ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA QUE PRETENDA EL EJERCICIO DE UNA NUEVA FACULTAD DE COMPROBACIÓN EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEBE EXPONER LOS “HECHOS DIFERENTES” QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUACIÓN, COMO PARTE DE SU MOTIVACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 462/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO OCTAVO DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO DEL SEGUNDO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 3 DE ABRIL DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK, QUIEN MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por **********, en su carácter de apoderada de la empresa **********; parte quejosa en el amparo directo **********, del índice del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar los antecedentes de los asuntos respectivos y las consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias que contienen los criterios materia de contradicción.
I. Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Conoció del amparo directo **********, promovido por **********, por conducto de su representante legal **********, en contra de la sentencia de siete de julio de dos mil diecisiete dictada por la Décima Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al resolver el expediente **********.
Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:
1. Con motivo de la orden de visita contenida en el oficio número **********, de veintisiete de junio de dos mil trece, el director de fiscalización de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, le ordenó a la empresa **********, a mantener a disposición del personal autorizado todos los elementos que integran su contabilidad; con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta en materia de impuesto especial sobre producción y servicios por el ejercicio fiscal de dos mil doce.
2. Mediante acta final levantada el treinta y uno de julio de dos mil trece, se determinó que del análisis a la documentación proporcionada por la contribuyente, por el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, se enajenó gasolina Magna y gasolina Premium, estipulada en litros vendidos por cada tipo de combustible, por los cuales la empresa tenía la obligación de enterar cuotas establecidas en centavos por cada litro vendido y por tipo de combustible enajenado.
3. Según la transcripción del acto reclamado en la ejecutoria que se analiza, no se tuvieron elementos para advertir que se hubiese determinado algún crédito fiscal por la contribución y el ejercicio revisado.
4. Posteriormente, derivado de la revisión del dictamen de estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil doce, en la que se detectaron diferencias de impuestos a pagar, el subtesorero de fiscalización de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, emitió la orden de visita contenida en el oficio ********** de veintiséis de noviembre de dos mil trece, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la contribuyente en materia de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil doce.
5. Como resultado de lo anterior, mediante oficio **********, de dieciocho de mayo de dos mil quince, el subtesorero de fiscalización de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, le determinó un crédito fiscal a la empresa **********, por el ejercicio fiscal de dos mil doce.
6. Inconforme con lo anterior, la persona moral demandó su nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
7. Del asunto le correspondió conocer a la Décima Sala Regional Metropolitana del referido Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el número de expediente **********. Así, una vez agotada la instrucción correspondiente, la Sala del conocimiento del asunto dictó sentencia en la que declaró la validez de la resolución controvertida.
8. En contra de dicha determinación, **********, promovió el amparo directo **********, que le correspondió conocer al Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; mismo que en sesión de dieciocho de junio de dos mil dieciocho resolvió negar el amparo solicitado.
Las consideraciones que dieron sustento a dicha determinación, fueron las siguientes:
"... En otro orden de ideas, en el concepto de violación segundo la quejosa señala que la Sala del conocimiento cambió la litis al examinar los motivos de anulación esgrimidos en contra de la orden de visita domiciliaria que originó el crédito fiscal combatido, porque no cuestionó la procedencia de una segunda revisión, sino que planteó que en la propia orden de veintiséis de noviembre de dos mil trece no se señalaron hechos distintos a los indicados en la orden primigenia, en los cuales se justificara una segunda revisión en materia del impuesto especial sobre producción y servicios respecto del ejercicio dos mil doce.
"Además, insiste en que la citada orden carece de fundamentación y motivación en cuanto a los hechos que acreditan la procedencia de una segunda o nueva revisión y que debieron ser incluidos en un apartado con la expresión ‘nuevos conceptos a revisar’, en términos del numeral 16 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente.
"Finalmente, apunta que su concepto de anulación se reforzó con la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 157/2011 (9a.) y del criterio XI.1o.A.T.44 A (10a.), los cuales no fueron observados por la Sala ni realizó pronunciamiento al respecto.
