CATASTRO. EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY RELATIVA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL NUMERAL 115 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 111/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO. Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, remitió las ejecutorias correspondientes a los amparos directos números 295/2004 y 320/2004, promovidos por Adrián Canavati Nader y Álvaro Barrera Segovia, respectivamente, de fecha diez de marzo de dos mil cinco, así como las diversas resoluciones emitidas en los amparos en revisión números 692/2004 y 752/2004, en los cuales fueron quejosos Agustín Villarreal Elizondo y Deacero, Sociedad Anónima de Capital Variable, respectivamente, de fechas catorce y veinticuatro de febrero del mismo año. Ahora bien, toda vez que el criterio sustentado en dichas ejecutorias es prácticamente idéntico, en obvio de inútiles repeticiones sólo se transcriben las consideraciones del amparo directo 295/2004, que, en la parte que interesa, son las siguientes:
"En otro aspecto, en el octavo concepto de violación, se argumenta, en esencia, que el artículo 18 de la Ley del Catastro vigente en el dos mil cuatro, es violatorio de las garantías de seguridad y certeza jurídica, al dejarle en estado de indefensión, pues desnaturaliza el concepto de ‘valor de mercado’ de un inmueble, que en principio corresponde al valor que resulta en un momento dado de la interacción de las fuerzas que en el mercado inciden todos los integrantes de la comunidad en el ejercicio de sus actividades económicas y ahora es sustituido por el valor que unilateralmente imponga el Congreso a cada predio. Que lo anterior es así, porque el artículo 115, fracción IV y transitorios de la reforma a dicho dispositivo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, contiene el principio general de que a partir del año dos mil dos, los valores catastrales de los predios deben coincidir con los de mercado, y no obstante lo anterior, el artículo 18 reclamado señala que el valor catastral que resulte de la aplicación de la ley, es el valor de mercado; es decir, que en lugar de que el valor catastral se ajuste al valor de mercado, es éste el que debe ajustarse al valor catastral determinado por la autoridad administrativa con base en las tablas de valores se suelo (sic) y construcción aprobadas por el Congreso. Bien, para estar en condiciones de determinar la inconstitucionalidad o no del artículo 18 de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León, es menester transcribir su contenido, así como el del artículo quinto transitorio, emitido con motivo de la reforma al diverso 115 constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. ‘Artículo 18.’ (se transcribe). ‘Artículo quinto.’ (se transcribe). Este tribunal considera que a diferencia de lo que sostiene el inconforme, el precepto reclamado no transgrede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la sola circunstancia de que se establezca en la ley reclamada que el valor catastral que resulte de acuerdo con el artículo 17 de la ley de referencia es el equiparable al valor de mercando (sic) para todos los efectos legales, no es violatorio de garantías, toda vez que el precepto de la Ley del Catastro del Estado de Nuevo León, vigente en el dos mil cuatro, de similar redacción en el dos mil dos y dos mil tres, fue emitido en cumplimiento a las circunstancias específicas contenidas en el artículo 115, fracción IV y transitorios de la Constitución Federal, en su última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en donde se establece que a partir del año de dos mil dos, los valores catastrales de los predios deben coincidir con el valor de mercado, entonces, la disposición normativa del artículo 18 de la ley impugnada, que contiene que el valor catastral que resulte es equiparable al valor de mercado, no hizo más que dar cumplimiento a la reforma constitucional, en debido acatamiento al principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la misma está prevista de manera general y abstracta cumpliendo con las características propias de la ley y no se deja al arbitrio de la autoridad exactora, proporcionando los elementos necesarios para la determinación del valor catastral de los inmuebles, por lo que sus argumentos se tornan infundados. Sobre este tópico, este cuerpo colegiado se pronunció en similares términos al resolver, por unanimidad de votos, los amparos en revisión 692/2004 y 752/2004, en sesiones de catorce y veinticuatro de febrero de dos mil cinco."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, remitió la copia certificada de la sentencia dictada en el amparo en revisión número 85/2003-II, promovido por Inmobiliaria Residencial Campestre Hípico, Sociedad Anónima de Capital Variable, de fecha veinte de junio de dos mil tres, misma que en la parte que interesa es del tenor siguiente:
