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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. NO ES IMPRESCINDIBLE CITAR EN ÉSTA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN PARA SU DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CUANDO SE ORDENA PRACTICAR CON BASE EN LA FRACCIÓN III DE DICHO PRECEPTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 425/2010. · Registro digital (IUS): 22887
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, , Pág. 686.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 425/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: DIANA MINERVA PUENTE ZAMORA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001 dictado por el Tribunal Pleno, en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios que se suscitaron en asuntos en materia administrativa, especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 192 y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes de la Segunda Sala Regional del Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que resolvieron los juicios de nulidad sobre los que conocieron en revisiones fiscales los Tribunales Colegiados que aparentemente resolvieron criterios contrarios.

Al respecto, se cita la jurisprudencia de rubro y texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA TIENEN LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR LA QUE SE PRODUZCA ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL RESOLVER RECURSOS DE REVISIÓN FISCAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 65/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 330, con el rubro: ‘REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESA NATURALEZA.’ estableció la procedencia de la contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito no sólo al resolver juicios de amparo, sino también al fallar recursos de revisión fiscal, dado que en las resoluciones referidas realizan pronunciamientos que se encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso, se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y, además, porque los criterios que son materia de la contradicción son emitidos por un tribunal terminal. Ahora bien, este criterio debe llevar también, por congruencia, a aceptar la legitimación de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para denunciar la contradicción de tesis que se produzca entre los Tribunales Colegiados de Circuito al resolver recursos de revisión fiscal, en forma análoga a la legitimación que para ello tienen como autoridad responsable en los juicios de amparo directo que promuevan los gobernados, por igualdad de razón, aun cuando formalmente no tengan el carácter de parte en los juicios contencioso administrativos, sino de órganos resolutores que dictan la sentencia recurrida." (Núm. registro: 171212. Tesis aislada. Materia(s): Administrativa. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, octubre de 2007, tesis 2a. CLI/2007, página 446).

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben:

El Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en la revisión fiscal 179/2010 (relativo al juicio de nulidad 2628/2008-01-01-6), en la parte que interesa, consideró lo siguiente:

