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Modo: Corpus Pro

EVALUACIÓN POLIGRÁFICA. EL ARTÍCULO 85, FRACCIÓN VI, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LA PREVÉ, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE JUNIO DE 2003, NO CONTRAVIENE EL DERECHO HUMANO AL DEBIDO PROCESO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 409/2014. · Registro digital (IUS): 25652
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-06-05
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Pág. 735.

AMPARO EN REVISIÓN 409/2014. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. DISIDENTE Y PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: AMALIA TECONA SILVA.

CONSIDERANDO:

10. PRIMERO.-Competencia. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se interpuso contra la sentencia dictada por un Juez de Distrito en un juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el que se planteó la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en este recurso subsiste un problema de constitucionalidad de normas generales, siendo innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.

11. No pasa inadvertido para esta Segunda Sala, el hecho de que el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año en comento; sin embargo, en el presente asunto se seguirá aplicando la anterior Ley de Amparo, de acuerdo con el artículo tercero transitorio(1) del ordenamiento jurídico citado en primer término, debido a que el juicio de amparo en revisión inició con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley.

12. SEGUNDO.-Oportunidad y legitimación. No es el caso de hacer pronunciamiento alguno sobre la oportunidad de los recursos de revisión, ya que de tal aspecto se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto (fojas 148 y 149 del toca **********).

13. Por otra parte, el recurso de revisión del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, en representación del Consejo de Profesionalización de la mencionada procuraduría, está interpuesto por parte legitimada, ya que lo suscribió Luis Castellanos Pacheco, a quien se le reconoció el carácter de delegado de la citada autoridad responsable, en auto de seis de noviembre de dos mil doce, dictado por el Juez de Distrito (foja 263 del expediente de amparo).

14. Asimismo, el recurso de revisión del quejoso lo interpuso parte legitimada, ya que lo suscribió **********, a quien se le reconoció el carácter de autorizado del peticionario de amparo, en proveído de dieciocho de octubre de dos mil doce, dictado por el Juez del conocimiento (fojas 127 y 128 del cuaderno de amparo).

15. Igualmente, el recurso de revisión del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, está interpuesto por parte legitimada, ya que ese carácter le fue reconocido por el juzgador de amparo en acuerdo de veinte de mayo de dos mil trece (foja 600 del expediente de amparo).

16. TERCERO.-Antecedentes. Los elementos necesarios para la resolución del presente asunto, son los siguientes:

17. I. **********, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los artículos 33, fracciones I, II y III; 34, fracción II, incisos a) y e); 44, fracción V; 46, fracción II, inciso a); 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, primera parte; 58, 59, 60 y 63, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve; 83, 84 y 85 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y 114 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, publicado en el citado medio de difusión el veinticinco de enero de dos mil cinco; así como en contra de la resolución de veintisiete de julio de dos mil doce, emitida por el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, en el expediente número **********, en la cual decreta su separación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial del cargo de agente del Ministerio Público de la Federación que venía desempeñando, entre otros actos reclamados.

18. II. De la demanda de amparo tocó conocer al Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, quien la admitió bajo el número de expediente **********; y seguidos los trámites legales correspondientes, el treinta de abril de dos mil trece terminó de engrosar la sentencia respectiva, en la que en una parte sobreseyó en el juicio de amparo, en otra negó el amparo y en otra concedió la protección constitucional, tal como se advierte de la siguiente síntesis:

• Sobreseyó respecto del acto reclamado al encargado del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, consistente en el inicio del procedimiento administrativo de separación **********, toda vez que la autoridad responsable, en su informe justificado, negó la certeza de tal acto y el quejoso no aportó elemento probatorio alguno para desvirtuar esa negativa.

• Sobreseyó en relación con la aplicación de las evaluaciones de control de confianza en poligrafía, psicometría, psicología, patrimonio y entorno socioeconómico, toxicología y medicina; el inicio del procedimiento administrativo de separación **********, su notificación y citación a audiencia; los acuerdos dictados en la audiencia de pruebas y alegatos; y el oficio UEIDCSPCAJ/2579/11, de cinco de diciembre de dos mil once. Lo anterior, porque son actos de índole intraprocesal, llevados a cabo para poner en estado de resolución el expediente de separación.

• Sobreseyó en cuanto a los artículos 34, fracción II, incisos a) y e) y 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, debido a que no fueron aplicados al quejoso y, por tanto, no incidieron en su esfera jurídica de derechos.

