AMPARO EN REVISIÓN 634/2010. *****(1)*****. 8 DE ABRIL DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: FANUEL MARTÍNEZ LÓPEZ, EVERARDO MAYA ARIAS, JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE Y JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del ocho de abril de dos mil trece.
Vo. Bo.
V I S T O S; y
R E S U L T A N D O:
Cotejó:
PRIMERO. Por escrito presentado el uno de abril de dos mil nueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, *****(1)*****, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que a continuación se señalan:
AUTORIDADES RESPONSABLES:
A. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
B. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.
C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
D. Secretario de Gobernación.
E. Director del Diario Oficial de la Federación.
ACTOS RECLAMADOS:
• La discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación, publicación, refrendo y ejecución del Decreto Legislativo que contiene la Ley del Impuesto sobre la Renta, expedido el treinta y uno de diciembre de dos mil uno y publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de enero de dos mil dos, específicamente, por lo que se refiere a los artículos 21 y 32, fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• La discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación, publicación, refrendo y ejecución del Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y se establece el Subsidio al Empleo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, en lo que se refiere específicamente por la reforma a los artículos 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
• La discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación, publicación, refrendo y ejecución del Decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Activo y establece los Subsidios para el Empleo para la Nivelación del Ingreso, publicado en el Diario Oficial de la Federación del primero de diciembre de dos mil cuatro, específicamente, el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
• La expedición del Decreto mediante el cual se Reforman, Adicionan, y Derogan Diversas Disposiciones del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de octubre de dos mil tres, específicamente, los artículos 54 y 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del dieciocho de octubre de dos mil tres, y reformado por Decreto el cinco de diciembre de dos mil seis.
SEGUNDO. La parte quejosa consideró que se violaban en su perjuicio las garantías individuales contenidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, narró los antecedentes del caso e hizo valer los conceptos de violación que estimó pertinentes.
TERCERO. Correspondió conocer de la demanda de amparo a la Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien por proveído de fecha tres de abril de dos mil nueve admitió a trámite la demanda de amparo registrando el asunto con el número **********; de igual forma, solicitó a las autoridades responsables que rindieran sus respectivos informes justificados y, por último, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley.
Tramitado el juicio de amparo, el dos de octubre de dos mil nueve, la Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional, en la que dictó sentencia, misma que se terminó de engrosar hasta el veintiséis de febrero de dos mil diez en la que se resolvió, por un lado, conceder el amparo a la empresa quejosa, contra los actos que reclamó al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y la de Senadores, Presidente Constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta, destacadamente, en relación con el artículo 32, fracción XVII, en su texto vigente a partir del uno de enero de dos mil ocho, así como los diversos 54 y 58, párrafo primero, en su texto vigente a partir del cinco de diciembre de dos mil seis y, por el otro, negó el amparo contra los actos que reclama el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y la de Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, consistentes en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta, destacadamente el artículo 21, en su texto vigente a partir de uno de enero de dos mil cinco.
CUARTO. En contra de dicha resolución, la delegada del Presidente de la República, designada con tal carácter en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, promovió recurso de revisión. Por auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil diez, la Juez Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, tuvo por recibido el recurso y ordenó remitirlo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para su sustanciación.
QUINTO. Mediante acuerdo de fecha veintiséis de marzo de dos mil diez, el Presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tuvo por recibido los autos y por admitido el recurso de revisión, mismo que ordenó registrar bajo el expediente número **********.
En sesión de fecha uno de julio de dos mil diez, el referido órgano colegiado dictó sentencia en la que confirmó la resolución pronunciada por la Juez de Distrito, se declaró legalmente incompetente para conocer del recurso de revisión y, finalmente, ordenó que se remitieran los autos a este Alto Tribunal para que resolviera el problema de constitucionalidad subsistente en relación con el artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
SEXTO. Por auto de fecha catorce de julio de dos mil diez, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó asumir la competencia originaria de este Alto Tribunal para conocer el recurso de revisión interpuesto, quedando registrado con el número 634/2010.
