SALDOS A FAVOR. EL PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA SE RIGE POR EL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y ES INDEPENDIENTE DEL DIVERSO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A DEL MISMO ORDENAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 208/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2016. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(2) en razón de que fue formulada por la Magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
TERCERO.-Cuestión preliminar. Previo a determinar si existe la posible contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados de Circuito y emitir un pronunciamiento, esta Segunda Sala advierte, como hecho notorio, que las sentencias emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en los amparos directos 433/2015 y 7/2016, así como la dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo directo 267/2015, los cuales participan dentro de la denuncia de la presente contradicción de tesis, aún no son definitivos, porque en su contra, los quejosos interpusieron sendos recursos de revisión.
Lo anterior es así, debido a que en el amparo directo 433/2015, el representante de la sociedad quejosa, Móvil Six, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de revisión, el cual se remitió a este Alto Tribunal, por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis,(3) para los efectos legales conducentes.
En proveído de doce de junio siguiente, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo admitió a trámite, lo registró bajo el expediente 2976/2016 y lo turnó a la ponencia de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.
De igual manera, en el amparo directo 7/2016, la sociedad quejosa, Móvil Six, interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido a este Alto Tribunal por acuerdo de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis.(4) Posteriormente, por acuerdo de uno de junio siguiente, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo registró bajo el expediente 2965/2016 y lo desechó por improcedente.
Inconforme, la sociedad quejosa interpuso recurso de reclamación, el cual se admitió, se registró con el número 1076/2016 y se turnó a la ponencia del Ministro Eduardo Medina Mora I., pendiente de resolverse.
Asimismo, para el caso del amparo directo 267/2015, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la sociedad quejosa, Proveedora de Consumibles Industriales de la Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de revisión, el cual fue admitido por el presidente de este Alto Tribunal, por acuerdo de catorce de septiembre de dos mil quince, se registró bajo el expediente 4873/2015 y se turnó a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán.
Por tanto, si las resoluciones mencionadas no han causado ejecutoria, por encontrarse en trámite los recursos interpuestos, resulta claro que el criterio emitido sobre éstas se encuentra sujeto a la determinación que adopte este Alto Tribunal, por lo que la presente denuncia, respecto de estas sentencias, debe declararse improcedente.
Sirve de apoyo el criterio sustentado por esta Segunda Sala de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE LA DENUNCIA CUANDO UNA DE LAS SENTENCIAS RELATIVAS NO HA CAUSADO EJECUTORIA.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, se infiere que la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito requiere como presupuesto que las sentencias en que los criterios discrepantes fueron emitidos tengan la naturaleza de ejecutorias, pues de no ser así, por encontrarse en trámite el recurso de revisión interpuesto contra alguna de esas sentencias, el criterio emitido por el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito está sujeto a la determinación que sobre el particular adopte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudiendo no subsistir y entonces no existiría la contradicción de tesis. Consecuentemente, en ese supuesto la denuncia respectiva debe declararse improcedente."(5)
No obstante, esta Segunda Sala procede a determinar la posible existencia de contradicción de tesis que pudiera haber entre las diversas ejecutorias emitidas en los amparos directos 385/2015, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, y 167/2015, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.
CUARTO.-Consideraciones de las ejecutorias en probable contradicción. A continuación, se transcriben las principales consideraciones formuladas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 385/2015, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"SEXTO.-Estudio de fondo. ...
"Por otra parte, también es fundado el tercero de los conceptos de violación esgrimidos por la quejosa, por los siguientes motivos:
"En el referido concepto, el solicitante del amparo, en síntesis, argumenta:
"1. Que el acto impugnado contradice el artículo 14 constitucional, dado que no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento que ordenan cumplir los artículos 22, 42, fracción III, 43, 44, 46 y 46-A del Código Fiscal de la Federación, en lo tocante al procedimiento que debe desahogar la autoridad fiscal cuando ejerce facultades de comprobación en contra del contribuyente, a efecto de acreditar la procedencia sobre una petición de devolución.
"1.1. Que se viola de forma análoga el artículo 46-A del código relativo, dada la actualización de la caducidad de las facultades de comprobación en perjuicio de la demandada para efectos de comprobar la procedencia de la devolución, debido a que la autoridad se excedió del plazo de ciento ochenta días para concluir las facultades de comprobación que ordena cumplir el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, pues la visita domiciliaria se inició el veintisiete de noviembre de dos mil trece, sin que la autoridad la haya concluido dentro del plazo citado, para efectos de acreditarse la procedencia de una devolución y que, además, como consecuencia de esto, se proceda a compulsar terceros relacionados con el contribuyente.
