EXAMEN POLIGRÁFICO. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE LO PREVÉ, NO CONTRAVIENE EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO.
AMPARO EN REVISIÓN 173/2014. 23 DE ABRIL DE 2014. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; VOTÓ CON SALVEDAD LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; 11, fracción V; y, 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto cuarto, en relación con el punto segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en atención a que se interpuso contra la resolución dictada en la audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se planteó la inconstitucionalidad de los artículos 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 85, fracción VI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre otros.
No pasa inadvertido para esta Segunda Sala, el hecho de que el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año en comento; sin embargo, en el presente asunto se seguirá aplicando la anterior Ley de Amparo, de acuerdo con el artículo tercero transitorio del ordenamiento jurídico citado en primer término,(1) debido a que el juicio de amparo indirecto inició con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.
SEGUNDO. El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento, en los considerandos II (segundo) y III (tercero) de su resolución del dieciocho de febrero de dos mil catorce, determinó que los recursos de revisión fueron interpuestos por parte legítima y en tiempo. Consecuentemente, es innecesario volver a pronunciarse al respecto.
TERCERO. Los elementos necesarios para la resolución del presente asunto, son los siguientes:
I. Antecedentes
1. Por oficio número **********, el delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de Tabasco, presentó queja en contra de **********, agente del Ministerio Público de la Federación, en razón de que por oficio **********, del veinte de enero de dos mil doce, suscrito por la coordinadora general de Delegaciones de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, se hizo del conocimiento que el titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza informó que los resultados del proceso de evaluación de control de confianza aplicados al citado **********, fueron no aprobatorios.
2. Mediante oficio **********, del veintisiete de marzo de dos mil doce, el notificador adscrito al Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República comunicó a **********, que se inició en su contra el procedimiento administrativo de separación del servicio de carrera de procuración de Justicia Federal número **********, citándolo para la celebración de la audiencia de ley que tendría lugar el veintiocho de mayo siguiente.
3. Inconforme, el quejoso presentó demanda de amparo indirecto, reclamando como actos destacados diversos artículos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de su reglamento, del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, el procedimiento de separación número **********, y su ejecución.
4. Seguidos los trámites legales, el Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Decimoprimera Región, con residencia en Coatzacoalcos, Veracruz, por una parte, decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo, y por otra, otorgó éste al quejoso, con base en las siguientes consideraciones:
"TERCERO. Certeza o inexistencia del acto reclamado. ... En consecuencia, según constancia (sic) de autos, se advierte lo siguiente: A) El titular del Centro de Evaluación y Control de Confianza, así como el encargado del despacho del Órgano Auxiliar de Instrucción del Consejo de Profesionalización, ambas (sic) de la Procuraduría General de la República, al rendir sus respectivos informes con justificación mediante el oficio telegráficos con número de folio 1107170 y 111556, diecisiete de noviembre y cuatro de diciembre de dos mil doce (sic), respectivamente, negaron categóricamente la existencia del acto reclamado que se les atribuye, sin que la promovente del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar tales negativas, por lo que es procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías respecto de dichas autoridades, por inexistencia del mismo, de conformidad con el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo. ... II. Ahora, se procede al análisis de las causales de improcedencia invocadas por las autoridades responsables que resultan fundados (sic), así como aquellas que de manera oficiosa advierte este juzgador. A) En ese orden de ideas, por lo que se refiere a los artículos 33, fracciones I, II y III, 34, fracción II, inciso a), 51, 53 y 55, 56, 57 primer (sic) parte, 58, 59, 60 y 63, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; tal cual lo alegó la Cámara de Diputados, por conducto del director de la (sic) Contencioso y Procedimientos Constitucionales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73, de la ley de la materia, por falta afectación (sic) al interés jurídico para reclamar su constitucionalidad a través del juicio de amparo. ... Con base en lo anterior, puede establecerse razonada y fundadamente, que durante el procedimiento administrativo de separación **********, únicamente se aplicaron los siguientes artículos: 34, fracción II, inciso e), 44, fracción V, 46, fracción II, inciso a), 47, fracción II, 48, 49, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; los numerales 83, 84 y 85 del Reglamento de la Procuraduría General de la República; así como el artículo 114 del Reglamento de Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal. Sin que haya existido un acto concreto de aplicación de los artículos 33, fracciones I, II y III, 34, fracción II, inciso a), 51, 53 y 55, 56, 57 primer (sic) parte, 58, 59, 60 y 63, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los cuales, en esencia, disponen: (se transcribieron). ... B) Ahora, respecto al artículo 114, del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, como bien lo alegó el presidente de la República por conducto del director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. ... Sin embargo, es el caso que de la lectura integral de la demanda de amparo, se pone de manifiesto que la parte quejosa no expresó ningún argumento orientado a demostrar por qué estima que el artículo 114, del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, que establece los medios de prueba admisibles (documentos públicos; documentos privados; testigos; fotografías, escritos y notas taquigráficas y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, y presunciones), se contraponga a los derechos humanos consagrados en la Constitución. ... D) Por otra parte, se advierte oficiosamente, que en el asunto en particular, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, por cuanto hace a los actos reclamados consistentes en: La queja, de fecha uno de marzo de dos mil doce, formulada en contra del quejoso mediante oficio número **********; el cual generó el inicio del procedimiento de separación número **********. El acuerdo dictado dentro de la celebración de la audiencia de ley de fecha veintiocho de mayo de dos mil doce, dentro del procedimiento de separación número **********, respecto al desechamiento de pruebas. ... En esa tesitura, al acreditarse la existencia del diverso juicio de amparo radicado bajo el número **********, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados, que en el presente juicio constitucional; el cual ya fue materia de análisis, mediante sentencia de diez de enero de la presente anualidad, misma que quedó firme el uno de febrero siguiente; es indubitable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio en términos del artículo 74, fracción III, del ordenamiento referido. ... Sin que sea óbice para lo anterior, el hecho que en el referido juicio de amparo, se haya sobreseído, sin entrar a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, pues como ya quedó precisado, respecto al acto consistente en la queja de uno de marzo de dos mil doce, formulada en oficio **********, que generó el inicio del procedimiento de separación número **********, se sobreseyó, ya que al tratarse de un acto intraprocesal, que no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo del quejoso, no causa un perjuicio irreparable; mientras que respecto al acuerdo de veintiocho de mayo, en el que se desecharon diversas pruebas ofrecidas por el quejoso, se sobreseyó al operar un cambio de situación jurídica, al haberse emitido la resolución correspondiente en el procedimiento administrativo del cual emana; situaciones que no pueden desconocerse en un nuevo juicio de amparo, pues ello implicaría avalar la coexistencia válida de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda interpretación se concluyera en sentido contrario. E) Continuando con el examen de procedencia del juicio constitucional, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 73, en relación con la fracción II, del artículo 114, ambos de la Ley de Amparo respecto de los actos reclamados consistentes en: ... La emisión y contenido del oficio citatorio número **********, de veintisiete de marzo de dos mil doce, por el que se hizo del conocimiento del quejoso el inicio del procedimiento administrativo de separación y hace la citación a la celebración de una audiencia de ley para el día veintiocho de mayo de dos mil doce. La notificación de diecisiete de mayo de dos mil doce, mediante la cual se hace de su conocimiento el inicio de un procedimiento de separación del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, identificado bajo el número ********** y le cita a la celebración de una audiencia de ley para el día veintiocho de mayo de dos mil doce. ... De lo anterior se advierte, que los anteriores, son actos emitidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio a los que no les reviste el carácter de definitivos sino sólo a la resolución con que culmina y que fue dictada el veintisiete de julio de dos mil doce; por tanto, la vía constitucional respecto de aquellas dos actuaciones, resulta improcedente como actos reclamados destacados. ... QUINTO. Análisis de fondo. Los conceptos de violación expuestos por el quejoso relativos a la constitucionalidad o no, tanto de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, como de su reglamento, resultan infundados e inoperantes por una parte y por