En el mismo auto se ordenó dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se abstuvo de formular pedimento.
SÉPTIMO. En atención a que en términos del punto Primero del Acuerdo General 11/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de diecisiete de mayo de dos mil diez, dicho órgano colegiado determinó crear la Comisión 41 de Secretarios de Estudio y Cuenta para el análisis de los asuntos en que subsiste el problema de constitucionalidad del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete (vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho), y designó al Ministro Sergio A. Valls Hernández como encargado de supervisar y aprobar los proyectos respectivos; y de conformidad además, con lo dispuesto en el punto Segundo del citado acuerdo general, acorde con su interpretación aprobada en sesión privada del veintitrés de agosto de dos mil diez, respecto de los asuntos cuya supervisión y elaboración de proyecto tiene a su cargo un Ministro como encargado de la comisión respectiva, el asunto se turnó al Ministro Sergio A. Valls Hernández.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y conforme a lo previsto en el punto Tercero, fracción III, del Acuerdo General 5/2001 del veintiuno de junio de dos mil uno,(1) y los puntos Primero y Segundo del Acuerdo General 7/2010 del diecisiete de mayo de dos mil diez, ambos emitidos por este Tribunal Pleno, toda vez que se interpone en contra de la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete y vigente a partir del primero de enero de dos mil ocho, y en el caso resulta necesaria la intervención del Tribunal Pleno en términos de lo acordado por esta misma instancia jurisdiccional en sesión privada del ocho de agosto de dos mil once, en virtud de que su resolución reviste trascendencia e interés excepcionales, pues debe fijarse el criterio que sobre la problemática de fondo ha de prevalecer.
SEGUNDO. Oportunidad. Es innecesario analizar la oportunidad del recurso de revisión que hizo valer el Presidente de la República, toda vez que de ello ya se hicieron cargo los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, según se advierte del acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diez que pronunciaron en los autos del amparo en revisión ********** del índice de dicho órgano jurisdiccional.
TERCERO. Aspectos relevantes para la resolución del presente asunto.
I. La quejosa hizo valer en su demanda de garantías los siguientes conceptos de violación:
1) El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del ejercicio fiscal 2008, viola el principio de proporcionalidad tributaria, por las siguientes razones:
Dicho precepto impugnado limita la deducción de las pérdidas sufridas en la enajenación de acciones y otros títulos valor, así como en la realización de operaciones financieras derivadas referidas a acciones o a índices de acciones, al importe de las ganancias que se obtengan en el propio ejercicio o en los diez siguientes, por la realización del mismo tipo de enajenaciones y operaciones.
De lo que se tiene que el importe de la deducción por la pérdida por la enajenación de acciones y otros títulos valor está limitado y condicionado a que el contribuyente hubiese obtenido ganancias por el mismo concepto en el propio ejercicio o en los diez siguientes, en cuyo caso podrá deducirlas sólo contra esas ganancias, lo cual resulta violatorio al principio de proporcionalidad tributaria.
En ese sentido, para que se reconozca la auténtica capacidad contributiva del causante para efectos del impuesto sobre la renta, es necesario que se tomen en consideración todas las afectaciones negativas que sufre el contribuyente, así como las afectaciones positivas.
Lo que hace patente lo desproporcional del artículo impugnado, es que un contribuyente que sufre una pérdida por enajenación de acciones no le será reconocida la afectación negativa que sufre por dicha pérdida, ya que únicamente podrá deducirla si obtiene utilidad por el mismo concepto y, en su caso, dicha ganancia deberá ser igual o superior a la pérdida para poder deducirla.
