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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. OBJETO DE LA DIRIGIDA A PERSONAS EN SU CARÁCTER DE TERCEROS RELACIONADOS CON OTRO CONTRIBUYENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 407/2011. · Registro digital (IUS): 23476
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Pág. 445.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 407/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 30 DE NOVIEMBRE DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: ILEANA MORENO RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2001, del Pleno de este Alto Tribunal y el artículo 86, segundo párrafo, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que el presente asunto se ocupa de la posible contradicción de tesis sustentada por dos Tribunales Colegiados de Circuito en asuntos que versan sobre la materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, según lo dispuesto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo,(2) puesto que fue formulada por la Magistrada presidenta del Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, órgano que emitió uno de los criterios en probable contienda.

TERCERO. A continuación, conviene reseñar los antecedentes de los asuntos que dieron lugar a las ejecutorias en probable conflicto, así como las consideraciones formuladas por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito.

Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito

Amparo en revisión **********

********** promovió juicio de amparo indirecto con el fin de combatir varios actos (atribuidos a distintas autoridades). Entre éstos, destaca la orden de visita domiciliaria emitida por el titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal de La Paz, Baja California Sur. Entre otras cosas, la parte quejosa alegó que la orden era genérica y, por tanto, violatoria de derechos humanos.

El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur conoció del juicio de amparo y, eventualmente, dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio respecto de ciertos actos y negó la protección constitucional solicitada respecto de otros (incluyendo la orden de visita). La parte quejosa interpuso recurso de revisión contra esta resolución, y una de las cuestiones combatidas fue la conclusión acerca de la orden de visita.

En el escrito de revisión alegó que la orden era genérica (y, por tanto, ilegal y violatoria de derechos fundamentales), porque en ella se ordenaba la revisión de documentación en relación con una persona tercera relacionada (la empresa **********), pero no se definió su objeto en relación con las facultades de comprobación, al no precisar las contribuciones motivo de la visita.

Correspondió al Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito resolver el asunto. En la sentencia del amparo en revisión se concedió la protección constitucional solicitada en relación con la orden de visita, por los siguientes motivos:

"NOVENO. Por otro lado, se argumenta en los agravios que tratándose de facultades de comprobación en materia fiscal, el artículo 16 constitucional refleja las facultades de comprobación como potestad del Estado, pero también que esta actividad autoritaria debe ceñirse a ciertos requisitos, elementos o circunstancias que el propio postulado fundamental le marca.

"Así que una visita domiciliaria se constituye como un acto de molestia que para llevarse a cabo debe satisfacer ciertos requisitos, tales como que la orden respectiva debe ser por escrito, emitida por autoridad competente, fundada y motivada; acto de molestia que, aplicado a la materia impositiva, adicionalmente debe contener los requisitos propios de la ley de la materia, así como las formalidades previstas para los cateos, esto es, expresar el nombre del visitado, lugar a inspeccionar y el objeto de la visita, requisitos que de no cumplirse hacen ilegal la orden de que se trata.

"En esa tesitura, que la tutela a la inviolabilidad del domicilio y la similitud establecida por el Constituyente entre una orden de cateo y una visita domiciliaria, permiten concluir que el objeto no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio (revisión de situación fiscal-facultad comprobatoria), sino también como cosa, elemento, entidad, tema o materia (certidumbre de lo que se revisa); entonces, el objeto de la orden de que se trate no debe ser general, vago o impreciso, sino, al contrario, determinado, para así dar seguridad al gobernado y, por tanto, no dejarlo en estado de indefensión.

"Así, debe concretarse el objeto, entendiéndose por ello que se indiquen las contribuciones, sean aportaciones de seguridad social, impuestos, derechos, contribuciones de mejoras o las obligaciones específicas que afecten al contribuyente, obligado tributario.

"En ese contexto, que la orden de visita que no indica las contribuciones a revisarse la torna genérica, puesto que deja al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobación, dado que al señalarse en la orden que se les faculta para su revisión, jurídicamente nada les impide que lo hagan, situación que no puede dejarse a su arbitrio, dado que ello puede dar pauta a abusos de autoridad.