"Por otra parte, en el quinto de los agravios, la parte recurrente sustancialmente aduce que, que (sic) lo que realmente le afecta al quejoso es la limitante en establecer al valor de mercado como valor catastral, pues esta circunstancia transgrede lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Federal, en virtud de que de su análisis se desprende que lo establecido en este precepto es que los valores catastrales se equiparen al valor de mercado, y en el presente caso, el artículo 18 de la Ley del Catastro, prevé que el valor de mercado es equivalente al valor catastral. Tales argumentos son fundados por las razones siguientes. En el cuarto concepto de violación planteado en la demanda de garantías, la parte quejosa sostuvo que el artículo 18 de la Ley del Catastro, infringía lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que dicho precepto desnaturalizaba el concepto de valor de mercado. Agregó que esto era así, en virtud de que la fracción IV del artículo 115 y transitorios de la última reforma a este dispositivo constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, establecía que los valores catastrales de los predios debían coincidir con los valores de mercado de los mismos, sin embargo, en el artículo 18 de la Ley del Catastro, se prevé que el valor catastral que resulte de la aplicación de la ley es el valor de mercado. Indicó también que, en lugar de que el valor catastral se ajustara al valor de mercado, es éste el que debía ajustarse al valor catastral, lo cual llevaba a la conclusión que el valor de mercado a que se refiere el dispositivo no es el real valor de mercado, sino otra forma de denominar al valor catastral. Lo anterior, refirió el quejoso, conllevaba a considerar que el artículo impugnado de inconstitucional hacía nugatorio el derecho del particular para impugnar la decisión del Congreso de impugnar las tablas de valores, al no poder comparar el valor catastral del predio respecto del valor de mercado de los mismos, lo cual le permite a la Legislatura del Estado conducirse en forma arbitraria al fijar el valor catastral, pues impide que éste sea comparable con el verdadero valor de mercado en contravención a los artículos constitucionales referidos. Al resolver sobre este punto, el Juez del amparo declaró infundados los argumentos de mérito al sostener que el valor de mercado de acuerdo al argot comercial es la actualización de precios conforme a la oferta y la demanda, y que esta connotación por sí sola no ocasionaba perjuicio alguno al quejoso, pues con ello únicamente se pretendía la actualización de los impuestos a fin de que no se rezagaran y el Estado pudiera cumplir con las finalidades de su actividad financiera, con el objeto de satisfacer las necesidades individuales, colectivas y públicas. Además que consideró que el quejoso que estuviera inconforme con la determinación del valor del inmueble, tenía la oportunidad de agotar el recurso previsto en el artículo 19 de la Ley del Catastro, en el que podían ofrecer el avalúo correspondiente para acreditar el valor real de su inmueble. Citó como apoyo de sus consideraciones la tesis de rubro: ‘ARTÍCULO 18, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 31 DE DICIEMBRE DE 1982). NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD IMPOSITIVA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, AL ESTABLECER EL CONCEPTO DE VALOR REAL.’. Inconforme con lo anterior la parte recurrente, adujo a guisa de quinto agravio que, contrario a lo estimado por el juzgador, conforme al artículo 18 de la Ley del Catastro, el valor de mercado de un inmueble es su valor catastral, circunstancia que le provoca perjuicio, porque a partir de dos mil dos, con motivo de la vigencia de la ley referida, al determinarse por parte del Congreso del Estado el valor catastral, éste se convierte por ley en el valor de mercado, lo cual le provoca indefensión, inseguridad e incertidumbre jurídica, debido a que tal valor no se podrá determinar libremente para efectos del citado impuesto, sino que se sujetará a lo que decida la Legislatura Local. Además, sostiene que en relación con lo resuelto por el a quo respecto a que tiene la posibilidad de impugnar la