ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. SU REVOCACIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD FISCAL NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE PARA EFECTOS DE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL JUICIO DE LESIVIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 56/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN COATZACOALCOS, VERACRUZ Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 22 DE MAYO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: AURELIO DAMIÁN MAGAÑA.
CONSIDERANDO:
(7.) PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la nueva Ley de Amparo,(1) publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, en los términos del artículo primero transitorio de dicha ley;(2) y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) reformada el dos de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, y vigente a partir del veintidós siguiente, en virtud de que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de tesis sustentadas por dos Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos que versan sobre la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
(8.) No pasa inadvertido para esta Sala, que el cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del año en cita, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
(9.) De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito, con diferente especialización.
(10.) Si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, por lo que se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos.
(11.) Resulta aplicable, la tesis del Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, que enseguida se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito." (Registro IUS: 2000331, tesis P. I/2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, materia común, página 9)
(12.) SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima.
(13.) El artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.
(14.) En el caso, la denuncia de contradicción proviene de parte legítima, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, cuyo órgano intervino en uno de los asuntos que originaron los posibles criterios en contraposición, por lo que cabe concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
(15.) TERCERO. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes.
(16.) El Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, al resolver el amparo en revisión 430/2012, en sesión de cuatro de enero de dos mil trece, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente: (fojas 46 vuelta a 52 vuelta del presente toca)
"Los anteriores argumentos resultan, en esencia, fundados, los cuales se analizarán de manera conjunta, conforme lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, en virtud de que los mismos tienen relación unos con otros, pues están encaminados a controvertir las consideraciones que emitió el Juez de Distrito para conceder el amparo a la parte quejosa, puesto que combaten lo relativo a que en el caso concreto no se está en presencia de una resolución favorable a un particular, por lo que no era procedente que la autoridad promoviera el juicio de lesividad previo a la emisión de la segunda visita domiciliaria.
"Antes de exponer las razones de tal aserto, es oportuno tener en cuenta que la Juez de Distrito estimó que la orden de visita domiciliaria reclamada resultaba violatoria de garantías por las siguientes consideraciones torales:
"a) Que la autoridad responsable debió agotar el juicio de lesividad a que se refiere el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, para emitir una nueva orden de visita, esto es, para modificar o revocar la resolución en la que había dejado sin efectos la primigenia orden de visita, pues esa determinación beneficia al contribuyente quejoso, lo que determinó se traduce en que éste ya no estará sujeto a un procedimiento de comprobación, desapareciendo la carga de soportar la intromisión de la autoridad a su domicilio.
"b) Que debe permanecer la certeza jurídica de que la determinación que creó una situación concreta favorable al quejoso, la cual únicamente puede privársele al particular mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades del procedimiento, en acatamiento al artículo 14 constitucional.
"c) Que la facultad de comprobación de las autoridades hacendarias, en términos de la normatividad aplicable, es una facultad discrecional; sin embargo, resulta que su ejercicio se encuentra reglado por las leyes que los rigen, lo que estableció se corrobora si se toma en consideración que en tratándose de visitas domiciliarias, el código tributario no dota de atribuciones a las autoridades para revocar sus propias determinaciones, de manera que concluir de una manera distinta a la señalada, implicaría otorgar facultades a la autoridad fiscal de actuar de manera arbitraria frente a los contribuyentes sujetos a comprobación, permitiendo a las autoridades ingresar de forma discrecional y reiterada a sus domicilios en el momento en que así lo estimen oportuno y conveniente, provocando incertidumbre sobre su situación fiscal.
"d) Que lo trascendente de la precisión acabada de realizar, estriba en que resulta de explorado derecho que, en términos del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, las resoluciones administrativas que resulten favorables a un particular únicamente pueden ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante la promoción de un juicio de lesividad iniciado por las autoridades fiscales; de ahí que resulte incuestionable que si éstas deciden dejar sin efectos una orden de visita domiciliaria y, posteriormente, pretenden iniciar una diversa por los mismos ejercicios y contribuciones, previo a ello deben interponer el mencionado juicio para anular la decisión que favorece al particular, pues no debe perderse de vista que una vez notificada la inicial orden de visita, se insiste, ya no se trata del ejercicio de facultades discrecionales, sino regladas, las cuales deben respetar los plazos a que alude el dispositivo 46-A del mencionado código tributario, lo que apoyó en la tesis de rubro: ‘JUICIO DE LESIVIDAD. DEBE INTERPONERSE CUANDO LA AUTORIDAD PRETENDA EMITIR UNA NUEVA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SI ANTERIORMENTE DEJÓ SIN EFECTOS UNA DIVERSA POR LOS MISMOS EJERCICIOS Y CONTRIBUCIONES.’