otra, esencialmente fundado y suficiente para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. ... Ahora bien, de lo antes expuesto se concluye que el concepto de violación identificado con el inciso a), deviene infundado, pues bien, en principio, debe decirse que, contrario a lo que alega el quejoso, tales normas no vulneran el derecho humano de igualdad prevista en el artículo 1o. de la Constitución General de la República. Lo anterior es así, toda vez que los preceptos en estudio están dirigidos a todas aquellas personas que pertenezcan al servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, sin hacer distinción alguna entre ellas, puesto que para permanecer en dicho encargo, cada uno de sus miembros -como acontece con el quejoso-, se encuentra sujeto a los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación de desempeño, que deben realizar conforme a los diversos parámetros establecidos en la propia Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuya finalidad es preservar los principios de certeza, objetividad, legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad previstos en los artículos 21 y 113 de la Constitución Federal. ... Asimismo, los preceptos legales cuestionados, tampoco transgreden la garantía de libertad de trabajo establecida en el artículo 5o. constitucional. ... En ese tenor, resulta inoperante el motivo de disenso identificado con el inciso b), en el que se plantea el problema de retroactividad de la ley, dado que es suficiente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizó ese tema y, al respecto, emitió la jurisprudencia del tenor literal siguiente: (se transcribió). Como se aprecia, la Segunda Sala expuso que los artículos 34, fracción II, inciso e), 44, fracción V, 46, fracción II, inciso a), 47, fracción II, 48 y 49 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como los numerales 83, 84 y 85 del Reglamento de la Procuraduría General de la República, que aquí se reclaman, no violan el principio de irretroactividad de la ley, conforme a la teoría de los componentes de la norma, porque no actúan para lo acaecido en el pasado, sino para el futuro, debido a que el supuesto normativo relativo a la obligación de los trabajadores de base de elegir entre cualquiera de las opciones reiteradamente señaladas, rige a partir de que entró en vigor la ley, y en un plazo de sesenta días, lo que claramente implica que tanto los efectos del supuesto, como sus consecuencias, ven hacia el futuro. En ese mismo sentido, en la jurisprudencia transcrita se sostiene que tales normas no transgreden derechos adquiridos por el hecho de que en el momento en que el trabajador fue contratado, no se le exigía el requisito relativo a someterse a evaluaciones de control de confianza y aprobarlos, ni perjudica el derecho a inamovilidad debido a que la condición para continuar en su cargo encuentra sustento en el hecho de que el servidor público no incurra en alguna causa de cese prevista en el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, misma que se encontraba vigente antes de que entrara en vigor la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, debido a que la última reforma a ese precepto legal data del treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cinco. ... Por otra parte, resulta infundado el concepto de violación identificado con el inciso c), mediante el cual el quejoso señala que las normas impugnadas vulneran la garantía de audiencia, al facultar a una autoridad administrativa para decretar la suspensión provisional de su cargo, sin ser oído ni vencido en juicio, transgrediendo además la de legalidad, porque dicha ley confiere facultades a los superiores jerárquicos para que suspendan a los servidores públicos a quienes se les haya iniciado un procedimiento administrativo, debe precisarse lo siguiente: Ciertamente, el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República dispone, en su fracción III, que el superior jerárquico podrá suspender al miembro del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente; sin embargo, lo cierto es que dicha medida no es un acto privativo, en el que deba regir la garantía de audiencia, puesto que sus efectos tienen vigencia hasta en tanto se dicte la resolución en el procedimiento administrativo de separación, en el cual previamente se otorga al afectado la oportunidad de ofrecer pruebas y formular manifestaciones. ... Asimismo, deviene infundado el motivo de disenso sintetizado en el inciso d), en el que expone que las normas impugnadas transgreden lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no tomarse en cuenta el daño causado a la sociedad o el beneficio económico obtenido. ... De tal manera, lo establecido en el artículo 113 constitucional no resulta aplicable al régimen de permanencia del servicio de carrera ministerial, policial y pericial, que regulan las normas de que se trata, dado que no se está fincando una responsabilidad administrativa. ... Por otra parte, el motivo de disenso identificado con el inciso e), deviene inoperante, en lo relativo a que las normas impugnadas transgreden lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción IX, constitucional, que