En efecto, si un contribuyente tiene dentro de su objeto social la tenencia de acciones, es claro que para la obtención de sus ingresos, llevará a cabo enajenaciones de acciones las cuales generarán pérdidas o ingresos dependiendo de cuestiones del mercado o específicas de la sociedad en que participa, por ello, dado que la enajenación de acciones es una operación cuya finalidad es obtener ingresos, no existe justificación para que el legislador haya condicionado su deducción a que obtenga utilidades por dicho concepto en el mismo ejercicio o en los diez siguientes y para que, en tal caso, únicamente hasta el monto de dichas utilidades.
Apoyando lo anterior, con la jurisprudencia cuyo rubro es el siguiente: "RENTA. DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS POR ENAJENACIÓN DE ACCIONES. EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2002, VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.", en la que se determinó que el artículo 32, fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete es desproporcional, en virtud de que no reconoce una erogación necesaria o encaminada a la obtención de ingresos, respecto de la cual no existe justificación para ser limitada o condicionada a la obtención de ingresos por el mismo concepto.
Así, se tiene que el vicio de inconstitucionalidad advertido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil siete, aun está presente en el texto vigente en dos mil ocho, ya que persiste la condición para poder tomar la deducción de la pérdida por enajenación de acciones a que se haya obtenido utilidad por el mismo concepto.
Lo anterior es evidente si se considera que el artículo 20, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta obliga a los causantes a acumular la totalidad del ingreso que provenga de una enajenación de acciones para atender a su verdadera capacidad contributiva, por lo cual a fin de respetar el principio de simetría fiscal, también debería permitirles deducir la totalidad de la pérdida proveniente de dichas operaciones.
En efecto, la circunstancia de que se permita tomar la deducción de la pérdida por enajenación de acciones en contra de la utilidad obtenida por el mismo concepto en el mismo ejercicio o los diez siguientes, no modifica el hecho de que no se permita la deducción al momento en que se obtuvo la pérdida, lo anterior en virtud de que si un contribuyente no obtiene en el mismo ejercicio una utilidad por enajenación de acciones igual o mayor a la pérdida por dicho concepto, el monto de las deducciones relacionadas con dicha pérdida en venta de acciones no será acorde con el impacto real que causó la pérdida en el patrimonio del contribuyente.
Incluso, la desproporcionalidad de las normas reclamadas se corrobora si se considera que aun un contribuyente que obtenga utilidades por concepto de enajenación de acciones en los siguientes diez ejercicios necesariamente deberá obtener dichas utilidades en un monto igual o superior a la pérdida en que incurrió por dicho concepto.
Por otro lado, señala que la inconstitucionalidad de la disposición que se reclama se hace más evidente si se toma en cuenta que las restricciones a la deducción de pérdidas sufridas en ventas de acciones que se contienen en la fracción XVII del artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, tienen como supuesta justificación evitar la simulación de este tipo de operaciones por parte de los contribuyentes con objeto de disminuir el impuesto a su cargo.
Tal como se advierte de la exposición de motivos de la iniciativa de la Ley que envió el Presidente de la República a la Cámara de Diputados en mil novecientos sesenta y siete, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, Seguros, de Presupuesto y Gasto Público y Estudios Legislativos, de la Cámara de Diputados y en la exposición de motivos que dio lugar a la reforma del artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del uno de enero de dos mil ocho se advierte la limitante establecida en dicho precepto para la deducción de la pérdida por enajenación de acciones tiene el supuesto fin fiscal de evitar transacciones especulativas que erosionan la base del impuesto sobre la renta.
De lo anterior, se advierte que el legislador asume que toda enajenación de acciones tiene por objeto disminuir la base gravable; sin embargo, tal situación es incorrecta pues existen contribuyentes que llevan a cabo la enajenación de acciones como parte de sus operaciones y con la finalidad de obtener ingresos, por lo que resulta injustificado que el legislador haya otorgado un trato diferenciado a los contribuyentes que obtengan pérdidas por enajenación de acciones bajo la simple suposición que pretenden disminuir su base gravable lo cual no ocurre en casos de contribuyentes como la quejosa.