determinación del valor catastral a través del medio de impugnación previsto por el artículo 19 de la Ley del Catastro, sostuvo que lo que afecta su interés jurídico es la limitación de establecer el valor de mercado como valor catastral, lo que transgrede la reforma del artículo 115 de la Constitución General de la República, pues lo que establece es que los valores catastrales se equiparen a valores de mercado, mas no que se determine que el valor de mercado es el valor catastral para todos los efectos legales a que haya lugar. También precisó que la tesis de jurisprudencia citada por el juzgador, es inaplicable al caso en estudio, por referirse a una situación distinta, en tanto que alude a los casos en los que el valor catastral es mayor al valor real del inmueble y en ella se menciona que dicho valor no le causa perjuicio, pues en ese caso de lo que se duele es del valor catastral y no del valor real, mientras que en el particular lo que se califica de inconstitucional es que dicho precepto transgrede el artículo 115 constitucional, por asimilar el valor catastral como valor de mercado. Por último, adujo que resulta ineficaz el recurso en mención para impugnar el valor catastral cuando difiere del valor de mercado, porque a partir del año dos mil dos, el valor de mercado es el valor catastral, luego, al ser conceptos equivalentes, no podría existir discrepancia y sería inútil intentar demostrar la falta de concordancia entre ambos valores, porque siempre coincidirían. Le asiste la razón al recurrente, al sostener que el artículo 18 de la Ley del Catastro, se opone a lo previsto en el artículo quinto transitorio emitido con motivo de la reforma al artículo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por lo siguiente. El aludido artículo quinto transitorio dice: ‘Artículo quinto.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 18 de la Ley del Catastro, establece: ‘Artículo 18.’ (se transcribe). Atento al contenido de los numerales transcritos antes de determinar si la norma ordinaria contraviene lo dispuesto en la norma constitucional, es pertinente precisar el significado de valor unitario, valor catastral, equiparación y valor de mercado. Así pues, el valor unitario del suelo, que conforma la valía indivisa de la tierra, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7o., 17 y 20 de la Ley del Catastro y 21 bis 7 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, constituye un elemento que determinado por la Legislatura de los Estados a propuesta de los Ayuntamientos, integra el valor catastral del inmueble, base gravable del impuesto predial. En efecto, los artículos 21 bis 7 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado y 17 de la Ley del Catastro, en lo que aquí interesa dicen: ‘Artículo 21 bis 7.’ (se transcribe). ‘Artículo 17.’ (se transcribe). De la interpretación jurídica de lo transcrito se desprende que el valor catastral es la base gravable del impuesto predial. Es la consecuencia de un proceso técnico de valoración, tomando en cuenta las características intrínsecas del inmueble (en sí mismo), así como extrínsecas al mismo (en relación con su entorno). Se obtiene al multiplicar el número de unidades de suelo con que cuenta cada predio, por el ‘valor unitario’ de suelo, que le corresponda de entre los decretados por el Congreso del Estado, al resultado obtenido deberá sumársele el producto que resulte de multiplicar las unidades de construcción con que cuenta cada predio, por el ‘valor unitario’ de construcción que de igual manera le corresponda de entre los decretados por la Legislatura del Estado. A lo obtenido debe aplicarse el coeficiente del valor por profundidad que se establece en el artículo 17 de la ley en consulta. Dicho componente garantiza al Municipio y a los dueños o poseedores de los inmuebles, que las propiedades habrán de valorarse razonablemente en armonía con la utilidad de cada una, según los procedimientos de valuación masiva que poseen uniformidad, justicia y equidad, condiciones indispensables para el justo precio de tales inmuebles. En cambio, el valor de mercado que refiere el numeral examinado, es el resultado homologado de una investigación de mercado de bienes comparables al del estudio, donde imperan condiciones justas y equitativas entre la oferta y la demanda, lo que a la postre se traduce en un valor comercial. Entendiéndose por éste la cantidad expresada en términos monetarios, mediante la cual se intercambiaría un bien en el mercado corriente de bienes, entre un comprador y un vendedor que actúan sin presiones