"SÉPTIMO. Los agravios hechos valer por la autoridad recurrente son sustancialmente fundados, por las siguientes consideraciones: La Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-02-III-D-7.2.533 de veintisiete de marzo de dos mil siete, emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Tijuana, Baja California, mediante el cual ordena la práctica de una visita domiciliaria con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está afecta la moral actora como sujeto directo en materia del impuesto al valor agregado y como retenedor del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta. Lo anterior, al analizar oficiosamente la competencia de la autoridad emisora por razón de materia estimando que la autoridad demandada fue omisa en precisar el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación en el oficio en el que ordena la práctica de una visita domiciliaria y se solicita información y documentación, por lo que el mismo es ilegal por la indebida fundamentación y motivación; que la cita del párrafo correspondiente es con la finalidad de especificar con claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden. Ahora bien, en contra de la anterior determinación, la autoridad demandada, promovió el presente recurso de revisión, en el que alega medularmente lo siguiente: Que la sentencia recurrida viola lo dispuesto en los ordinales 49, 50, segundo párrafo, 51, fracción IV y 52, fracción II, todos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el 42 del Código Fiscal de la Federación, por su indebida inobservancia, interpretación y aplicación; Que el a quo no señaló en la sentencia en qué forma afectó las defensas del particular y transcendió al sentido del fallo la falta de citar el párrafo primero del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación en la orden de visita domiciliaria, cuando se citó la fracción relativa a las facultades que ejerció la autoridad, limitándose a señalar que se debió citar dicho párrafo sin motivar su determinación en argumentos legales que permitan dar certeza de que tal omisión trascendió al sentido de la resolución impugnada; Que no existía obligación de señalar el primer párrafo del artículo 42 de la invocada legislación ‘ello debido a que esto será en caso de que la fracción que citó la autoridad fuera independiente del primer párrafo’ la cual no acontece, ya que al precisarse la fracción es evidente que se está englobando el primer párrafo, toda vez que no se puede concebir la fracción III de manera aislada, ya que es el párrafo el que ‘da vida a la cita de fracciones’, esto es, la autoridad al iniciar facultades únicamente estaba obligada a citar la fracción correspondiente del referido artículo 42; que la Sala interpreta erróneamente la jurisprudencia que invoca, ya que la misma se refiere a las resoluciones que determinen un crédito fiscal, siendo suficiente que únicamente se cite el párrafo primero del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación en razón de que previamente en la orden ya se citó la fracción aplicable de dicho artículo; Que la autoridad demandada señaló el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación en el cual necesariamente se encuentra comprendido el párrafo primero, porque es el que describe su contenido, por lo que no se dejó al contribuyente en estado de indefensión como indebidamente lo resolvió la Sala Fiscal al no citarse dentro de la orden de visita expresa y literalmente ‘el párrafo primero’ del invocado numeral, toda vez que en el oficio cuestionado se estableció como fundamento el ‘artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación’, siendo suficiente para advertir que se le está practicando una facultad de revisión en cierta modalidad de fiscalización como lo es una visita domiciliaria, advirtiéndose una certeza jurídica respecto del procedimiento que se le está estableciendo. En efecto, como se precisó al inicio del presente considerando, los anteriores argumentos son sustancialmente fundados. Así es, ya que, contrario a lo resuelto por la Sala responsable y como correctamente lo señala la recurrente, el oficio número 324-SAT-02-III-7.2-533, de veintisiete de marzo de dos mil seis, emitido por el administrador local de Auditoría Fiscal de Tijuana, Baja California, cumple con lo previsto por el artículo 16 constitucional, ya que dicha autoridad cuenta con facultades para comprobar que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados han cumplido con las obligaciones tributarias, mediante la práctica de visitas domiciliarias o revisiones de gabinete o escritorio. De este modo, todo procedimiento de auditoría o revisión, tendente a valorar las circunstancias en que acontece la conducta del contribuyente sujeto a revisión que nace con la orden correspondiente, se inicia con la notificación de dicha orden y culmina con la decisión de la autoridad fiscal en la que se determinan las consecuencias legales de los hechos u omisiones advertidos por el personal visitador o revisor. Por lo que, para el caso que se analiza, la orden de una visita domiciliaria debe contener aquellos fundamentos que le otorguen competencia a la autoridad que la emite, pues ello le permitirá al particular conocer cuál de las facultades de comprobación ejercerá la autoridad y cuáles serán las formalidades a las que debe sujetarse. En ese orden de ideas, la orden de visita domiciliaria fundada en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, dirigida a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, satisface los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al diverso numeral 38, fracción IV, del citado código tributario federal. Lo anterior es así, pues en dicha fracción se contiene prevista a cargo de la autoridad fiscal, la facultad de practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para revisar su contabilidad, bienes o mercancías. De ahí que no genera incertidumbre en sus destinatarios, pues en ella se encuentra prevista la facultad que desplegará la autoridad, consistente, precisamente, en practicar una visita domiciliaria. Apoya a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 61/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página ochocientos cuarenta, de cuyos rubro y texto, expresa: ‘REVISIÓN DE ESCRITORIO O VISITA DOMICILIARIA. LAS ÓRDENES RELATIVAS DIRIGIDAS A LOS GOBERNADOS COMO SUJETOS DIRECTOS Y COMO RETENEDORES, CUMPLEN LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN CUANDO SE FUNDAN EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, RESPECTIVAMENTE, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. Las órdenes citadas, previstas en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que pueden dirigirse a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, satisfacen los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del mencionado código, cuando además de fundarse en aquellas fracciones, precisan las contribuciones motivo de verificación en cada caso y cumplen las condiciones formales inherentes. Lo anterior es así, en primer lugar, porque tales fracciones prevén dichas órdenes, y la circunstancia de que aludan a los retenedores y no expresamente a los responsables solidarios no genera incertidumbre en sus destinatarios respecto a la facultad de comprobación que la autoridad fiscal haya decidido ejercer en cada caso y, en segundo lugar, porque no resultan genéricas en su objeto ni provocan inseguridad jurídica, porque no crean duda en sus destinatarios, pues si bien las citadas fracciones II y III no contemplan específicamente la figura del retenedor, como uno de los obligados a proporcionar información y documentación a las autoridades fiscales para que ejerzan sus facultades de comprobación, al hacerse referencia al retenedor se entiende que se alude a un responsable solidario del contribuyente, pues el retenedor constituye una especie del género responsable solidario, según se desprende de la fracción I del artículo 26 del invocado ordenamiento tributario. Por el contrario, las órdenes así emitidas favorecen en mayor entidad a sus destinatarios, pues si se ha considerado que la autoridad administrativa no está obligada a señalar por qué les atribuye el carácter de contribuyentes directos, responsables solidarios o terceros relacionados, es evidente que genera mayor seguridad jurídica la circunstancia de que a los destinatarios se les otorgue el carácter de retenedores, cuyo término resulta ser más específico que el de responsables solidarios, porque dentro de éste se encuentran tanto los retenedores como los enlistados en las demás fracciones del citado artículo 26. En esa tesitura, es innecesario que en las órdenes de que se trata se invoque la fracción I de ese último numeral, en la medida en que no es en ella donde se prevé la facultad de comprobación respectiva, sino únicamente se precisa el alcance de la figura de la responsabilidad solidaria referida en las multicitadas fracciones II y III, al establecerse, en aquélla, que los retenedores son responsables solidarios con los contribuyentes.’