• Sobreseyó respecto de los numerales 33, fracciones I, II y III; 55, 59 y 60 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; toda vez que si bien fueron invocados por las autoridades responsables, no fueron aplicados en perjuicio del peticionario de amparo.

• Sobreseyó en relación con los artículos 47 y 58 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, porque el quejoso no expresó conceptos de violación en contra de tales preceptos legales.

• Negó el amparo en cuanto a los artículos 46, fracción II, inciso a); 49, 51, 53, 54 y 57, primera parte, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 83, 84 y 85 de su Reglamento, debido a que tales normas no vulneran los derechos constitucionales de irretroactividad, seguridad jurídica y legalidad, estabilidad laboral, protección contra el desempleo y no discriminación.

• Negó el amparo respecto del artículo 114 del Reglamento del Servicio Civil de Carrera de Procuración de Justicia Federal, toda vez que no infringe el derecho de defensa contenido en el numeral 14 de la Constitución Federal, tampoco viola los derechos de igualdad, de trabajo, de seguridad jurídica y de supremacía constitucional.

• Concedió el amparo al quejoso en contra de la resolución de veintisiete de julio de dos mil doce, emitida por el Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, en el procedimiento de separación número **********, para el efecto de que quedara insubsistente dicha resolución y todo lo actuado en el indicado procedimiento, y para que las autoridades responsables, al no poder reinstalar al peticionario de amparo, le pagaran la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tuviese derecho.

• La protección constitucional derivó de que la autoridad responsable, en la audiencia de diecisiete de abril de dos mil doce, desechó la prueba pericial ofrecida por el quejoso en materia de poligrafía, medicina, entorno social y situación patrimonial y psicología; no obstante que el artículo 114 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, no prevé restricción alguna a ese ofrecimiento. Además, porque contrariamente a lo aseverado por la autoridad responsable, las pruebas identificadas con los números tres a diecisiete en el escrito de defensa del quejoso, sí tienen relación directa e inmediata con las imputaciones realizadas en contra del peticionario; por tanto, fue indebido su desechamiento.

• Estimó innecesario examinar la constitucionalidad de los artículos 44, fracción V y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aplicados en la resolución de separación reclamada; toda vez que ésta quedó insubsistente con la concesión de amparo.

19. III. En contra de la sentencia del Juez de Distrito, tanto el quejoso como la autoridad responsable (Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República) y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado del conocimiento, interpusieron sendos recursos de revisión, de los cuales tocó conocer al Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde quedaron registrados con el número de toca **********; y en sesión de dieciséis de mayo de dos mil catorce, los Magistrados integrantes del citado órgano jurisdiccional, emitieron resolución en la que modificaron la sentencia de primera instancia, en una parte sobreseyeron en el juicio de amparo y en otra parte, reservaron jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se advierte de la siguiente síntesis:

• Es infundado el agravio del quejoso recurrente en el que pretende se tenga por cierto el acto reclamado al encargado del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República, consistente en el inicio del procedimiento administrativo de separación **********, respecto del cual sobreseyó el Juez de Distrito.

• Son ineficaces en una parte e inoperantes en otra, los agravios del quejoso recurrente, en los que pretende evidenciar que el Juez de amparo indebidamente sobreseyó respecto de la aplicación de las evaluaciones de control de confianza; del inicio del procedimiento de separación **********, su notificación y citación a audiencia; de los acuerdos dictados en la audiencia de pruebas y alegatos; y del oficio UEIDCSPCAJ/2759/11.

• Es fundado el agravio del quejoso recurrente en los que aduce que es incorrecto el sobreseimiento en relación con los artículos 34, fracción II, incisos a) y e), 63, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, por falta de interés jurídico; 33, fracciones I, II y III; 55, 59 y 60 de la citada ley, por no existir acto concreto de aplicación; y, 47 y 58 del ordenamiento referido, por falta de conceptos de violación. Por tanto, al no advertirse ninguna otra causa de improcedencia, se revoca el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito respecto de los mencionados preceptos legales.

• Se reserva jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que decida el problema de constitucionalidad de los artículos 46, fracción II, inciso a), 49, 51, 53, 54 y 57, primera parte, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República -respecto de los que negó el amparo el Juez de Distrito-; así como de los diversos numerales 33, fracciones I, II y III, 34, fracción II, incisos a) y e), 47, 55, 58, 59, 60 y 63, fracción XVI, de la indicada ley -respecto de los que el Tribunal Colegiado de Circuito revocó el sobreseimiento-.