"1.2. Que se viola el principio de debido proceso, en lo que respecta a las fracciones VI y VII, ambas del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, toda vez que, al realizarse el procedimiento de visita domiciliaria, la autoridad fue omisa en levantar tanto la última acta parcial como el acta final, por lo que no se dio certeza y oportunidad procesal a la quejosa para que conociera cuáles fueron los hechos u omisiones que la autoridad conoció como consecuencia de las facultades de comprobación, que tuviese oportunidad procesal para que dentro de un plazo de veinte días hábiles desvirtuara los hechos u omisiones que se asentaron en la última acta parcial.
"1.3. Que la responsable debió declarar la nulidad lisa y llana de la resolución combatida, dado que caducaron las facultades de comprobación, desde el aspecto que la autoridad se excedió del plazo de ciento ochenta días para concluir la visita domiciliaria que establece en los artículos 22 y 46-A, ambos del Código Fiscal de la Federación, este último de aplicación análoga en el caso en concreto, en virtud de que el propio artículo 22 mencionado, en su noveno párrafo, hace alusión de que cuando se ejerzan facultades de comprobación y se compulse a terceros, el plazo para concluir el ejercicio de dichas facultades será de ciento ochenta días; además que el propio artículo 22, hace alusión a que dicho plazo podrá suspenderse conforme a las mismas causales que dispone el artículo 46-A del código relativo; por lo que concluye que el legislador, a través de este último artículo, reconoce la aplicación al procedimiento de comprobación para que éste tenga su conclusión dentro de un plazo perentorio de ciento ochenta días.
"Como se anunció, los destacados argumentos son fundados, pues como lo hace valer la quejosa, las formalidades previstas en los artículos 44, 46 y 46-A del Código Fiscal de la Federación son aplicables, en el caso en que la autoridad ejerza las facultades de comprobación para verificar la procedencia de una devolución de saldos a favor.
"El artículo 22, primer y noveno párrafos, del código en cita dispone lo siguiente:
"(Se transcribe)
"Del precepto en cita se desprende que en él se instituye como un derecho de los contribuyentes solicitar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente al fisco federal o las que procedan conforme a las leyes fiscales, y una obligación de la autoridad tributaria responder congruentemente la petición, en tres diferentes sentidos: acceder a la devolución (total o parcial), negarla y tener al interesado por desistido. Consecuentemente, el contenido del aludido precepto debe sistematizarse en los términos siguientes:
"• Recibida la solicitud, la autoridad debe analizar si cuenta o no con los elementos necesarios para responder el fondo, es decir, si tiene a su alcance toda la información y/o documentación que la respalde.
"• Corroborado lo anterior, dará respuesta de manera afirmativa o negativa o mixta.
"• Si de la revisión de los datos y soporte documental aportados deriva la imposibilidad para pronunciarse sobre el fondo, la autoridad está obligada a requerir del interesado aquello que le permita definir si es o no procedente la devolución, a lo que deberá cumplir el contribuyente en un plazo de veinte días.
"• Ante ello pueden darse dos escenarios: a) que el solicitante sea omiso en atender el requerimiento, o b) que cumpla con lo pedido, aportando información y/o documentación.
"• En el primer supuesto, es claro que la sanción jurídica correspondiente consiste en tenerlo por desistido, ante su falta de interés.
"• En el segundo pueden generarse dos situaciones: a) que el cumplimiento sea total, o b) que se dé un cumplimiento parcial.
"• El cumplimiento total posibilita a la autoridad para atender la petición, pero a su vez la faculta y obliga a responderla, es decir, se ve conminada a decidir la procedencia o improcedencia de la devolución.
"• El cumplimiento parcial exige a la autoridad realizar un segundo requerimiento (diez días), donde especifique qué datos, información o documentación omitidos, le son indispensables para decidir el fondo. Hipótesis que se traduce en la facultad reglada de requerir por segunda ocasión al interesado, lo cual implica que, una vez actualizado este supuesto, la autoridad no tiene la opción de decidir si ejerce o no dicha potestad, sino que debe, invariablemente, llevarla a cabo.
"• Materializado el segundo requerimiento, el solicitante puede cumplirlo o no.
"• El cumplimiento implica que la autoridad cuenta con toda la información y soporte relativo, que le permite responder la petición, por lo que es su obligación pronunciarse si procede o no la devolución.
