DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR. EL PRIMER REQUERIMIENTO DE DATOS, INFORMES O DOCUMENTOS ADICIONALES EMITIDO POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA PARA VERIFICAR SU PROCEDENCIA CON FUNDAMENTO EN EL SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 19 DE ABRIL DE 2016. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS, JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ NAVARRO Y ANTONIO CEJA OCHOA. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL CANTÚ CISNEROS. SECRETARIA: MARIANA ALEJANDRA ORTEGA SEPÚLVEDA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de este Cuarto Circuito, en un tema que, por su naturaleza administrativa, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La presente denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con apoyo en la facultad que les confiere el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor.
TERCERO.-Criterios materia de la contradicción de tesis. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 286/2015, en sesión de treinta de octubre de dos mil quince, por unanimidad de votos, consideró, en lo que interesa, lo siguiente:
"QUINTO.-Estudio del asunto. Los conceptos de violación son infundados por un lado, e inoperantes por otro.
"En principio, con la finalidad de apreciar íntegramente la problemática que se desprende de los motivos de disenso planteados, se estima necesario narrar brevemente los antecedentes más destacados del asunto, mismos que se desprenden de las constancias que integran el expediente de origen:
"1. El veinticinco de septiembre de dos mil catorce,(1) **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, presentó solicitud de devolución por concepto de impuesto empresarial a tasa única determinado en el ejercicio de dos mil once, por el importe de $********** (********** pesos 00/100 M.N.).
"2. En relación con lo anterior, el diez de octubre de dos mil catorce,(2) el administrador local de Auditoría Fiscal de Guadalupe, emitió el oficio de requerimiento **********, a través del cual, requirió a la ahora quejosa, para que dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes a la fecha en que surtiera efectos las notificación de dicho requerimiento, proporcionara diversa información y/o documentación que se estimaba necesaria para verificar la procedencia de su solicitud de devolución; haciendo de su conocimiento que de no proporcionar en forma completa, correcta y oportuna, los informes, datos y documentos requeridos, se le tendría por desistida de su solicitud.
"3. En contra de dicho requerimiento, la empresa contribuyente formuló escrito de demanda, mediante la cual interpuso juicio de nulidad,(3) misma que fue desechada por improcedente, mediante auto de dos de diciembre de dos mil catorce,(4) por el Magistrado instructor adscrito a la Tercera Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al considerar que el oficio impugnado no constituía una resolución definitiva que pusiera fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o que resolviera un expediente en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sino que únicamente se trataba de un requerimiento previo que la autoridad podía llevar a cabo durante el procedimiento establecido en el sexto párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, para efecto de verificar la procedencia de la devolución solicitada, por lo que constituía sólo una fase o acto de naturaleza procedimental, pero no un acto o resolución definitiva.
"4. Inconforme con lo anterior, la ahora quejosa interpuso recurso de reclamación,(5) mismo que fue resuelto por interlocutoria dictada por la Sala Fiscal el once de mayo de dos mil quince,(6) mediante la cual confirmó el proveído recurrido, ya que el acto impugnado en el juicio anulatorio no constituía una resolución definitiva que se encontrara ubicada dentro de las hipótesis de procedencia el juicio contencioso administrativo federal, previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ni en alguna otra competencia de ese órgano jurisdiccional, pues a través de la misma no se establecía el producto final o voluntad definitiva de la autoridad demandada, además de que tampoco le causaba un agravio en materia fiscal.
"En contra de dicha determinación la quejosa promovió el presente juicio de amparo, en el que sus conceptos de violación primero al tercero, giran en torno a aducir, esencialmente, que dicho fallo reclamado es ilegal, porque, contrario a lo determinado por la responsable, el juicio de nulidad es procedente contra el requerimiento de información impugnado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque es un acto administrativo que fue emitido por una autoridad fiscal en el que se le determina una obligación fiscal, ya que le impone una obligación de hacer consistente en presentar diversa información y documentación que no tiene sustento legal y no es remediable a través de otra vía, además de que le causa un agravio actual y directo en materia fiscal, ya que de no presentarse lo requerido, se le tendrá por desistida de su solicitud de devolución.
