REVOCACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE CONTRA EL REQUERIMIENTO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, Y EN EL QUE PREVIENE PARA EL PAGO DE LOS HONORARIOS QUE SE GENEREN POR AQUÉL, POR CONSTITUIR UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 210/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.
SECRETARIA: DIANA MINERVA PUENTE ZAMORA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de la posible contradicción de tesis que sustentan diversos Tribunales Colegiados en asuntos en materia administrativa, que es de la especialidad de esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que en lo conducente establecen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
En los preceptos transcritos se fijan los lineamientos para integrar jurisprudencia por el sistema de unificación de criterios en los casos de tesis contradictorias sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito. Asimismo, señalan que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, los Magistrados que los integran y las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis fueron sustentadas, se encuentran facultados para denunciar la contradicción de criterios ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que se determine cuál debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.
En el presente asunto, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, los cuales resolvieron el juicio de amparo directo 131/2009-2142, que constituye uno de los criterios materia del presente asunto, luego, la denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso tener presentes los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben.
La parte considerativa de la sentencia dictada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo directo DA. 131/2009-2142, en la parte que interesa, es del tenor siguiente:
"SEXTO. En el primer concepto de violación el quejoso manifiesta, en esencia, que la responsable transgredió en su perjuicio el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como los artículos 16 y 17 de la Ley Fundamental, ya que la responsable no resolvió lo expresamente planteado en la demanda de nulidad, toda vez que no expresó razonamiento jurídico con los que demuestra que el requerimiento de obligaciones omitidas no constituye una resolución recurrible; además el requerimiento de información es impugnable vía recurso de revocación, de conformidad con los artículos 116 y 117, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación. Además el quejoso manifiesta que se actualiza el supuesto del artículo 117, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, porque el requerimiento de obligaciones omitidas constituye una resolución final que le causa un agravio en materia fiscal, pues la autoridad le impone una obligación de hacer que consiste en la presentación de la declaración informativa por sueldos y salarios correspondiente al ejercicio fiscal del dos mil seis. En adición a lo anterior, el quejoso manifiesta que son infundados los argumentos de la responsable, porque si bien con el requerimiento de obligaciones no se pone fin a un procedimiento, no constituye la última voluntad de la autoridad, pues no se ha determinado la situación jurídica del contribuyente, no existe un crédito fiscal ni se le impuso una sanción, no es menos cierto que en razón del carácter de supra a subordinación con el que goza el SAT, se impone una obligación de hacer al hoy quejoso, por lo que se le causa un agravio en materia fiscal, pues se afecta su esfera jurídica al conminarle a la realización de un acto consistente en la presentación de la declaración informativa correspondiente al ejercicio del dos mil seis. Para mejor comprensión del asunto se considera conveniente precisar lo siguiente: 1. Con fecha uno de octubre del dos mil siete, el administrador local de recaudación del Centro del Distrito Federal formuló al ahora quejoso un requerimiento de la declaración informativa del ejercicio del dos mil seis, por pagos efectuados por sueldos y salarios. 2. En contra del requerimiento antes aludido, el ahora quejoso interpuso recurso de revocación en términos del artículo 116 y 117, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, el cual fue desechado por improcedente por el subadministrador local jurídico del Centro, en suplencia por ausencia del titular de esa administración. 3. Inconforme con la resolución precisada en el punto que antecede, el ahora quejoso promovió demanda de nulidad en la que se dictó la sentencia que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa. Para estar en las condiciones de resolver el concepto de violación planteado es menester partir de la transcripción del artículo 117, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé lo siguiente: ‘Artículo 117.’ (se transcribe). En el caso, el ahora quejoso interpuso el recurso de revisión, con fundamento en el artículo 117, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con el cual, para la procedencia de dicho medio de impugnación, es menester que se actualicen los supuestos siguientes: Que se trate de una resolución definitiva; y, que dicha resolución cause agravio en materia fiscal; como el numeral 17 (sic) antes mencionado no precisa qué se debe entender por resolución definitiva, necesariamente debe considerarse la naturaleza de la resolución, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa. Dicho producto final o última voluntad, suele expresarse de dos formas: a) Como última resolución dictada para poner fin a un procedimiento; o b) Como manifestación aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva de la administración pública. Así, tratándose de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza iter procedimental no podrán considerarse ‘resoluciones definitivas’, es obvio que éste sólo puede serlo el fallo con el que culmine dicho procedimiento, excluyéndose a las actuaciones instrumentales que conforman el procedimiento administrativo, entendido tal, como el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad, que para este caso es precisamente la producción de la resolución administrativa definitiva cuyo objeto consiste, a su vez, en crear efectos jurídicos. No se generará agravio o conflicto alguno para el gobernado en tanto la administración pública no diga su última palabra por medio de la autoridad a quien competa decidirla en el orden jurídico correspondiente y solamente cuando la resolución de que se trata adquiere esa fijeza que impide reformas o mudanzas, se dice que ‘causa estado’. La generación de esta situación últimamente mencionada en combinación con la causación de un agravio objetivo son las características de la resolución definitiva para efectos del recurso de revocación, lo que dará lugar al nacimiento del interés requerido para acudir a la vía en comentario. Tiene aplicación a lo anterior, por analogía, en cuanto a lo que se debe entender por ‘resoluciones administrativas definitivas’, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: ‘TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. «RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS». ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.’ (se transcribe). Ahora, para tener mayores elementos que nos permitan establecer si el requerimiento de obligaciones constituye una resolución definitiva que le cause agravio al quejoso, es conveniente destacar que el requerimiento en cuestión se hizo en los términos siguientes: ‘... De acuerdo a lo siguiente: Obligación(es). Declaración informativa del ejercicio 2006 por pagos efectuados por sueldos y salarios. Fundamento legal de la(s) obligación(es). Artículos 118, fracción V, segundo párrafo y 86, fracción IX, inciso a), ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Fecha de vencimiento. 15/02/2007. Por lo que se requiere con fundamento en los artículos 6o., párrafos tercero y cuarto, 31, párrafo sexto, 20, penúltimo párrafo, 41, fracción III, 33, último párrafo y 134, fracción I, del Código Fiscal de la Federación ... Para que cumpla con la(s) obligación(es) señalada(s) concediéndole un plazo de 14 días hábiles a partir del día hábil siguiente de la fecha de acuse de recibo de este documento, su cumplimiento es independiente de la(s) multa(s) a que se haya hecho acreedor, en su caso, por la Comisión de Infracciones Establecidas en las disposiciones fiscales correspondientes. Por esta gestión cubrirá, en su caso, los honorarios conforme a los artículos 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación en vigor y 72 de su reglamento. Si usted cumplió con las obligaciones arriba señaladas antes de recibir este requerimiento, favor de hacer caso omiso al contenido del mismo. En caso contrario, deberá realizar su pago en el banco, o presentar la declaración que corresponda, utilizando para su comodidad la oficina virtual de la página del SAT www.sat.gob.mx, con ello, el SAT considera aclarado su requerimiento ...’. De lo anterior se observa que la autoridad citó, en lo que interesa destacar, como fundamento del requerimiento, los artículos del Código Fiscal de la Federación siguientes: ‘Artículo 6o.’. ‘Artículo 20.’. ‘Artículo 33.’. ‘Artículo 41.’. ‘Artículo 134.’. ‘Artículo 137.’ (se transcriben). De la transcripción anterior se observa que en el requerimiento que formuló la autoridad fiscal, el cual se traduce en una obligación de hacer (cumplir con la obligación de presentar las declaraciones informativas), precisó que éste se hacía, porque el Servicio de Administración Tributaria no tiene registrado el cumplimiento de la obligación consistente en presentar declaración informativa del ejercicio del dos mil seis por pagos efectuados por sueldos y salarios. Además, se advierte que la autoridad cita como fundamento de actuación, el artículo 41, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé la facultad de la autoridad para solicitar la presentación de documentos omitidos en un plazo de quince días y de imponer una multa en caso de incumplimiento. Asimismo, se observa que, de conformidad