"Lo anterior, no obstante que el visitador únicamente revise las contribuciones, sean impuestos, derechos o cualquier otro tipo de deber fiscal, propios de la situación del contribuyente, obligado tributario, dado que ello no convalida la circunstancia de que la orden sea genérica; habida cuenta de que ya no se trata del contenido de la orden, sino del desarrollo de la visita; de suerte que el objeto de la orden de visita domiciliaria en materia fiscal, que en el caso deriva de la potestad comprobatoria, debe ser concreto, en atención a que su práctica debe sujetarse únicamente a lo señalado en ella y no a la inversa.

"Que lo anterior, para dar cuenta de que la quejosa, de acuerdo con el Registro Federal de Contribuyentes, está en condiciones de saber qué contribuciones están a su cargo, por lo que es injustificable que la orden haya sido dictada genéricamente.

"Es fundado el agravio.

"A continuación se transcribe, en lo conducente, lo resuelto en la contradicción de tesis 40/90, que dio como resultado la emisión de la tesis 7/93: ...

"De la anterior ejecutoria derivó la tesis jurisprudencial siguiente:

"‘Núm. registro: 391399. Jurisprudencia. Materia: Administrativa. Octava Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice de 1995, Tomo III, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 509, página 367.

"‘ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS. De conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 16 constitucional y por la fracción III del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, tratándose de las órdenes de visita que tengan por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por un principio lógico y de seguridad jurídica, deben estar fundadas y motivadas y expresar el objeto o propósito de que se trate; requisitos para cuya completa satisfacción es necesario que se precisen en dichas órdenes, expresando por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades fiscales pretenden verificar, pues ello permitirá que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden. Sólo mediante tal señalamiento, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple con el requerimiento del artículo 16 constitucional, consistente en que las visitas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos, como es el señalar los objetos que se buscan, lo que, en tratándose de órdenes de visita se satisface al precisar por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se trate. Adoptar el criterio contrario impediría, además, al gobernado cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación.’

"(Cabe señalar que el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que fue la materia de análisis en la tesis de que se da noticia, es igual a la actual IV del mismo precepto legal)

"En ese orden, también es de invocarse la tesis jurisprudencial que dice:

"‘Núm. registro: 197273. Jurisprudencia. Materia: Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, diciembre de 1997, tesis 2a./J. 59/97, página 333.

"‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO. Acorde con lo previsto en el artículo 16 constitucional, así como con su interpretación realizada por esta Suprema Corte en las tesis jurisprudenciales cuyos rubros son: «VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS QUE DEBE SATISFACER.» (tesis 183, página 126, Tomo III, Segunda Sala, compilación de 1995) y «ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.» (tesis 509, página 367, Tomo III, Segunda Sala, compilación de 1995), que toman en consideración la tutela de la inviolabilidad del domicilio y la similitud establecida por el Constituyente, entre una orden de cateo y una de visita domiciliaria, cabe concluir que el objeto no sólo debe concebirse como propósito, intención, fin o designio, que dé lugar a la facultad comprobatoria que tienen las autoridades correspondientes, sino también debe entenderse como cosa, elemento, tema o materia, esto es, lo que produce certidumbre en lo que se revisa; con base en esto último, el objeto de la orden de que se trata no debe ser general, sino determinado, para así dar seguridad al gobernado y, por ende, no dejarlo en estado de indefensión. Por tanto, la orden que realiza un listado de contribuciones o cualquier otro tipo de deberes fiscales que nada tenga que ver con la situación del contribuyente a quien va dirigida, la torna genérica, puesto que deja al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobación, situación que puede dar pauta a abusos de autoridad, sin que obste a lo anterior la circunstancia de que el visitador únicamente revise las contribuciones a cargo del contribuyente como obligado tributario directo, porque en ese momento ya no se trata del contenido de la orden, sino del desarrollo de la visita, en la inteligencia de que la práctica de ésta debe sujetarse únicamente a lo señalado en la orden y no a la inversa. Esta conclusión, sin embargo, no debe llevarse al extremo de exigir a la autoridad que pormenorice o detalle el capitulado o las disposiciones de las leyes tributarias correspondientes, porque tal exageración provocaría que con una sola circunstancia que faltara, el objeto de la visita se considerara impreciso, lo cual restringiría ilegalmente el uso de la facultad comprobatoria, situación que tampoco es la pretendida por esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es necesario precisar que las anteriores consideraciones únicamente son válidas tratándose de órdenes de visita para contribuyentes registrados, pues sólo de ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con su registro de alta, sabe qué contribuciones están a su cargo, situación que es distinta de los casos de contribuyentes clandestinos, es decir, aquellos que no están inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes porque, en estos casos, la orden necesariamente debe ser general, pues no se sabe qué contribuciones están a cargo del destinatario de la orden. También debe señalarse que las contribuciones a cargo del sujeto pasivo, no sólo conciernen a las materiales o de pago, sino igualmente a las formales o cualquier otro tipo de deber tributario y, por tanto, debe entenderse por obligado tributario, no solamente al causante o contribuyente propiamente dicho, sino también a los retenedores, responsables solidarios y cualquier otro sujeto que a virtud de las normas tributarias tenga que rendir cuentas al fisco.’

