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Modo: Corpus Pro

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. EN EL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE MINISTERIOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN Y POLICÍAS FEDERALES MINISTERIALES, POR NO ACREDITARSE LOS REQUISITOS DE PERMANENCIA PREVISTOS EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, RESULTA INAPLICABLE ESE PRINCIPIO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 352/2016. · Registro digital (IUS): 27474
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-11-24
Promovente: ÓSCAR TADEO GONZÁLEZ CARPIO LARIOS.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Pág. 523.

AMPARO EN REVISIÓN 352/2016. ÓSCAR TADEO GONZÁLEZ CARPIO LARIOS. 23 DE NOVIEMBRE DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: JOCELYN MONTSERRAT MENDIZÁBAL FERREYRO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión.(1)

SEGUNDO.-El recurso de revisión se interpuso oportunamente(2) y por parte legitimada(3) para ello.

TERCERO.-Previo al examen de los agravios, es necesario destacar los siguientes antecedentes:

1. El trece de noviembre de dos mil catorce, la secretaria instructora del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República emitió el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación No. CP/SEP/163/14, instaurado en contra de Óscar Tadeo González Carpio Larios, quien ocupaba el cargo de agente de Ministerio Público de la Federación.

El procedimiento de mérito derivó de la queja interpuesta por el delegado en el Estado de Veracruz de dicha institución de procuración de justicia, quien hizo notar que se había dictado en perjuicio de Óscar Tadeo González Carpio Larios un auto de formal prisión dentro de la causa penal 77/2014, del índice del Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de extorsión agravada.

2. En contra del acuerdo de inicio del procedimiento mencionado y de la queja relativa, Óscar Tadeo González Carpio Larios promovió juicio de amparo, en el que además impugnó la constitucionalidad de los artículos 34, fracciones I, inciso f), y II, inciso e), 43, 46, fracción II, inciso a), 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En síntesis, la parte quejosa hizo valer los siguientes conceptos de violación:

Primer concepto de violación

- Los artículos 34, fracciones I, inciso f), y II, inciso e), 43, 46, fracción II, inciso a), 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República son inconstitucionales, por vulnerar lo dispuesto en los artículos 1o. y 5o. de la Constitución Federal.

- Es inconstitucional que la ley impugnada establezca un servicio civil de carrera, en el que se determinen requisitos de ingreso y de permanencia, como el no estar sujeto a proceso penal, ya que ello se contrapone al artículo 123, apartado B, constitucional.

- El no estar sujeto a proceso penal es un requisito de ingreso que no puede ser considerado de permanencia, ya que ello violaría el derecho al trabajo en su perjuicio, dado que con esa interpretación se le otorgan facultades a una autoridad administrativa para que determine removerlo del cargo aun cuando haya cumplido con los requisitos exigidos por la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

- Asimismo, el artículo es violatorio del artículo 14 de la Constitución Federal, por cuanto vulnera el principio de irretroactividad de la ley, ya que con las disposiciones de la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se prevén nuevos requisitos de permanencia a pesar de que ya había cumplido con los requisitos establecido en la anterior ley.

- Se transgrede el derecho de audiencia, ya que el artículo 47 de la ley impugnada faculta a una autoridad administrativa para decretar la separación del cargo, en este caso, de agente del Ministerio Público de la Federación, por estar sujeto a proceso penal, sin que aún haya sido oído y vencido en juicio y menos aún se haya probado su responsabilidad por los actos que le fueron atribuidos.

- El quejoso consideró que se vulnera el principio de legalidad en materia civil, puesto que la ley impugnada permite que sea separado de su cargo, sin que existan elementos de pruebas que determinen sin lugar a dudas que no cumplió con los requisitos de ingreso, aunado a que el estar sujeto a proceso no puede asimilarse al contar con una sentencia condenatoria que haya quedado firme, motivo por el que también alegó la violación al contenido del artículo 16 constitucional.

- Explicó que no se tiene comprobada la probable responsabilidad del indiciado con el simple auto de sujeción a proceso, razón por la que esto no es un elemento contundente que sustente la participación de una persona en hechos delictivos; de ahí que no se puede sostener que vulneró los requisitos de permanencia para continuar en el cargo de agente del Ministerio Público de la Federación.