20. CUARTO.-Delimitación de la litis. Como quedó indicado en el considerando que antecede, el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto, reservó jurisdicción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta decidiera el problema de constitucionalidad de los artículos 46, fracción II, inciso a), 49, 51, 53, 54 y 57, primera parte, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República -respecto de los que negó el amparo el Juez de Distrito-; así como de los diversos numerales 33, fracciones I, II y III, 34, fracción II, incisos a) y e), 47, 55, 58, 59, 60 y 63, fracción XVI, de la indicada Ley -respecto de los que el citado Tribunal Colegiado revocó el sobreseimiento-.

21. En ese orden de ideas, esta Segunda Sala únicamente se ocupará de los agravios del quejoso recurrente en los que combate la negativa de amparo respecto de los artículos 46, fracción II, inciso a), 49, 51, 53, 54 y 57, primera parte, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como de los conceptos de violación de la demanda de amparo, relativos a la inconstitucionalidad de los diversos numerales 33, fracciones I, II y III, 34, fracción II, incisos a) y e), 47, 55, 58, 59, 60 y 63, fracción XVI, de la indicada ley.

22. En efecto, en el escrito de agravios, el peticionario de amparo ahora recurrente combatió el sobreseimiento decretado en la sentencia de primera instancia -aspecto del que se ocupó el Tribunal Colegiado de Circuito que previno en el conocimiento del asunto-, también impugnó el proceso de evaluación de control de confianza y desempeño al que fue sometido, y el procedimiento administrativo que culminó con la resolución que lo separó del cargo de agente del Ministerio Público de la Federación que venía desempeñando; sin embargo, en la presente instancia de revisión sólo se examinarán los agravios encaminados a combatir la negativa de amparo respecto de las normas generales reclamadas, competencia de esta Segunda Sala.

23. Por otra parte, es importante resaltar que no se reservó jurisdicción a este Máximo Tribunal para atender el problema de constitucionalidad del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (artículos 83, 84 y 85) y del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal (artículo 114), también reclamados en la demanda de amparo de origen; sin embargo, a fin de salvaguardar el principio de acceso a la justicia pronta y expedita, tutelado en el numeral 17 de la Constitución Federal, esta Segunda Sala se ocupará de tales preceptos reglamentarios.

24. En cuanto al artículo 114 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal,(2) el cual prevé los elementos de prueba admisibles en el procedimiento administrativo de separación; queda firme la negativa de amparo contenida en el considerando noveno de la sentencia recurrida; toda vez que el quejoso recurrente, en su escrito de agravios, no combatió las razones por las que el Juez de Distrito resolvió que la aludida norma reglamentaria no vulneraba el derecho constitucional de defensa y que, por tanto, procedía negar el amparo al respecto.

25. En cambio, la constitucionalidad de los diversos artículos 83, 84 y 85 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se abordará en el siguiente considerando, al haberse cuestionado en los agravios del quejoso recurrente.

26. QUINTO.-Estudio. Del análisis de los agravios y de los conceptos de violación, motivo de estudio en esta instancia, deriva que esencialmente las ideas sobre las cuales el quejoso construyó los argumentos relacionados con la inconstitucionalidad de las normas generales reclamadas, son las siguientes:

I. Violación al artículo 5o. de la Constitución Federal, en cuanto prohíbe la privación del derecho al trabajo, porque con la aplicación de los procesos de evaluaciones de control de confianza, confieren facultades a una autoridad administrativa para separar provisionalmente de su cargo y de su salario al quejoso (página 8 de la demanda de amparo y páginas 29 a 38 de los agravios).

II. Violación al artículo 14 de la Constitución Federal, que contiene el principio de irretroactividad, en virtud de que la obligación de someterse a los procesos de evaluación de control de confianza para permanecer en la institución, tiene un efecto retroactivo en su situación jurídica, debido a que el quejoso aprobó los exámenes correspondientes cuando ingresó a la Procuraduría General de la República; además, la nueva ley contiene nuevos y mayores requisitos de permanencia que no se exigían cuando se incorporó en la institución (página 8 de la demanda de amparo y páginas 26 y 27 de los agravios).

III. Violación al artículo 14 de la Constitución Federal, que protege el derecho de audiencia, porque el artículo 47, fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República otorga facultades a una autoridad administrativa para decretar la separación provisional sin haber sido oído ni vencido, originando daños de difícil reparación, porque los servidores públicos suspendidos provisionalmente no pueden ocupar cargos públicos (página 8 de la demanda de amparo).