Ahora bien, si existe al alcance de las autoridades fiscales la posibilidad de determinar la existencia de simulación de actos, como lo establece el artículo 213 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no existe justificación para que el legislador limite la deducción de una erogación relacionada con el objeto social del contribuyente, como ocurre en el caso, y no le permita tomarla en el ejercicio en que impacta su patrimonio.
En todo caso la verificación artificial de la base gravable es una cuestión a revisar por las autoridades fiscales a través de las facultades de comprobación por lo que resulta injustificado que se dé un trato diferencial a contribuyentes que incurren en pérdidas por enajenación de acciones mientras llevan a cabo sus operaciones regulares.
2) El artículo 32, fracción XVII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del ejercicio fiscal 2008, viola el principio de equidad tributaria, por lo siguiente:
a) El dispositivo reclamado es inequitativo, al impedir a los contribuyentes que han sufrido pérdidas con motivo de la enajenación de acciones de su propiedad, la deducción de las mismas por un importe superior al de las ganancias que hayan obtenido por la enajenación de otras acciones o títulos valor, pues se les está colocando en una situación de desigualdad frente a otros contribuyentes que hayan obtenido sus ingresos a partir de realizar operaciones, erogaciones y gastos relacionados con operaciones distintas de las de venta de acciones, que también les han implicado una disminución patrimonial, siendo que a éstos últimos sí se les reconoce para la determinación de la base del tributo en análisis.
Esto es, si dos contribuyentes realizan el mismo monto de gastos o sufren la misma cantidad de pérdidas por la enajenación de bienes tales como acciones, terrenos, activos fijos, títulos valor que representan la propiedad de bienes, etcétera, y obtienen ingresos por una cantidad igual, no existe razón alguna que justifique que uno de ellos pague un impuesto mayor que el otro, por el sólo hecho de que los ingresos de uno provengan de la ganancia en enajenación de acciones y los del otro provengan de otros conceptos, pues la naturaleza del bien que enajena un contribuyente y que da origen a una pérdida con menoscabo de su patrimonio no puede constituir una razón que válidamente justifique un trato tributario desigual, en la medida en que se trate de bienes estrictamente indispensables para la actividad mercantil de los sujetos, en un impuesto al ingreso que debe atender a la auténtica modificación patrimonial, tanto positiva como negativa, que registre el contribuyente.
b) Adicionalmente, aun entre contribuyentes que en el mismo ejercicio han realizado operaciones de venta de acciones, el precepto reclamado provoca un trato distinto sin una razón que válidamente lo justifique, porque uno que obtenga utilidades por concepto de enajenación de acciones, podrá deducir las pérdidas que haya sufrido por el mismo concepto, mientras que el que obtuvo ingresos por un concepto diverso, no podrá llevar a cabo la deducción de la pérdida por enajenación de acciones.
De este modo, si ambos contribuyentes obtuvieron una pérdida por enajenación de acciones por el mismo monto y obtuvieron ingresos por el mismo monto, aunque uno de ellos por enajenación de acciones, es claro que la modificación patrimonial real de ambos será idéntica, pues habrán obtenido la misma cantidad de ingresos y sufrido el mismo decremento por concepto de pérdidas por la enajenación de acciones.
Sin embargo, el hecho de que los ingresos de uno de ellos se derivaron de la ganancia obtenida en la enajenación de acciones y otros títulos valor, mientras que los ingresos del otro tengan un origen distinto, dará lugar a que el que obtuvo utilidades por la enajenación de acciones pague un impuesto inferior al segundo, pues podrá deducir las pérdidas sufridas por la enajenación de acciones hasta el monto de sus ganancias, lo cual se traduce en un trato desigual a contribuyentes que se encuentran en igualdad de circunstancias y, por tanto, la disposición reclamada resulta violatoria de la garantía de equidad tributaria.