"Asimismo, sostiene la impetrante que el requerimiento impugnado no se encuentra debidamente fundado y motivado, dado que se realizó fuera del plazo de veinte días que establece el artículo 22, párrafo sexto, del Código Fiscal de la Federación, siendo innecesaria para resolver sobre su pretensión, la información y documentación solicitada en el mismo ya que no versa sobre informes, datos o documentos que estén relacionados con la solicitud respectiva.
"Pues bien, en principio, se estima menester puntualizar que tales motivos de disenso se analizarán en forma conjunta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, toda vez que los argumentos revisten uniformidad en el sentido de que es procedente el juicio de nulidad contra el multicitado requerimiento de información.
"Son infundados los conceptos de violación en estudio, toda vez que, como acertadamente lo señaló la Sala responsable, el requerimiento efectuado a la quejosa en el que la autoridad hacendaria, le solicita diversa información y documentación para estar en aptitud de resolver sobre la procedencia de la solicitud de saldo a favor presentada por aquélla, no es impugnable a través del juicio de nulidad, pues si bien constituye un acto administrativo, no reviste el carácter de ser definitivo, ni causa un agravio en materia fiscal, ya que, en todo caso, será la resolución que se dicte en relación con la procedencia, improcedencia o desistimiento de la solicitud del saldo a favor, la que sí será definitiva para efectos de la procedencia de la vía contenciosa administrativa, por incidir en su esfera jurídica.
"Para justificar la calificativa de mérito, se tiene que el artículo 14, fracciones I y IV, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa establecen:
"‘Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
"‘I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;
"‘II. Las que nieguen la devolución de un ingreso de los regulados por el Código Fiscal de la Federación, indebidamente percibido por el Estado o cuya devolución proceda de conformidad con las leyes fiscales;
"‘III. Las que impongan multas por infracción a las normas administrativas federales;
"‘IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.’
"Del precepto antes transcrito, en lo que aquí interesa, se desprende que el juicio de nulidad procede contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados por autoridades fiscales federales, en las cuales se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, o bien, cualquier otra resolución definitiva que genere un agravio en materia fiscal al contribuyente.
"Con relación a dichos tópicos, es oportuno acudir a la definición que sobre el término 'resolución definitiva', ha efectuado la Segunda Sala del Alto Tribunal, misma que se encuentra contenida en la tesis 2a. X/2003 -también citada por la responsable-, en la que se dejaron las notas distintivas para apreciar cuándo se está en presencia de una resolución administrativa con dicho carácter. El criterio aludido, es del tenor literal siguiente:
"‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL. La acción contenciosa administrativa promovida ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo requiere la afectación de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la administración pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los actos administrativos constituyan «resoluciones definitivas», y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado artículo 11; ahora bien, aunque este precepto establece que tendrán carácter de «resoluciones definitivas» las que no admitan recurso o admitiéndolo sea optativo, es contrario a derecho determinar el alcance de la definitividad para efectos del juicio contencioso administrativo sólo por esa expresión, ya que también debe considerarse la naturaleza jurídica de la resolución, sea ésta expresa o ficta, la cual debe constituir el producto final o la voluntad definitiva de la administración pública, que suele ser de dos formas: a) como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados expresos o fictos de la administración pública serán definitivos en tanto contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.’(7)
"Del contenido de la tesis de previa transcripción se desprende que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado establecido que por resolución definitiva, se constituye el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa, la cual, se puede presentar en dos formas:
"• Como la última resolución dictada que pone fin a un procedimiento.
"• Como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimiento que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública.
"Asimismo, el Alto Tribunal asentó que la resolución definitiva se constituye como la última voluntad de la autoridad administrativa que decide en definitiva sobre la situación del gobernado generándole un agravio, ya sea por haber creado o extinguido una situación de derecho, o bien, por exigir el cumplimiento de una obligación, y que será hasta entonces -conforme a la regla general- que el afectado por dicho acto, estará en posibilidad de impugnar la última resolución, así como todas las actuaciones que le precedieron, mediante la presentación de los medios defensa pertinentes, como en el caso lo es, el juicio de nulidad.
"Ahora bien, en el caso particular, la quejosa pretende impugnar vía juicio anulatorio, el requerimiento de información y documentación que le fue efectuado por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Guadalupe, con la finalidad de verificar la procedencia o improcedencia de la devolución de saldo a favor solicitada.