. Máxime que si en el precitado oficio número 324-SAT-02-III-7.2-533, de veintisiete de marzo de dos mil siete, que contiene la orden de la práctica de una visita domiciliaria, se advierte que la autoridad administrativa asentó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: ‘Esta Administración Local de Auditoría Fiscal de Tijuana, con sede en Tijuana, Baja California ... en ejercicio de sus facultades, le ordena la presente visita domiciliaria, con el objeto o propósito de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales ... De acuerdo a lo anterior, y a efecto de ejercer las facultades previstas en los artículos 42, fracción III, 43, 44, 45 Y 46 del Código Fiscal de la Federación; se expide la presente orden de visita domiciliaria con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ...’. De conformidad con la anterior transcripción, este Tribunal Colegiado estima que la orden de practicar una visita domiciliaria, de veintisiete de marzo de dos mil siete, se encuentra debidamente fundada y motivada, pues la cita de la fracción III del artículo 42, del Código Fiscal de la Federación, permite informar al contribuyente la facultad que desplegará la autoridad; aunado a lo antes señalado, como correctamente lo señala la autoridad recurrente, se entiende que va implícito el primer párrafo del citado artículo; de ahí que, si se fundó en el artículo 42, fracción III, del Código Fiscal de la Federación; es un hecho incontrovertible que ello permite al contribuyente tener la certeza de que la autoridad está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley, puesto que en ese numeral y fracción se otorga a la autoridad fiscal la facultad para practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías, sin perjuicio de que se invoquen otras disposiciones legales, acuerdos o decretos que a su vez otorguen facultades a la autoridad para realizar ese tipo de actos. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 196/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos noventa y ocho, Tomo XXVI, octubre de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. LA SUSTENTADA EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIONES II Y III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, RESPETA LA GARANTÍA DE FUNDAMENTACIÓN. La orden de visita domiciliaria sustentada en las fracciones II y III del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que prevén las facultades de la autoridad fiscal para «requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran» y «practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías», respectivamente, cumple con la garantía de fundamentación consagrada por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto no ocasiona incertidumbre al gobernado en relación con la facultad de comprobación que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, es decir, si va a llevarse a cabo una visita domiciliaria o una revisión de gabinete o escritorio, al ser éstas excluyentes entre sí en cuanto al lugar de su realización, pues por definición la revisión de gabinete o escritorio supone que no se practique en el domicilio del gobernado, sino en las oficinas de la autoridad, por lo que es claro que la invocación de la indicada fracción II no se refiere a una revisión de tal naturaleza, sino al diverso supuesto de requerimiento de exhibición de la contabilidad, documentos, datos o informes en el domicilio del contribuyente al que se practica la visita. Además, si se atiende a los requisitos que la orden de visita domiciliaria debe satisfacer en términos de los artículos 16, primer y antepenúltimo párrafos, constitucional, 38 y 43 del código citado, ésta no debe suscitar duda alguna al contribuyente sobre la facultad de comprobación que la autoridad fiscal ha decidido ejercer, es decir, que se le practicará una auditoría en su domicilio, lo que debe señalarse así en el citatorio que se deje al visitado, en caso de que no se encuentre al presentarse los visitadores en el lugar donde deba practicarse la visita, conforme a la interpretación que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó del artículo 44, fracción II, primer párrafo, del referido código, en la jurisprudencia 2a./J. 92/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 326, con el rubro: «VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES REQUISITO DE LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA.». Sin que al efecto resulte aplicable la jurisprudencia que invocó la Sala Fiscal, de rubro: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS O EL CRÉDITO FISCAL CORRESPONDIENTE, PARA FUNDARLA BASTA CITAR EL ARTÍCULO 42, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’, pues en ella se establece la obligación de invocar el párrafo primero, del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, cuando se emita la resolución que determine las contribuciones omitidas o el crédito fiscal correspondiente, hipótesis diversa a la que se actualiza, pues en el caso estudio, se trata de la orden para la práctica de una visita domiciliaria emitida en ejercicio de las facultades de comprobación fiscal. Al margen de lo anterior es pertinente señalar que como lo sostiene la recurrente, la Sala Fiscal no acató a cabalidad el contenido del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que al declarar la nulidad de la resolución controvertida no señaló en qué forma la omisión atribuida a la autoridad demandada afectó las defensas del particular y trascendió al sentido de la resolución cuya nulidad se demandó, pues al efecto sólo se limita a sostener de manera reiterada ‘que la autoridad enjuiciada’ debió citar en el oficio combatido ‘el párrafo correspondiente en que se basa para emitir dichos actos’, sin exponer las razones por las que tal omisión dejó al actor en estado de indefensión, lo que era necesario en términos del invocado artículo 50, máxime si, como se sostuvo en los renglones que anteceden, la autoridad demandada precisó la fracción aplicable al ejercicio de facultades de comprobación que estaba ejerciendo, lo que se estima suficiente para que el gobernado tenga la certeza de que la autoridad fiscalizadora efectivamente está actuando dentro del límite de sus facultades. En las condiciones apuntadas, se debe declarar fundado el recurso de revisión fiscal interpuesto, motivo por el cual la Sala Regional del Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Tijuana, Baja California, deberá dejar insubsistente la sentencia recurrida y en su lugar pronunciar otra, en la que analice todos y cada uno de los motivos de ilegalidad que hizo valer la parte actora, al igual que las argumentaciones que esgrimió la autoridad demandada en su defensa; hecho lo cual, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda."

Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 158/2010, relacionado con el expediente (646/09-01-01-6), en la parte que interesa, sustentó lo siguiente:

"SEXTO. Los agravios expresados por la autoridad recurrente son infundados. Lo anterior es así, en virtud que la Sala estuvo en lo correcto al resolver que la Administración Local de Auditoría Fiscal de Tijuana, Baja California, debió citar como fundamento de la solicitud de información y documentación formulado a la actora natural, no solamente el artículo 42, fracción III y último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, sino también el primer párrafo de dicho precepto legal, en virtud que es en éste en el cual otorga las facultades contenidas en las fracciones I a VIII. Ciertamente, al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia 207/2006, que dice: Registro No. 173599. Localización: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXV, enero de 2007, página 491, tesis 2a./J. 207/2006. Jurisprudencia. Materia(s): Administrativa. ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS O EL CRÉDITO FISCAL CORRESPONDIENTE, PARA FUNDARLA BASTA CITAR EL ARTÍCULO 42, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. La garantía de fundamentación contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lleva implícita la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales que facultan a la autoridad administrativa para emitir actos de molestia. En ese sentido, si por medio de la resolución que determina las contribuciones omitidas o el crédito fiscal correspondiente, la autoridad fiscal no ejerce alguna de las facultades a que se refieren las distintas fracciones del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, es correcto que únicamente invoque su párrafo primero, en razón de que ahí se prevé la facultad para emitir ese tipo de actos y, por ende, otorga al particular plena certeza de que está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley para tales efectos.’. En efecto, en la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia, el Máximo Tribunal de la Nación sostuvo lo siguiente, en lo conducente: ‘... la obligación de la autoridad administrativa de citar en el acto administrativo que constituya una molestia para el gobernado en su esfera jurídica, el precepto legal y el ordenamiento jurídico que le otorgue facultades para dicho proceder, luego si en el oficio por el cual se emite la determinación de las contribuciones omitidas o del crédito fiscal sólo se ejerce esa atribución, bastará la cita del párrafo primero del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues dicho numeral expresamente dispone que: «... las autoridades fiscales ... y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales ...», en consecuencia, no requerirá citar alguna fracción del numeral indicado puesto que a través de ese acto no inicia ninguna de las facultades que ahí se establecen y, por ende, no habría competencia que sustentar para efectos del inicio de las facultades ahí previstas. De esta forma, si la autoridad funda su actuación en el artículo 42, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente tiene certeza de que la autoridad está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley, puesto que en ese numeral se otorga a la autoridad la facultad para determinar las contribuciones omitidas o el crédito fiscal relativo, sin perjuicio de que se invoquen otras disposiciones legales, acuerdos o decretos que a su vez le otorgan facultades a la autoridad para realizar ese tipo de actos; pues de no ser así, se dejaría al gobernado en estado de indefensión. Por tanto, la autoridad fiscal, en cuanto no ejerce ninguna de sus facultades de comprobación en términos del artículo 42, no está obligada a citar la fracción que establece alguna de las referidas facultades de comprobación ...’. Esto es, de dicha ejecutoria se desprende que si la autoridad hacendaria no ejerce alguna de las atribuciones conferidas en el artículo 42, fracciones I a VIII, basta con citar el párrafo primero, por ser el párrafo en el que se le otorgan facultades a la autoridad para ejercer dichas atribuciones; de lo que se desprende, como afirmó la a quo en su fallo, que si ejerce alguna de dichas atribuciones como en el caso concreto que nos ocupa, la señalada en la fracción II del precepto legal en comento, consecuentemente, estaba obligada a citar el primer párrafo, por ser en el que se le otorgan facultades a la autoridad para realizar ese tipo de actos. En este mismo orden de ideas, el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación es del tenor siguiente: ‘Artículo 42.’ (se transcribe). Del análisis del precepto anteriormente transcrito, claramente se advierte, como bien señaló la Sala Fiscal, que en el primer párrafo del artículo 42 del código tributario, es en el que se otorgan a las autoridades fiscales las facultades comprendidas de las fracciones I a VIII del Código Fiscal de la Federación, por lo que no bastaba que la demandada fundamentara el oficio de mérito solamente en la fracción III, en el que se establece la atribución específica de la autoridad hacendaria, en virtud de que la facultad desarrollada se le otorga en el primer párrafo del precepto legal de referencia. Cierto, como se indicó, el Más Alto Tribunal de la Nación, en la ejecutoria que dio lugar a la emisión de la jurisprudencia invocada por la Sala a quo en su fallo, determinó que cuando la autoridad hacendaria funda su actuación en el artículo 42, párrafo primero, del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente tiene certeza de que la autoridad está actuando dentro de los límites y con las atribuciones que le confiere la ley. Pero también sostuvo que la autoridad fiscal, en cuanto a que no ejerce ninguna de las facultades de comprobación que dicho precepto legal establece, no está obligada a citar la fracción que contempla alguna de las referidas facultades de comprobación; de tal manera que, si como en el caso que nos ocupa, ejerce alguna de ellas, esto es, de las comprendidas en las fracciones I a VII, además del primer párrafo, deberá citar la fracción correspondiente que contenga la facultad a desarrollar, omisión en la que incurrió la demandada, de ahí lo infundado de los agravios expresados por la autoridad disconforme. En el mismo sentido se resolvió, por mayoría de votos, el recurso de revisión fiscal 141/2010, mediante sesión de veintiséis de agosto de dos mil diez."