"Tales fundamentos de la sentencia que se revisa son ilegales.
"En efecto, los agravios antes sintetizados son fundados, puesto que, como lo estima la autoridad recurrente, no fue acertado que el Juez Federal considerara que, para emitir una segunda orden de visita domiciliaria, la autoridad responsable debía agotar el juicio de lesividad para anular el oficio que dejó sin efectos la primera, puesto que había una resolución favorable y definitiva en favor del particular.
"Lo anterior se estima así, porque, en la especie, no se está en presencia de una resolución favorable, dado que el oficio 500-19-00-03-01-2012, de veinticinco de mayo de dos mil doce, emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Coatzacoalcos, Veracruz, mediante el cual dejó sin efectos la primer orden de visita IPF2600008/12, no es un acto de autoridad emitido de manera concreta y que precise una situación jurídica favorable a una persona determinada, sin que, de modo alguno, se fijen criterios generales que puedan o no seguirse por la propia autoridad emisora o por sus inferiores jerárquicos; esto es, no dirime cuestiones sobre el cumplimiento de las disposiciones fiscales, por lo que no se generó ningún derecho a favor del contribuyente que originara la necesidad de promover el juicio de lesividad, en términos del primer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal, que dispone:
"‘Artículo 36.’ (se transcribe)
"...
"En este orden de ideas, si el numeral transcrito refiere que: ‘... las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrá ser modificadas por el tribunal ...’, quiere decir que, por ‘resoluciones favorables’ debe entenderse, aquellas que deciden en definitiva una cuestión, por lo que no podría considerarse en tal supuesto la que dejó sin efectos una primera orden de visita, toda vez que en dicha hipótesis no se analizó una cuestión de fondo, de ahí que no era menester la promoción del juicio de lesividad, previo a la emisión de la nueva orden de visita domiciliaria.
"Esto es, en el caso concreto, no se está en presencia de una resolución favorable que determine la situación fiscal del contribuyente, es decir, que se liberen adeudos por contribuciones, créditos fiscales, multas, etcétera; puesto que solamente se dejó sin efectos una orden de revisión que tenía por objeto inspeccionar la documentación del contribuyente quejoso; de ahí que se estime no se surte el supuesto para promover el citado juicio de anulación, pues para su procedencia el artículo 36 del Código Fiscal de la Federación exige que se trate de una resolución favorable a un particular.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada P. XXXVI/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 27, Tomo XXVI, diciembre de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que dice:
"‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FAVORABLES A LOS PARTICULARES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU NATURALEZA JURÍDICA.’ (se transcribe)
"Así como la diversa 1a. XXII/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 470, Tomo XV, abril de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, de rubro y texto siguientes:
"‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS FAVORABLES A LOS PARTICULARES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 36 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU NATURALEZA JURÍDICA.’ (se transcribe)
"Por otro lado, contrariamente a lo argumentado por el Juez de Distrito, la autoridad fiscalizadora sí tiene facultades para dejar sin efectos la orden de visita que inicialmente emitió; puesto que tal facultad está prevista en los artículos 17, fracción XXV, en relación con el 19, primer párrafo, apartado A, fracción I, ambos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, que dicen lo siguiente:
"...
"Luego, como la autoridad fiscalizadora sí tiene facultades para dejar sin efectos las órdenes de visita domiciliarias, entonces no era necesario que para dejar sin efectos la primera orden de visita, que se hubiera interpuesto recurso de revocación o que se hubiera promovido juicio contencioso administrativo en su contra.