"Dicho procedimiento se encuentra inmerso en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, el cual, a la letra, establece:
"‘Artículo 22. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado.
"‘Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los impuestos indirectos a que tengan derecho los contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en las leyes que los establezcan.
"‘Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de una resolución o sentencia firmes, de autoridad competente, en cuyo caso, podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración.
"‘Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución en los términos de este artículo, nace cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del penúltimo párrafo de este artículo.
"‘Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos sólo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, durante el periodo que transcurra entre el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento.
"‘Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el reglamento de este código. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados.
"‘Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos en la determinación de la cantidad solicitada, las autoridades fiscales devolverán las cantidades que correspondan, sin que sea necesario presentar una declaración complementaria. Las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuada a la documentación aportada. En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma. En el caso de que las autoridades fiscales devuelvan la solicitud de devolución a los contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su totalidad. Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva.
"‘No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando soliciten los datos, informes, y documentos, a que se refiere el sexto párrafo anterior, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.
"‘Cuando con motivo de la solicitud de devolución la autoridad inicie facultades de comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de la misma, los plazos a que hace referencia el párrafo sexto del presente artículo se suspenderán hasta que se emita la resolución en la que se resuelva la procedencia o no de la solicitud de devolución. El citado ejercicio de las facultades de comprobación concluirá dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. En el caso en el que la autoridad, para verificar la procedencia de la devolución, deba requerir información a terceros relacionados con el contribuyente, así como en el de los contribuyentes a que se refiere el apartado B del artículo 46-A de este código, el plazo para concluir el ejercicio de facultades de comprobación será de ciento ochenta días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. Estos plazos se suspenderán en los mismos supuestos establecidos en el artículo 46-A de este código.
"‘El ejercicio de las facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, será independiente del ejercicio de otras facultades que ejerza la autoridad con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. La autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación con el objeto de verificar la procedencia de cada solicitud de devolución presentada por el contribuyente, aun cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos.
"‘Si concluida la revisión efectuada en el ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, se autoriza ésta, la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de los 10 días siguientes a aquel en el que se notifique la resolución respectiva. Cuando la devolución se efectúe fuera del plazo mencionado se pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este código.
"‘El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquel en el que la devolución esté a disposición del contribuyente. Para el caso de depósito en cuenta, se entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución financiera señalada en la solicitud de devolución.
"‘Cuando en el acto administrativo que autorice la devolución se determinen correctamente la actualización y los intereses que en su caso procedan, calculados a la fecha en la que se emita dicho acto sobre la cantidad que legalmente proceda, se entenderá que dicha devolución está debidamente efectuada siempre que entre la fecha de emisión de la autorización y la fecha en la que la devolución esté a disposición del contribuyente no haya transcurrido más de un mes. En el supuesto de que durante el mes citado se dé a conocer un nuevo índice nacional de precios al consumidor, el contribuyente tendrá derecho a solicitar la devolución de la actualización correspondiente que se determinará aplicando a la cantidad total cuya devolución se autorizó, el factor que se obtenga conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este código, restando la unidad a dicho factor. El factor se calculará considerando el periodo comprendido desde el mes en que se emitió la autorización y el mes en que se puso a disposición del contribuyente la devolución.
"‘El monto de la devolución de la actualización a que se refiere el párrafo anterior, deberá ponerse, en su caso, a disposición del contribuyente dentro de un plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en la que se presente la solicitud de devolución correspondiente; cuando la entrega se efectúe fuera del plazo mencionado, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este código. Dichos intereses se calcularán sobre el monto de la devolución actualizado por el periodo comprendido entre el mes en que se puso a disposición del contribuyente la devolución correspondiente y el mes en que se ponga a disposición del contribuyente la devolución de la actualización.
"‘Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución sin ejercer las facultades de comprobación a que se hace referencia en el párrafo noveno del presente artículo, la orden de devolución no implicará resolución favorable al contribuyente, quedando a salvo las facultades de comprobación de la autoridad. Si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este código, sobre las cantidades actualizadas, tanto por las devueltas indebidamente como por las de los posibles intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución.
"‘La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud de devolución que presente el particular, se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud.