"• Finalmente, el incumplimiento o cumplimiento deficiente trae como sanción el desistimiento, cuyo pronunciamiento debe expresar las razones que lo justifiquen.
"• La autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación con el objeto de verificar la procedencia de cada solicitud de devolución presentada por el contribuyente, aun cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos.
"• El citado ejercicio de las facultades de comprobación concluirá dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades.
"• En el caso en el que la autoridad, para verificar la procedencia de la devolución, deba requerir información a terceros relacionados con el contribuyente, así como en el de los contribuyentes a que se refiere el apartado B del artículo 46-A del código, el plazo para concluir el ejercicio de facultades de comprobación será de ciento ochenta días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. Estos plazos se suspenderán en los mismos supuestos establecidos en el citado artículo 46-A.
"Ahora, aun cuando el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación autoriza a la autoridad fiscal para ejercer sus facultades de comprobación, con el fin de verificar la procedencia de la solicitud de devolución del saldo a favor, sin establecer normas especiales para su desarrollo, cuando la autoridad fiscal con arreglo en tal artículo ejerce las facultades de comprobación contenidas en el diverso 42 del código aludido, específicamente la comprendida en la fracción III, referida a la práctica de la visita domiciliaria, la autoridad fiscal se encuentra constreñida a sujetarse en todo momento y en cualquier circunstancia a las formalidades establecidas en el diverso 46 del código tributario federal, es decir, debe llevarla a cabo conforme a las reglas que, para el efecto, el legislador tributario federal señaló en el numeral de marras.
"Lo anterior, en virtud de que la génesis del mencionado artículo consiste en hacer respetar las garantías de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio y acotar suficientemente el ejercicio de la facultad de la autoridad fiscal en el domicilio fiscal, lo que otorga seguridad jurídica al particular y evita el actuar arbitrario de la autoridad administrativa.
"Pues como fue señalado, el referido artículo 22 no establece ninguna norma procedimental que limite o restrinja el ejercicio de la aludida facultad de la autoridad administrativa cuando pretende verificar la procedencia de la solicitud de devolución presentada por el contribuyente.
"Máxime que no puede entenderse que dicha autoridad tenga una absoluta libertad, incluso, para actuar al margen de la ley, so pretexto de estar verificando la procedencia o improcedencia de la devolución solicitada por el propio contribuyente, ya que tal consideración sería contraria a un mínimo sentido de seguridad jurídica, lo cual, desde luego, sería en detrimento de las posibilidades de defensa del gobernado y, por añadidura, trascendería el resultado final de la resolución que la autoridad emita, como ocurrió en el caso, pues al no levantarse actas parciales, en las que se hicieran constar los hechos y omisiones conocidos por la autoridad, así como la última acta parcial, en la que se otorgaran al contribuyente cuando menos veinte días, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, se afectaron sus defensas.
"En consecuencia, siendo un principio general del derecho que las autoridades administrativas sólo pueden hacer aquello que la ley expresamente les permite, se colige que en esta hipótesis y aun cuando el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación no lo establezca, la autoridad fiscal debe ejercer sus facultades de comprobación sujetándose a alguno de los procedimientos regulados en el artículo 42 del propio código, respetando siempre las formalidades y los plazos previstos en las normas específicas, ya que este último precepto contempla una serie de procedimientos permitidos por la ley, que si bien están encaminados a verificar si los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, han cumplido con sus obligaciones fiscales, lo cierto es que, al pretender determinar cuál es la verdadera situación fiscal del contribuyente, válidamente puede sostenerse que su finalidad es análoga a la determinación de la procedencia o improcedencia de la devolución solicitada.
"En la misma línea de ideas, si bien el artículo 22 analizado sólo prevé que el citado ejercicio de las facultades de comprobación concluirá dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades, o de ciento ochenta días, en el caso en el que la autoridad, para verificar la procedencia de la devolución, deba requerir información a terceros relacionados con el contribuyente, así como en el de los contribuyentes a que se refiere el apartado B del artículo 46-A del código, resulta aplicable a las visitas domiciliarias que nos ocupan, lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo 46-A, de acuerdo al cual, cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el oficio de observaciones o, en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de los plazos legales, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita o revisión.
"Ello es así, pues los referidos actos de molestia a los particulares están delimitados temporalmente, es decir, están acotados a un tiempo prudente, a fin de que se logre el objetivo que con ellos se pretende, pues de no ser así, la actuación de la autoridad se volvería molestia constante o permanente intromisión al domicilio, tornándose dichas facultades fiscalizadoras en omnímodas, arbitrarias o caprichosas, lo que es contrario a la protección que otorga el artículo 16 constitucional.