CUARTO. Para analizar la contradicción de criterios que se denuncia es pertinente sintetizar los antecedentes de los criterios contradictorios.

I. El Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito conoció del recurso de revisión fiscal 179/2010. Los antecedentes en este asunto son los que a continuación se exponen:

Una empresa demandó la nulidad de la resolución de veintinueve de abril de dos mil ocho, emitida por el administrador local de Auditoría Fiscal de Tijuana, Baja California, por la que se determinó un crédito fiscal a su cargo. La Sala Fiscal de oficio, en cumplimiento de las jurisprudencias de rubros: "COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA." y "NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA ESTÁN FACULTADAS PARA ANALIZAR DE OFICIO NO SÓLO LA INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE EMITIÓ LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, SINO TAMBIÉN LA DE QUIEN ORDENÓ O TRAMITÓ EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL DERIVÓ ÉSTA.", de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó la competencia de la autoridad demandada en los actos de origen de la resolución impugnada.

Así, la Sala Fiscal analizó de oficio la competencia de la autoridad emisora del oficio por el que se ordenó la práctica de la visita domiciliaria de la que derivó la resolución impugnada en el juicio de nulidad. Al respecto, tomó en cuenta que la autoridad ordenó la práctica de esa visita con fundamento en los preceptos legales 42, fracción III, 43, 44, 45 y 46 del Código Fiscal de la Federación.

En ese sentido, la Sala consideró que si la autoridad demandada fue omisa en precisar el primer párrafo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, en el oficio por el que orde

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22887-fb6fbf9f/orden-de-visita-domiciliaria-no-es-imprescindible-citar · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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