ACTIVO. EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE PREVÉ LA TASA FIJA DEL 1.25% SOBRE EL VALOR DE LOS ACTIVOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007). ACTIVO. EL FIN EXTRAFISCAL PRETENDIDO CON LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, ES CONGRUENTE CON EL DIVERSO DE EFICIENCIA EMPRESARIAL Y NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007). ACTIVO. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO QUINTO, INCISO 1, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON LAS CUENTAS POR COBRAR, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007). ACTIVO. LA EXENCIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO RELATIVO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 224, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A FAVOR DE LOS FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007). ACTIVO. LA IMPOSIBILIDAD DE DEDUCIR LAS DEUDAS DEL VALOR DEL ACTIVO DEL CONTRIBUYENTE, DERIVADA DE LA CONFIGURACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY RELATIVA, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007). ACTIVO. LA IMPOSIBILIDAD DE DEDUCIR LAS DEUDAS DEL VALOR DEL ACTIVO DEL CONTRIBUYENTE, DERIVADA DE LA CONFIGURACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2o. DE LA LEY QUE LO RIGE, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007). ACTIVO. LA LEY RELATIVA NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA POR INVASIÓN DE ESFERAS COMPETENCIALES ENTRE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO FEDERAL Y LOCAL (LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007). ACTIVO. LA PROPORCIONALIDAD DEL IMPUESTO RELATIVO DEBE ANALIZARSE A PARTIR DE LA TENENCIA DE ACTIVOS CONCURRENTES A LA OBTENCIÓN DE UTILIDADES, SIN ATENDER AL ACTO JURÍDICO QUE LA ORIGINA, A LA CALIDAD DE LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN O A LA APRECIACIÓN PREVIA DE SI SON O NO CONTRIBUYENTES DEL GRAVAMEN (LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007). ACTIVO. LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO SON INOPERANTES SI SE APOYAN EN SITUACIONES PARTICULARES O HIPOTÉTICAS (LEGISLACIÓN VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2007). PROCESO LEGISLATIVO. PARA EMITIR UN JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD NO ES INDISPENSABLE QUE EL LEGISLADOR HAYA EXPRESADO ARGUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUACIÓN EN EL PROCESO DE CREACIÓN NORMATIVA.
AMPARO EN REVISIÓN 86/2008. ADMINISTRADORA MULTIPLAZA, S.A.DE C.V. Y OTRAS.
MINISTRA PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS.
SECRETARIOS: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS ROA JACOBO, BERTÍN VÁZQUEZ GONZÁLEZ, ALFREDO VILLEDA AYALA Y FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto tercero, fracción II, del Acuerdo General 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, emitido por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamó la inconstitucionalidad del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las Leyes de los Impuestos sobre la Renta, al Activo y Especial sobre Producción y Servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por cuanto hace a sus artículos sexto y séptimo (relativos a la Ley del Impuesto al Activo) y artículo tercero (respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta) y el decreto de expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, por cuanto hace a su artículo 16, quinto párrafo, inciso 1, ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil seis, en el que subsiste el problema de constitucionalidad relativo al sistema de tributación derivado de la regulación del impuesto al activo vigente para el ejercicio fiscal de dos mil siete.
SEGUNDO. Oportunidad. La sentencia recurrida fue notificada personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado el uno de agosto de dos mil siete, de acuerdo con la constancia actuarial que obra a fojas 1019 del cuaderno de amparo; por tanto, si el término de diez días que para la interposición del recurso establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, corrió del viernes tres al jueves dieciséis de agosto de ese año, descontándose los días cuatro, cinco, once y doce de agosto por haber sido sábados y domingos, respectivamente, y el recurso fue presentado el día jueves dieciséis de agosto del año citado, es indudable que fue interpuesto oportunamente.
TERCERO. Estudio de los agravios.
I. En los argumentos hechos valer por la quejosa recurrente, esencialmente se aduce lo siguiente:
1. La sentencia dictada por el Juez a quo es ilegal, dado que aplicó en forma indebida lo establecido en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, en cuanto hace al sobreseimiento respecto del decreto de reformas reclamado en la parte que deroga el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo. En efecto, es incorrecta la determinación relativa a que las quejosas carecen de interés jurídico para reclamar el decreto de reformas en cuanto hace a la derogación del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, pues atendiendo a las argumentaciones expuestas en el escrito de demanda, se advierte que el reclamo de dicha derogación no se realizó en función del simple acto legislativo de hacerlo, sino por las consecuencias y efectos que genera el desconocimiento, a partir de dos mil siete, de la deducibilidad de deudas para la determinación de la base gravable del impuesto al activo.