"Para evitar la infracción a la garantía de seguridad jurídica, el legislador ha establecido en la ley secundaria los elementos mínimos necesarios, a fin de que el gobernado, por un lado, pueda proteger su derecho y, por otro, para que sobre este aspecto la autoridad no incurra en arbitrariedades o conductas injustificadas, es decir, la intención del legislador ha sido que, entre otras regulaciones, el ejercicio de esa facultad excepcional se limite a un plazo breve que evite la prolongación indefinida del acto de molestia, lo que se prevé en el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, norma ordinaria creada también para otorgar una mayor seguridad jurídica al contribuyente visitado, pues de esta manera se obliga a las autoridades fiscales a concluir el análisis de la contabilidad y demás papeles que reflejan la situación fiscal del contribuyente en un término razonable para ello y concluir dichas visitas.
"Es aplicable el criterio de la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en las tesis que a continuación se reproducen: ..."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 167/2015, sostuvo lo siguiente:
"QUINTO.-Son infundados en una parte, fundados pero inoperantes en otra y, finalmente, inoperantes los conceptos de violación que se hacen valer.
"...
"Siguiendo con el cuarto punto a dilucidar, ello lo constituye el contenido del segundo concepto de nulidad, donde se alegó una aparente violación de forma derivado de las facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución solicitada, en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.
"Parte de las consideraciones destacadas por la empresa quejosa, para desestimar lo anterior, fueron las siguientes:
"a) Resulta suficiente que en la orden de visita domiciliaria, contenida en el oficio de veintiuno de febrero de dos mil trece, se cite como sustento de la facultad ejercida, el artículo 22, noveno párrafo, del Código Fiscal de la Federación, pues es en dicho numeral en que se prevé la potestad de revisar la procedencia del saldo a favor mediante facultades de comprobación.
"b) Resulta infundada la manifestación de que la autoridad debió levantar una última acta parcial y una acta final, para tener por debidamente concluida la visita domiciliaria que se le practicó a efecto de verificar la procedencia del saldo a favor solicitado en devolución; ello en virtud de que si bien es cierto, al ejercer tal facultad de comprobación resultan aplicables las reglas para la visita domiciliaria previstas en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, también es cierto que la legalidad del procedimiento no se encuentra sujeta a las formalidades consistentes en levantar la última acta parcial, dar término de veinte días al contribuyente, a efecto de que desvirtúe hechos y omisiones y levantar el acta final, pues ello no fue establecido por el legislador en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.
"c) Respecto del argumento relativo a que la autoridad demandada excedió el término de noventa días establecido en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, para el ejercicio de las facultades de comprobación, es de señalar que la única consecuencia legal es que de autorizarse la devolución solicitada, la autoridad fiscal deberá actualizar el monto a devolver y pagar los intereses, ello calculado a la fecha en que se realice el pago correspondiente; empero, no existe disposición expresa de que si la autoridad excede el plazo de mérito, sus facultades de comprobación caduquen, ni que por tal circunstancia, deba considerarse procedente el saldo a favor solicitado por los contribuyentes.
"Lo anterior se controvierte, planteando la inconstitucionalidad del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, por contravenir las formalidades esenciales del procedimiento y los principios de certeza y seguridad jurídicas, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, bajo dos parámetros medulares:
"a) Porque no regula un procedimiento propiamente para verificar la procedencia de la devolución, dejando a potestad de la autoridad hacendaria la aplicación o no del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación.
"b) Porque no regula la caducidad de las facultades de resolverse la procedencia de la devolución fuera de los noventa días que el precepto legal dispone para tal efecto.
"En principio, debe señalarse que el procedimiento establecido en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, está destinado única y exclusivamente para atender las solicitudes de devolución.
"Sirve de orientación a lo anterior, la tesis 1a. LXXVII/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 868, Libro VII, Tomo 1, abril de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue:
"‘DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE. PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD RELATIVA, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 22 Y 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).’ (se transcribe)
"Ahora, tanto el argumento de que pretenda aplicarse el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, que regula la visita en el domicilio fiscal, por lo que hace al levantamiento de una última acta parcial o de una final, así como de la inexistencia de una sanción por no resolver dentro de los plazos establecidos (entre ellos, el dispuesto para las facultades de comprobación), pierde de vista la finalidad del precepto en comento.
"Y es que no estamos frente al caso de ejercicios de facultades de comprobación, que pudieren entrañar la determinación de un crédito fiscal.