"En relación con el concepto de violación reseñado, en el apartado tercero del mismo capítulo, la quejosa argumenta que la Sala incorrectamente concluyó que la orden de visita ********** se encuentra debidamente fundada en cuanto a la competencia material de la autoridad que la emitió, ya que no advirtió la omisión de citar expresamente el último párrafo del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación vigente en dos mil trece, ni los numerales 16 y 19 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente.
"Esto es, explica, aun cuando se hayan plasmado los ordenamientos jurídicos que facultan a la autoridad exactora para ordenar la práctica de una visita domiciliaria, en la orden controvertida, no se cita la disposición o párrafo de cada uno de los artículos y leyes que contemplan la procedencia de una segunda orden de visita domiciliaria por el mismo periodo y ejercicio fiscal.
"Los argumentos orientados a combatir la fundamentación y motivación de la orden de visita domiciliaria se examinarán en conjunto, dada su estrecha relación, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo.
"Previo a ello, es preciso establecer que en la sentencia reclamada la responsable desestimó los planteamientos que formuló la actora, ahora quejosa, sobre la base de que el artículo 46 del Código Fiscal aplicable facultaba a la autoridad hacendaria para emitir la orden de revisión ********** de veintiséis de noviembre de dos mil trece, respecto del ejercicio fiscal dos mil doce, como sujeta directa del impuesto especial sobre productos y servicios, porque se trata de hechos diferentes a los revisados al amparo de la orden de visita ********** de veintisiete de junio del mismo año.
"La autoridad jurisdiccional estableció que el subtesorero de fiscalización de la Ciudad de México motivó la orden de visita domiciliaria –que originó la determinación tributaria impugnada– en hechos conocidos a través del dictamen de estados financieros para efectos fiscales, correspondiente al ejercicio dos mil doce, en específico, diferencias por pagar respecto del impuesto especial sobre producción y servicios.
"Mientras que la diversa orden ********** de veintisiete de junio de dos mil trece, suscrita por el director de fiscalización de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, se emitió con el propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales de la contribuyente en materia del mismo impuesto y por el mismo ejercicio fiscal; pero las inconsistencias que conoció la autoridad hacendaria fueron advertidas de la contabilidad que la auditada puso a disposición en aquel momento, en concreto, enajenación de gasolina estipulada en litros vendidos por cada tipo de combustible, por los cuales la contribuyente tenía la obligación de enterar cuotas establecidas en centavos por cada litro vendido y por tipo de combustible.
"Al respecto, la quejosa no discute que se trate de hechos diversos, sino que –afirma– esa motivación debía constar en la ulterior orden de visita, la que originó el crédito impugnado, y que para cumplir con los principios de fundamentación y motivación, se debió agregar a la orden un apartado titulado ‘de nuevos conceptos a revisar’ y citar expresamente el último párrafo del artículo 46 del código fiscal aplicable, así como los numerales 16 y 19 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, que a la letra indican: (Se transcriben)
"Ahora, es necesario traer a colación los argumentos que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo al analizar la constitucionalidad del artículo 46, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del uno de enero de dos mil ocho (párrafo derogado mediante decreto de nueve de diciembre de dos mil trece), al resolver el amparo en revisión 878/2009, en sesión de veintiséis de agosto de dos mil nueve, en lo que aquí interesa: (Se transcribe)
"En la ejecutoria en consulta, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que correspondía a la autoridad exactora acreditar que, en el supuesto de ulteriores órdenes de visita, la revisión obedecía a diferentes hechos que los revisados en la orden primigenia, a la luz de los supuestos estipulados en el artículo 46, último párrafo, del código tributario examinado.