Serían correctas las afirmaciones del Juez de Distrito, sólo en el caso de que las quejosas hubieran reclamado únicamente el acto legislativo por el cual se derogó el artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, situación que no fue así, pues lo que impugnaron las ahora recurrentes fueron las consecuencias y efectos que esa derogación ocasionó, las cuales se traducen en el desconocimiento del derecho para deducir las deudas para determinar la base gravable de esa contribución. Incluso, el propio Juez de Distrito reconoce que las disposiciones en vigor a partir de dos mil siete de la Ley del Impuesto al Activo, establecen una nueva manera para determinar el impuesto al activo, la cual debe ser juzgada a la luz de los principios constitucionales.
En ese tenor, resulta ilegal el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de la derogación del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo, pues tal acto legislativo generó consecuencias perjudiciales para las quejosas, tanto en lo que hace a la falta de proporcionalidad del nuevo régimen de tributación, como en lo que corresponde a la retroactividad del decreto reclamado. De ahí que resulte procedente revocar la sentencia recurrida y analizar los argumentos de inconstitucionalidad hechos valer en los conceptos de violación primero y segundo del escrito de demanda.
2. El Juez a quo aplicó en forma indebida lo establecido en los artículos 73, fracción XII (sic) y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, en cuanto hace al sobreseimiento respecto del decreto de reformas en la parte que corresponde a las reformas a los artículos 2o. y 5o. A de la Ley del Impuesto al Activo y a la creación de las fracciones I y II del artículo séptimo del citado decreto.
Las quejosas son personas morales residentes en México y son tenedoras de activos considerados como objeto del impuesto; luego, no tienen posibilidad alguna de no causar este impuesto. Además, están obligadas a calcularlo y pagarlo mediante la aplicación de los nuevos preceptos de la ley vigentes a partir del primero de enero de dos mil siete; por tanto, con la simple entrada en vigor del decreto de reformas se causa un perjuicio jurídico a las quejosas, pues no tienen forma legal de evitar caer en la hipótesis normativa que las obliga a pagar el impuesto aplicando la tasa de 1.25% y sin posibilidad legal de continuar deduciendo las deudas no negociables a su cargo.
En virtud de lo anterior y contrario a lo que señala el Juez de Distrito, se estima que el decreto de reformas es autoaplicativo, porque con su sola entrada en vigor causó un perjuicio a los gobernados ubicados en las hipótesis normativas contenidas en dicho decreto. De ahí que resulte ilegal la sentencia recurrida en la parte que establece que las quejosas debieron promover el juicio de amparo hasta en tanto se realizara el primer acto de aplicación mismo que, según el a quo, se efectuaría hasta la presentación de la declaración anual del impuesto al activo por el ejercicio fiscal de dos mil siete.
En el supuesto no concedido de que se concluya que las normas reclamadas son de naturaleza heteroaplicativa, es de señalarse que su primer acto de aplicación aconteció con motivo del pago provisional del impuesto al activo por el mes de enero de dos mil siete. Del contenido de los comprobantes de pago aportados como pruebas por las quejosas, se advertirá con claridad que todas ellas son contribuyentes del impuesto; a fin de calcular y determinar el pago provisional por el mes de enero debieron, indefectiblemente, aplicar la tasa del 1.25% establecida en el artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo en vigor a partir de dos mil siete. Por tanto, no existe duda alguna que en el pago provisional del mes de enero de dos mil siete las quejosas aplicaron en su perjuicio lo dispuesto por el citado artículo vigente para dos mil siete, lo cual hace innecesaria la rendición de otras probanzas -como lo sería la prueba pericial en materia contable-, para acreditar tal acto de aplicación.
A su vez, las quejosas acreditaron que mediante las declaraciones anuales en materia del impuesto al activo por el ejercicio fiscal de dos mil cinco -las cuales quedaron debidamente ofrecidas en autos-, ejercieron la opción establecida en el artículo 5o. A de la Ley del Impuesto al Activo. De este modo, si en términos de ese artículo, la opción ejercida no es renunciable, es evidente que al determinar las quejosas su pago provisional por el mes de enero de dos mil siete, aplicaron lo dispuesto por el artículo 5o. A vigente a partir de dos mil siete, así como lo dispuesto en la fracción I del artículo séptimo del decreto de reformas.
