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Modo: Corpus Pro

AMPARO EN REVISIÓN 98/2008. **********. 15 DE JUNIO DE 2009. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIOS: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO, BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ALFREDO VILLEDA AYALA Y FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 98/2008. · Registro digital (IUS): 80007
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro II, Noviembre de 2011, Versión electrónica, Pág. 6.

Vo.Bo.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día quince de junio de dos mil nueve.

Cotejó:

V I S T O S, y

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil siete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey, Nuevo León, **********, en su carácter de representante de *****(1)*****, *****(2)*****, *****(3)*****, *****(4)*****, *****(5)*****, *****(6)*****, *****(7)*****, *****(8)*****, *****(9)*****, *****(10)*****, *****(11)*****, *****(12)*****, *****(13)*****, *****(14)***** y *****(15)*****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"III. AUTORIDADES RESPONSABLES:

a) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;

b) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión;

c) Presidente de la República;

d) Secretario de Gobernación; y

e) Director del Diario Oficial de la Federación, dependiente de la Secretaría de Gobernación;

IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables se reclaman:

A) De las CÁMARAS DE DIPUTADOS y DE SENADORES al CONGRESO DE LA UNIÓN, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 2006 (en lo sucesivo el 'Decreto de reformas'), por cuanto hace a sus artículos Sexto y Séptimo (relativos a la Ley del Impuesto al Activo), artículo Tercero (respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta) y el Decreto de expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2007, por cuanto hace a su artículo 16, quinto párrafo, inciso 1, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 2006 (en lo sucesivo el 'Decreto de Ley de Ingresos').

B) Del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, la promulgación y orden de publicación de los Decretos mencionados en el inciso inmediato anterior.

C) Del SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, el refrendo de los Decretos citados en el inciso A) que antecede.

D) Del SECRETARIO DE GOBERNACIÓN y DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, la publicación de los Decretos citados en el inciso A) que antecede, misma que se efectuó el 27 de diciembre de 2006."

SEGUNDO. La parte quejosa señaló como preceptos violados en su perjuicio, los artículos 14, 16, 31, fracción IV y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.

TERCERO. De dicha demanda correspondió conocer, por razón de turno, al Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien mediante auto de doce de febrero de dos mil siete, admitió la demanda de garantías registrándola con el número **********. Seguidos los trámites legales correspondientes, se verificó la audiencia constitucional el veintinueve de mayo de dos mil siete, terminándose de engrosar la sentencia respectiva el día treinta de octubre siguiente, en la que se decidió:

1. Sobreseer oficiosamente en el juicio respecto de:

a) La derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, al considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que la minoración tributaria que se otorgó a los contribuyentes en el ejercicio anterior para poder deducir sus deudas del valor de los activos fue desincorporada de su esfera jurídica de manera permanente y no temporal; por tanto, al momento de la presentación de la demanda de garantías, el derecho contenido en la disposición derogada ya no existía y, por tanto, esa situación no puede causar perjuicio a la parte quejosa (no afecta su interés jurídico).

b) Los artículos 2 y 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, este en relación con el Séptimo, fracción I del Decreto de reformas por lo que se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley, al considerar que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, en atención a que, no obstante que dichas normas tienen el carácter de autoaplicativas, la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar su inconstitucionalidad (en cuanto a la imposibilidad de deducir las deudas del valor de los activos), porque no demostró que tuviera deudas deducibles; al ser éstas un elemento variable que no se presenta en todos los contribuyentes del impuesto, el interés jurídico en el amparo para los que se duelen de la prohibición de deducir sus deudas, se debe colmar con la comprobación de que en efecto tienen deudas y que con la entrada en vigor de la norma se les causa un perjuicio al no permitírseles la deducción. Por tanto, si no se demuestra tal extremo, podría darse el caso de que la quejosa tuviera en su poder un amparo inútil que no consiguiera efectos restitutorios, sino que tuviera como fin una mera planeación fiscal al permitirle en el futuro contratar deudas para poderlas hacer deducibles, lo que es contrario a la naturaleza del juicio de garantías.

2. En cuanto al estudio de fondo subsistente -en concepto del Juez Federal-, declarar infundados los argumentos en que se adujo que los artículos 16, quinto párrafo (o penúltimo párrafo), inciso 1 de la Ley de Ingresos de la Federación y 224, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigentes para el ejercicio fiscal de dos mil siete, vulneran el principio de equidad tributaria pues, contrario a lo señalado, resulta justificada razonable y objetivamente la exención que respecto del impuesto al activo prevén tales preceptos en beneficio de cierto tipo de contribuyentes (para quienes sean propietarios de cuentas por cobrar derivadas de contratos celebrados con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal y para fideicomisos inmobiliarios emisores de certificados de participación), justificación que se desprende del propio numeral o del proceso legislativo, al perseguir un fin extrafiscal. En consecuencia, decidió negar el amparo solicitado respecto de tales preceptos.