"Fundamentación y motivación que el Alto Tribunal remitió a lo expresado en los artículos 38 y 43 del Código Fiscal de la Federación, el primero, referido a los requisitos que debe contemplar, en general, todo acto administrativo que deba ser notificado al gobernado y, el segundo, a los que, además, debe cumplir una orden de visita domiciliaria, en estricto apego a lo señalado por la Carta Magna en su numeral 16.
"Conforme con dichos preceptos secundarios, la fundamentación y motivación se integra -en términos generales- en que las órdenes que al efecto se emitan deben constar por escrito, estar firmadas y emitidas por autoridad competente, precisar el lugar o lugares que han de inspeccionarse, el objeto de la misma, los destinatarios de la orden o, en su caso, proporcionar datos suficientes que permitan su identificación, así como las personas que se encuentran facultadas para llevar a cabo la diligencia de que se trate.
"Sobre esas premisas legales, se aprecian infundados los conceptos de violación que se atienden.
"En principio, en la orden de visita ********** de veintiséis de noviembre de dos mil trece, consta claramente la razón que la motivó y se invocó como fundamento –entre otros– lo dispuesto en el artículo 46 del código tributario vigente en aquel momento, como se aprecia en la transcripción siguiente: (Se transcribe)
"Lo cual, cumple con las consideraciones que dieron pauta a la jurisprudencia 2a./J. 7/2002, en la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo, que la orden de visita domiciliaria produce certidumbre en lo que se revisa cuando contiene, entre otros requisitos, el objeto o propósito de que se trate, entendiendo al objeto como cosa, elemento, tema o materia. El criterio referido establece:
"‘VISITA DOMICILIARIA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. AL PRECISAR EL PERIODO QUE DEBE SER REVISADO, LA ORDEN RESPECTIVA DEBE ESTABLECER CON CLARIDAD LAS FECHAS DE INICIACIÓN Y DE TERMINACIÓN DEL REFERIDO PERIODO, RESULTANDO VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DEJAR LA DETERMINACIÓN DE LA ÚLTIMA FECHA AL ARBITRIO DEL VISITADOR.’. (Se transcribe contenido)
"Luego, si del exordio de la orden cuestionada se aprecia de manera patente que las diferencias a pagar fueron calculadas en el dictamen de estados financieros para efectos fiscales y que no se enteraron mediante declaración complementaria en las oficinas autorizadas dentro de los diez días posteriores a la presentación del dictamen, como lo estipula el artículo 32-A aplicado en la orden respectiva, es indudable que el documento en cuestión –como lo determinó la a quo– cumple con el principio de seguridad jurídica.
"Esto es así, ya que al encontrarse acotado el motivo de la revisión en la nueva orden de visita, la contribuyente está en aptitud de establecer si el objeto de la revisión encuadra en alguno de los supuestos del artículo 46, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del uno de enero de dos mil ocho.
"Es decir, al fijar el objeto de la segunda orden de visita la demandada estableció a qué supuesto ceñiría su revisión y con ello da oportunidad al contribuyente de establecer si se trata de los mismos hechos por los que fue auditada o de alguno de los supuestos contemplados por el legislador en el numeral 46 citado en la propia orden.
"De modo que, la nueva visita no se centra en cualquier concepto relacionado con el impuesto especial sobre producción y servicios, sino en las diferencias determinadas en el dictamen de estados financieros, conceptos específicos y concretos que permiten al contribuyente establecer si esos aspectos fueron o no revisados en el primer ejercicio de facultades de comprobación, con lo cual queda garantizado el límite de la actuación de la autoridad administrativa.
"Ahora, es cierto que en la segunda orden de visita no se hace mención expresa de que los hechos que la motivan son distintos de aquellos que revisó la autoridad resiente en el Estado de Puebla; sin embargo, ya que la facultad de comprobación consistente en realizar visitas domiciliarias y dictámenes formulados por contadores públicos deriva del artículo 42, fracciones III y IV, del código tributario federal, al invocarse en la orden cuestionada y señalarse precisamente que la revisión se constreñía a las diferencias determinadas por el auxiliar de la autoridad fiscal, e invocarse como sustento de la misma el diverso numeral 46 del ordenamiento indicado, es suficiente para estimar que el acto de autoridad genera certeza de que la exactora se desenvolvió dentro de los límites y atribuciones conferidos por la ley.