Por tanto, resulta procedente revocar la sentencia recurrida y analizar los argumentos de inconstitucionalidad hechos valer en los conceptos de violación tercero, cuarto, sexto y séptimo del escrito de demanda.
3. La sentencia recurrida es ilegal en cuanto se aplicó en forma indebida lo establecido en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que se refiere al sobreseimiento respecto del artículo 3o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Las quejosas no reclamaron este último precepto, sino que reclamaron el artículo tercero del decreto de reformas, por cuanto hace a las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta; de hecho, en el apartado C del quinto concepto de violación del escrito de demanda, las quejosas hicieron valer argumentos en contra de la reforma al artículo 224, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, mismo que se contiene en el artículo tercero del decreto de reformas. Incluso, en la misma sentencia ahora recurrida, el Juez de Distrito analiza la constitucionalidad del artículo 224, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lo cual hace evidente la ilegalidad del proceder del Juez de amparo en el punto 2 del considerando cuarto de la sentencia ahora recurrida.
Por lo anterior, procede que se revoque la sentencia recurrida en la parte que establece el sobreseimiento del artículo tercero del decreto de reformas reclamado.
4. Contrario a lo sostenido por el Juez de Distrito, del análisis del artículo 16, penúltimo párrafo, inciso 1, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, no se advierte fin extrafiscal alguno que justifique el trato diferenciado que se establece entre las cuentas por cobrar que deriven de contratos celebrados con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal y las demás cuentas por cobrar.
No existe fin extrafiscal alguno en dicha norma, pues del análisis que se lleve a cabo de la norma reclamada de inconstitucional, se apreciará que en ella únicamente se efectuó la descripción y precisión de las cuentas por cobrar que se encuentran exentas, pues en ella el legislador federal procedió a dar ciertas características y elementos que permiten identificar qué cuentas por cobrar son las que se encuentran exentas respecto de las demás. Por ello, no se advierte que el legislador federal hubiere expuesto alguna razón o justificación por la cual las cuentas por cobrar que deriven de contratos celebrados con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal, deben gozar de trato diferenciado (más benéfico) respecto del resto de las cuentas por cobrar. Por tanto, se concluye que en la ley no se advierte claramente la razón que justifique la exención.
No obstante que el fin extrafiscal no se advierte claramente del texto de la norma, cabe destacar que en el fallo recurrido se establece que el fin extrafiscal de esta exención consiste en incentivar el desarrollo y crecimiento de ciertas áreas o actividades que se consideran prioritarias para lograr los fines del Estado. El artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, no incluye justificación ni referencia alguna a la finalidad o fin de la exención, por lo cual fue el Juez quien desprendió del texto de la ley lo que él considera es el fin extrafiscal incluido en la norma reclamada de inconstitucional (por ejemplo, mantener y elevar el nivel ocupacional de la población).
En el caso que nos ocupa no fue el legislador quien "reflejó su voluntad en el proceso de creación de la contribución", sino el Juez de Distrito en el proceso de interpretación de la misma; ha de destacarse que del precepto legal no se advierte el motivo por el cual se establece esta exención, ni tampoco qué actividad o área económica se pretende impulsar y desarrollar, o qué función del Estado se pretende satisfacer o cubrir al otorgar el beneficio previsto en el precepto reclamado, no obstante que en su texto se haga referencia a "infraestructura productiva destinada a actividades prioritarias".
Ahora, independientemente de que de la norma no se desprende de manera expresa el fin extrafiscal que justifique de manera objetiva la distinción, de considerarse como válido ese fin extrafiscal (fortalecer y apoyar áreas que para el Estado son prioritarias), en consecuencia, el legislador federal habría eximido del pago del impuesto al activo, el que se causara por cualquier cuenta por cobrar que se tuviera con cualquier entidad federal, estatal, municipal, organismo público desconcentrado, personas morales públicas o privadas, siempre y cuando derivaran de contratos relacionados con infraestructura productiva destinada a actividades prioritarias del Estado.
Sin embargo, el legislador federal decidió limitar la exención única y exclusivamente a las cuentas por cobrar que deriven de contratos que se celebren con organismos públicos descentralizados del Gobierno Federal, sin incluir a las demás que pudieran celebrarse con otras entidades u organismos que tuvieran el mismo origen (contratos relacionados a infraestructura destinada a actividades prioritarias), por lo cual se considera que de manera caprichosa y arbitraria se estableció una distinción en la ley, sin justificarla de manera objetiva y razonable, ya sea en el proceso legislativo o en el texto de la propia ley.