"Aunado a lo anterior, el Juez de Distrito perdió de vista que el Código Fiscal de la Federación en la fracción VIII del artículo 46 regula las facultades de la autoridad de reponer el procedimiento cuando se observe que éste no se ajustó a las normas aplicables que pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal.
"Ello se estima así, pues inadvirtió que, en el caso concreto, no se contaba con elementos suficientes para determinar si, en la especie, la autoridad responsable, al dejar insubsistente la primer orden de visita y al haber emitido otra, estaba haciendo uso de la facultad discrecional que le otorga el citado numeral, porque en el oficio mediante el cual se dejó insubsistente no se observa dicha circunstancia y mucho menos en el acto reclamado, por lo que no se podía determinar si es procedente o no el juicio de lesividad.
"En este orden de ideas, fue contrario a derecho el proceder del Juez de Distrito, al estimar que antes de emitir la segunda orden de visita la autoridad debió promover el juicio de lesividad, dado que en los términos en que fue emitido el acto reclamado no es suficiente para establecer si debió o no interponerse el citado juicio, como se verá posteriormente.
"Apoya a lo anterior, la tesis aislada 1148, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, consultable en la página 993, Tomo III, Materia Administrativa, Apéndice 2000, de la Novena Época, que dice:
"‘RESOLUCIONES FISCALES. REVOCACIÓN DE, REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA.’ (se transcribe). ..."
(17.) Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la revisión fiscal 7/2008, en sesión de cuatro de septiembre de dos mil ocho, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente: (fojas 28 vuelta a 33 del presente toca)
"Por otra parte, en el agravio identificado como ‘segundo’, la recurrente manifiesta que la sentencia que se revisa es ilegal, al estimar que por lo que ve a la resolución impugnada contenida en el oficio 13889/2004, de dos de junio de dos mil cuatro, tuvo como origen la orden de visita 01650/2002, de veintiocho de enero de dos mil dos, no debe perderse de vista que, contrario a lo sostenido por la a quo, la demandada sí tenía facultades para revocar la orden de visita 01650/2002, ya que, dice, las facultades de comprobación de la autoridades fiscales son de carácter discrecional, por lo que no puede obligarse a la fiscalizadora, ya ejercidas sus facultades de comprobación, a concluir y agotar cada una de las etapas de la visita domiciliaria, pues, como se dijo, al ser ésta una facultad discrecional, es claro que las autoridades fiscales están facultadas para decidir si deben continuar o abstenerse de actuar en un procedimiento de fiscalización, de lo que se sigue que, si la demandada optó por dejar insubsistente la orden de visita 01650/2002, y todo lo derivado de ella, bajo ninguna circunstancia dicha actuación es ilegal.
"Agrega la recurrente que por razones de legalidad, oportunidad o conveniencia las autoridades fiscales tienen atribuciones para revocar sus actos, máxime que al ser las facultades de comprobación de carácter discrecional, contrario a lo resuelto por la Sala Fiscal, la autoridad fiscalizadora sí tiene potestad para revocar la orden de visita domiciliaria 01650/2002, de veintiocho de enero de dos mil dos, a través del oficio 30768/2002, de trece de noviembre del mismo año; además, dice la inconforme que con la orden de visita 01650/2002, la demandada no reconoció o declaró un derecho subjetivo en favor de la empresa actora, por lo que al no restringir a la parte actora en su esfera jurídica, la propia autoridad sí podía revocar dicho acto.
"Finaliza diciendo que al estar facultada la fiscalizadora para revocar la orden de visita 01650/2002, bajo ninguna circunstancia se puede tomar en cuenta que el procedimiento de fiscalización inició con la notificación de la citada orden (veintinueve de enero de dos mil dos), puesto que, al haber sido revocada de forma legal la orden de visita, dicha demandada emitió una nueva orden de visita (24922/2002), misma que concluyó con la emisión de la resolución impugnada en el juicio de nulidad, dentro del plazo que para ello dispone el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación.
"Los anteriores argumentos resultan ineficaces, pues bien, el primer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación, textualmente dispone:
"‘Artículo 36.’ (se transcribe)
"...
"Ahora bien, del oficio 30768/2002, de trece de noviembre de dos mil dos, emitido por el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, dentro del expediente RDD. 0002/2000/2002, se asentó lo siguiente:
"...