"Bajo esas condiciones, en la orden de visita de veinte de enero de dos mil nueve, como objeto de la misma, se señaló:

"‘Se deberán mantener a disposición del personal autorizado en la presente orden, todos los elementos que integran la contabilidad, como son, entre otros: Los libros principales y auxiliares; los registros y cuentas especiales; papeles, discos y cintas, así como otros medios procesables de almacenamiento de datos; los libros y registros sociales; la documentación comprobatoria de sus operaciones; y proporcionarles todos los datos e informes que el mencionado personal requiriera durante la diligencia, en relación con las operaciones que en su carácter de tercero ha llevado a cabo con el contribuyente «**********», con domicilio en **********, dentro del periodo comprendido del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007.’

"En efecto, la autoridad es omisa en precisar por su nombre las contribuciones cuyo cumplimiento pretende verificar, incurriendo así en el vicio que ya censuró la anterior Segunda Sala en la tesis jurisprudencial 509, invocada.

"Por lo que se impidió que la persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y que los visitadores se ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la orden, habida cuenta que sólo mediante tal señalamiento, por tratarse de un acto de molestia para el gobernado, se cumple con el requerimiento del artículo 16 constitucional, consistente en que las visitas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos, como es el señalar los objetos que se buscan, lo que, en tratándose de órdenes de visita, se satisface al precisar por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento se trate.

"Adoptar el criterio contrario impediría al gobernado cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, que estatuye:

"‘Artículo 45. Los visitados, sus representantes, o la persona con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados.’

"En ese contexto, la omisión apuntada deja al arbitrio de los visitadores las facultades de comprobación, dado que al señalarse en la orden que se les faculta para su revisión, jurídicamente nada les impide que lo hagan, situación que no puede dejarse a su arbitrio, dado que ello puede dar pauta a abusos de autoridad.

"Ello, no obstante que el visitador únicamente revise las contribuciones, sean impuestos, derechos o cualquier otro tipo de deber fiscal, propios de la situación del contribuyente, obligado tributario o tercero, dado que ello no convalida la circunstancia de que la orden sea omisa en cuanto a su objeto, como en el caso, o genérica; habida cuenta de que ya no se trata del contenido de la orden, sino del desarrollo de la visita; de suerte que el objeto de la orden de visita domiciliaria en materia fiscal, que en el caso deriva de la potestad comprobatoria, debe ser concreto, en atención a que su práctica debe sujetarse únicamente a lo señalado en ella y no a la inversa.

