ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA DIRIGIDA A UN CONTRIBUYENTE EN RELACIÓN CON CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTOS, PERIODOS Y HECHOS MATERIA DE UNA PRIMERA ORDEN, DECLARADA NULA POR INDEBIDA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN RESPECTO A LA COMPETENCIA MATERIAL DE LA AUTORIDAD QUE LA EMITIÓ, CONTRAVIENE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 231/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO, ACTUAL SEGUNDO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, Y PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO. 10 DE AGOSTO DE 2011. MAYORÍA DE TRES VOTOS. DISIDENTES: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, toda vez que los asuntos de los que deriva el posible punto de divergencia son del orden administrativo, materia de la exclusiva competencia de la propia Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima conforme a lo establecido en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, es decir, uno de los órganos colegiados presuntamente discrepantes.
TERCERO. En principio, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que el órgano jurisdiccional denunciante estima divergentes.
Así, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, actual Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el ********** la revisión fiscal número **********, sostuvo en lo conducente, lo siguiente:
"SEXTO. Los agravios formulados por la autoridad recurrente, resultan sustancialmente fundados y suficientes para revocar el fallo sujeto a revisión. Así es, del análisis comparativo entre la sentencia impugnada y los argumentos propuestos, se obtiene que la cuestión medular a dilucidar consiste en determinar si, como lo afirma la Sala responsable, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, no podía fincarse al actor un crédito fiscal con motivo de la revisión del mismo impuesto, periodo y hechos que los que fueron materia de la resolución *********, pese a que ésta fue declarada nula en el diverso juicio de nulidad ********* por vicios formales en la orden de visita domiciliaria; o si, por el contrario, como lo aduce la autoridad inconforme, la prohibición prevista en el citado precepto legal no opera en el caso, porque al haberse declarado la nulidad de la anterior resolución, ésta no existe y quedaron a salvo las facultades discrecionales de la autoridad administrativa para emitir una nueva orden de visita. Pues bien, en primer término, debe transcribirse el citado artículo 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que a la letra dice: ‘Artículo 20.’ (se transcribió). Una vez analizado el contenido del citado precepto legal, se concluye que la prohibición plasmada en él, consistente en que no puede fincarse un crédito fiscal a partir de la revisión de hechos, contribuciones y periodos por los que ya se le determinaron al obligado contribuciones omitidas; no opera en aquellos casos, como el que aquí nos ocupa, en que la anterior resolución que determinó la omisión del pago del tributo, fue declarada nula por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por vicios formales en la orden de visita domiciliaria que dio inicio al procedimiento administrativo de verificación. En efecto, la razón para considerarlo así, radica en los efectos y consecuencias jurídicas que tiene dicha declaración de nulidad, ya que éstos se traducen en que la orden de visita deja de tener existencia legal y, por lo mismo, menos aún existe el procedimiento mediante el cual las autoridades fiscales ejercen sus facultades de comprobación o la resolución determinante del crédito fiscal que deriva de dicho procedimiento. Además, como lo sostiene el recurrente, la nulidad apuntada no obliga a la autoridad administrativa a realizar ningún acto que no sea dejar insubsistente la orden de visita pero no le impide que, en uso de sus facultades discrecionales, pueda emitir una nueva si así lo estima pertinente y se encuentra en posibilidad de hacerlo. Todo lo anterior fue establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria a través de la cual resolvió la contradicción de tesis **********, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, misma que aparece publicada en la página ********** del Tomo X, **********, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y que en la parte que interesa, dice: (se transcribió). Con base en lo anterior, queda claro que el crédito contenido en la resolución impugnada en el juicio natural no violenta lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues si bien es cierto que tiene su origen en la revisión de los mismos hechos, impuestos y periodos que los que fueron materia del procedimiento fiscalizador que culminó en la (sic) resolución determinante contenida en el oficio **********, de fecha **********; no debe perderse de vista que esa resolución fue declarada nula en el diverso juicio **********, ante la falta de fundamentación y motivación de la orden de visita domiciliaria en cuanto a la competencia de la autoridad que la emitió, lo cual, como se dijo antes, dio lugar a que tanto esa orden, como todo el procedimiento fiscalizador y la resolución final misma, dejaran de tener existencia legal y, en consecuencia, es como si nunca hubiese existido esa primera revisión ni la anterior determinación de contribuciones omitidas en contra de Juan Manuel Jaime Adame. Es decir, si para efectos jurídicos no existe una revisión previa de ese periodo, impuesto