Al respecto, debe considerarse que la pérdida por enajenación de acciones deriva de operaciones llevadas a cabo en cumplimiento del objeto social de la quejosa, por lo que claramente estamos en presencia de una erogación estrictamente indispensable; de ahí que resulte inequitativo que no se reconozca el efecto negativo en su patrimonio para la determinación de la base del gravamen o que se condicione a la obtención de utilidades por la venta de otras acciones.
Cabe destacar que ambas Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvieron que el artículo 25, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, el cual corresponde al mismo texto del artículo 32, fracción XVII reclamado, resulta inconstitucional por violar la garantía de equidad tributaria.
3) Los artículos 54 y 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el artículo 32, fracción XVII, de dicha ley, resultan violatorios de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria por lo siguiente:
a) El artículo 54, fracción II, del Reglamento señalado [cuyo texto es prácticamente idéntico al del artículo 32, fracción XVII, inciso c), de la ley reclamada], dispone que tratándose de una pérdida derivada de la enajenación de acciones que no se encuentran colocadas entre el gran público inversionista se exige, entre otros requisitos, que la pérdida se determine efectuando los ajustes a que se refiere el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y considerando como ingreso obtenido el que resulte mayor entre el declarado y el determinado, a partir del capital contable por acción actualizado que se obtenga conforme al artículo 58 del Reglamento; este último precepto, señala que el capital contable por acción o parte social actualizado, será el que resulte de dividir el capital contable determinado en el estado de posición financiera formulado a la fecha de cierre del ejercicio inmediato anterior al de la enajenación, actualizado, entre el total de acciones o partes sociales de la persona moral a la fecha de la enajenación respectiva, incluyendo las correspondientes a la reinversión o capitalización de utilidades o de cualquier otro concepto que integre el capital contable de la empresa.
En ese contexto, el Reglamento reclamado obliga a los contribuyentes a considerar como valor contable de cada acción o parte social, el que resulte mayor entre el monto de la operación pactada y el monto a que ascendió el capital contable de la empresa durante el ejercicio inmediato anterior al de la enajenación (actualizado), entre el número total de acciones o partes sociales. Así, lo previsto en los artículos 54, fracción II [cuyo texto es prácticamente idéntico al del artículo 32, fracción XVII, inciso c), de la ley reclamada] y 58 del Reglamento, constituye un procedimiento que obliga a recalcular el importe de la pérdida asumiendo que la venta se realiza a un valor distinto del precio efectivamente pactado, que corresponde al valor contable del título al treinta y uno de diciembre del ejercicio inmediato anterior; de este modo, a fin de determinar el valor de las acciones enajenadas -para con ello poder definir si existe o no una pérdida en la venta de acciones-, los contribuyentes deben considerar un valor totalmente ajeno al que verdaderamente refleja la situación financiera de la sociedad cuyas acciones ha vendido, pues señala que se debe considerar el capital contable del ejercicio inmediato anterior.
Por lo anterior, dichos preceptos obligan a determinar el impuesto sobre bases totalmente ajenas a la realidad financiera de la empresa cuyas acciones han enajenado, pues obligan a determinar la base del tributo tomando en consideración el valor contable de la empresa en un ejercicio distinto, lo cual no corresponde a su auténtica capacidad contributiva y, por ende, se viola la garantía de proporcionalidad tributaria. Es evidente que se desconoce el hecho de que el valor de una sociedad en operación cambia de un momento a otro, incluso en intervalos menores a un ejercicio, ya que el valor del capital contable por acción conforme al último balance general formulado por cualquier sociedad puede variar, y en ocasiones de manera significativa, respecto de la fecha de la enajenación de acciones, siendo que dichas variaciones pueden presentarse como consecuencia de hechos o circunstancias normales de operación, o bien, por situaciones extraordinarias, que originen una variación importante en la situación financiera de la empresa.