"Cuenta habida que la contribuyente, al conocer sus obligaciones fiscales y las revisiones previas que tuvo que soportar, sabe cuál fue el alcance de la orden primigenia, por lo que estaba en aptitud de inconformarse ante el supuesto de que la nueva determinación no atendiera efectivamente a diferentes hechos.
"Además, del contenido del artículo 16 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente no se advierte que para estimar fundada y motivada una ulterior orden de revisión se deba añadir un capítulo de ‘nuevos hechos’ o emplear alguna expresión similar, puesto que –acorde a lo señalado en el arábigo 46, último párrafo, tantas veces citado– basta que la exactora compruebe (revise, audite, fiscalice) hechos diferentes a la orden que le precede, siempre que esos hechos novedosos se sustenten en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad.
"Aspecto que se actualiza en el particular, ya que la demandada motivó la nueva orden de revisión en los datos que obtuvo del dictamen de estados financieros.
"Adicionalmente, para la validez del acto de autoridad, en cuanto al tema de competencia material, no era exigible a la quejosa la mención específica del párrafo último del artículo 46 del código tributario, bastando la cita del precepto, pues en su integridad se describen las reglas bajo las cuales se desarrollará cualquier tipo de visita en el domicilio fiscal.
"Por analogía, es aplicable la tesis PC.I.A. J/88 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito que a la letra indica:
"‘COMPETENCIA TERRITORIAL DE LA SUBTESORERA DE FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL, HOY CIUDAD DE MÉXICO. PARA SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN ES INNECESARIO CITAR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 7 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, AL EJERCER SUS FACULTADES EN COLABORACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL.’. (Se transcribe contenido)
"De lo hasta aquí razonado se concluye que correctamente la Sala del conocimiento abordó la litis sometida a su potestad, pues para examinar la legalidad de una segunda orden de visita era imprescindible que partiera de las facultades de la autoridad hacendaria en materia de revisiones fiscales, estableciera si en ambos casos se fijó claramente el objeto de la revisión y determinara si se trataba o no de los mismos hechos, pues al concluir que la orden emitida en noviembre de dos mil trece cumplía con los requisitos de fundamentación y motivación, para la juzgadora era suficiente que no se revisaran los mismos hechos, para estimar que la actuación de la exactora no trascendía a las defensas de la parte actora. Máxime que la responsable, ante el reclamo de incompetencia, verificó que la demandada había cumplido con los principios de fundamentación y motivación atingentes al caso, cuenta habida que –como se dilucidó en líneas precedentes– en lo atingente a la facultad de ordenar una ulterior visita domiciliaria, se satisfizo con la cita del numeral 46 del código tributario federal...".
II. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
Conoció del amparo directo **********, promovido por **********, en contra de la sentencia de dos de marzo de dos mil doce dictada por la Primera Sala Regional Hidalgo-México del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al resolver el expediente **********.
Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:
1. En ejercicio de sus facultades de comprobación, el Administrador Local de Auditoría Fiscal de Toluca, con sede en Metepec, Estado de México, ordenó el inicio de una visita domiciliaria a **********, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecto como sujeto directo en materia del impuesto al valor agregado, pagos provisionales por impuesto sobre la renta y como retenedor de este último tributo.
2. Con motivo de lo anterior, a través del oficio **********, de veintinueve de octubre de dos mil ocho, la autoridad hacendaria le determinó un crédito fiscal. 3. Posteriormente, derivado de la revisión del dictamen de estados financieros con relación al ejercicio fiscal del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, se ordenó la práctica de una nueva visita domiciliaria, a fin de comprobar (nuevamente) el cumplimiento de obligaciones fiscales a que está afecto como sujeto directo en materia del impuesto al valor agregado así como del impuesto sobre la renta; la cual dio inicio el diecinueve de junio de dos mil nueve.