y hechos, ni se había determinado un crédito fiscal con base en ellos, es inconcuso que la autoridad administrativa podía válidamente determinar el adeudo contenido en la resolución *********. Esta conclusión es acorde con la finalidad que persigue el tantas veces mencionado artículo 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que no es otra que velar por el respeto a la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 23 del Pacto Federal. Para evidenciar lo anterior, resulta pertinente remitirse a las consideraciones que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expuso como sustento de la ejecutoria dictada al resolver el amparo en revisión ********** y que dio lugar a la tesis aislada que se invoca en el fallo recurrido, bajo el rubro: ‘VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE EN 2005, VIOLA LA GARANTÍA DE INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, la cual en su parte conducente establece lo siguiente: (se transcribió). Del texto antes transcrito se obtienen dos aspectos esenciales en relación con la garantía individual en comento, siendo los siguientes: 1. Que dicha garantía se traduce, en forma general, para la materia administrativa, en la prohibición de que una misma conducta se castigue doblemente con la misma sanción, o bien, que la propia conducta sea sometida a dos procedimientos diferentes y que en cada uno de ellos se imponga idéntica sanción; y, 2. Que, en específico, tratándose del procedimiento administrativo de fiscalización, la garantía consagrada en el artículo 23 de la Constitución General de la República, no se traduce en la imposibilidad de ejercer diversas y reiteradas facultades de comprobación respecto de un mismo ejercicio y por la misma contribución, cuando por algún motivo no concluyan con una liquidación; sino en la imposibilidad de iniciar un procedimiento de fiscalización por la misma contribución y por el mismo ejercicio, cuando éstos ya hayan sido objeto de una resolución que establezca el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones fiscales, casos en que existirá una liquidación. Estos alcances de la aludida garantía de seguridad jurídica se encuentran acogidos literalmente en el artículo 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, puesto que ese precepto tampoco prohíbe que se puedan volver a ejercer las facultades de comprobación sobre los mismos hechos, impuestos y periodos respecto de los que se tuvo al particular por corrigiendo (sic) su situación fiscal o se le determinó un crédito, sino que a partir de esa segunda revisión pueda fincarse otro adeudo a su cargo. Por tanto, cuando el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa declara la nulidad de la orden de visita domiciliaria y, en vía de consecuencia, del procedimiento fiscalizador y de la resolución que le puso fin, como sucedió en la especie; es indudable que la autoridad administrativa, mientras no concluya el plazo para el ejercicio de sus facultades discrecionales de comprobación, puede desde luego iniciar un nuevo procedimiento y con base en los datos obtenidos en él fincar un crédito fiscal a cargo del contribuyente, sin violentar con ello la garantía de seguridad jurídica a que se ha hecho referencia ni el citado artículo 20, puesto que en esa hipótesis, no es dable afirmar que existen dos resoluciones distintas que establecen el cumplimiento o incumplimiento de las mismas obligaciones fiscales ni que se le está sancionando dos veces por la misma conducta, en tanto que aquella nulidad provoca que todo lo que se había actuado con anterioridad quedara insubsistente como si nunca hubiese existido. No puede estimarse lo contrario, como lo hace la Sala responsable, por la circunstancia de que el legislador no haya previsto expresamente en el artículo 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, como condicionante para que opere la prohibición contenida en su texto, que la primera determinación de contribuciones omitidas se encuentre firme, ni tampoco que la nulidad de la primera resolución determinante del crédito constituye un caso de excepción a dicha limitante; toda vez que una precisión en ese sentido sería ociosa e irrelevante, porque si lo que en esencia se establece en ese precepto es que no pueden fincarse dos créditos por los mismos hechos, tributos y periodos, entonces ello sólo puede actualizarse cuando las dos resoluciones determinantes se encuentran firmes y obligan al particular, mas no cuando la primera ha quedado insubsistente por determinación del órgano jurisdiccional y carece de efectos en su perjuicio. Caso distinto sucede con el otro ejemplo que se menciona en la sentencia recurrida, consistente en que el crédito fincado previamente haya sido pagado; puesto que, en tal hipótesis, ese adeudo sí existe e impide que se finque otro por los mismos motivos, independientemente de que el obligado lo pague o no. Así las cosas, al haber declarado la nulidad de la resolución impugnada por estimar que la misma violenta el contenido del artículo 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa incurre en una inexacta apreciación de los hechos que constan en el expediente principal. Por esa razón, lo que se impone es revocar la sentencia recurrida, para el efecto de que la Sala Fiscal emita una nueva en la que, conforme a las consideraciones vertidas en esta ejecutoria, determine que no se configura la referida infracción legal y resuelva en consecuencia lo que en derecho proceda. ..."
Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el diecinueve de noviembre de dos mil diez la revisión fiscal número **********, sostuvo, en lo que interesa para el asunto, lo siguiente:
"CUARTO. El único agravio hecho valer por la recurrente, resulta esencialmente fundado. ... Del contenido de los agravios destacados, en relación a la sentencia recurrida, se aprecia que la materia de la presente revisión fiscal consiste en determinar si en el caso se contraviene o no lo establecido en el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los numerales 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, ante la existencia de dos órdenes de visita domiciliaria, por las mismas contribuciones, por el mismo periodo y por los mismos hechos, de las cuales una fue anulada lisa y llanamente en un juicio de nulidad, virtud a la existencia de un vicio formal consistente en la deficiente fundamentación de la competencia territorial de la autoridad que la emitió. Asimismo, se puntualiza que no son hechos controvertidos, por el contrario, aceptados por ambas partes, que se emitieron en contra de la contribuyente actora, dos órdenes de visitas (sic) domiciliarias dirigidas a ella (una del **********), por las mismas contribuciones, mismos periodos y hechos, por los que se le determinaron dos créditos fiscales a su cargo. Tampoco es hecho controvertido, sino plenamente probado que mediante sentencia de **********, dictada en el juicio de nulidad **********, la Sala Fiscal declaró la nulidad lisa y llana de la resolución que resolvió el recurso de revocación que se interpuso en contra de una de esas determinaciones de crédito, por considerar que ésta se sustentó en la orden para practicar una visita domiciliaria, de ********** y en el oficio de ampliación, de **********, en los cuales la Administración Local de Auditoría Fiscal de Nogales fundamentó deficientemente su competencia territorial, como lo sostenían ambas partes, puesto que sólo invocó el artículo segundo, segundo párrafo, del acuerdo por el cual se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria, norma de las calificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como complejas. De igual forma, en esa sentencia se declaró la nulidad de la totalidad del procedimiento fiscalizador. Precisado lo anterior, debe decirse que el agravio expresado y antes sintetizado, es esencialmente fundado y suficiente para revocar la sentencia recurrida. En principio, se precisa que el último párrafo, del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, establece: ‘Artículo 46.’ (se transcribió). Por su parte, los numerales 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, señalan: ‘Artículo 19.’ (se transcribió). ‘Artículo 20.’ (se transcribió). Del primero de los preceptos transcritos se colige que, concluida una visita en el domicilio del contribuyente, para iniciar otra a la misma persona se requerirá nueva orden, y que cuando las facultades de comprobación se refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos ya revisados, sólo podrá efectuarse nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes con sustento en diversos supuestos previstos en el mismo artículo; el que es acorde con lo estipulado en el artículo 19 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. En tanto que el artículo 20 de la citada ley, prevé que las autoridades fiscales podrán revisar nuevamente los mismos hechos, contribuciones y periodos, por los que se tuvo al contribuyente por corregido de su situación fiscal, o se le determinaron contribuciones omitidas, sin que de dicha revisión pueda derivar crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente. En relación al último párrafo del numeral 46 del Código Fiscal de la Federación, la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que no viola las garantías de seguridad jurídica e inviolabilidad de domicilio (sic) previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Constitucional (sic), ni la de ser juzgado dos veces por los mismos hechos establecida en el numeral 23 constitucional, esto último, pues constriñe la realización de una nueva visita domiciliaria a que se analicen hechos diferentes que no fueron examinados en el desarrollo de una anterior y respecto de los cuales no se ha hecho un pronunciamiento definitivo. Ello, en la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto, dicen: ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXX, septiembre de 2009. Página: 692. Tesis: 2a. CVI/2009. Tesis aislada. Materia(s): Constitucional, Administrativa. VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2008, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO, NI LA DE NO SER JUZGADO DOS VECES POR LOS MISMOS HECHOS.’ (se transcribió). En la ejecutoria de la que derivó esa tesis, se estimó: (se transcribió). Como se ve, el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación constriñe el ejercicio de la facultad de comprobación consistente en la realización de una nueva visita domiciliaria al mismo contribuyente, cuando se trate de las mismas contribuciones o aprovechamientos y periodos ya revisados, a que se analicen hechos diferentes, distintos y novedosos, es decir, aquellos que no fueron analizados en el desarrollo de la visita anterior y respecto de los cuales no se ha hecho un pronunciamiento definitivo. Esto es, dicho precepto legal va encaminado a evitar que a un mismo contribuyente se le ejerzan facultades de comprobación en dos ocasiones distintas, por los mismas (sic) contribuciones o aprovechamientos, periodos y hechos, de las cuales deriven dos pronunciamientos definitivos, y que por ende, sea juzgado dos veces por los mismos hechos. Así, en la especie no obstante que en contra de la contribuyente actora en el juicio de origen, se emitieron dos órdenes de visitas (sic) domiciliarias (una del ********** y otra del **********), por las mismas contribuciones, mismos periodos y hechos, por los que se le determinaron dos créditos fiscales a su cargo. Sin embargo, lo cierto es que una quedó nulificada o aniquilada totalmente, sin que por tanto, tenga valor jurídico alguno, puesto que en un juicio de nulidad se declaró la nulidad lisa y llana de todo el procedimiento fiscalizador en que se emitió, tomando en cuenta que la autoridad que dictó esa orden, fundamentó deficientemente su competencia territorial, lo que implica solamente un vicio de forma, sin que exista cosa juzgada o pronunciamiento definitivo sobre el problema de fondo del debate. Tan es así, que al declararse esa nulidad se señaló que la misma no obligaba ni impedía a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Nogales, Sonora, ejercer nuevamente las facultades que le otorgaba la ley. Cierto, tal como lo estableció el Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis XXXIV/2007, consultable en el Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 26, la nulidad, entendida en un sentido amplio, es la consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de todo valor a los actos carentes de los requisitos de forma o fondo que marca la ley o que se han originado en un procedimiento viciado; que la ley contempla dos clases de nulidad: la absoluta, calificada en la práctica jurisdiccional como lisa y llana, que puede deberse a vicios de fondo, forma, procedimiento o, incluso, a la falta de competencia, y la nulidad para efectos, que normalmente ocurre en los casos en que el fallo impugnado se emitió al resolver un recurso administrativo; que la nulidad lisa y llana coincide con la nulidad para efectos en la aniquilación total, la desaparición en el orden jurídico de la resolución o acto impugnado, independientemente de la causa específica que haya originado ese pronunciamiento, pero también existen diferencias, según sea la causa de anulación, por ejemplo, en la nulidad lisa y llana la resolución o acto quedan nulificados y no existe la obligación de emitir una nueva resolución en los casos en que no exista autoridad competente, no existan fundamentos ni motivos que puedan sustentarla o que existiendo se hayan extinguido las facultades de la autoridad competente, que sin embargo, habrá supuestos en los que la determinación de nulidad lisa y llana, que aunque no constriñe a la autoridad tampoco le impedirá a la que sí es competente que emita la resolución correspondiente o subsane el vicio que dio motivo a la nulidad, ya que en estas hipótesis no existe cosa juzgada sobre el problema de fondo del debate, es decir, solamente la nulidad absoluta o lisa y llana que se dicta estudiando el fondo del asunto es la que impide dictar una nueva resolución, pues ya existirá cosa juzgada sobre los problemas de fondo debatidos. El rubro y texto de la citada tesis, son: ‘NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA ANULACIÓN.’ (se transcribió). En la ejecutoria que dio lugar a dicha tesis, en torno a ello, también se estableció: (se transcribió). Igualmente, en relación con el tipo y consecuencias de la nulidad derivada de la insuficiente o falta fundamentación de la competencia de las autoridades administrativas, la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las jurisprudencias, cuyos datos de identificación, rubro y texto, dicen: ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, junio de 2007. Página: 287. Tesis: 2a./J. 99/2007. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. NULIDAD. LA DECRETADA POR INSUFICIENCIA EN LA FUNDAMENTACIÓN DE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, DEBE SER LISA Y LLANA.’ (se transcribió). ‘Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, noviembre de 2001. Página: 32. Tesis: 2a./J. 52/2001. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.’ (se transcribió). De la primera de la jurisprudencia reproducida (sic), para lo que al caso interesa, se aprecia que en los casos en que la autoridad emisora de un acto administrativo no cite con precisión el apartado, fracción, inciso o subinciso correspondiente o, en su caso, no transcriba el fragmento de la norma si ésta resulta compleja, que le conceda la facultad de emitir el acto de molestia, el particular quedaría en estado de inseguridad jurídica y de indefensión, al desconocer si aquélla tiene facultades para ello, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debe declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo emitido por aquélla, esto es, no la vinculará a realizar acto alguno, por lo que su decisión no podrá tener un efecto conclusivo sobre el acto jurídico material que lo motivó, con la salvedad precisada. En la segunda de dichas jurisprudencias, se estableció que la nulidad decretada por no haber fundado la competencia de las autoridades administrativas no puede ser para efectos, sino que debe declararse la nulidad de la resolución o actos impugnados en su integridad, puesto que al darle efectos a esa nulidad, desconociéndose si la autoridad demandada tiene o no facultades para modificar la situación jurídica existente, afectando la esfera del particular, podría obligarse a un órgano incompetente a dictar un nuevo acto o resolución que el gobernado tendría que combatir nuevamente, lo que provocaría un retraso en la impartición de justicia; que no obsta a lo anterior el hecho de que si la autoridad está efectivamente facultada para dictar o emitir el acto de que se trate, pueda subsanar su omisión. En la especie, como se precisó, quedó plenamente probado y no constituye un hecho controvertido por las partes, que mediante sentencia de **********, dictada en el juicio de nulidad **********, la sala fiscal declaró la nulidad lisa y llana de la resolución que resolvió el recurso de revocación que se interpuso en contra de una de esas determinaciones de crédito, por considerar que ésta se sustentó en la orden para practicar una visita domiciliaria, de ********** y en el oficio de ampliación, de **********, en los cuales la Administración Local de Auditoría Fiscal de Nogales fundamentó deficientemente su competencia territorial, como lo sostenían ambas partes, puesto que sólo invocó el artículo segundo, segundo párrafo, del Acuerdo por el cual se señala el nombre, sede y circunscripción territorial de las Unidades Administrativas del Servicio de Administración Tributaria, norma de las calificadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como complejas, que incluso podría requerir la transcripción donde se contemplara la autoridad y la circunscripción en que podía ejercer sus facultades, lo que no sucedió en el caso. En virtud de lo anterior, en la referida sentencia se declaró la nulidad lisa y llana de la aludida resolución impugnada y se precisó que resultaba jurídicamente imposible una declaratoria de nulidad para efectos de reposición, como pretendía la representación fiscal, al encontrarse en entredicho la competencia de la autoridad demandada, por lo que era ilógico que le ordenara emitir actos diversos, cuando en el fallo no se determinaba el acreditamiento de su competencia territorial; ello, con la aclaración de que la nulidad decretada no obligaba ni impedía a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Nogales, Sonora, ejercer nuevamente las facultades que le otorgaba la ley. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 52/2001, de la Segunda Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. LA NULIDAD DECRETADA POR NO HABERLA FUNDADO NO PUEDE SER PARA EFECTOS, EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA RECAIGA A UNA PETICIÓN, INSTANCIA O RECURSO.’. De igual forma, en esa sentencia se precisó, que se declaraba la nulidad de la totalidad del procedimiento fiscalizador. La citada sentencia, fue confirmada por este tribunal mediante ejecutoria emitida el **********, en el toca relativo a la revisión fiscal **********, en la que se consideró, en lo conducente: (se transcribió). De ahí que, tomando en cuenta lo anterior, esto es que, en un juicio de nulidad se declaró la nulidad lisa y llana de todo el procedimiento fiscalizador en que se emitió la resolución que ahí se impugnó, sobre la base de que la autoridad que dictó la orden para practicar la visita domiciliaria de la que deriva, de ********* y el oficio de ampliación, de ********* del propio año, fundamentó deficientemente su competencia territorial. Entonces, es inconcuso que dicha orden, al igual que todas las actuaciones de ese procedimiento fiscalizador, quedaron nulificadas o aniquiladas totalmente, de manera que no tienen valor jurídico alguno. Sin que esa declaratoria de nulidad implique que existe cosa juzgada o un pronunciamiento definitivo en relación con dicho procedimiento, dentro del que se encuentra la orden de visita mencionada. Es así, toda vez que en el juicio de nulidad citado, no se resolvió el problema de fondo del debate, sino que se declaró esa nulidad por un vicio de forma, consistente en la deficiente o insuficiente fundamentación de la competencia territorial de la autoridad que emitió esa orden y el oficio de ampliación; nulidad, que incluso, atento a lo establecido en la sentencia respectiva, ejecutoria de la revisión fiscal *********, así como las jurisprudencias y criterios citados en párrafos precedentes, no impedía a la Administración Local de Auditoría Fiscal de Nogales, Sonora, ejercer nuevamente las facultades que le otorgaba la ley, desde luego, si se encontraba efectivamente facultada para decretar o emitir el acto de que se trate, en el que fundamentara la competencia con la que estuviera investida. Máxime que la emisión de las órdenes de visita domiciliaria se trata del ejercicio de facultades discrecionales. Por tanto, se concluye que aun cuando en contra de la contribuyente actora (en el juicio de origen), se emitieron dos órdenes de visitas (sic) domiciliarias (una del **********), por las mismas contribuciones, mismos periodos y hechos, por los que se le determinaron dos créditos fiscales a su cargo; lo cierto es que solamente la segunda de ellas tiene valor jurídico, en virtud de que la primera, quedó nulificada o aniquilada totalmente, en atención a que en un juicio de nulidad se declaró la nulidad lisa y llana de todo el procedimiento fiscalizador en que se emitió, en los términos y por los motivos expuestos, con la posibilidad de que la autoridad pudiera emitir otra igual, subsanando el vicio formal que fue causa de la nulidad decretada. En consecuencia, contrario a lo considerado en la sentencia recurrida, en el caso, con la emisión de la orden de visita de *********, que dio lugar al crédito fiscal determinado en la resolución impugnada, no se contravino lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, ni en los numerales 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. En las apuntadas condiciones, procede revocar la sentencia recurrida ..."
A su vez, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver el **********, por mayoría de votos, la revisión fiscal número **********, sostuvo en lo que interesa al caso, lo siguiente:
"QUINTO. El único agravio expuesto en el recurso es infundado. En él se aduce sustancialmente que la sentencia recurrida es ileg
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23426-317818be/orden-de-visita-domiciliaria-la-dirigida-a-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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