prevé que únicamente puede ser suspendido por causa justificada, y que la evaluación conjunta no la constituye, debe decirse, en principio, que ese tema ya fue resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo criterio fue plasmado en la jurisprudencia número 106/2010, que a continuación se reproduce: (se transcribió). En ese contexto, como se anticipó deviene inoperante lo expuesto por el solicitante del amparo, únicamente en lo que corresponde a que la evaluación conjunta no sea motivo suficiente para decretar la suspensión, con lo que pudiera vulnerarse la garantía de estabilidad en el empleo, que en dicho precepto se consagra, pues ese tema ya fue analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia transcrita, al señalar dicha jurisprudencia que la relación jurídica entre el Estado y un agente del servicio público de seguridad no es de trabajo, ni siquiera la que corresponde a un empleado de confianza, por lo cual no pueden reclamar la posible afectación a derechos de estabilidad laboral ni la inmutabilidad de las condiciones de subsistencia de su nombramiento. Sin embargo, resulta esencialmente fundado el concepto de violación identificado con el inciso f), mediante el cual el quejoso alega sostiene (sic) que los artículos 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y el diverso 85, fracción VI, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que prevén el examen poligráfico como parte del proceso de evaluación de control de confianza, son violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 21 constitucionales, así como los numerales 1, 5.1, 5.2, 7.1 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2.1, 7, 9.1, 10.1 y 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; bajo el argumento que los resultados de dicha prueba son subjetivos e imprecisos, pues con las gráficas del polígrafo no se puede tener por comprobado que una persona mienta, en razón de que las reacciones biológicas -sudoración en las manos, tics nerviosos y otras reacciones- que presenta cada persona durante una prueba son distintas, aunado a que no se establece en qué consiste la supuesta falta de veracidad en que incurrió. ... Conforme a lo expuesto, es dable concluir que no sólo los órganos jurisdiccionales, sino también aquellos creadores del derecho, tienen la obligación de distinguir que no todo conocimiento presentado como científico, por esa sola circunstancia, es atendible y merecedor de ser usado como prueba en un procedimiento; por tanto, se considera que las razones que sustentan la tesis transcrita también son aplicables, por mayoría de razón, a los órganos legislativos, pues son ellos los primeros obligados en vigilar que el resultado de su función no vulnere las garantías que consagra la Constitución. ... De lo narrado hasta ahora, tomando en cuenta la recomendación general número 6 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respecto a la fiabilidad de la prueba del polígrafo, se llega a la conclusión que dicha prueba no es certera, por lo menos no en un alto grado o porcentaje de probabilidad de acierto, con lo cual se incumplen los elementos que todo conocimiento científico debe contener a fin de ser considerado como elemento de prueba. La resolución que ahora se toma es acorde al nuevo marco constitucional de derechos humanos, incorporado mediante la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once; específicamente con el artículo 1o., párrafo tercero, constitucional, en el sentido de que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Carta Magna y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia (principio pro persona). Dicho de otra manera, ante la duda razonable de la fiabilidad y certeza de la prueba del polígrafo, este juzgador se encuentra obligado a resolver a favor de los ciudadanos, en este caso, del ex agente del Ministerio Público de la Federación y, por tanto, declarar la inconstitucionalidad de las leyes combatidas. Cabe destacar que la circunstancia de que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal establezca que, entre otros, los miembros de las policías de la República se regirán por sus propias leyes, no implica que los elementos de las fuerzas públicas no tengan los derechos a la seguridad jurídica y debido proceso de los demás gobernados, sino que simplemente su actuación deberá ceñirse a los marcos legales que establezcan las leyes respectivas, dada la importancia de sus funciones; de esta manera, la interpretación pro persona, también aplica al momento de resolver juicios de garantías promovidos por miembros del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial. En razón de lo expuesto, este Juzgado Federal arriba a la convicción de que la probanza en materia de poligrafía que se analiza no es fidedigna, deviniendo, en consecuencia, inconstitucionales las normas legales en estudio, por transgresión a los principios de seguridad jurídica y debido proceso, al prever la aplicación y valoración de una prueba (polígrafo) cuyos resultados no revisten el carácter de una prueba científica sujeta a pruebas de refutabilidad, cuya veracidad sea generalmente aceptada por la comunidad científica ..."