IV. Violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que protegen el principio de legalidad, debido a que las normas facultan a los superiores jerárquicos de la dependencia para suspender provisionalmente a los servidores públicos al inicio del procedimiento administrativo de separación, sin que se haya probado su responsabilidad (páginas 8 y 9 de la demanda de amparo).

V. Violación al artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal, que prohíbe la separación injustificada de los servidores públicos, ya que la no aprobación de un proceso de evaluación de control de confianza no es una causa justificada para separarlo del cargo (página 9 de la demanda de amparo).

VI. Violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que tutelan los principios de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso, ya que la ley orgánica cuestionada no establece, ni regula cómo deben desarrollarse y aplicarse las evaluaciones de control de confianza, ni el destino del informe de resultados; además, las normas que prevén los exámenes del polígrafo, de entorno social, psicométrico y psicológico, al ser subjetivos y carecer de confiabilidad y certeza, atentan contra los derechos constitucionales de igualdad y no discriminación, dignidad e intimidad (páginas 11 a 35 de la demanda de amparo y páginas 27, 42 a 44 de los agravios).

VII. Violación al artículo 113 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 83, 84 y 85 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, porque no prevén que en las sanciones se considere el daño causado a la sociedad o el beneficio obtenido por el servidor público (páginas 10, 35 a 37 de la demanda de amparo y página 27 de los agravios).

27. Ahora bien, como se explicó, el problema de constitucionalidad de normas generales que subsiste en esta instancia está vinculado a los artículos 33, fracciones I, II y III, 34, fracción II, incisos a) y e), 46 fracción II, inciso a), 47, 49, 51, 53, 54, 55, 57, primera parte, 58, 59, 60 y 63, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

28. De esta manera, habrá que tener en cuenta el contenido de los preceptos cuestionados:

"Artículo 33. El servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial comprende lo relativo al agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Federal Ministerial y perito profesional y técnico, y se sujetará a las bases siguientes:

"I. Se compondrá de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, así como reincorporación al mismo, en los términos de las disposiciones aplicables;

"II. Tendrá carácter obligatorio y permanente y abarcará los programas, cursos, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas de las ramas ministerial, policial y pericial, los cuales se realizarán por las unidades y órganos que determinen las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que se establezcan mecanismos de coadyuvancia con instituciones públicas o privadas;

"III. Se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos y tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en el desempeño de sus funciones, así como fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia.

"El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización y especialización fomentará que los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los referidos principios y objetivos, y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño del servicio; ..."

"Artículo 34. Para ingresar y permanecer como agente del Ministerio Público de la Federación de carrera, se requiere:

"...

"II. Para permanecer:

"a) Seguir los programas de actualización, profesionalización y de evaluación de competencias para el ejercicio de la función que establezcan las disposiciones aplicables;

"...

"e) Cumplir los requisitos a que se refiere la fracción I de este artículo durante el servicio;"

"Artículo 46. La terminación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, policial y pericial será:

"...

"II. Extraordinaria. Que comprende:

"a) La separación del servicio por el incumplimiento de los requisitos de permanencia o, en el caso de agentes de la Policía Federal Ministerial, cuando en los procesos de promoción concurran las circunstancias siguientes:

"1. Haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables;

"2. Deje de participar en tres procesos consecutivos de promoción a los que haya sido convocado o no obtenga el grado inmediato superior por causas que le sean imputables, después de participar en tres procesos de promoción para tal efecto, y

"3. En su expediente no cuente con méritos suficientes para la permanencia. ..."

"Artículo 47. La separación del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, policial y pericial, por las causas a que se refiere el inciso a), de la fracción II, del artículo 46 de esta ley, se realizará como sigue:

"I. El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante el Consejo de Profesionalización, en la cual deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el servidor público de que se trate, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes;

"II. El Consejo de Profesionalización notificará la queja al servidor público de que se trate y lo citará a una audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes;

"III. El superior jerárquico podrá suspender al servidor público hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente;

"IV. Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Consejo de Profesionalización resolverá sobre la queja respectiva, y

"V. Contra la resolución del Consejo de Profesionalización no procederá recurso administrativo alguno.

"Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por superior jerárquico a los servidores públicos a que se refiere el artículo 72 de esta Ley."

"Artículo 49. Los servidores públicos de la Procuraduría General de la República deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás normas aplicables.