ni ventajas de uno y otro, en un mercado abierto y competido, en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo y en un plazo razonable de exposición. Es el resultado del análisis de por lo menos tres parámetros valuatorios, a saber: valor físico o neto de reposición (enfoque de costos), valor de capitalización de rentas (enfoque de los ingresos) y valor comparativo de mercado. Es el equivalente a valor justo de mercado. Por otra parte, es pertinente destacar que el Diccionario de la Lengua Española, en su vigésima primera edición, página ochocientos sesenta y dos, define el término equiparable como ‘que se puede equiparar’; y, el término equiparar como ‘considerar a una persona o cosa igual o equivalente a otra.’. De lo que obtiene que por equiparar debe entenderse el comparar, asimilar, igualar, asemejar. De lo anterior, se arriba a la conclusión de que el texto normativo constitucional que se estima infringido establece que para efecto de una imposición proporcional y equitativa del impuesto predial en el ejercicio dos mil dos, la Legislatura de los Estados debe acordar (adoptar) medidas conducentes para que el valor unitario del suelo, entiéndase por éste la valía o importe único o indiviso de la tierra, como elemento de la base gravable del tributo en cuestión, se asemeje o iguale al valor de mercado que constituye el promedio ponderado del valor físico y del valor por capitalización de rentas. Sin embargo, en oposición a lo previsto en la Norma Constitucional, el artículo 18 de la Ley del Catastro, señala que el valor catastral es el equiparable al valor del mercado, cuando en principio, el Texto Supremo alude a la equiparación de los valores unitarios de suelo con el valor de mercado y no a la equiparación del valor catastral con el valor del mercado. Lo que de entrada lleva a considerar que, el numeral ordinario contraviene lo dispuesto en el artículo quinto transitorio, en razón de que, como quedó precisado, es el valor unitario de suelo (valía indivisa de la tierra), mismo que constituye uno de los elementos que conforman la base gravable del impuesto predial denominada ‘valor catastral’, el que debe asemejarse al valor del mercado del inmueble y no propiamente el valor catastral, el cual, el legislador estatal iguala al valor del mercado. Pero de igual modo, el precepto examinado también deviene inconstitucional, porque en él se ‘iguala’ el valor de mercado al valor catastral, los que, como se señaló con antelación, son de naturaleza y concepción diferente, y en esa medida no es factible que sean equivalentes, pues, mientras el valor catastral constituye un valor administrativo que sirve de base para determinar el impuesto predial, y se considera como indicador de la riqueza de los habitantes de un inmueble; el valor de mercado o comercial equivale al promedio ponderado del valor físico y del valor por capitalización de rentas. Además no debe perderse de vista que la intención de la Norma Constitucional es la de lograr a través de la adopción de medidas pertinentes para efecto de respetar los principios de equidad y proporcionalidad, la equivalencia entre el valor indiviso del suelo y el valor comercial o de mercado del inmueble, lo que evidentemente no se cumple con la determinación del legislador estatal al considerar como semejantes entre sí al valor catastral y al valor de mercado, pues como ha quedado precisado, el valor unitario del suelo, es diverso al valor catastral que se equipara con el de mercado. En estas condiciones, al resultar fundado el agravio planteado por la parte inconforme, lo pertinente es conceder el amparo y protección de la justicia al quejoso. Con lo anterior, resulta útil examinar el resto de los agravios sustentados por la parte recurrente tendientes a lograr la declaración de inconstitucionalidad del artículo 18 de la Ley del Catastro vigente para el año 2002, en donde sustancialmente refirió que la equivalencia que el numeral de mérito hace respecto del valor catastral y valor de mercado lesiona el principio de seguridad jurídica; que la tesis citada por el Juez de Distrito para sustentar la constitucionalidad del precepto no es aplicable al caso; y que, el recurso previsto en el artículo 19 de la ley en consulta, es ineficaz para impugnar el valor catastral cuando difiere del valor de mercado; pues como se vio dicha inconstitucionalidad quedó evidenciada al analizar los argumentos precedentes; y, en esa medida, cualquier pronunciamiento que se hiciera respecto a los agravios referidos, no variaría el sentido de esta ejecutoria."