- En este contexto, adujo, específicamente, que el numeral 34, fracciones I, inciso f), y II, inciso e), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, vulnera la garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

- Destacó que tales disposiciones normativas vulneran el derecho de presunción de inocencia, ya que el estar sujeto a un proceso penal no es suficiente para decretar una separación del cargo que ocupaba, lo que a su vez acarrea la violación a la garantía de acceso a la justicia, en los términos establecidos en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

- Agregó que la ley impugnada prevé como sanción la separación del cargo; sin embargo, aduce que el artículo 67 del mismo ordenamiento legal no contempla esa sanción por incurrir en causas de responsabilidad o por incumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 62 de dicha ley.

- Manifestó que existe disposición constitucional en la que se establece que para la imposición de sanciones a los servidores públicos, debe tomarse en cuenta el daño causado o el beneficio económico obtenido, aspectos que no se reflejan en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aunado a que destacó que con la simple sujeción a proceso penal no se causa daño ni se recibe beneficio económico.

- Adicionalmente y respecto del principio de presunción de inocencia que estimó transgredido en este caso, hizo referencia a la jurisprudencia P./J. 43/2014 (10a.), emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODULACIONES."(4)

Segundo concepto de violación

- En este concepto de violación, el quejoso hizo valer argumentos en contra de la queja que fue interpuesta en su contra por el delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Veracruz, ya que, a su parecer, éste carece de competencia para haberla interpuesto, dado que su superior jerárquico inmediato era el subprocurador de Control Regional de Procesos Penales y Amparo de la Procuraduría mencionada, situación que vulneró en su perjuicio lo establecido en el artículo 47, fracción I, de la ley orgánica de dicha institución.

- Asimismo, esgrimió que, en cualquier caso, el delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Veracruz, al presentar la denuncia de mérito, no exhibió copia debidamente certificada de su nombramiento, por lo que al no acreditar su personalidad, la queja adolece de una debida fundamentación y motivación.

Tercer concepto de violación

- En su tercer concepto de violación, el quejoso hizo valer argumentos en contra del oficio citatorio y del acuerdo de inicio del procedimiento de separación, ya que, a su parecer, carecían de fundamentación y motivación.

Cuarto concepto de violación

- En este concepto de violación el quejoso reiteró los argumentos a través de los cuales pretendió evidenciar la inconstitucionalidad, específicamente, de los artículos 34, fracciones I, inciso f), y II, inciso e), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

3. Una vez que fueron superados diversos conflictos competenciales, el asunto fue del conocimiento del Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, el cual registró la demanda bajo el expediente 690/2015, y agotados los trámites legales correspondientes, dictó sentencia el dos de julio de dos mil quince, en la que resolvió sobreseer en el juicio.

El Juez de Distrito del conocimiento consideró, medularmente, que los actos reclamados no eran de imposible reparación, porque al resolverse el procedimiento administrativo de separación el quejoso podría obtener sentencia favorable, razón por la que consideró actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo que además hizo extensivo a las normas reclamadas por estar estrechamente vinculadas con los actos de aplicación.

4. Inconforme con esa determinación, mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil dieciséis en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Ciudad de México, el quejoso interpuso este recurso de revisión.

En su escrito de agravios, el recurrente sostuvo, fundamentalmente, lo siguiente:

• En su único agravio, el recurrente señala que la resolución recurrida transgrede lo dispuesto por los artículos 1o., 3o., 14, 16 y 107 de la Constitución Federal, así como los numerales 73, fracción XVIII (sic), 74, 75, 77, 78 y 114, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, dado que el Juez de Distrito no analizó los actos que fueron reclamados en el juicio de amparo con base en el argumento de que los actos reclamados no eran de imposible reparación.

• En este sentido, aduce que, contrario a lo manifestado por el juzgador de amparo, los actos que impugnó sí son de imposible reparación, ya que en caso de que se dicte una resolución en el procedimiento de separación en la que se decrete su remoción, no será posible que se le reinstale en el cargo que desempeña como agente del Ministerio Público de la Federación, en atención a la restricción constitucional contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal.

• Asimismo, destacó que eran inaplicables los criterios que fueron invocados por el Juez de Distrito en el desarrollo de su sentencia, por lo que aduce la violación al artículo 190 de la Ley de Amparo, debido a que no aplicó los criterios jurisprudenciales que a su parecer eran correctos.

• Así, estima que la "separación" le implicó una afectación a sus derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, además de que se afectó su estabilidad emocional, patrimonial y familiar, por provocarle un daño a su fuente de ingresos.

