

Consideró aplicable al caso la jurisprudencia número P./J. 67/98 del Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "ACTIVO. LA TASA FIJA DEL 1.8% QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DE DICHO IMPUESTO, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA.", con base en la cual estimó que el sexto concepto de violación, a su vez, deviene inoperante en atención a que el tema relativo a la desproporcionalidad de la tasa fija del impuesto al activo ya fue analizado por este Alto Tribunal, el cual no se ve afectado por la reforma al párrafo primero del artículo 2 de la ley reclamada.

d) Declarar infundados los argumentos en que se adujo que la reforma a la Ley del Impuesto al Activo viola lo dispuesto por los artículos 16 y 115, fracción IV, inciso a) de la Constitución Federal, en la medida en que tales dispositivos representan una garantía de seguridad jurídica para los gobernados porque se establece en el ordenamiento fundamental que la autoridad competente, en todo caso, para imponer contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria son las legislaturas de las entidades federativas y no el Congreso de la Unión.

Contrario a lo argumentado, entre los impuestos predial, que grava el suelo o el suelo y las construcciones adheridas a él, y al activo, que respecto de inmuebles resulta necesaria la existencia de una persona moral o física que tenga actividades empresariales -para que el bien inmueble de que se trate adquiera el carácter de activo-, se advierten claras diferencias que permiten establecer que la potestad federal, grava bienes distintos de los que corresponden a los órganos legislativos de las entidades federativas (en particular referencia al impuesto predial establecido en el Código Financiero del Distrito Federal), aunque se refiera como activos, entre otros, a los bienes inmuebles, cuya tenencia ostentan las personas físicas o morales con actividades empresariales. De ahí que si bien la Ley del Impuesto al Activo puede incorporar los bienes inmuebles para la determinación de la base del impuesto, tal situación no grava en sí el bien inmueble, sino en el caso de que este sea detentado por un sujeto dedicado a la actividad empresarial integrándolo como parte de su activo. Por ello la reforma impugnada no trastorna la naturaleza del impuesto en virtud de que en el caso el hecho imponible es la tenencia de activos detentada por las personas físicas o morales residentes en territorio mexicano que realicen actividades empresariales.

e) Declarar infundados los argumentos en que se adujo que los artículos 224, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 16, quinto párrafo, inciso 1 de la Ley de Ingresos de la Federación vigentes para el ejercicio fiscal de dos mil siete, vulneran el principio de equidad tributaria pues, contrario a lo señalado, resulta justificada razonable y objetivamente la exención que respecto del impuesto al activo prevén tales preceptos en beneficio de cierto tipo de contribuyentes (para quienes sean propietarios de cuentas por cobrar derivadas de contratos celebrados con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal y para fideicomisos inmobiliarios emisores de certificados de participación), justificación que se desprende del propio numeral o del proceso legislativo, al perseguir un fin extrafiscal.

De acuerdo con lo anterior, el Juez Federal decidió negar el amparo solicitado por las quejosas respecto de los artículos 2 y 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, éste en relación con el Séptimo, fracción I del Decreto de reformas por lo que se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley, 16, quinto párrafo, inciso 1 de la Ley de Ingresos de la Federación y 224, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, todos vigentes para el ejercicio fiscal de dos mil siete (dicha negativa sin cobertura por lo que se refiere a los artículos 5-A de la Ley del Impuesto al Activo y Séptimo, fracción I del Decreto de reformas por lo que se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley vigente para el ejercicio fiscal de dos mil siete, en cuanto fueron reclamados por la quejosa denominada *****(7)*****, pues el juzgador federal sobreseyó en el juicio respecto de dichos preceptos en relación con la empresa referida).