5. Inconformes, la subdirectora de Amparos de la Cámara de Diputados, el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, y el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República, interpusieron sendos recursos de revisión, de los cuales conoció el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, quien mediante sentencia del dieciocho de febrero de dos mil catorce, determinó dejar intocado el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida y remitir los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que de considerarlo procedente reasumiera su competencia originaria respecto del artículo 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
II. Agravios
A continuación se elabora una síntesis de los agravios hechos valer por la subdirectora de Amparos de la Cámara de Diputados, el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores y el director general de Asuntos Jurídicos de la Procuraduría General de la República.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
a) Que la sentencia recurrida resulta violatoria de los artículos 77, 78, 80 y 192 de la Ley de Amparo, y 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de que el numeral 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República no contraviene lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, ya que el espíritu del legislador, en cuanto a los alcances de éste, es proteger garantías primigenias y que la procuración de justicia se fortalezca con una mejor selección y formación de servidores públicos, a efecto de asegurar que tanto su perfil como su desempeño se apeguen a los principios constitucionales que lo rigen, a saber, los de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos; por lo que es claro que la norma impugnada no es inconstitucional, pues como principio fundamental, es reconocido en el ordenamiento jurídico del Estado y de los gobernados.
b) Que el Juez de Distrito del conocimiento inobservó los artículos 77, 78, 80 y 109 de la Ley de Amparo, ya que estimó la inaplicabilidad de los precedentes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, de la jurisprudencia de rubro: "PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA QUE PREVÉN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, DEL DESEMPEÑO Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DE BASE DE ESA INSTITUCIÓN."
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Procuraduría General de la República
c) La determinación del Juez de Distrito contraviene los artículos 77, 78 y 80 de la anterior Ley de Amparo, ya que las evaluaciones de control de confianza cumplen con lo señalado en la recomendación número seis, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez que la realización del examen poligráfico se encuentra prevista en el artículo 108 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, disposiciones que fueron emitidas en cumplimiento a la reforma del artículo 21 de la Constitución Federal, publicada el dieciocho de junio de dos mil uno.
d) Que el Juez Federal debió considerar que la práctica de las evaluaciones de control de confianza, dentro de las cuales está la evaluación poligráfica, tiene como objetivo la seguridad del interés social, pues es importante que los miembros de las instituciones de procuración de justicia aprueben evaluaciones a efecto de comprobar el debido cumplimiento a los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto de los derechos humanos.
e) Que es ilegal la determinación del a quo para declarar la inconstitucionalidad de los artículos 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 85, fracción VI, de su reglamento, por considerar que la comunidad científica no coincide en la fiabilidad de la prueba poligráfica, ya que ello no es una razón jurídica, además de que la resolución que dio origen a la materia de la litis no está basada exclusivamente en el resultado del examen poligráfico.
f) Que no existe violación a los derechos humanos previstos en el artículo 1o. constitucional, pues los preceptos impugnados deben analizarse a la luz de los artículos 21 y 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Ley Fundamental, aunado a que prevalece sobre el interés particular del servidor público, el interés de la sociedad de contar con elementos en las instituciones policiales y de procuración de justicia que cumplan con los principios constitucionales.
g) Que es aplicable el precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido en el amparo en revisión 552/2012, resuelto en sesión del trece de febrero de dos mil trece, ya que se sostuvo la constitucionalidad del proceso de evaluación de control de confianza y del examen poligráfico.
CUARTO. De conformidad con lo anterior, el problema de constitucionalidad que prevalece en esta instancia consiste en determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve; análisis que se realizará atendiendo a los agravios expuestos en los recursos de revisión correspondientes, con fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece.
Asimismo, esta Segunda Sala reasume su competencia originaria para conocer del asunto, por lo que hace al artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; esto, porque su contenido está estrechamente vinculado con la disposición legal cuya inconstitucionalidad se cuestiona, de ahí que se estime necesario abordar conjuntamente el estudio de tales planteamientos, evitando así la posibilidad de que se emitan resoluciones contradictorias.
QUINTO. Resultan fundados los agravios expuestos en los incisos a), b), d), e), f) y g) del considerando tercero de esta resolución, que sostienen, en esencia, la constitucionalidad del artículo 49, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve, y, por ende, la incorrecta resolución por parte del Juez de Distrito del conocimiento.
En primer término, se debe tomar en cuenta el texto del citado artículo 49 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que es del tenor siguiente:
"Artículo 49. Los servidores públicos de la Procuraduría General de la República deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y demás normas aplicables.
"El proceso de evaluación de control de confianza, constará de los exám
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25342-f860682b/examen-poligrafico-el-articulo-49-fraccion-iv-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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