"El proceso de evaluación de control de confianza, constará de los exámenes siguientes:

"I. Patrimonial y de entorno social;

"II. Médico;

"III. Psicométrico y psicológico;

"IV. Poligráfico;

"V. Toxicológico, y

"VI. Los demás que establezcan las normas aplicables."

"Artículo 51. Los procesos de evaluación a que se refieren los dos artículos anteriores tendrán por objeto comprobar que los servidores públicos de la Procuraduría General de la República dan debido cumplimiento a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos."

"Artículo 53. El procurador general de la República, los subprocuradores, el oficial mayor y el visitador general podrán requerir que cualquier servidor público se presente a las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales cuando lo estimen pertinente, de acuerdo con las necesidades del servicio."

"Artículo 54. Los exámenes del proceso de evaluación de control de confianza se valorarán en conjunto, salvo el examen toxicológico que se presentará y calificará por separado."

"Artículo 55. Los servidores públicos serán citados a la práctica de las evaluaciones correspondientes. En caso de no presentarse sin mediar causa justificada, se les tendrá por no aprobados."

"Artículo 57. Los miembros del Servicio Profesional de Carrera Ministerial, policial y pericial que no cumplan con los requisitos de permanencia en los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño o de competencias profesionales, dejarán de prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República, previo desahogo del procedimiento que establece el artículo 47 de esta ley ..."

"Artículo 58. La Procuraduría General de la República contará con un centro de evaluación y control de confianza que tendrá a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza y de competencias profesionales y ejercerá las facultades que determinen las normas aplicables.

"En el ejercicio de sus funciones, el centro de evaluación y control de confianza de la Procuraduría General de la República podrá auxiliarse de las distintas unidades administrativas de la Procuraduría General de la República, así como de órganos desconcentrados y organismos descentralizados, y se sujetará a los criterios, normas, procedimientos técnicos y protocolos que se establezcan para tales efectos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública."

"Artículo 59. A quienes aprueben las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales se les expedirá la certificación a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"La certificación a que se refiere el párrafo anterior deberá expedirse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de su registro. La certificación y el registro respectivo tendrán una vigencia de tres años.

"Para efectos de revalidación de la certificación y el registro, seis meses antes de la expiración de su vigencia los servidores públicos de la Procuraduría General de la República deberán someterse a los procesos de evaluación respectivos. Será responsabilidad del titular del área de adscripción solicitar con oportunidad al centro de evaluación y control de confianza de la Procuraduría General de la República la programación de las evaluaciones correspondientes. En todo caso, el propio servidor público tendrá derecho a solicitar la programación de sus evaluaciones.

"Ninguna persona podrá prestar sus servicios en la Procuraduría General de la República si no cuenta con la certificación vigente."

"Artículo 60. La Procuraduría General de la República, en términos de los acuerdos y convenios que se adopten en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras disposiciones aplicables, podrá aplicar los procesos de evaluación a que se refiere este capítulo, a servidores públicos de otras instituciones."

"Artículo 63. Son obligaciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y, en lo conducente de los oficiales ministeriales y peritos, para salvaguardar la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos en el desempeño de sus funciones, las siguientes:

"...

"XVI. Someterse a los procesos de evaluación en los términos de esta ley y demás disposiciones aplicables, y ..."

29. Ahora bien, la violación a los derechos humanos de trabajo, de audiencia y de legalidad, contenidos en los artículos 5o., 14 y 16 de la Constitución Federal, delimitados en los apartados I, III y IV, el quejoso la hace derivar de que las autoridades responsables tienen facultades para suspenderlo provisionalmente de su cargo desde el inicio del procedimiento; de manera que debe entenderse que cuestiona la constitucionalidad de la norma que prevé esa situación jurídica.

30. En relación con los preceptos cuestionados, es el artículo 47, fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el que prevé, justamente, que en el procedimiento de separación del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, el superior jerárquico podrá suspender al servidor público hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente.

31. Los indicados argumentos de inconstitucionalidad resultan inatendibles, debido a que esta Segunda Sala advierte que la citada norma legal (artículo 47, fracción III) no fue aplicada al quejoso.

32. Esto es así, debido a que teniendo en cuenta que dicha disposición faculta al superior jerárquico a suspender al servidor público en tanto el Consejo de Profesionali

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25652-fa924ab1/evaluacion-poligrafica-el-articulo-85-fraccion-vi-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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