con el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, también citado como fundamento en el requerimiento en cuestión, en el supuesto de que el ahora quejoso haya incumplido con la obligación solicitada, esa diligencia causará honorarios al contribuyente. Por último, del requerimiento aludido se observa que la autoridad establece la posibilidad de que la contribuyente no lo cumpla, siempre y cuando con anterioridad al requerimiento en cuestión hubiese cumplido con la obligación de presentar la declaración informativa del dos mil seis. Lo anterior permite advertir que el requerimiento a que se viene haciendo alusión, no constituye el inicio del procedimiento de comprobación fiscal que puedan culminar con la determinación de un crédito fiscal, pues de los preceptos que cita la autoridad como fundamento de su proceder, no se observa el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece las facultades de comprobación de la autoridad, lo que a consideración de este tribunal resulta entendible, en razón de que el requerimiento no pretende comprobar el cumplimiento de obligaciones fiscales, en tanto que de suyo da por sentado que la contribuyente ahora quejosa no ha cumplido con la obligación fiscal a que se refiere. En tal virtud, este Tribunal Colegiado considera que el requerimiento representa una resolución definitiva que impone a la quejosa una obligación fiscal, consistente en presentar las declaraciones informativas correspondientes al ejercicio del dos mil seis, lo que evidentemente constituye un agravio objetivo, al tratarse de un acto de molestia en los derechos de la contribuyente, lo cual provoca el nacimiento de un interés apto para ocurrir a la instancia contenciosa administrativa. En efecto, si bien, en el supuesto hipotético de que la autoridad impusiera a la ahora quejosa una multa por incumplir con el requerimiento formulado y que le cobrara honorarios por la diligencia de requerimiento, la ahora quejosa podría recurrir mediante recurso de revocación esa determinación, no debe perderse de vista que la ahora quejosa únicamente podría hacer valer, como argumento de ilegalidad, lo siguiente: Que antes del requerimiento ya había presentado la declaración informativa; y, que sí cumplió en tiempo y forma el requerimiento que le formuló la autoridad. Lo anterior es así, toda vez que la resolución recurrida no sería el requerimiento en sí, sino la imposición de la multa, la cual tendría sustento en el incumplimiento del requerimiento formulado, lo que per ser (sic), lleva a considerar que la litis se (sic) requerimiento o, en su caso, se ubicó en el supuesto de excepción que la propia autoridad le señaló para no hacerlo, por lo que ya no se podría impugnar por vicios propios el requerimiento en cuestión. En mérito de lo hasta aquí expuesto, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito contenido en la tesis número IV.2o.A.116 A, cuyo texto, contenido y datos de identificación son los siguientes: ‘REVOCACIÓN. EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN I, INCISO D), DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DEL REQUERIMIENTO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL INFORMATIVA SOBRE SUELDOS Y SALARIOS, POR NO CONSTITUIR ÉSTA UNA RESOLUCIÓN FISCAL DEFINITIVA.’ (se transcribe). En efecto, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio antes transcrito, en principio, porque de los preceptos que cita la autoridad como fundamento del requerimiento hecho a la parte quejosa, no se desprende que éste constituya el inicio de las facultades de comprobación de la autoridad, por lo que se debe considerar que dicho requerimiento constituye un acto autónomo que no emana de un procedimiento y que tampoco requiere de la emisión subsecuente de actos tendientes a la obtención de una decisión final de la autoridad, de allí que, en atención a los argumentos que se expusieron en párrafos que preceden, deba considerarse el requerimiento de mérito reúne las características para ser considerado una resolución que causa agravio en materia fiscal al contribuyente, por lo que en su contra resulta procedente el recurso de revocación previsto en el artículo 117, fracción I, inciso d), del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, de conformidad con el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se denuncia la contradicción de tesis existente entre este Tribunal Colegiado y el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Así las cosas, al resultar fundado el primer concepto de violación, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emita otra atendiendo a las consideraciones de esta ejecutoria. En razón de la conclusión alcanzada, es innecesario abordar el estudio del segundo concepto de violación, esto con apoyo en la jurisprudencia número II.3o. J/5, visible en la página 89, Tomo IX, marzo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo criterio comparte este órgano colegiado, la cual es del tenor literal siguiente: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe)."