CUARTO. Inconforme con la resolución anterior, el autorizado de la parte quejosa interpuso recurso de revisión que se tramitó bajo el toca número **********, ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Encontrándose en estado de resolución el asunto y, al advertir el órgano colegiado de referencia que el caso a estudio no se encontraba en alguno de los supuestos que establece el punto Quinto, fracción I, inciso c), numeral 3 del Acuerdo General 5/2001 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que existiese jurisprudencia de este Alto Tribunal sobre el tema en particular, ni cinco precedentes emitidos por el Pleno o las Salas indistintamente, mediante acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil siete, consideró que en la especie se surtían los supuestos previstos en el punto Décimo Primero, fracción III del citado acuerdo general, por lo que ordenó dejar a salvo la jurisdicción de este Alto Tribunal, a efecto de que en ejercicio de su facultad originaria resolviera el problema de inconstitucionalidad planteado por las quejosas y remitirle los autos del juicio de amparo indirecto ********** y los del toca de revisión **********.

Por auto de veintiuno de septiembre de dos mil siete, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocara al conocimiento del recurso hecho valer quedando registrado con el número 892/2007; asimismo, en dicho proveído ordenó se notificara a las autoridades responsables y al Procurador General de la República para que éste formulara el pedimento respectivo y, finalmente, enviar el asunto a la Segunda Sala de este Alto Tribunal, a fin de que se turnara al Ministro correspondiente.

Recibidos los autos en esta Segunda Sala, mediante diverso proveído de cinco de octubre de dos mil siete, la entonces Presidenta de dicha instancia constitucional, Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, ordenó el avocamiento respectivo y turnar el asunto a su ponencia.

El diez de octubre siguiente, el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal hizo constar que en el plazo concedido al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, no se formuló pedimento alguno.

Previo dictamen de la Ministra ponente, el asunto fue enviado nuevamente al Tribunal Pleno donde quedó radicado por acuerdo dictado por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Tercero, fracción II del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, emitido por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por cuanto hace a sus artículos Sexto y Séptimo (relativos a la Ley del Impuesto al Activo) y artículo Tercero (respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta) y el Decreto de expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, por cuanto hace a su artículo 16, quinto párrafo, inciso 1, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis, en el que subsiste el problema de constitucionalidad relativo al sistema de tributación derivado de la regulación del impuesto al activo vigente para el ejercicio fiscal de dos mil siete.

SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida fue notificada por medio de lista a la quejosa el siete de agosto de dos mil siete, de acuerdo con la constancia actuarial que obra a fojas 1196 del cuaderno de amparo; por tanto, si el término de diez días que para la interposición del recurso establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del jueves nueve al miércoles veintidós de agosto de ese año, descontándose los días once, doce, dieciocho y diecinueve de agosto por haber sido sábados y domingos, respectivamente, y el recurso fue presentado el día miércoles veintidós de agosto del año citado, es indudable que fue interpuesto oportunamente.

TERCERO. Estudio de los agravios.

I. En los argumentos hechos valer por la quejosa, esencialmente se aduce lo siguiente:

1. Se aplicó en forma indebida lo establecido en el artículo 73, fracciones V y XVIII, ésta última en relación con el artículo 80 de la Ley de Amparo, en cuanto hace al sobreseimiento respecto del Decreto de reformas en la parte que corresponde a la derogación de los artículos 5 y 13, fracción I, último párrafo de la Ley del Impuesto al Activo.

Es incorrecta la determinación del Juez de Distrito relativa a que las quejosas carecen de interés jurídico para reclamar el Decreto de reformas en cuanto hace a la derogación de tales artículos, pues atendiendo a las argumentaciones expuestas en el escrito de demanda, se advierte que el reclamo de dicha derogación no se realizó en función del simple acto legislativo de hacerlo, sino por las consecuencias y efectos que genera el desconocimiento, a partir de dos mil siete, de la deducibilidad de deudas para la determinación de la base gravable del impuesto al activo. Incluso, tanto en el considerando quinto como en el séptimo de la sentencia recurrida, el propio Juez de Distrito reconoce que las disposiciones en vigor a partir de dos mil siete de la Ley del Impuesto al Activo, establecen una nueva manera para determinar el impuesto, la cual debe ser juzgada a la luz de los principios constitucionales establecidos en los artículos 14 y 31, fracción IV de la Constitución Federal.

Por lo que se refiere a los efectos restitutorios, el Juez está realizando un análisis previo del fondo del asunto, situación para la cual está impedido. La imposibi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80006-a2bf4c61/amparo-en-revision-892-2007-y-otras-15 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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