• Además, para robustecer que los actos reclamados sí eran de imposible reparación, hizo alusión a la jurisprudencia 2a./J. 76/2012, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO."(5)

• Finalmente, manifiesta que el Juez del conocimiento, al no admitir su demanda lo dejó en estado de indefensión y vulneró en su perjuicio el artículo 17 constitucional, ya que era su obligación aplicar al caso en concreto el principio pro persona, así como tomar en cuenta los tratados internaciones de los cuales el Estado Mexicano es parte, conforme a lo establecido en el artículo 1o. de la Constitución Federal.

5. Correspondió conocer del asunto al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, el cual, seguida la secuela procesal correspondiente, dictó sentencia el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, en la que resolvió revocar la sentencia recurrida, sobreseer en el juicio respecto del acto atribuido al director del Diario Oficial de la Federación y dejar a salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conociera de la impugnación de los artículos 34, fracciones I, inciso f), y II, inciso e), 43, 46, fracción II, inciso a), 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En primer lugar, el Tribunal Colegiado que previno en el conocimiento de este asunto determinó que eran fundados los agravios hechos valer por el recurrente, puesto que estimó que los actos reclamados en el juicio de origen sí eran de imposible reparación, con base, fundamentalmente, en las jurisprudencias 2a./J. 103/2010 y 2a./J. 76/2012 (10a.), de rubros: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE."(6) y "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO.",(7) respectivamente.

Posteriormente, analizó las causales de improcedencia hechas valer por las autoridades señaladas como responsables respecto de la alegada falta de interés jurídico del quejoso para acudir al juicio de amparo; consentimiento expreso del acto reclamado; omisión de agotar el principio de definitividad y ausencia de conceptos de violación que controvirtieran los actos impugnados, manifestaciones que fueron desestimadas.

No obstante lo anterior, el órgano colegiado de referencia advirtió de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado al director del Diario Oficial de la Federación no había sido impugnado por vicios propios, razón por la que determinó sobreseer en el juicio en ese aspecto.

De esta manera, revocó la sentencia recurrida y declaró carecer de competencia para conocer de dicho medio de impugnación, dado que subsistía un problema de constitucionalidad de leyes, por lo que ordenó la remisión de los autos correspondientes a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CUARTO.-Con base en lo reseñado en párrafos precedentes, corresponde que esta Segunda Sala, en términos del artículo 93, fracción V,(8) de la Ley de Amparo, analice los conceptos de violación que hizo valer el ahora recurrente en el juicio de origen cuyo estudió fue omitido por el Juez de Distrito, quien consideró debía sobreseer en el juicio, al estimar que los actos reclamados no eran de imposible reparación, determinación que fue revocada por el Tribunal Colegiado del conocimiento, mismo que dejó a salvo la jurisdicción de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera el tema de constitucionalidad de leyes aquí planteado.

En esa tesitura, cabe destacar que el ahora recurrente adujo, en sus conceptos de violación, que los artículos 34, fracciones I, inciso f), y II, inciso e), 43, 46, fracción II, inciso a), 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, son inconstitucionales, por vulnerar lo dispuesto en los artículos 1o., 5o., 14, 16, 17 y 123, apartado B, de la Constitución Federal.

Así, de inicio conviene destacar el contenido de los artículos que el recurrente considera inconstitucionales, los cuales se transcriben a continuación:

"Artículo 34. Para ingresar y permanecer como agente del Ministerio Público de la Federación de carrera, se requiere:

"I. Para ingresar:

"...

"f) No estar sujeto a proceso penal;

"...

"II. Para permanecer:

"...

"e) Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo durante el servicio."

"Artículo 43. El consejo de profesionalización será el órgano superior del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial en la Procuraduría General de la República, y se integrará por:

"I. El procurador general de la República, quien lo presidirá. En sus ausencias, lo suplirá el subprocurador que corresponda, de conformidad con el reglamento de esta ley;

"II. Los subprocuradores;

"III. El oficial mayor;

"IV. El visitador general;

"V. El titular del órgano interno de control;

"VI. El titular de la Policía Federal Ministerial;

"VII. El titular del área de Servicios Periciales;

"VIII. El titular del área a cargo del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, quien fungirá como secretario técnico del consejo;

"IX. El director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales;

"X. El director general a cargo de la capacitación del personal policial y pericial;

"XI. Un agente del Ministerio Público de la Federación, un agente de la Policía Federal Ministerial y un perito, miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, de reconocido prestigio profesional, buena reputación y excelente desempeño, cuya designación estará a cargo del procurador general de la República;

"XII. Un representante del ámbito académico, de reconocido prestigio, buena reputación y desempeño ejemplar, cuya designación se llevará a cabo conforme con lo dispuesto en el reglamento de la presente ley, y

"XIII. Los demás funcionarios que determinen las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial o los acuerdos del procurador general de la República."