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 85/2004-III, sustentó, en la parte que a este expediente se refiere, lo siguiente:
"QUINTO. Resulta fundado el agravio que plantea la autoridad recurrente, en atención a las consideraciones que se expresan enseguida. En el único agravio que aduce la impugnante, sostiene que la Sala Fiscal a quo transgredió en su perjuicio los artículos 237, 238, fracción IV y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, pues al declarar la nulidad del acto impugnado pretende darle el carácter de resolución definitiva al requerimiento de obligaciones omitidas, con base en lo cual sostuvo que contra dicho requerimiento sí procede el recurso de revocación, al surtirse el supuesto de procedencia de tal medio de defensa, conforme al artículo 117, fracción I, inciso d), del invocado ordenamiento tributario; que dicho criterio no se comparte, pues por resolución definitiva se entiende todo acto de autoridad administrativa que produzca efectos legales por sí solo, situación que no se da en el caso particular, ya que el requerimiento de obligaciones omitidas no produce de manera directa una afectación jurídica al contribuyente, sino que constituye un simple recordatorio respecto de una obligación a la que se encuentra afecto; que el requerimiento de que se trata no es una resolución definitiva, en atención a que si el contribuyente cumplió con su obligación, fuera de la fecha en que estaba obligado a hacerlo, pero antes de que se le notifique el requerimiento, no existirá consecuencia que afecte su esfera jurídica, y lo único que tendría que hacer es acreditar ante la autoridad requeriente el cumplimiento espontáneo, previo a la solicitud de la autoridad; y si el contribuyente cumplió con su obligación en una fecha posterior a la notificación del requerimiento, se ubicaría en el supuesto de cumplimiento a gestión de autoridad, y es hasta ese momento en que se puede considerar que hay afectación, pues en esa hipótesis el contribuyente se haría acreedor a una multa administrativa, la cual sí es impugnable. Agrega la recurrente, que si los requerimientos de obligaciones son actos que por sí solos no afectan a quienes se dirigen, resulta inaceptable que se les considere como resoluciones definitivas; que al requerimiento en trato se le puede asimilar a la orden de visita, que no es impugnable porque únicamente constituye el inicio de una facultad de revisión de la autoridad, que no significa que en determinado momento se vaya a emitir una resolución en contra del contribuyente visitado, ya que sus consecuencias son desconocidas por la autoridad al momento de dictarla; que una resolución en donde la autoridad solicita al contribuyente que presente la declaración anual informativa sobre sueldos y salarios, respecto del ejercicio de dos mil dos, en virtud de que no se encuentra registrado el cumplimiento de esa obligación, no pone fin a ningún procedimiento, sino que sólo tiene como objeto verificar si dicho contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales, por lo que el requerimiento de obligaciones omitidas se debe asimilar al acto que da origen a un procedimiento, y hasta el momento en que se emita una resolución definitiva el actor tendría la oportunidad de impugnarla, tanto por vicios del procedimiento como por los que se cometan en la determinación misma. Por último se argumenta, que la tesis en que se apoyó la Sala Fiscal para resolver como lo hizo, es aplicable al juicio de nulidad, pero no se puede hacer extensiva al recurso de revocación, ya que el procedimiento de éste se rige por sus propias normas. Pues bien, a fin de resolver con claridad el problema que se propone, es conveniente reseñar de manera breve los antecedentes que informan el asunto. a) Por escrito presentado el nueve de octubre de dos mil tres, ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales del Noreste, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo conocimiento le correspondió a la Primera Sala, el representante legal de la empresa ‘**********’, demandó la nulidad de la resolución recaída al recurso de revocación número SAT-481/03, emitida el catorce de julio de dos mil tres por la Administración Local Jurídica de Monterrey, mediante la cual se desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del requerimiento número 101042AGO22438, del veintinueve de mayo de dos mil tres (requerimiento de obligaciones omitidas). b) En la resolución impugnada en el juicio de nulidad, la autoridad demandada sostuvo que el recurso de revocación era improcedente, porque el contenido del acto impugnado no se adecua a ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, es decir, que no se trata de una resolución definitiva que determine contribuciones, accesorios o aprovechamientos, niegue la devolución de cantidades que procedan, haya sido emitida por una autoridad aduanera o constituya una resolución definitiva que cause agravio al particular en materia fiscal. c) En el primero de los conceptos de anulación, la parte actora adujo que la autoridad demandada, al desechar el recurso de revocación, violaba el artículo 117 del Código Fiscal de la Federación, además de que desconocía la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que lleva por rubro: ‘REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. CONSTITUYE RESOLUCIÓN DEFINITIVA SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’. Como segundo agravio, se adujo que el requerimiento impugnado no ostentaba la firma del funcionario que lo emitió, sino que presentaba una firma digital o facsimilar. d) Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil cuatro, la autoridad dio contestación a la demanda y sostuvo la legalidad de la resolución atacada. e) En sentencia de fecha treinta de abril de dos mil cuatro (que constituye la resolución que en esta vía se impugna), la Sala Fiscal determinó que era fundado el primero de los conceptos de anulación, con base en que, contrario a lo que sostuvo la enjuiciada, el requerimiento impugnado a través del recurso de revocación, que se emitió con el objeto de solicitar documentación para verificar el cumplimiento de las obligaciones relativas a la declaración de sueldos y salarios, además de señalar que el particular debería cubrir los honorarios por la gestión correspondiente, conforme al artículo 137 del ordenamiento tributario federal; sí constituye un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación, ya que dicho documento se emitió para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y efectuar el pago de las mismas, como lo dispone el artículo 118, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta; además de que ese acto puede ser recurrido en términos del artículo 134, fracción I, del Código Fiscal Federal. Como apoyo se citó la tesis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que lleva por rubro: ‘REQUERIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES. CONSTITUYE RESOLUCIÓN DEFINITIVA SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’. Al respecto, la autoridad recurrente esgrime, en esencia, que debió declarase la validez de la resolución que desechó el recurso de revocación, porque el requerimiento que se hizo al actor no constituye una resolución definitiva, adversamente a lo que sostuvo la Sala Fiscal, por las siguientes razones: 1. Una resolución es definitiva cuando produce efectos legales por sí sola, pero el requerimiento de obligaciones omitidas no produce de manera directa una afectación jurídica al contribuyente, sino que constituye un simple recordatorio respecto de una obligación a la que se encuentra afecto. 2. El requerimiento de que se trata no es una resolución definitiva, pues si el contribuyente cumplió con su obligación, fuera de la fecha en que estaba obligado a hacerlo, pero antes de que se le notifique el requerimiento, no existirá consecuencia que afecte su esfera jurídica; por lo que sólo habría afectación para el contribuyente, si cumplió con su obligación en una fecha posterior a la notificación del requerimiento, ya que entonces se ubicaría en el supuesto de cumplimiento a gestión de autoridad, y se haría acreedor a una multa administrativa, la cual sí es impugnable. 3. El requerimiento no pone fin a ningún procedimiento, sino que sólo tiene como objeto verificar si dicho contribuyente ha cumplido con sus obligaciones fiscales, por lo que se debe asimilar al acto que da origen a un procedimiento, y hasta el momento en que se emita una resolución definitiva el actor tendría la oportunidad de impugnarla, tanto por vicios del procedimiento como por los que se cometan en la determinación misma. 4. La tesis en que se apoyó la Sala Fiscal para resolver como lo hizo (del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), es aplicable al juicio de nulidad, pero no se puede hacer extensiva al recurso de revocación, ya que el procedimiento de éste se rige por sus propias normas. Tales argumentos de la autoridad demandada resultan acertados, pues el requerimiento de obligaciones omitidas que se impugnara por la actora mediante el recurso de revocación, señala, en lo que interesa: (se transcribe). Tal como se advierte del requerimiento en cuestión, en el mismo se hizo saber al actor que la autoridad no tenía registrado el cumplimiento de su obligación de presentar la declaración anual informativa sobre sueldos y salarios, correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil dos, contemplada en el artículo 118, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en esa anualidad; por ello se le requirió para que, en un plazo de quince días, cumpliera con la obligación a su cargo, y se le enteró que ello era con independencia de las multas que, en su caso, le correspondieran por posibles infracciones fiscales; también se le hizo saber, que por la gestión realizada (requerimiento para cumplir una obligación no satisfecha dentro de los plazos legales), tendría que cubrir los honorarios a que se refiere el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación (se entiende que ello sería en caso de que el obligado hubiere incumplido). Esto es, en el acto recurrido en sede administrativa, se requirió al actor para que presentara su declaración anual informativa sobre sueldos y salarios, únicamente con base en que la demandada no tenía registrado el cumplimiento de ese deber fiscal, y se le concedió un plazo de quince días para que cumpliera lo requerido; lo que implica que no se trataba de una resolución definitiva,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21938-5b03fc41/revocacion-prevista-en-el-articulo-117-fraccion-i · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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