"La anterior determinación debe apreciarse con mesura, sin pretender, por otra parte, obligar a las autoridades hacendarias a exagerar en la especificación del objeto, hasta el punto de exigir que indiquen capítulos o disposiciones de las leyes tributarias puesto que ello iría en detrimento de la facultad comprobatoria.

"Es necesario precisar que las citadas consideraciones únicamente son válidas tratándose de órdenes de visita para contribuyentes registrados, pues sólo de ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con su registro de alta, está en condiciones de saber qué contribuciones están a su cargo, situación que es distinta de los casos en que se esté en presencia de contribuyentes clandestinos, es decir, aquellos que no están inscritos ante el fisco (Registro Federal de Contribuyentes), porque en estos casos la orden necesariamente debe ser general, pues no se sabe a qué contribuciones está sujeto el destinatario de la orden de visita.

"También es menester apuntar que las contribuciones a cargo del sujeto pasivo no sólo conciernen a las materiales o de pago, sino igualmente a las formales o cualquier otro tipo de deber tributario (expedición de comprobantes fiscales).

"En ese contexto, debe entenderse por obligado tributario no solamente al causante o contribuyente propiamente dicho, sino también a los retenedores, terceros, responsables solidarios y cualquier otro sujeto que a virtud de las normas tributarias tenga que rendir cuentas al fisco.

"Por tanto, es inconcuso que la orden de visita domiciliaria impugnada vulnera la garantía de seguridad jurídica y el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio del agraviado, pues no fueron precisados por su nombre los impuestos de cuyo cumplimiento pretende cerciorarse la autoridad fiscal, siendo que las visitas practicadas por las autoridades administrativas deben sujetarse a las formalidades previstas para los cateos en el artículo 16 constitucional, entre las que se encuentra el señalamiento de los objetos que se buscan.

"Sin que sea óbice el hecho de que la orden de visita se dirigiera a terceros relacionados, pues de cualquier forma la autoridad fiscal tiene la obligación de fundar y motivar la orden respectiva ante la importancia que su conocimiento tiene para el gobernado por tratarse de una excepción al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio y porque su ejecución afectará su esfera jurídica en lo relativo al cumplimiento de las disposiciones fiscales que habrán de verificarse.

"Es ilustrativa la jurisprudencia que se transcribe:

"‘Registro Núm. 164533. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, mayo de 2010, página 840, tesis 2a./J. 61/2010, jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, administrativa.

"‘REVISIÓN DE ESCRITORIO O VISITA DOMICILIARIA. LAS ÓRDENES RELATIVAS DIRIGIDAS A LOS GOBERNADOS COMO SUJETOS DIRECTOS Y COMO RETENEDORES, CUMPLEN LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CUANDO SE FUNDAN EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, RESPECTIVAMENTE, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’

"Consecuentemente, lo procedente es conceder a **********, el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó del administrador local de Auditoría Fiscal de La Paz, Baja California Sur, que quedó precisado en el resultando primero de esta resolución, para los efectos de que deje insubsistente la orden de visita **********, de veinte de enero de dos mil nueve, con todas sus consecuencias legales."

Segundo Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito

Amparo en revisión **********

********** promovió juicio de amparo en contra de varios actos, entre los cuales destaca una orden de visita domiciliaria emitida por el titular de la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, Sinaloa, donde se indicó que la vista sería respecto de las operaciones de un tercero, es decir, **********. La parte quejosa manifestó que en el documento la autoridad omitió precisar su objeto. Así pues, estimó que la orden era ilegal por no señalar por su nombre las contribuciones cuyo cumplimiento se pretendía verificar, impidiendo de tal forma que el quejoso conociera las obligaciones a su cargo que iban a ser revisadas.

El Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio. Inconforme con esta resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión combatiendo el sobreseimiento.