"Del oficio anteriormente transcrito, se desprende claramente que el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, ‘... revoca el oficio número 01650/2002, de fecha veintiocho de enero de dos mil dos; quedando en consecuencia sin efecto la orden respectiva y todo lo actuado al amparo de la misma ...’, determinación que, en términos del artículo 36 del Código Tributario Federal transcrito en párrafos anteriores, constituye una resolución favorable para el contribuyente visitado, pues al haberse revocado lo actuado al amparo de la orden de visita domiciliaria 01650/2002, es evidente que el beneficio de la parte actora descansa en que ya no estará sujeto a un procedimiento de comprobación, de ahí se sigue que, si la autoridad pretendió revocar sus propias determinaciones y emprender nuevamente sus facultades discrecionales, ésta debió interponer el juicio de lesividad para que, en términos del aludido artículo 36 de la citada legislación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa estuviera en aptitud de modificar aquella determinación; empero, ante tal circunstancia, es correcto que la Sala Fiscal estimara que al no tener facultades la demandada para revocar la orden de visita 01650/2002, se tomara en cuenta la fecha en que se iniciaron sus facultades de comprobación, esto es, veintinueve de enero de dos mil dos y, al haber emitido el acta final hasta el nueve de diciembre de dos mil tres, es obvio que transcurrió en exceso el término que establece el artículo 46-A del Código Tributario Federal.
"Luego, si bien es cierto lo «que» dice la recurrente, en el sentido de que la emisión de las órdenes de visita son de naturaleza discrecional por parte de las autoridades fiscales, no menos cierto es que cuando se notifica la práctica de dicha visita, ya no se trata de facultades discrecionales, sino que ahora se tornan en regladas y deben respetar los términos a que alude el dispositivo legal 46-A del Código Fiscal de la Federación, que establece que las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la contabilidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades dentro de un plazo máximo de seis meses contados a partir de que se le notifique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, plazo que puede ser ampliado por seis meses por una ocasión más, siempre que el oficio mediante el cual se notifique la prórroga correspondiente haya sido expedido por la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la visita o la revisión."
(18.) Con motivo de esa ejecutoria, el mencionado Tribunal Colegiado de Circuito aprobó la tesis de rubro y texto siguientes:
"Novena Época
"Registro: 168314
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo XXVIII, diciembre de 2008
"Materia: administrativa
"Tesis: III.4o.A.59 A
"Página: 1051
"JUICIO DE LESIVIDAD. DEBE INTERPONERSE CUANDO LA AUTORIDAD PRETENDA EMITIR UNA NUEVA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SI ANTERIORMENTE DEJÓ SIN EFECTOS UNA DIVERSA POR LOS MISMOS EJERCICIOS Y CONTRIBUCIONES. El primer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación dispone que las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular, únicamente pueden ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales; de ahí que si éstas deciden dejar sin efectos una orden de visita domiciliaria, y posteriormente pretenden iniciar una diversa por los mismos ejercicios y contribuciones, previo a ello deben interponer el juicio de lesividad, para que en términos del citado precepto 36, el aludido órgano esté en aptitud de modificar la primera determinación. Lo anterior es así, pues al notificarse la orden de visita, ya no se trata del ejercicio de facultades discrecionales, sino regladas, las cuales deben respetar los plazos a que alude el dispositivo 46-A del mencionado código."
(19.) CUARTO. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues su existencia constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer como jurisprudencia.
(20.) Para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:
1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.
(21.) Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo para la existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
(22.) En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010, cuyo rubro es el siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." (No. Registro IUS: 164120, jurisprudencia, materia común, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, tesis P./J. 72/2010, página 7)
(23.) Además, cabe precisar que la circunstancia de que el criterio de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito implicados no esté expuesto formalmente como tesis y, por ende, no exista la publicación respectiva, no es obstáculo para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de tesis de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos, al resolver sobre un mismo punto de derecho.
(24.) Son aplicables a lo anterior, las jurisprudencias que a continuación se identifican y transcriben:
"No
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24592-590e6994/orden-de-visita-domiciliaria-su-revocacion-por-parte · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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