"‘La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado.
"‘El Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer los casos en los que no obstante que se ordene el ejercicio de las facultades de comprobación a que hace referencia el párrafo noveno del presente artículo, regirán los plazos establecidos por el párrafo sexto del mismo, para efectuar la devolución.
"‘Los requerimientos a que se refiere este artículo se formularán por la autoridad fiscal en documento digital que se notificará al contribuyente a través del buzón tributario, el cual deberá atenderse por los contribuyentes mediante este medio de comunicación.’
"El dispositivo antes transcrito establece, en lo que aquí interesa, la obligación que tienen las autoridades fiscales de devolver, de oficio o a petición de parte, las cantidades pagadas indebidamente al fisco federal, así como las que resulten por concepto de saldo a favor.
"Asimismo, de su texto se advierte que para ello, cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud y que para verificar la procedencia de la misma, las autoridades podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma; mismo plazo que tendrán los contribuyentes para cumplir con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente.
"En efecto, el caso de la devolución a petición de parte, señala que una vez presentada la solicitud respectiva con los datos, información y documentos correspondientes, la autoridad está obligada a tomar alguna de las siguientes determinaciones:
"1. Devolver las cantidades reclamadas dentro de los plazos previstos en el propio numeral;
"2. Requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que tengan que ver con ella, bajo apercibimiento; o,
"3. Negar la devolución pretendida exponiendo las razones que tomó en consideración para llegar a tal conclusión.
"Bajo ese contexto, se puede concluir válidamente que únicamente cuando la autoridad determine procedente la devolución del saldo a favor o la niegue, se estará en presencia de una resolución definitiva, entendida ésta como el producto final de la manifestación de la voluntad de la autoridad administrativa, mas no así, en el caso de que formule un requerimiento de información y documentación como el impugnado en el juicio de nulidad, porque ese acto constituye uno intermedio previo a que la autoridad emita su decisión en cuanto a la devolución solicitada, tan es así que, de acuerdo con el numeral 22 del código tributario ya analizado, la autoridad puede emitir un segundo requerimiento relacionado con los datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender el primero.
"En ese sentido, el hecho de que la autoridad administrativa aperciba, en el citado requerimiento de información, que en caso de no cumplir con el mismo se tendrá a la contribuyente por desistida de su solicitud, no le causa agravio alguno, ya que dicho perjuicio depende de la conducta que adopte la impetrante en relación con el acto impugnado, es decir, del cumplimiento o incumplimiento del mencionado requerimiento; y en todo caso, si se resuelve tenerla por desistida, contra esa resolución, como se quedó apuntado, procedería el juicio de anulación.
"Además, no debe pasar inadvertido que la circunstancia de que en el oficio impugnado se haya requerido información y datos para resolver lo conducente en cuanto a la solicitud de devolución, no significa que se trate de una resolución definitiva, pues el solo requerimiento de esos datos no conlleva en sí la determinación de la procedencia o improcedencia de la devolución solicitada.
"Por otro lado, el resto de los argumentos que expone la quejosa, en el sentido de que es procedente el juicio de nulidad contra tal requerimiento, porque el mismo fue emitido en contravención del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, ya que se emitió fuera del plazo de veinte días establecido en el citado numeral, lo que estima constituye un acto de molestia en sus papeles que lleva implícito el retroceso en dicho trámite, mismo que no sería subsanable atento al tiempo perdido, y mucho menos el hecho de que al haber quedado obligada a exhibirla, la allegue a la autoridad, y que, además, es innecesaria la documentación que le fue requerida por la autoridad fiscal, porque no versa sobre informes, documentos o datos que estén relacionados con la solicitud respectiva -que incluso arguye se refieren a información de otro contribuyente-, son inoperantes para el fin que persiguen.
"Es así, puesto que al margen de las incongruencias y violaciones en el estudio de tales tópicos que le atribuye a la Sala Fiscal, así como de lo correcto o no del pronunciamiento respecto de los mismos que realizó la responsable, lo cierto es que tales motivos de disenso se encuentran dirigidos a controvertir el fondo de la resolución impugnada, esto es, del ofici
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26673-37014b5a/devolucion-de-saldos-a-favor-el-primer-requerimiento · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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