CUARTO. Inconforme con la resolución anterior, el representante legal de las quejosas interpuso recurso de revisión que se tramitó bajo el toca número **********, ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

En atención al oficio número **********, de veintitrés de enero de dos mil ocho, signado por el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal, el Presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento ordenó remitir a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación los autos del juicio de amparo indirecto ********** y los del toca de revisión número **********.

Por auto de once de febrero de dos mil ocho, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se avocara al conocimiento del recurso hecho valer quedando registrado con el número 98/2008; asimismo, en dicho proveído ordenó se notificara a las autoridades responsables y al Procurador General de la República, y se reservara el trámite subsecuente del asunto.

El veintiocho de febrero de dos mil ocho, el Subsecretario General de Acuerdos de este Alto Tribunal hizo constar que en el plazo concedido al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, no se formuló pedimento alguno.

Mediante diverso proveído de veinticinco de junio de dos mil ocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó enviar los autos a la Segunda Sala, en cumplimiento a lo acordado por el Tribunal Pleno en sesión privada de veintiuno de mayo de dos mil siete.

Por auto de treinta de junio del año citado, el Ministro José Fernando Franco González Salas, Presidente de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, ordenó el avocamiento respectivo y turnar el asunto a su ponencia.

Previo dictamen del Ministro ponente, el asunto fue enviado nuevamente al Tribunal Pleno donde quedó radicado por acuerdo dictado por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Tercero, fracción II del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, emitido por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por cuanto hace a sus artículos Sexto y Séptimo (relativos a la Ley del Impuesto al Activo) y artículo Tercero (respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta) y el Decreto de expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, por cuanto hace a su artículo 16, quinto párrafo, inciso 1, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis, en el que subsiste el problema de constitucionalidad relativo al sistema de tributación derivado de la regulación del impuesto al activo vigente para el ejercicio fiscal de dos mil siete.

SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida fue notificada por lista a la parte quejosa el cinco de noviembre de dos mil siete, de acuerdo con la constancia actuarial que obra a fojas 1285 vuelta del cuaderno de amparo; por tanto, si el término de diez días que para la interposición del recurso establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del miércoles siete al miércoles veintiuno de noviembre de ese año, descontándose los días veintiuno de noviembre en términos del artículo 23 de la Ley de Amparo, diez, once, diecisiete y dieciocho del mismo mes por haber sido sábados y domingos, respectivamente, y el recurso fue presentado el día jueves quince de noviembre del año citado, es indudable que fue interpuesto oportunamente.

TERCERO. Estudio de los agravios.

I. En los argumentos hechos valer por la quejosa, esencialmente se aduce lo siguiente:

1. La sentencia dictada por el Juez A quo es ilegal, toda vez que al momento de emitirla, apreció de manera incorrecta los actos efectivamente reclamados en la demanda de garantías. Sobreseyó respecto del acto reclamado consistente en la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, ya que consideró en esencia, que en el presente juicio se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, al carecer de interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de esa norma. Sin embargo, las quejosas no reclamaron en sí mismo el acto consistente en la derogación de dicho precepto, sino lo que reclamaron fueron los efectos y consecuencias que dicha derogación generó, es decir, el nuevo sistema tributario establecido en la Ley del Impuesto al Activo a partir del primero de enero de dos mil siete, el cual resulta inconstitucional por ser desproporcional, al establecer un sistema de tributación que no grava de manera real la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto, según se expuso en el primer concepto de violación de la demanda de amparo.

En este tenor, la afectación en la esfera jurídica de las quejosas se materializa en el hecho de que a partir de dos mil siete se desconoce en la Ley del Impuesto al Activo la posibilidad de que los contribuyentes deduzcan, del valor de sus activos, las deudas a su cargo. Ese desconocimiento surge con motivo de la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, el cual por sí solo no afecta la esfera jurídica de las quejosas, pero su consecuencia sí lo hace, al establecer a partir de dos mil siete, un régimen de tributación apartado del principio de proporcionalidad tributaria, el cual se determina con base en lo dispuesto en el artículo 2 de la ley, el cual, también fue señalado como acto reclamado.

Serían correctas las afirmaciones del Juez de Distrito, sólo en el caso de que las quejosas hubieran reclamado únicamente el acto legislativo por el cual se derogó el artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, situación que no fue así, pues lo que impugnaron las ahora recurrentes fueron las consecuencias y efectos que esa derogación ocasionó, las cuales se traducen en el desconocimiento del derecho para deducir las deudas para determinar la base gravable de esa contribución.