El Segundo Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito, órgano que conoció de la impugnación, levantó el sobreseimiento respecto de varios actos, incluyendo el oficio que contiene la orden de visita. Asimismo, determinó negar la protección constitucional solicitada y, en relación con la mencionada orden, los motivos para ello fueron los siguientes:

"En otro orden de ideas, la parte quejosa, en su segundo concepto de violación, se duele de que la orden de visita domiciliaria contenida en el oficio **********, de veintidós de julio de dos mil ocho, es genérica, puesto que no determina o precisa el objeto, en este caso, las contribuciones a revisar, lo cual se estima, por parte de este órgano jurisdiccional, infundado.

"En efecto, no debe pasar desapercibido que la autoridad responsable, Administración Local de Auditoría Fiscal de Los Mochis, no pretende verificar un ejercicio fiscal determinado al contribuyente quejoso, sino que la finalidad de la visita domiciliaria es verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones fiscales de un tercero, en este caso, ‘**********’, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, razón por la cual la visita no es genérica, sino específica, máxime que su objeto quedó debidamente delimitado al precisarse en la orden de visita lo siguiente:

"‘Se debe mantener a disposición del personal autorizado de la presente orden todos los elementos que integran la contabilidad, como son, entre otros: Los libros principales y auxiliares; los registros y cuentas especiales; papeles, discos y cintas, así como otros medios procesables de almacenamiento de datos; los libros y registros sociales; la documentación comprobatoria de sus operaciones; y proporcionarles los datos e informes que el mencionado personal requiera durante la diligencia, en relación con las operaciones que en su carácter de tercero ha llevado a cabo con el contribuyente **********, con domicilio en **********, dentro del ejercicio fiscal comprendido del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007.’ (foja 59 de autos)

"De ahí que no le asista la razón a la quejosa en su inconformidad, ya que tiene plena certeza jurídica de los documentos del ejercicio fiscal de dos mil siete, sobre los cuales versará la visita domiciliaria, siendo los que están relacionados con el tercero.

"...

"En su tercer concepto de violación de se (sic) escrito de ampliación de demanda, la impetrante del amparo hace mención que el oficio **********, de veintinueve de mayo de dos mil ocho, relativo a la solicitud que hiciera la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, a su similar de Los Mochis, no se encuentra suficientemente fundado, pues no se desprende cómo es que aquélla pueda ordenar a esta última para que inicie las facultades de comprobación en contra de un tercero.

"Argumento que a todas luces deviene infundado, en virtud de que, como se dijo en párrafos anteriores, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán asentó en el oficio de mérito, que de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción IV del artículo 44 del Código Fiscal, solicitaba el auxilio de su similar, numeral que, en la especie, señala: ‘En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitadores, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: ... IV. Las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades fiscales que sean competentes para que continúen una visita iniciada por aquéllas notificando al visitado la sustitución de autoridad y visitadores. Podrán también solicitarles practiquen otras visitas para comprobar hechos relacionados con la que estén practicando.’; razón por la cual en dicho dispositivo legal se fundamenta su actuar, reiterándose que las facultades discrecionales de la diversa autoridad, Administración Local de Auditoría Fiscal de Los Mochis, Sinaloa, quedaron debidamente justificados en el oficio **********, de veintidós de julio de dos mil ocho.

"Debe agregarse que el cuarto concepto de violación del escrito de ampliación de demanda tiene íntima relación con el antes analizado, en virtud de que en éste se indica que el administrador local de Auditoría Fiscal de Mazatlán, en su oficio **********, de veintinueve de mayo de dos mil ocho, relativo a la solicitud que hiciera a su similar de Los Mochis, omite fundamentar la competencia territorial que le permite invadir la circunscripción de otra autoridad fiscal.

"Lo anterior es infundado pues, como ya se dijo, la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán no está invadiendo la competencia territorial de la diversa Administración Local de Auditoría Fiscal de Los Mochis, sino únicamente está solicitando su auxilio para ejercer facultades de comprobación a la empresa quejosa ‘**********’, por la relación que en su carácter de tercero sostenía con ‘**********’, actuación que se encuentra justificada y encuentra su fundamento en la parte final de la fracción IV del artículo 44 del Código Fiscal de la Federación.