"Artículo 46. La terminación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial será:

"...

"II. Extraordinaria. Que comprende:

"a) La separación del servicio por el incumplimiento de los requisitos de permanencia o, en el caso de agentes de la Policía Federal Ministerial, cuando en los procesos de promoción concurran las circunstancias siguientes:

"...

"1. Haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables;

"2. Deje de participar en tres procesos consecutivos de promoción a los que haya sido convocado o no obtenga el grado inmediato superior por causas que le sean imputables, después de participar en tres procesos de promoción para tal efecto, y

"3. En su expediente no cuente con méritos suficientes para la permanencia."

"Artículo 47. La separación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial, por las causas a que se refiere el inciso a), de la fracción II, del artículo 46 de esta ley, se realizará como sigue:

"I. El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante el consejo de profesionalización, en la cual deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el servidor público de que se trate, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes;

"II. El consejo de profesionalización notificará la queja al servidor público de que se trate y lo citará a una audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes;

"III. El superior jerárquico podrá suspender al servidor público hasta en tanto el consejo de profesionalización resuelva lo conducente;

"IV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el consejo de profesionalización resolverá sobre la queja respectiva, y

"V. Contra la resolución del consejo de profesionalización no procederá recurso administrativo alguno.

"Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por superior jerárquico a los servidores públicos a que se refiere el artículo 72 de esta ley."

"Artículo 48. El procedimiento a que se refiere el artículo anterior será sustanciado por los órganos auxiliares del consejo de profesionalización, cuya integración, operación y funcionamiento se definirán en las disposiciones reglamentarias del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial."

A partir de lo anterior, esta Segunda Sala advierte, de oficio, la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la impugnación de los numerales 43, 46, fracción II, inciso a), 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dado que no existe concepto de violación alguno en el que el ahora recurrente hubiere manifestado argumentos en contra de tales disposiciones normativas.

En efecto, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso impugnó la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, bajo el argumento toral de que el estar sujeto a un proceso penal no es un elemento suficiente para considerar que no cumple con los requisitos de permanencia y, por ende, que ello dé lugar a que se le separe del cargo que ocupaba, ya que a su parecer tal disposición resultaría violatoria de diversos principios y derechos constitucionales.

De esta manera, se observa que el quejoso tildó de inconstitucionales los artículos 34, fracciones I, inciso f), y II, inciso e), 43, 46, fracción II, inciso a), 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los cuales le fueron efectivamente aplicados por la autoridad responsable en el acuerdo de trece de noviembre de dos mil catorce, mediante el cual, se determinó el inicio del procedimiento administrativo de separación instaurado en su contra.(9)

No obstante lo anterior, el quejoso no formuló concepto de violación alguno para evidenciar la inconstitucionalidad del contenido de los artículos 43, 46, fracción II, inciso a), 47 y 48 de la ley impugnada, como se demuestra a continuación:

En efecto, en primer lugar, es importante destacar que el numeral 43 de la ley impugnada establece que el Consejo de Profesionalización es el órgano superior del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial en la Procuraduría General de la República, precepto en el que, además, se detalla la forma en que éste se integrará.

Luego, del análisis integral y minucioso a la demanda de amparo promovida por el ahora recurrente, no se advierte argumento alguno tendente a combatir la forma en la que se integra el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, o el hecho de que éste sea el órgano superior del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial en dicha institución, puesto que, como se adelantó, el recurrente se limitó a formular conceptos de violación tendentes a cuestionar la constitucionalidad del requisito de permanencia en el servicio, consistente en no estar sujeto a proceso penal.

Por tanto, se evidencia que no es posible estudiar el contenido de tal precepto en este medio de impugnación, al existir ausencia de argumentos en su contra, por lo que lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de dicho precepto legal.

Situación que de la misma manera acontece respecto del contenido del artículo 46, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el cual señala, de manera genérica, que la terminación del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial se considerará extraordinaria cuando la separación del servicio ocurra por el incumplimiento de los requisitos de permanencia.

Asimismo, el precepto en comento determina que en el caso de los agentes de la Policía Federal Ministerial, la terminación del servicio se considerará extraordinaria cuando en los procesos de promoción se haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía; se deje de participar en tres procesos consecutivos de promoción a los que haya sido convocado o no se obtenga el grado inmediato superior por causas que le sean imputables, después de participar en tres procesos de promoción para tal efecto; y que en el expediente correspondiente no existan elementos suficientes para estimar que el servidor público debe permanecer en el servicio.