5. En la demanda de garantías, la quejosa argumentó, en esencia, que el artículo 224, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta es violatorio del principio de equidad tributaria, pues exenta del impuesto al activo únicamente a los fideicomisos constituidos para la construcción de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento o a la adquisición del derecho de percibir ingresos provenientes del arrendamiento de dichos bienes, por los bienes, derechos, créditos o valores que integran su patrimonio. Por su parte, el Juez a quo considera que el principio de equidad no se transgrede en el presente caso, pues el trato diverso que se otorga a los fideicomisos se encuentra plenamente justificado en un fin extrafiscal, el cual fue expresamente citado por el legislador en el proceso legislativo de creación de la norma.
Sin embargo, la justificación citada por la Juez no tiene relación alguna con la inequidad señalada por la quejosa. Esto es, la quejosa no se ve afectada por la existencia de los fideicomisos inmobiliarios, sino por el trato diferenciado que se da a los contribuyentes en el impuesto al activo.
El fin extrafiscal consistente en fomentar el desarrollo inmobiliario por ser útil para el desarrollo del país, no se considera que sea una razón objetiva y razonable para únicamente otorgar la exención a los fideicomisos que se describen en el artículo 223 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y no al resto de contribuyentes que se dediquen a la misma actividad. Aun cuando los supuestos fines extrafiscales fueran una razón correcta y válida para otorgar la exención a los fideicomisos dedicados a construir inmuebles destinados a su arrendamiento o a la adquisición de derechos para percibir ingresos provenientes del arrendamiento, no es un motivo razonable y objetivo para diferenciar, en materia del impuesto al activo, a los fideicomisos del resto de contribuyentes que se dedican a la misma actividad, esto es, impulsar la actividad inmobiliaria del país.
Se considera que si el objetivo de la exención otorgada a los fideicomisos consiste en impulsar la actividad inmobiliaria del país, luego, ese mismo trato se debe otorgar a todos los contribuyentes que se dediquen a esa misma actividad. Fomentan el desarrollo inmobiliario del país, tanto un fideicomiso constituido para construir inmuebles para arrendarlos, como un contribuyente que realice la operación directamente y no a través del vehículo jurídico de un fideicomiso, por lo cual, no es lógico ni razonable que sólo se otorgue la exención a los fideicomisos.
Además, del análisis de la exposición de motivos, de los dictámenes emitidos en el proceso legislativo y del propio texto de la ley, no se advierte alguna razón por la cual sólo se otorga el beneficio de la exención del impuesto al activo a los fideicomisos dedicados a construir inmuebles con el propósito de arrendarlos, y no a los demás contribuyentes que se dediquen a la misma actividad. Por tanto, la distinción efectuada por el legislador resulta caprichosa y sin sustento.
Es de señalarse que el beneficio previsto en el artículo 224, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta entró en vigor en el año dos mil siete, y este beneficio no se preveía en ese precepto legal en el año dos mil seis (máxime que el artículo 224 en el año dos mil seis sólo tenía cinco fracciones y en el año dos mil siete se reformó de manera integral), por lo cual, en la exposición de motivos de la iniciativa de reformas a diversas disposiciones fiscales para el año dos mil seis, no puede encontrarse explicación o justificación alguna del porqué se exenta del impuesto al activo a unos contribuyentes y a otros no, aplicable en el año dos mil siete.
Así pues, las consideraciones que en su caso hizo valer el legislador en la exposición de motivos de cinco de septiembre de dos mil cinco son válidas para los preceptos legales vigentes a partir del año dos mil seis, pero no para los artículos reformados y que entraron en vigor en el año dos mil siete, pues no existe elemento que permita, de manera clara, establecer que el legislador quiso sustentar la reforma vigente a partir de dos mil siete, en las mismas consideraciones que formuló para la ley vigente en el año dos mil seis, pues no expuso razonamiento alguno que hiciera suponer esa vinculación.
Finalmente, si en el Dictamen de la Comisión Dictaminadora se advierte que se otorgó a los contribuyentes el beneficio de que no hicieran pagos provisionales del impuesto al activo, luego, la justificación de por qué sí tenían que hacer el pago del impuesto anual a diferencia de los fideicomisos inmobiliarios, debió exponerse en forma clara y precisa y no inferirse, tal como ahora lo hace el Juez a quo.