4. A través del oficio **********, de veintiséis de julio de dos mil diez, la autoridad hacendaria le determinó un crédito fiscal, por conceptos de impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, multas, recargos, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil siete.
5. Inconforme con lo anterior, **********, interpuso recurso de revocación que, posteriormente, el Administrador Local Jurídico de Toluca resolvió en el sentido de confirmar la resolución recurrida.
6. En contra de dicha determinación, el contribuyente demandó su nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
7. Del asunto le correspondió conocer a la Primera Sala Regional Hidalgo-México del referido Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el número de expediente **********. Así, una vez agotada la instrucción correspondiente, la Sala del conocimiento dictó sentencia en la que –para lo que aquí interesa– declaró la legalidad y validez de la resolución controvertida.
8. Finalmente, en contra de dicha determinación, **********, promovió el amparo directo **********, que le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito; mismo que en sesión de diez de enero de dos mil trece resolvió otorgar el amparo solicitado por el quejoso.
Las consideraciones que dieron sustento a dicha determinación, fueron las siguientes:
"Ahora bien, aun cuando a través de tales argumentos la parte quejosa no estructuró a manera de un silogismo jurídico sus planteamientos, lo cierto es que sí estableció la causa de pedir, puesto que indica cuál es la lesión o agravio que estima le causa el acto de autoridad y los motivos que lo originaron, para así proceder a estudiarlo, es decir, el agraviado se duele de que la autoridad no justificó por qué razón analizó el ejercicio fiscal de dos mil siete, cuando previamente ya había revisado el periodo de abril a junio del ejercicio fiscal indicado, por los mismos impuestos, esto es, como sujeto directo de contribuciones federales tales como impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, lo que, a su consideración, constituye una violación a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo dispuesto en los artículos 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no resolver todos los puntos controvertidos, omitiendo fundar y motivar su actuación.
"En esas condiciones, se llega a la firme convicción de que la parte quejosa pretendió controvertir los motivos o razones que llevaron a la autoridad fiscal a ejercer facultades de comprobación por segunda ocasión sobre el ejercicio fiscal de dos mil siete, pero sin justificar por qué se trata de hechos o documentos diferentes a los ya revisados durante el desahogo de la visita domiciliaria de veintisiete de julio de dos mil siete, en la que fueron revisados hechos y documentos por el periodo de abril a junio de esa anualidad, lo cual en similares términos fue expuesto en el concepto de impugnación tercero de la demanda de nulidad.
"Por tanto, a fin de verificar si asiste razón a la parte quejosa, importa destacar que las visitas domiciliarias en comento derivaron de diferentes facultades de comprobación, dado que la de veintisiete de julio de dos mil siete, se llevó a cabo de conformidad con las facultades de comprobación previstas en los artículos 42, fracción III, 43, 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación; mientras que las ejercidas en la segunda de dieciséis de junio de dos mil nueve, que derivó de la revisión del dictamen de estados financieros por el ejercicio fiscal de dos mil siete, están previstas en los artículos 42, párrafo primero, fracciones III, IV y antepenúltimo párrafo, 43, 44, 45, 46 y 52-A, primer párrafo, fracción II, del Código Fiscal de la Federación; sin embargo, el antepenúltimo párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación citado en la segunda de las visitas domiciliarias en cuestión, refiere que las autoridades fiscales podrán ejercer las facultades previstas en ese precepto de manera conjunta, indistinta o sucesivamente, iniciando con el primer acto que se notifique al contribuyente.