De esta manera, si bien el numeral en mención señala, por una parte, que la separación del servicio se considerará extraordinaria cuando ocurra por el incumplimiento de los requisitos de permanencia; y, por otra, especifica cuándo será extraordinaria la terminación del servicio respecto de los agentes de la Policía Federal Ministerial, lo cierto es que el ahora recurrente tampoco controvirtió tales aspectos, por lo que deberá sobreseerse en el juicio respecto de tal precepto.

Finalmente, similar circunstancia se actualiza respecto de los artículos 47 y 48 de la ley impugnada, dado que el primero de los numerales mencionados únicamente desarrolla el procedimiento que deberá llevarse a cabo en cuanto a la separación prevista en el inciso a) de la fracción II, del numeral 46 de la ley en comento; mientras que el numeral 48 del mismo ordenamiento legal establece que le corresponderá la sustanciación de tal procedimiento a los órganos auxiliares del consejo de profesionalización.

Por tanto, se evidencia que debe sobreseerse en el juicio en cuanto a los artículos enunciados, puesto que el quejoso no impugnó, de manera independiente, el procedimiento de separación por sí, ni la facultad del órgano a quien le corresponde sustanciarlo, sino que su argumentación se limitó exclusivamente a controvertir el requisito de permanencia previsto en el artículo 34, fracciones I, inciso f), y II, inciso e), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, consistente en no estar sujeto a proceso penal para no ser separado del servicio.

Por tanto y con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esta Sala advierte de oficio la actualización de la causal de improcedencia prevista en los numerales (sic) 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la ley de la materia, motivo por el que procede sobreseer en el juicio respecto de la impugnación de los artículos 43, 46, fracción II, inciso a), 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Consecuentemente, la litis de este asunto versa en verificar la constitucionalidad de las fracciones I, inciso f) y II, inciso e), del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, las cuales establecen, en su conjunto, que será requisito de ingreso o permanencia en el servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial en dicha institución, el no estar sujeto a proceso penal, aspecto que es efectivamente controvertido por el quejoso, dado que aduce que, con ello, se trastoca en su perjuicio el principio de presunción de inocencia, derecho de audiencia, legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia.

Así, por cuestión de método, esta Segunda Sala analizará en orden diverso al planteado por el recurrente, los argumentos que hizo valer en sus conceptos de violación.

En primer término, es importante mencionar que el recurrente basa su argumento toral para controvertir la constitucionalidad del precepto impugnado, en la vulneración al principio de presunción de inocencia, dado que, a su parecer, es inconstitucional que se prevea como causal de separación del cargo el hecho de encontrarse sujeto a proceso penal, sin que exista sentencia firme en la que se haya comprobado fehacientemente su responsabilidad respecto de los hechos delictivos que se le atribuyen.

En este sentido, señala que el estar sujeto a un proceso penal no es un elemento suficiente para determinar su separación, ya que ni siquiera ha sido oído y vencido en el juicio penal, para que válidamente se estime que no cumplió con los requisitos que exige la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, lo que, a su vez, transgrede los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, por violación al derecho de audiencia, de legalidad y de seguridad jurídica.

Para corroborar si le asiste o no la razón al recurrente en este sentido, en principio, es menester señalar que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que tanto el derecho penal, como el derecho administrativo sancionador, son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, la cual constituye una facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos.

En atención a lo anterior, se ha sostenido que en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse válidamente a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos, en cuanto a grados de exigencia, no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza y, en consecuencia, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal.

Asimismo, al resolverse la acción de inconstitucionalidad 4/2006, el Tribunal Pleno estableció que entre el derecho penal y el administrativo existen ciertas similitudes, debido a que ambas son manifestaciones inequívocas de la potestad punitiva del Estado, siendo la sanción una reacción frente a la comisión de lo ilícito o antijurídico.

Bajo esta misma línea de interpretación, se dijo que en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador es totalmente válido acudir a los principios penales sustantivos; sin embargo, también se mencionó que esa traslación, en cuanto al grado de exigencia, no puede hacerse de forma auténtica, ya que los referidos principios deben resultar compatibles con la naturaleza del procedimiento administrativo.

Del anterior precedente derivó la jurisprudencia P./J. 99/2006, de rubro: "DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO."(1

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27474-9e00e283/presuncion-de-inocencia-en-el-procedimiento-de-separacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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