Adicionalmente, resulta ilegal el sobreseimiento decretado respecto de la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, ya que en el segundo concepto de violación del escrito de demanda se alegó la consecuencia de esa derogación, consistente en la falta de reconocimiento de las situaciones jurídicas establecidas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema de tributación de dicho gravamen, lo cual transgredía la garantía de irretroactividad consagrada en el artículo 14 constitucional.

En ese tenor, resulta ilegal el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo, pues tal acto legislativo generó consecuencias perjudiciales para las quejosas, tanto en lo que hace a la falta de proporcionalidad del nuevo régimen de tributación, como en lo que corresponde a la retroactividad del Decreto reclamado. De ahí que resulte procedente revocar la sentencia recurrida y analizar los argumentos de inconstitucionalidad hechos valer en los conceptos de violación primero y segundo del escrito de demanda.

2. La sentencia dictada por el A quo se estima ilegal, ya que al momento de emitirla no interpretó correctamente los preceptos reclamados en relación con las causales de improcedencia que analizó. Ello es así, ya que sobreseyó el juicio de amparo respecto del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Activo, en virtud de que consideró que las quejosas no habían acreditado ubicarse en los supuestos de la norma reclamada, toda vez que no habían demostrado tener deudas.

Se estima incorrecto ese criterio, toda vez que para que las quejosas pudieran reclamar la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Activo y acreditar su interés jurídico para ello, no resultaba necesario que demostraran contar con deudas, pues esta disposición legal no considera dentro de sus elementos a las deudas, ni las regula de modo alguno. Para acreditar el interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de dicha disposición legal, bastaba con que las empresas quejosas acreditaran ser contribuyentes del impuesto al activo, pues la tasa del impuesto es un elemento esencial y que forzosamente deben aplicar todos los contribuyentes del impuesto.

Adicionalmente, el Juez A quo no apreció ni analizó correctamente la demanda de garantías, pues en el sexto concepto de violación las quejosas reclamaron la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Activo, no por el hecho de que esta norma no permitiera disminuir las deudas que tuviera el contribuyente del valor del activo, sino por el hecho de que prevé una tasa fija que resulta desproporcional y, por ende, contraria a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV constitucional.

Por tanto, resulta procedente revocar la sentencia recurrida para estimar infundada la causal de improcedencia estudiada por el A quo respecto del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Activo y analizar los argumentos de inconstitucionalidad hechos valer en los conceptos de violación sexto y séptimo de la demanda de garantías.

3. La sentencia dictada por el Juez A quo se estima incorrecta, ya que al momento de emitirla no apreció correctamente las cuestiones reclamadas de inconstitucionales ni valoró debidamente las pruebas exhibidas. Estimó que debía sobreseerse el juicio de amparo promovido en contra del artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, en relación con el Séptimo del Decreto de reformas por lo que se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley, toda vez que las quejosas no habían acreditado ubicarse en los supuestos de la norma reclamada de inconstitucional, al no haber demostrado contar con deudas.

Se estima incorrecto ese criterio, pues para acreditar el interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad del artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo en relación con el Séptimo del Decreto de reformas por lo que se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley, debe demostrarse que se paga el impuesto al activo conforme a la opción prevista en el artículo 5-A de la ley, lo cual hizo la empresa denominada *****(1)*****, única que tributa conforme a dicha opción. Ello, en atención a que la restricción consistente en no poder considerar las deudas que tuvieran para determinar el impuesto que les hubiera correspondido en el cuarto ejercicio inmediato anterior, opera para todos los contribuyentes que hayan elegido pagar el impuesto conforme a esta opción, la cual se traduce en una limitante permanente a todos los contribuyentes que hayan elegido la opción del 5-A, ya que no es posible abandonarla; por tanto, esta prohibición se traduce en una limitante en su esfera de derechos que la afectará de manera permanente.

En este sentido, conforme a la reforma a la Ley del Impuesto al Activo, lo que debió específicamente analizar el Juez de Distrito para apreciar si la empresa *****(1)*****, se encontraba ubicada en los supuestos de las normas reclamadas de inconstitucionales y advertir si las mismas le causaban perjuicio, era apreciar si en el ejercicio de dos mil tres (cuarto ejercicio inmediato anterior a dos mil siete) y siguiente tenía deudas o no. Ello, máxime que en el tercer concepto de violación formulado en la demanda de garantías, se argumentó que la reforma al artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo en relación con el Séptimo del Decreto de reformas por lo que se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley, resultaba inconstitucional por ser retroactivo, pues esta modificando la base conforme a la cual se debía calcular el impuesto del cuarto ejercicio inmediato anterior.