"Ahora bien, en el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación se establece que las autoridades fiscales, con el objeto de comprobar que los causantes obligados, los responsables solidarios o, en su caso, los terceros con quienes se relacionen han cumplido con sus cargas tributarias, así como para determinar los impuestos omitidos o los créditos fiscales y para comprobar la comisión de delito en la materia de que se trata, tienen, entre otras, las siguientes facultades:
"La prevista en la fracción III, que se refiere a la práctica de visitas domiciliarias a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos para revisar su contabilidad, bienes y mercancías; y,
"La prevista en la fracción IV, que se refiere a la facultad de revisar dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como la declaratoria por solicitudes de devolución de saldos a favor de impuesto al valor agregado y cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales.
"Luego, conforme al dispositivo supracitado, es evidente que tal facultad de revisión se refiere a tres tipos de sujetos obligados, siendo éstos los siguientes:
"1. El causante directo;
"2. El responsable solidario; y,
"3. El tercero relacionado con los anteriores.
"De igual manera, se establece que dicha facultad puede ejercerse por distintos motivos:
"I. Verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales;
"II. Determinar tributos omitidos;
"III. Determinar créditos fiscales;
"IV. Comprobar la comisión de delitos fiscales; y,
"V. Proporcionar información a autoridades hacendarias diversas.
"De ahí que aun cuando la primera orden de visita versó sobre el periodo comprendido del uno de abril al treinta de junio de dos mil siete y la segunda por todo el ejercicio de ese año, en ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad hacendaria diversas, lo cierto es que, efectivamente, como lo afirma el quejoso, ambas tenían un mismo objetivo que lo era la revisión respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales a que está afecto el contribuyente como sujeto directo de contribuciones federales, tales como impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta.
"Precisado lo anterior, también resulta necesario recordar el contenido de los artículos 16, párrafo primero, de la Constitución y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, así como la interpretación que el Alto Tribunal ha dado respecto al cumplimiento del derecho de fundamentación y motivación que deben cumplir las autoridades en la emisión de los actos de molestia.
"Respecto al artículo 16, primer párrafo, de la Ley Suprema, la Corte precisó que dicho numeral prevé que todo acto de molestia debe estar contenido en un mandamiento escrito expedido por autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento.
"En tanto que, el artículo 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación establece que los actos administrativos a notificar deben reunir, ‘por lo menos’, los requisitos de que consten por escrito, que señalen la autoridad emisora y, según la fracción IV, ‘...Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate’, bastando lo anterior para entender que este precepto pormenoriza la exigencia constitucional de que todo acto de autoridad, para seguridad jurídica del gobernado, debe estar fundado y motivado.
"Por lo que hace a este derecho de fundamentación y motivación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 260, publicada con los datos de localización, contenido y rubro siguientes:
"‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (Se transcribe contenido)
"En ese contexto, de lo hasta aquí narrado, es dable estimar que para que las autoridades fiscales ejerzan las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con el contenido de los artículos 16, párrafo primero, constitucional y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, así como en el criterio fijado por el Alto Tribunal, deben emitir un mandamiento por escrito, en el que además de fundar su competencia, necesitan precisar:
"a) Con qué carácter solicitan al gobernado la documentación que requieren, dado que el dispositivo de referencia establece tres hipótesis;
"b) Cuál documentación es la requerida;
"c) Cuál es la facultad que se ejerce;
"d) De manera expresa, cuáles son los preceptos aplicables al caso y señalar, con claridad, las circunstancias especiales, razones particulares, o causas inmediatas que se tuvieron en cuenta para la emisión de tal orden.
"Todo lo anterior, obliga a la autoridad fiscal a citar la denominación de las contribuciones, el periodo que debe abarcar la verificación, con el objeto de dar plena seguridad y certeza al causante.
"Ahora, en el supuesto de que la autoridad fiscal requiera emitir una nueva orden de visita, en el ejercicio de alguna de las facultades de fiscalización establecidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, por ejercicios –periodos o meses– ya revisados, lo cierto es q
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28638-15ae68c2/orden-de-visita-domiciliaria-la-autoridad-fiscalizadora-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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