Como consecuencia de lo anterior, los artículos 32, fracción XVII, inciso b), de la ley, así como los artículos 54, fracción II y 58 del Reglamento combatidos, limitan el monto de la deducción por pérdida en la enajenación de acciones, con la referencia del valor contable por acción al cierre el ejercicio inmediato anterior, no obstante que éste puede no guardar relación alguna con el valor del negocio a la fecha de la enajenación, determinado conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados a la propia fecha de la enajenación. Por ello, esa situación conlleva una distorsión en cuanto al monto de la pérdida que efectivamente se puede considerar como deducible.
b) Por otro lado, el hecho de que los artículos 54, fracción II [cuyo texto es prácticamente idéntico al del artículo 32, fracción XVII, inciso c), de la ley reclamada] y 58 del Reglamento impugnado, obliguen a los contribuyentes a determinar el costo promedio por acción utilizando como base el valor contable de la empresa en un ejercicio anterior, revela un trato distinto que el que reciben contribuyentes que pretenden deducir otras pérdidas.
Para demostrar lo anterior, debe atenderse al artículo 21, párrafo primero, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual señala que para determinar la ganancia (o pérdida) en la enajenación de ciertos bienes, como lo son terrenos, títulos valor que representen la propiedad de bienes o piezas de oro o de plata, los contribuyentes deberán restar del ingreso obtenido, el monto original de la inversión, el cual se podrá ajustar multiplicándolo por el factor de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquél en el que se realice la enajenación, sin que en términos del párrafo segundo de dicho artículo 21, el ajuste señalado sea aplicable para determinar la ganancia por la enajenación de acciones y certificados de depósito de bienes o de mercancías.
En tales condiciones, se observa que no obstante que el artículo 21 de la Ley del Impuesto sobre la Renta prevé un procedimiento para determinar la pérdida por enajenación de bienes, sin justificación alguna, dicho procedimiento no se aplica al caso de enajenación de acciones, lo cual resulta claramente inequitativo. Lo anterior es así, porque el mecanismo del artículo 21 para determinar la ganancia por enajenación de bienes resulta plenamente aplicable al caso de enajenación de acciones y, sin embargo, sin justificación alguna, se establece en los artículos 54, fracción II [cuyo texto es prácticamente idéntico al del artículo 32, fracción XVII, inciso c), de la ley reclamada] y 58 del Reglamento impugnado, un procedimiento completamente distinto, en el cual, para determinar la pérdida por enajenación de acciones, los contribuyentes deben considerar un valor totalmente ajeno a la operación, como lo es el valor contable de la empresa en un ejercicio distinto a aquel en que se efectuó la enajenación.
En consecuencia, los preceptos legal y reglamentarios reclamados, resultan violatorios del principio de equidad tributaria, al obligar a los contribuyentes a determinar si procede o no la deducción de pérdidas por la venta de acciones con base en cantidades ficticias, que no reflejan los efectos de la operación de compraventa al referirse a un ejercicio distinto, mientras que en todos los demás casos similares se permite determinar si existe una pérdida deducible sobre valores reales.
II. La Juez de Distrito resolvió, por una parte, conceder el amparo a la quejosa y, por otra, negarle la protección constitucional solicitada, con base en las siguientes consideraciones:
1) Fijó los actos reclamados, consistentes en:
a) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta, destacadamente los artículos 32, fracción XVII, en su texto vigente a partir del uno de enero de dos ocho, y 21 vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco; y
b) La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, específicamente, por lo que se refiere a los artículos 54 y 58, párrafo primero, en su texto vigente a partir del dieciocho de octubre de dos mil tres, y 58, párrafo segundo, vigente a partir del cinco de diciembre de dos mil seis.
2) Determinó que son ciertos los actos reclamados al Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y la de Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación.
3) Analizó las causas de improcedencia en términos del último párrafo del
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/80080-16b1a6ba/amparo-en-revision-634-2010-1-8-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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