Finalmente, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, remitió copia certificada de las resoluciones dictadas el cuatro de febrero y veintiséis de agosto de dos mil cuatro, en los amparos en revisión números 356/2003 y 424/2004, cuyos quejosos fueron Adrián Sada Treviño y Óscar de Jesús Cisneros Cisneros y otra, respectivamente, de los cuales ante su identidad sólo se procederá a transcribir la relativa al segundo de los asuntos mencionados:
"Como se ve, los quejosos alegan sustancialmente, que el artículo 18 de la Ley del Catastro es inconstitucional, porque mediante dicho artículo se desnaturaliza el concepto de ‘valor de mercado’ de los inmuebles, que es determinado unilateralmente por el Congreso del Estado. Se concede razón a los quejosos, habida cuenta de que, además en dicho concepto de violación alegaron, entre otras cosas, que dicho dispositivo transgrede los artículos 14 y 16 constitucionales, y que al analizar el artículo 115 de la Constitución Federal y transitorios de su última reforma, se desprende que los valores catastrales de los predios deben coincidir con los valores de mercado de los mismos y, en el caso, contrariamente a ello, el artículo 18 de la Ley del Catastro, prevé que el valor de mercado es equivalente al valor catastral. Indicó también que en lugar de que el valor catastral se ajustara al valor de mercado, era éste el que debía ajustarse al valor catastral, lo cual llevaba a la conclusión de que el valor de mercado a que se refería el dispositivo atacado, no era el verdadero valor de mercado, sino otra forma de denominar al valor catastral. Lo anterior, refirieron los quejosos, conllevaba a considerar que el artículo impugnado de inconstitucional hace nugatorio el derecho del particular para impugnar la decisión del Congreso de fijar las tablas de valores al no poder comparar el valor catastral del predio respecto del valor del mercado de los mismos, lo cual le permite a la Legislatura del Estado conducirse en forma arbitraria al fijar el valor catastral, pues impide que éste sea comparable con el verdadero valor de mercado en contravención a los artículos constitucionales referidos. Pues bien, se estiman fundados tales argumentos, en tanto que el artículo 18 de la Ley del Catastro, ciertamente se opone a lo previsto en el artículo quinto transitorio, emitido con motivo de la reforma al artículo 115 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, por lo siguiente. El aludido artículo quinto transitorio dice: ‘Artículo quinto.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 18 de la Ley del Catastro, establece: ‘Artículo 18.’ (se transcribe). Atento al contenido de los numerales transcritos antes de determinar si la norma ordinaria contraviene lo dispuesto en la norma constitucional, es pertinente precisar el significado de valor unitario, valor catastral, equiparación y valor de mercado. Así pues, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7o., 17 y 20 de la Ley del Catastro y 21 bis 7 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, el valor unitario del suelo que conforma la valía indivisa de la tierra, constituye un elemento que determinado por la Legislatura de los Estados a propuesta de los Ayuntamientos, integra el valor catastral del inmueble, base gravable del impuesto predial. En efecto, los artículos 21 bis 7 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado y 17 de la Ley del Catastro, en lo que aquí interesa, dicen: ‘Artículo 21 bis 7.’ (se transcribe). ‘Artículo 17.’ (se transcribe). De la interpretación jurídica de lo transcrito se desprende que el valor catastral es la base gravable del impuesto predial. Es la consecuencia de un proceso técnico de valoración, tomando en cuenta las características intrínsecas del inmueble (en sí mismo), así como extrínsecas al mismo (en relación con su entorno). Se obtiene al multiplicar el número de unidades de suelo con que cuenta cada predio, por el ‘valor unitario’ de suelo, que le corresponda de entre los decretados por el Congreso del Estado, al resultado obtenido deberá sumársele el producto que resulte de multiplicar las unidades de construcción con que cuenta cada predio, por el ‘valor unitario’ de construcción que de igual manera le corresponda de entre los decretados por la Legislatura del Estado. A lo obtenido debe aplicarse el coeficiente del valor por profundidad que se establece en el artículo 17 de la ley en consulta. Dicho componente garantiza al Municipio y a los dueños o poseedores de los inmuebles, que las propiedades habrán de valorarse razonablemente en armonía con la utilidad de cada una, según los procedimientos de valuación masiva que poseen uniformidad, justicia y equidad, condiciones indispensables para el justo precio de tales inmuebles. En cambio, el valor de mercado que refiere el numeral examinado, es el resultado homologado de una investigación de mercado de bienes comparables al del estudio, donde imperan condiciones justas y equitativas entre la oferta y la demanda, lo que a la postre se traduce en un valor comercial. Entendiéndose