Por otra parte, el Juez A quo consideró que los pagarés exhibidos son documentales privadas que, conforme a las reglas de valoración de pruebas previstas en los artículos 203 y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, sólo se les puede otorgar algún valor probatorio cuando sean contrarias a los intereses de la parte que los exhibió y, en este caso, consideró que dichas pruebas resultaban benéficas para las empresas. Ese criterio resulta incorrecto, toda vez que los pagarés suscritos por la empresa *****(1)*****, en favor de otras sociedades, no son documentales que deban considerarse como favorables a los intereses de la quejosa y que sólo le beneficien a ella, sino que, a quien benefician estas documentales es a las empresas acreedoras de aquélla, en tanto que con esos documentos se reconoce un derecho a su favor, además de que dichos pagarés serían el documento base de su reclamo. Los pagarés no pueden estimarse como documentales que beneficien a la empresa quejosa que los suscribió, pues el reconocimiento de un adeudo, nunca puede considerarse como una consecuencia favorable a sus intereses, por lo cual, aún y cuando sean documentales privadas, se les debe otorgar valor probatorio pleno.

Además, al momento de analizar el Juez A quo si la empresa *****(1)*****, contaba con interés jurídico para reclamar la inconstitucionalidad de lo dispuesto en el artículo 5-A de la Ley del Impuesto al Activo en relación con el Séptimo del Decreto de reformas por lo que se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley, únicamente valoró los pagarés exhibidos, sin haberse pronunciado sobre las demás pruebas documentales exhibidas, de cuyo análisis se advertirá que esta sociedad cuenta con pasivos.

Por lo anterior, resulta procedente que se revoque el fallo recurrido y, en su lugar, se emita una nueva sentencia en la cual se proceda al análisis de los conceptos de violación formulados en contra de los artículos 5-A de la Ley del Impuesto al Activo en relación con el Séptimo del Decreto de reformas por lo que se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley.

4. Contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, del análisis del artículo 16, penúltimo párrafo, inciso 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, no se advierte fin extrafiscal alguno que justifique el trato diferenciado que se establece entre las cuentas por cobrar que deriven de contratos celebrados con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal y las demás cuentas por cobrar.

No existe fin extrafiscal alguno en dicha norma, pues del análisis que se lleve a cabo de la norma reclamada de inconstitucional, se apreciará que en ella únicamente se efectuó la descripción y precisión de las cuentas por cobrar que se encuentran exentas, pues en ella el legislador federal procedió a dar ciertas características y elementos que permiten identificar qué cuentas por cobrar son las que se encuentran exentas respecto de las demás. Por ello, no se advierte que el legislador federal hubiere expuesto alguna razón o justificación por la cual las cuentas por cobrar que deriven de contratos celebrados con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal, deben gozar de trato diferenciado (más benéfico) respecto del resto de las cuentas por cobrar. Por lo tanto, se concluye que en la ley no se advierte claramente la razón que justifique la exención.

No obstante que el fin extrafiscal no se advierte claramente del texto de la norma, cabe destacar que en el fallo recurrido se establece que el fin extrafiscal de esta exención consiste en incentivar el desarrollo y crecimiento de ciertas áreas o actividades que se consideran prioritarias para lograr los fines del Estado. El artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, no incluye justificación ni referencia alguna a la finalidad o fin de la exención, por lo cual fue el juez quien desprendió del texto de la ley lo que él considera es el fin extrafiscal incluido en la norma reclamada de inconstitucional (por ejemplo, mantener y elevar el nivel ocupacional de la población).

En el caso que nos ocupa no fue el legislador quien "reflejó su voluntad en el proceso de creación de la contribución", sino el Juez de Distrito en el proceso de interpretación de la misma; ha de destacarse que del precepto legal no se advierte el motivo por el cual se establece esta exención, ni tampoco qué actividad o área económica se pretende impulsar y desarrollar, o qué función del Estado se pretende satisfacer o cubrir al otorgar el beneficio previsto en el precepto reclamado, no obstante que en su texto se haga referencia a "infraestructura productiva destinada a actividades prioritarias".

Ahora, independientemente de que de la norma no se desprende de manera expresa el fin extrafiscal que justifique de manera objetiva la distinción, de considerarse como válido ese fin extrafiscal (fortalecer y apoyar áreas que para el Estado son prioritarias), en consecuencia, el legislador federal habría eximido del pago del impuesto al activo, el que se causara por cualquier cuenta por cobrar que se tuviera con cualquier entidad federal, estatal, municipal, organismo público desconcentrado, personas morales públicas o privadas, siempre y cuando derivaran de contratos relacionados con infraestructura productiva destinada a actividades prioritarias del Estado.