"Además, contrario a lo argumentado por la parte quejosa en sus conceptos de violación, la hipótesis contenida en la parte final de la fracción IV del supra citado numeral, no es para que se continúe con una visita ya iniciada al mismo visitado, sino a un tercero, ya que el contenido de aquél es muy claro, habida cuenta que la autoridad que realice la visita pueda solicitar a diversa autoridad fiscal la práctica de otras visitas para comprobar hechos relacionados con la que estén practicando, como ocurrió en el caso, por tratarse de un tercero vinculado al contribuyente visitado por la Administración Local de Auditoría Fiscal de Mazatlán.

"En consecuencia, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es negar el amparo solicitado."

CUARTO. A continuación, es necesario determinar si existe la contradicción de tesis denunciada.

El Tribunal Pleno, al emitir la jurisprudencia P./J. 72/2010,(3) estableció que hay contradicción cuando "dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales". En el presente caso se actualizan estas condiciones, ya que ambos Tribunales Colegiados estudiaron el mismo tema jurídico. Es decir, analizaron el contenido de órdenes de visita domiciliaria, donde se informa al contribuyente que la visita versará sobre la documentación e información relativa a un tercero relacionado, por un determinado periodo. Los órganos colegiados se pronunciaron sobre si el objeto de la visita, según se plasmó en la orden, era general o si, por el contrario, era lo suficientemente específico como para considerar que otorgaba seguridad jurídica al gobernado.

En esta lógica, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito consideró que la orden de visita, planteada en esos términos, era un mandamiento genérico. A decir del tribunal, la autoridad administrativa debió señalar por su nombre las contribuciones cuyo cumplimiento pretende verificar, y dado que no fue así, se violó el derecho del contribuyente a la seguridad jurídica, a la legalidad y a la inviolabilidad del domicilio (artículo 16 constitucional), ya que se le impidió conocer a cabalidad las obligaciones a su cargo que serían revisadas, dejando al arbitrio del visitador su comprobación.

En cambio, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito estimó que la orden de visita no era genérica, sino específica, porque la autoridad no pretendía verificar un ejercicio fiscal determinado a cargo del contribuyente quejoso, sino que el objetivo de la visita domiciliaria era verificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales por parte de un tercero relacionado. En este sentido, el objeto de la visita quedó debidamente delimitado al señalar en ésta el nombre del tercero y precisar que los documentos requeridos sólo serían los relativos a un periodo determinado. Por tanto, hay certeza acerca de cuál es la información sobre la cual versaría la visita.

De esta forma, se confirma que los órganos colegiados estudiaron el mismo problema jurídico y llegaron a conclusiones divergentes, pues mientras el primero resolvió que la orden de visita era genérica y, por tanto, violatoria de derechos fundamentales; el segundo determinó que la orden era específica y perfectamente válida.

Así pues, la presente contradicción tiene como finalidad determinar cuál es el objeto de la orden de visita domiciliaria dirigida a un tercero relacionado con un contribuyente principal, estableciendo qué elementos debe contener.

QUINTO. Para determinar el criterio que debe prevalecer en este asunto, conviene tener presente que, conforme al artículo 16 constitucional, ninguna persona puede ser molestada en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, salvo que medie un mandamiento escrito, emitido por la autoridad competente, donde se funde y motive la causa legal del procedimiento.(4) Además, en el antepenúltimo párrafo, este precepto constitucional faculta a las autoridades administrativas para practicar visitas domiciliarias en relación con distintas materias, entre las cuales se encuentra la fiscal. Es decir, la autoridad tributaria tiene atribuciones para "comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos".

Dicho de otra forma, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad fiscal tiene facultades para llevar a cabo visitas domiciliarias, aunque para ello es necesario que exhiba un mandamiento escrito debidamente fundado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23476-469442f5/orden-de-visita-domiciliaria-objeto-de-la-dirigida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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