por éste la cantidad expresada en términos monetarios, mediante la cual se intercambiaría un bien en el mercado corriente de bienes, entre un comprador y un vendedor que actúan sin presiones ni ventajas de uno y otro, en un mercado abierto y competido, en las circunstancias prevalecientes a la fecha del avalúo y en un plazo razonable de exposición. Es el resultado del análisis de por lo menos tres parámetros valuatorios, a saber: valor físico o neto de reposición (enfoque de costos), valor de capitalización de rentas (enfoque de los ingresos) y valor comparativo de mercado. Es el equivalente a valor justo de mercado. Por otra parte, es pertinente destacar que el Diccionario de la Lengua Española, en su vigésima primera edición, página ochocientos sesenta y dos, define el término equiparable como ‘que se puede equiparar’; y, el término equiparar como ‘considerar a una persona o cosa igual o equivalente a otra.’. De lo que obtiene que por equiparar debe entenderse el comparar, asimilar, igualar, asemejar. De lo anterior se arriba a la conclusión de que el texto normativo constitucional que se estima infringido establece que para efecto de una imposición proporcional y equitativa del impuesto predial, las Legislaturas de los Estados deben acordar (adoptar) medidas conducentes para que el valor unitario del suelo, entiéndase por éste la valía o importe único o indiviso de la tierra, como elemento de la base gravable del tributo en cuestión, se asemeje o iguale al valor de mercado que constituye el promedio ponderado del valor físico y del valor por capitalización de rentas. Sin embargo, en oposición a lo previsto en la Norma Constitucional, el artículo 18 de la Ley del Catastro señala que el valor catastral es el equiparable al valor del mercado, cuando en principio, el Texto Supremo alude a la equiparación de los valores unitarios de suelo con el valor de mercado y no a la equiparación del valor catastral con el valor del mercado. Similar criterio sustentó este Tribunal Colegiado al resolver el amparo en revisión 356/2003, en sesión de cuatro de febrero de dos mil cuatro e igualmente el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito en el amparo en revisión 85/2003-II, cuya ejecutoria se pronunció en sesión de veinte de junio de dos mil tres. Lo que de entrada lleva a considerar que el numeral ordinario contraviene lo dispuesto en el artículo quinto transitorio, en razón de que, como quedó precisado, es el valor unitario de suelo (valía indivisa de la tierra), mismo que constituye uno de los elementos que conforman la base gravable del impuesto predial denominada ‘valor catastral’, el que debe asemejarse al valor del mercado del inmueble, y no propiamente el valor catastral, el cual, el legislador estatal iguala al valor del mercado. Pero de igual modo, el precepto examinado también deviene inconstitucional, porque en él se ‘iguala’ el valor de mercado al valor catastral, conceptos que, como se señaló con antelación, son de naturaleza y concepción diferente, y en esa medida no es factible que sean equivalentes, pues mientras el valor catastral constituye un valor administrativo que sirve de base para determinar el impuesto predial, y se considera como indicador de la riqueza de los habitantes de un inmueble; el valor de mercado o comercial equivale al promedio ponderado del valor físico y del valor por capitalización de rentas. Además, no debe perderse de vista que la intención de la Norma Constitucional es la de lograr a través de la adopción de medidas pertinentes, para efecto de respetar los principios de equidad y proporcionalidad, la equivalencia entre el valor indiviso del suelo y el valor comercial o de mercado del inmueble, lo que evidentemente no se cumple con la determinación del legislador estatal al considerar como semejantes, entre sí, al valor catastral y al valor de mercado, pues como ha quedado precisado, el valor unitario del suelo, es diverso al valor catastral que se equipara con el de mercado. En estas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, lo pertinente es sostener por diverso motivo al considerado por el a quo el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a los quejosos."
CUARTO. Ahora bien, una vez transcritos los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados, es necesario determinar la existencia o no de la contradicción denunciada, para lo cual es indispensable atender a los requisitos jurisprudenciales que deben cumplirse para tal efecto. Dichos requisitos son:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas; y,
c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.
Lo anterior se obtiene de la naturaleza misma de las contradicciones de tesis y encuentra apoyo en la tesis del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el número P./J. 26/2001, publicada en la página setenta y seis, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19195-253e47fd/catastro-el-articulo-18-de-la-ley-relativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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