Sin embargo, el legislador federal decidió limitar la exención única y exclusivamente a las cuentas por cobrar que deriven de contratos que se celebren con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal, sin incluir a las demás que pudieran celebrarse con otras entidades u organismos que tuvieran el mismo origen (contratos relacionados a infraestructura destinada a actividades prioritarias), por lo cual se considera que de manera caprichosa y arbitraria se estableció una distinción en la ley, sin justificarla de manera objetiva y razonable, ya sea en el proceso legislativo o en el texto de la propia ley.

5. En la demanda de garantías, la quejosa argumentó, en esencia, que el artículo 224, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta es violatorio del principio de equidad tributaria, pues exenta del impuesto al activo únicamente a los fideicomisos constituidos para la construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho de percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, por los bienes, derechos, créditos o valores que integran su patrimonio. Por su parte, el Juez A quo considera que el principio de equidad no se transgrede en el presente caso, pues el trato diverso que se otorga a los fideicomisos se encuentra plenamente justificado en un fin extrafiscal.

Sin embargo, la justificación citada por la juez no tiene relación alguna con la inequidad señalada por la quejosa. Esto es, la quejosa no se ve afectada por la existencia de los fideicomisos inmobiliarios, sino por el trato diferenciado que se da a los contribuyentes en el impuesto al activo.

El fin extrafiscal consistente en fomentar el desarrollo inmobiliario e impulsar la actividad inmobiliaria por ser útil para el desarrollo del país, no se considera que sea una razón objetiva y razonable para únicamente otorgar la exención a los fideicomisos que se describen en el artículo 223 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no al resto de contribuyentes que se dediquen a la misma actividad. Aun cuando los supuestos fines extrafiscales fueran una razón correcta y válida para otorgar la exención a los fideicomisos dedicados a construir inmuebles destinados a su arrendamiento o a la adquisición de derechos para percibir ingresos provenientes del arrendamiento, no es un motivo razonable y objetivo para diferenciar, en materia del impuesto al activo, a los fideicomisos del resto de contribuyentes que se dedican a la misma actividad, esto es, impulsar la actividad inmobiliaria del país.

Se considera que si el objetivo de la exención otorgada a los fideicomisos consiste en impulsar la actividad inmobiliaria del país, luego, ese mismo trato se debe otorgar a todos los contribuyentes que se dediquen a esa misma actividad. Fomentan el desarrollo inmobiliario del país, tanto un fideicomiso constituido para construir inmuebles para arrendarlos, como un contribuyente que realice la operación directamente y no a través del vehículo jurídico de un fideicomiso, por lo cual, no es lógico ni razonable que sólo se otorgue la exención a los fideicomisos.

Además, del análisis de la exposición de motivos, de los dictámenes emitidos en el proceso legislativo y del propio texto de la ley, no se advierte alguna razón por la cual sólo se otorga el beneficio de la exención del impuesto al activo a los fideicomisos dedicados a construir inmuebles con el propósito de arrendarlos, y no a los demás contribuyentes que se dediquen a la misma actividad. Por tanto, la distinción efectuada por el legislador resulta caprichosa y sin sustento.

Hasta este punto la síntesis de los agravios expuestos por la quejosa recurrente.

II. Precisión de los preceptos reclamados y de aquellos que cada quejosa impugna en razón del régimen aplicado para efectos del impuesto al activo.

Cabe puntualizar desde ahora que del examen integral de la demanda de garantías, así como del recurso de revisión, la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de diciembre de dos mil seis, particularmente su artículo Sexto por lo que se refiere al nuevo mecanismo de tributación en el impuesto al activo vigente para el ejercicio fiscal de dos mil siete, esto es, por el efecto producido por la derogación del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Activo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis y la reforma a los artículos 2 y 5-A de la Ley del Impuesto al Activo, este último en relación con el artículo Séptimo, fracción I del Decreto impugnado, en cuanto se refiere a las Disposiciones Transitorias de dicha ley vigente a partir del primero de enero de dos mil siete para configurar la base del impuesto, tanto en el régimen general como en el opcional y la tasa aplicable; el artículo Tercero del Decreto impugnado en cuanto reforma al artículo 224, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y, finalmente, el Decreto de expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, por lo que se refiere al artículo 16, quinto párrafo, inciso 1, de dicha ley, publicado en el antedicho medio de difusión oficial en la misma fecha.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80007-689b81e6/amparo-en-revision-98-2008-15-de-junio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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