Hasta este punto la síntesis de los agravios expuestos por la quejosa recurrente.
II. Precisión de los preceptos reclamados y de aquellos que cada quejosa impugna en razón del régimen aplicado para efectos del impuesto al activo.
Cabe puntualizar desde ahora que del examen integral de la demanda de garantías, así como del recurso de revisión, la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los impuestos sobre la renta, al activo y especial sobre producción y servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de diciembre de dos mil seis, particularmente su artículo sexto por lo que se refiere al nuevo mecanismo de tributación en el impuesto al activo vigente para el ejercicio fiscal de dos mil siete, esto es, por el efecto producido por la derogación del artículo 5o. de la Ley del Impuesto al Activo vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis y la reforma a los artículos 2o. y 5o. A de la Ley del Impuesto al Activo, este último en relación con el artículo séptimo, fracción I, del decreto impugnado, en cuanto se refiere a las disposiciones transitorias de dicha ley vigente a partir del primero de enero de dos mil siete para configurar la base del impuesto, tanto en el régimen general como en el opcional y la tasa aplicable; el artículo tercero del decreto impugnado en cuanto reforma al artículo 224, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; y, finalmente, el decreto de expedición de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil siete, por lo que se refiere al artículo 16, quinto párrafo, inciso 1, de dicha ley, publicado en el antedicho medio de difusión oficial en la misma fecha.
De igual manera se advierte que en los antecedentes narrados en dicho escrito inicial, se manifiesta que: "5. Las ahora quejosas optaron por determinar el impuesto al activo en términos del artículo 5o. A de la Ley del Impuesto al Activo, vigente hasta el 31 de diciembre de 2006, salvo la empresa quejosa **********, quien lo determinó bajo el régimen del artículo 2o. de la Ley del Impuesto al Activo vigente hasta el 31 de diciembre de 2006.". Por tanto, se considera que todas las empresas quejosas, con excepción de **********, tildan de inconstitucionales todos los preceptos señalados en el párrafo inmediato anterior al haber elegido el régimen opcional del impuesto al activo; en tanto que ********** también lo hace, con excepción del artículo 5o. A, en relación con el séptimo, fracción I, del decreto impugnado, en cuanto se refiere a las disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto al Activo vigente a partir del primero de enero de dos mil siete, en la medida en que tales dispositivos no le resultan aplicables por encontrarse en los supuestos del régimen general de la ley en cita. De ahí que en lo sucesivo, al hacer referencia a las quejosas, se considere que impugnan, respectivamente, los preceptos señalados.
III. Estudio de los agravios.
Precisado lo anterior, por ser una cuestión de análisis preferente, se estudiarán en primer término los agravios expuestos por la recurrente identificados con los puntos 1, 2 y 3, en que combate el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito.
• Aquellos que combaten el sobreseimiento decretado respecto de un precepto no impugnado en la demanda.
Por una parte, se advierte que le asiste la razón en cuanto sostiene en el punto 3 de referencia, que resulta ilegal el sobreseimiento relacionado con el artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (por ausencia de conceptos de violación en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, de la Ley de Amparo), en tanto las quejosas no combatieron dicho precepto, sino que reclamaron el artículo tercero del decreto de reformas, por cuanto hace a la reforma del artículo 224, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, en relación con el cual, hicieron valer argumentos de inconstitucionalidad que, incluso, en la misma sentencia recurrida el Juez de Distrito analiza.
En efecto, se advierte que el sobreseimiento decretado respecto del artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta por ausencia de conceptos de violación, deriva de una inexacta apreciación de los actos reclamados, ya que si bien en el apartado respectivo -en este particular aspecto- la quejosa señaló "... el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación; de las leyes de los impuestos sobre la renta, al activo y especial sobre producción y servicios; de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 27 de diciembre de 2006 (en lo sucesivo el ‘decreto de reformas’), por cuanto hace a sus artículos sexto y séptimo (relativos a la Ley del Impuesto al Activo), artículo tercero (respecto de la Ley del Impuesto sobre la Renta) ... ", de la lectura del escrito inicial de amparo se advierte que en el apartado C del quinto concepto de violación, la parte quejosa hizo valer argumentos de inconstitucionalidad relacionados con el artículo 224, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal de dos mil siete.