"En efecto, el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación se refiere a supuestos totalmente diversos, ya que estamos ante una devolución de impuestos y la posibilidad de ejercer facultades de comprobación en estos casos no conlleva la determinación de un crédito fiscal, sino la posibilidad de verificar la procedencia de la devolución solicitada por el quejoso.
"Para un mejor entendimiento de lo anterior, conviene destacar lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 1454/2012, el cinco de septiembre de dos mil doce, donde se procedió inicialmente a la transcripción del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, cuyo texto es como sigue:
"(Se transcribe)
"Con base en lo anterior, es dable entonces establecer que aun cuando las facultades de comprobación se ejerzan en un procedimiento distinto al de la mera verificación formal de la devolución de contribuciones, pues su objetivo es la revisión o fiscalización de las obligaciones tributarias del solicitante, investigando o fiscalizando el debido cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo del solicitante, lo cierto es que deberá hacerse respetando las formas y términos del procedimiento dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.
"Como se expuso al analizar lo relativo al oficio por el cual se negó la devolución solicitada, las facultades de comprobación desplegadas en el caso, tuvieron un único fin: validar que los productos que enajena la contribuyente aquí quejosa, no son alimentos y que, por lo mismo, no son sujetos de la tasa 0%, en términos del artículo 2-A, fracción I, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
"Luego, si la facultad de comprobación no dispuso la imposición de un crédito fiscal, sino dilucidó la improcedencia de la solicitud de devolución planteada, es necesario concluir que en el caso, no resultaba necesario agotar la totalidad de las formalidades previstas en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, pues como lo refiere la misma parte quejosa, no era necesario exponer defensas o argumentos en torno a ningún gravamen, siendo que respecto de la determinación de negativa a la devolución, estuvo como aconteció, expedito su derecho para impugnarlo a través del recurso de revocación correspondiente.
"Por otra parte, no se encuentra contravención a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que las garantías de seguridad jurídica y de legalidad que en ellos se integran, no comprenden de manera alguna el que la ley deba contemplar alguna sanción al actuar de la autoridad, en el caso, que no se resuelva la devolución en el término previsto por la ley, lo que involucra los plazos en los que se deben ejercer las facultades de comprobación.
"Lo anterior se robustece, si se pondera que sí existe una consecuencia de dicho proceder, desde luego, en beneficio del contribuyente, que lo es el pago de los intereses respectivos, en caso de ser procedente la solicitud.
"Pero de no acontecer así, es manifiesto que tiene expedito su derecho para considerar legalmente una negativa ficta, y no esperar de manera indeterminada la emisión expresa de ésta.
"Sirve de orientación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 73/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XXXI, junio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es como sigue:
"‘DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD HACENDARIA PARA NEGARLA NO PRECLUYE CUANDO ÉSTA NO RESUELVE LA SOLICITUD RELATIVA DENTRO DEL PLAZO LEGAL.’ (se transcribe)
"Por lo expuesto, procede desestimar la inconstitucionalidad del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, por las razones apuntadas.
"Con apoyo en lo anterior, es infundado que la sentencia señalada como acto reclamado, resulte ilegal, por contravenir lo dispuesto por los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con el diverso numeral 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Ello es así, porque ante la desestimación de los conceptos de violación, no existen más elementos que, analizados, permitan validar la afirmación de la contravención en cita, sin que resulte necesario hacer un mayor pronunciamiento al respecto con base en tratados internacionales. ..."
QUINTO.-Existencia de la contradicción de tesis. Es necesario determinar si existe la contradicción de criterios, para lo cual se estima necesario destacar los aspectos relevantes de las consideraciones en que se apoyaron los Tribunales Colegiados de Circuito.
Lo anterior, con el propósito de dilucidar que los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, cuyo rubro es el siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(6)
Del contenido de las ejecutorias que han sido reseñadas, se advierte que sí existe la contradicción de tesis que ha sido denunciada.
En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 167/2015, se pronunció en torno al problema de inconstitucionalidad planteado respecto del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, desestimando la contravención que se adujo a las formalidades esenciales del procedimiento, de los principios de certeza y seguridad jurídicas, así como del argumento concerniente a que no establece un procedimiento propiamente para verificar la procedencia de la devolución, dejando a potestad de la autoridad hacendaria la aplicación o no del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación.
Lo anterior, con apoyo en las siguientes consideraciones:
a) El procedimiento
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26829-26700f62/saldos-a-favor-el-procedimiento-para-determinar-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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