Ahora, si se considera que el decreto de reformas aludido en su artículo tercero señala:
"Artículo tercero. Se reforman los artículos 11, segundo párrafo; 12, segundo párrafo; 13; 32, fracciones XX, primer párrafo y XXVI; 42, fracción II, primer párrafo; 59, fracción I, primer párrafo; 63; 81, penúltimo párrafo; 92, fracción V, segundo párrafo; 109, fracciones XV, inciso a) y XXVI, segundo párrafo; 116, último párrafo, inciso b); 117, fracción III, inciso e); 175, segundo párrafo; 179, último párrafo; 195, fracciones I, inciso b) y II, inciso a); 223; 224; 224-A, primer párrafo y 226, se adicionan los artículos 109, fracción XVII, con un último párrafo y 179 con un segundo párrafo, pasando los actuales segundo a décimo párrafos a ser tercero a décimo primer párrafos, y se derogan los artículos 223-A; 223-B y 223-C, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar de la siguiente manera: ... ."
Se concluye que, en última instancia, el precepto impugnado por la parte quejosa resulta ser el artículo 224, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal de dos mil siete, en razón de la reforma que introdujo sobre su texto el artículo tercero del decreto de reformas aludido, y no el artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refirió el Juez de Distrito, pues en contra de aquél es que se hicieron valer argumentos de inconstitucionalidad que, incluso, el Juez Federal calificó de infundados al momento de emprender el análisis respectivo (último considerando) por estimar que no vulnera el principio de equidad tributaria.
Es importante la precisión anterior, porque la quejosa ahora recurrente hace valer agravios (punto 5 de la síntesis respectiva) en contra de dicha determinación, en tanto estima que, contrario al criterio del juzgador de amparo, el artículo 224, fracción VI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente para el ejercicio fiscal de dos mil siete, cuyo texto fue modificado mediante el artículo tercero del decreto de reformas reclamado, sí vulnera dicho principio tributario, de forma tal que a la postre, no se considere que el recurso se instaura en contra de un acto que no fue reclamado, o bien, en contra de uno respecto del cual se sobreseyó en el juicio de garantías.
En tales condiciones, ante la imprecisión en los actos reclamados e incongruencia en la sentencia recurrida que destaca la recurrente, lo procedente es revocar el sobreseimiento decretado respecto del artículo 3o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• Aquellos en que se sostiene la naturaleza autoaplicativa de las normas reclamadas y el interés jurídico de las quejosas para impugnarlas.
Por otra parte, atinente a la impugnación que efectúa la recurrente en los agravios sintetizados en los puntos 1 y 2, con los cuales pretende demostrar que en la especie no se actualizan las causas de improcedencia previstas por el artículo 73, fracciones V, VI y XVIII, esta última en relación con el artículo 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los artículos 2o. y 5o. A de la Ley del Impuesto al Activo, este último en relación con el artículo séptimo, fracción I, del decreto impugnado, en cuanto se refiere a las disposiciones transitorias de dicha ley vigente a partir del primero de enero de dos mil siete, así como en relación con el derogado artículo 5o. de la misma ley vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil seis, en primer término debe tenerse en cuenta que los artículos 21, 22, 73, fracciones VI y XII y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes y, para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, tales principios disponen atender al momento en que la disposición impugnada ocasiona al gobernado un perjuicio cierto y directo en su esfera jurídica, lo cual conlleva a determinar de qué momento y de qué plazo dispone el agraviado para ejercer la acción constitucional.
De los preceptos señalados en último término, se desprende que las disposiciones legales de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma; es decir: 1) si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio al gobernado (autoaplicativas), o bien, 2) si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas).
En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con el artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, se trata de leyes que al iniciar su vigencia generan obligaciones de hacer, dejar de hacer o de dar, para los gobernados a quienes están destinadas.
En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 21 de la ley citada.
Así, para la impugnación de normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, de la actuación de una autoridad, pero también de los pr
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22138-7ae5b387/activo-el-articulo-2o-de-la-ley-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PREDIAL. EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN IV, NUMERAL 1, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). PREDIAL. E (AMPARO EN REVISIÓN)
- PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICI (AMPARO EN REVISIÓN)
- PREDIAL. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 152, FRACCIÓN II, PUNTO 2, DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, POR VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTAR (AMPARO EN REVISIÓN)
- PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICI (AMPARO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
- MUNICIPIO LIBRE, ADMINISTRACION DEL. (s/clave)
- MINISTERIO PUBLICO COMO PARTE EN EL AMPARO. (s/clave)
- AMPARO ADMINISTRATIVO. (s/clave)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis