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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LAS EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PRACTICADAS AL PERSONAL DE BASE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 144/2013. · Registro digital (IUS): 24606
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Pág. 1658.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 144/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2013. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: ERIKA FRANCESCA LUCE CARRAL.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226 de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, dictado por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, debido a que el tema a dilucidar corresponde a la materia administrativa, cuya especialidad corresponde a esta Segunda Sala.

No pasa inadvertida la entrada en vigor de los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación del pasado seis de junio de dos mil once, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el correspondiente al dos de abril de dos mil trece, en el que se expidió la Ley de Amparo, en específico el artículo 226, fracción II, cuyos contenidos disponen:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:

"I. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus Salas;

"II. El Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito; y

"III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, como acontece en el presente asunto, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes son el Cuarto en Materia de Trabajo, Segundo en Materia Administrativa y Cuarto en Materia Administrativa, todos pertenecientes al Tercer Circuito.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue denunciada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, quienes emitieron y sustentan uno de los criterios contendientes en la presente contradicción, al resolver el recurso de revisión incidental 6/2012, lo cual encuentra su fundamento en el artículo 227 de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece.

TERCERO. Sistema de contradicción de tesis. Para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe prevalecer, constituye un presupuesto necesario determinar si existe la contradicción de criterios denunciada.

Tal como lo sostuvo el Tribunal Pleno, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión del treinta de abril de dos mil nueve, por unanimidad de diez votos, para que se dé una contradicción de tesis es indispensable que dos órganos jurisdiccionales, sobre un mismo punto de derecho, adopten criterios jurídicos discrepantes a través de argumentaciones de índole lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia determinada.

Al respecto, debe precisarse que con el sistema de contradicción de tesis establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 225, 226 y 227 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se persigue acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios de los órganos jurisdiccionales terminales, al resolver un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que unifique el criterio que deberá observarse en lo subsecuente para resolver asuntos similares o iguales a los que motivaron la denuncia respectiva.

En esa tesitura, a efecto de determinar si existe o no la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, pronunciarse sobre el que habrá de prevalecer, es conveniente conocer las consideraciones sostenidas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las resoluciones respectivas.

I. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

El siete de marzo de dos mil trece, al resolver el recurso de revisión incidental 6/2012, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"QUINTO. Un agravio es fundado. ... Tal como se adelantó, un agravio es fundado, el cual se estudia en suplencia de queja, ya que se advierte que la concesión de la medida cautelar respecto de los actos que el quejoso reclama, no vulneran disposiciones de interés social y orden público y, por tanto, su concesión no contraviene la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque la materia del presente recurso la constituye la resolución dictada en el incidente de suspensión formado con motivo del juicio de amparo indirecto 1246/2012, del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en la que se negó la medida cautelar, a efecto de que se sometiera al quejoso al procedimiento de evaluación y certificación en términos de la fracción II, para el personal de base, y fracción III, para el personal de confianza, ambas del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a que se refiere el oficio SAJ/2773/2012, de treinta y uno de mayo de dos mil doce. El precepto citado en el párrafo anterior, en la parte que interesa, dispone lo siguiente: (se transcribe). La norma citada en su literalidad dispone que el personal de la Procuraduría General de la República, sea de base o de confianza, deberá someterse a los exámenes de control de confianza, debiendo aprobarlos como requisito para su permanencia. En otro orden de ideas, los requisitos para el otorgamiento de la suspensión en los juicios de amparo indirecto se prevén en el artículo 124 de la Ley de Amparo, mismo que dispone lo siguiente: (se transcribe). De la transcripción anterior se desprende la existencia de diversos requisitos para el otorgamiento de la suspensión, los cuales este Tribunal Colegiado estima que en el caso en revisión fueron satisfechos por lo siguiente: ... El requisito contenido en la fracción II de la disposición transcrita establece: ‘Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.’. Ello, porque no es suficiente que el acto que se pretende suspender se encuentre sustentado en un determinado dispositivo legal para establecer que, con ello, se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, pues para poder tener la certeza de que el otorgamiento de la medida cautelar no es procedente en términos de la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, es necesario que el juzgador cuente con elementos suficientes que le permitan ponderar si la interrupción temporal del acto que pretende ejecutarse causa un perjuicio a la sociedad o pone por encima del interés general al del particular. En el caso, los efectos de la suspensión que solicitó el hoy recurrente son a efecto de que no se le sometiera al quejoso al procedimiento de evaluación y certificación en términos de la fracción II, para el personal de base, y fracción III, para el personal de confianza, ambas del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a que se refiere el oficio SAJ/2773/2012, de treinta y uno de mayo de dos mil doce, lo que se traduce en mantener las cosas en el estado en que se encuentran, lo que implicaría que el impetrante de garantías seguirá prestando sus servicios subordinados como supervisor de Normas y Procedimientos Aéreos de la Procuraduría General de la República, en los mismos términos y condiciones en que los viene desempeñando desde hace más de doce años, según narró en el punto 1 de hechos de su demanda (foja 7 cuaderno incidental). De lo anterior se desprende que con la suspensión solicitada no se actualiza ninguno de los supuestos contenidos en los incisos a) al h) del numeral 124, fracción II, de la Ley de Amparo, por ende, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público ... Esto es así porque la suspensión otorgada únicamente se refiere a la paralización de los efectos de ejecución del oficio SAJ/2773/2012, de treinta y uno de mayo de dos mil doce, consistente en la aplicación de los exámenes de evaluación de control y confianza de trabajadores de base, cuya relación con el Estado se encuentra regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y su naturaleza es eminentemente laboral, no administrativa como la tienen los policías, Ministerios Públicos, peritos y demás personal asignado directamente en funciones de seguridad pública. De lo anterior se concluye que los efectos de la suspensión definitiva no se encuentran relacionados con alguna de las causales de perjuicio al interés social o contravenciones al orden público, de conformidad con la fracción II del artículo 124 de la ley de la materia. Ahora bien, toda vez que la disposición en comento establece las causales de manera enunciativa y no limitativa, es menester analizar si en el caso concreto, con el otorgamiento de la suspensión definitiva se causaría algún tipo de perjuicio al interés social o contravención al orden público, por causales diversas a las contenidas en los incisos a) al h) del numeral 124, fracción II, de la Ley de Amparo. ... Ahora bien, no le asiste razón al a quo en el sentido de que la concesión de la medida suspensiva causa perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público, toda vez que, en la tesitura del criterio transcrito, no se priva a la colectividad de beneficio alguno ni se le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría al dejarse de aplicar los numerales tildados de inconstitucionales de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Esto es así, ya que la finalidad de las normas impugnadas únicamente están dirigidas a regular situaciones fácticas entre la Procuraduría General de la República y sus trabajadores; cuestión que se corrobora con la transcripción del artículo cuarto transitorio de la ley tildada de inconstitucional: (se transcribe). Conforme a los fines ya destacados, este órgano colegiado estima que la suspensión de la norma impugnada, como ya se dijo, no priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o le ocasiona un daño que de otra manera no resentiría, en tanto que la aplicación de los preceptos tildados de inconstitucionales, al referirse a las relaciones laborales entre la Procuraduría General de la República y sus empleados de base, sólo afecta derechos de esa índole y no colectivos o sociales, contrario a lo que sostiene el a quo en cuanto refiere que ‘la citada norma está vinculada a salvaguardar la seguridad de la sociedad y la calidad en el servicio’; sin embargo, tal como se ha referido, la porción legal reclamada en el juicio de amparo indirecto, regula la relación de los trabajadores con la Procuraduría General de la República, ésta en su calidad de patrón; de ahí que no se afecte la salvaguarda de la seguridad social y la calidad en el servicio, ya que la concesión de la suspensión que pretende el hoy recurrente es para que éste continúe prestando sus servicios en la forma que lo ha hecho durante más de doce años; de ahí que los referidos conceptos en que se sustenta la resolución que niega la suspensión definitiva, de concederse la suspensión, no se impactarán de manera distinta a la forma en que han estado durante el tiempo que ********** ha prestado sus servicios a la citada procuraduría. Por otro lado, de no otorgarse la medida cautelar, sí se causaría a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación, ya que de llegarse a aplicar las disposiciones y oficios reclamados, en caso de que no apruebe dichos procedimientos de evaluación y certificación, se le separaría de su cargo, lo que alteraría las condiciones que actualmente rigen la relación laboral. ... Ahora bien, por lo que hace al derecho laboral burocrático, si bien es cierto que su regulación presupone al Estado como parte de la relación, también lo es que éste actúa en carácter de patrón equiparado. Tan importante resulta atender en todo momento a la naturaleza de la prestación de los servicios, a las funciones específicas que desempeña el gobernado, que no basta con señalar que con suspender la aplicación de los procedimientos de evaluación y certificación de control de confianza, a que se refiere el oficio SAJ/2773/2012, de treinta y uno de mayo de dos mil doce, se violentan disposiciones de orden público, sino que, debe justificarse el perjuicio a dicho orden; de tal suerte que si un trabajador, cuya relación es eminentemente laboral, regida por el artículo 123 apartado ‘B’ constitucional, ha venido prestando sus servicios de manera ininterrumpida durante un periodo considerable de tiempo, podemos concluir, válidamente, que la prestación de sus servicios no afecta al orden público y menos aún al interés social, pues considerar lo contrario significaría que el trabajador ha estado violentando el orden público y el interés social durante todo el tiempo que ha prestado sus servicios, es decir, por más de doce años. ... Así las cosas, y partiendo de la base de que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los oficios reclamados son materia del cuaderno principal y no de este recurso, se estima que no basta con que se aduzca que las facultades para la aplicación de los exámenes de control de confianza devienen de disposiciones cuya naturaleza son de orden público, y que al paralizar los efectos del acto se imposibilita a la autoridad para ejercer su función, pues precisamente si lo que se cuestiona en el juicio principal es la fundamentación y motivación de los oficios reclamados, entonces, es evidente que sin analizar el fondo del asunto fue incorrecto que se negara la suspensión solicitada, pues la seguridad jurídica con relación a que el acto se emitió cumpliendo con los requisitos que prevén los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son cuestiones que también atañen al orden público. De ahí que la naturaleza de la suspensión sea precisamente la de una ‘medida cautelar’, a fin de no entorpecer el criterio que ha de prevalecer en el juicio principal, y en el caso que nos ocupa, de no otorgarse la medida suspensional requerida, el juicio principal podría quedar sin materia, pues se aplicarían al quejoso los procedimientos de evaluación y certificación de control y confianza, a que se refiere el oficio SAJ/2773/2012, de treinta y uno de mayo de dos mil doce, sin que se analice en el caso si los oficios reclamados están o no fundados y motivados. No se soslaya que el artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se declaró que es apegado a la Constitución por jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA QUE PREVÉN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA, DEL DESEMPEÑO Y DE COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DE BASE DE ESA INSTITUCIÓN.’; sin embargo, el hecho de que el oficio reclamado se sustente en ordenamientos jurídicos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que son acordes al Texto Constitucional, no significa que no pueda contener vicios propios que puedan dar lugar a la concesión del amparo, pues la materia del fondo no se va a constreñir al análisis de la constitucionalidad de los dispositivos en que se fundan esos exámenes, sino a determinar si se cumplieron con las formalidades inherentes a la emisión de los oficios que se reclaman. ... Así las cosas, al no admitirse que con la suspensión del acto reclamado se afecte el interés social o se contravengan disposiciones de orden público y, por otro lado, con la aplicación de los exámenes de control de confianza, sí se causarían daños de difícil reparación al quejoso, tal y como lo establece el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, es indispensable revocar la resolución recurrida y otorgar la medida cautelar para que subsista hasta en tanto el Juez de Distrito se pronuncia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que de lo contrario no se conservaría la materia del mismo. De ahí lo fundado de los agravios formulados. ... Por último, no obsta a lo anterior el hecho de que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante resolución dictada el veintiuno de junio de dos mil doce, en el expediente de queja número 97/2012, que declaró infundada la queja en contra de la resolución negativa a conceder la suspensión provisional, se haya considerado que la norma reclamada se encuentra vinculada a salvaguardar la seguridad de la sociedad y la calidad en el servicio que presta la Procuraduría General de la República, ya que dicho criterio no es compartido por este Tribunal Colegiado en razón de los argumentos expuestos. Asimismo, tampoco es aplicable el criterio sostenido en la tesis III.2o.A.24 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 2002 del Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Décima Época, cuyos rubro y texto dicen lo siguiente: (se transcribe). Ya que no se comparte lo sostenido en la referida tesis por el motivo que la misma considera que con relación al personal de base de la Procuraduría General de la República, es de interés social su evaluación y la comunidad tiene interés predominante en que el servicio de procuración de justicia sea prestado en términos de los principios de certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, disciplina y respeto a los derechos humanos, como parte del sistema de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales que dicho ordenamiento establece, sin embargo, tal como se refirió en el párrafo final del considerando primero de esta resolución, no hay dato alguno que refiera que el recurrente tenga una participación directa en el servicio de procuración de justicia; de ahí que su relación con la citada procuraduría se considera de carácter laboral y, por tanto, el vínculo de trabajo entre el recurrente y la citada institución no atañe, en primer término, al interés social y orden público, sino a los sujetos que participan del mismo, es decir, si su puesto desde hace más de doce años, es de auxiliar de servicios y mantenimiento, auxiliar administrativo o secretaria A o B, no hay razón para afirmar que con la concesión de la suspensión definitiva en comento, vaya a entorpecer la calidad en el servicio de procuración de justicia, ya que no se advierte que tenga participación directa en la misma. En razón de lo anterior, procédase a denunciar la posible contradicción de tesis, conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo. ..."

II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

El diecinueve de junio de mil doce, al resolver el recurso de queja 92/2012, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Los transcritos agravios son jurídicamente ineficaces. ... No pasa inadvertido lo aducido por la recurrente, en el sentido de que el Juez de Distrito no hace la apreciación adelantada del acto reclamado, que con relación a la extracción del tejido celular necesario para el examen de laboratorio, no podría restituirse al particular, así como que se invade el derecho a la intimidad y a la integridad física sin la posibilidad de resarcirlos. Que respecto de la evaluación del entorno social y situación patrimonial, implica la intromisión al domicilio del sujeto evaluado y se verían afectados aspectos relacionados con la confidencialidad en las cuentas particulares de la quejosa, lo cual pone en evidencia que se afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por la Constitución General de la República. Y que el examen psicológico se realiza bajo presión de no cometer errores y bajo un estrés incesante, violándose el derecho a la intimidad, lo cual puede redundar en el detrimento de la salud de la quejosa, y poniéndose también en riesgo el derecho humano de protección a la salud, contemplado y previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Empero, tales cuestiones no resultan determinantes para otorgar la suspensión provisional solicitada, en la medida que con los argumentos que esgrime la recurrente no se supera la determinación toral que dio sustento a la negativa de la medida cautelar, en el sentido de que se contraviene lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que el sistema de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales que establece el artículo 13, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, tiene como finalidad principal la prestación a la población de un mejor servicio, respeto y seguridad a los usuarios en relación con la procuración de justicia. Cierto, el citado numeral dispone que el personal de base debe presentar evaluaciones periódicas y permanentes con el objeto de comprobar que cumplen con los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Luego, de concederse la suspensión solicitada, para que no se aplique o no tenga efecto el artículo tildado de inconstitucional, se afectaría a la sociedad; merced a que la citada norma está vinculada a salvaguardar la seguridad de la sociedad y la calidad en el servicio de procuración de justicia que presta la Procuraduría General de la República. Bajo tal perspectiva, resulta improcedente la medida cautelar en relación con los efectos de las leyes que atañen a las funciones esenciales del Estado, así como las que tocan a su organización conforme a las bases fundamentales establecidas por la Constitución o que interesan de un modo directo a la comunidad. ... Igualmente, deviene improcedente la suspensión en relación con los efectos de los oficios reclamados en los que se ordena la citación a la servidora pública quejosa, para la práctica de los exámenes para el control de confianza. Ello se estima así, primero, porque la consideración atinente a que los exámenes que conforman el sistema de control de confianza son violatorios de derechos sustantivos, es una cuestión atinente al fondo de la controversia. Y, en todo caso, lo determinante y que no se supera en el caso justiciable, es que la pretensión de la quejosa recurrente no satisface la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, porque de concederse la media cautelar en los términos solicitados -esto es, para que no realicen los exámenes de que se trata- se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público; cuenta habida que la sociedad tiene interés predominante en que el servicio de procuración de justicia que prestan los servidores públicos adscritos a la institución donde labora la quejosa -Procuraduría General de la República- sea prestado con eficacia y sobre todo con estricto apego a los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad. ... Corolario de lo expuesto, ante la ineficacia jurídica de los agravios propuestos, y al advertir este propio tribunal que no resulta procedente la medida cautelar solicitada por la quejosa recurrente **********, lo procedente es, en la materia del recurso, declarar infundada esta queja y, por ende, confirmar el auto recurrido en que el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco negó la suspensión provisional de los actos reclamados. ..."

Tales consideraciones dieron origen a la tesis aislada III.2o.A.24 A (10a.), que es del rubro y texto siguientes:

"SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA PRÁCTICA DE LOS EXÁMENES DE CONTROL DE CONFIANZA AL PERSONAL DE BASE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El artículo 13, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República determina que el personal de base de esa institución deberá presentar evaluaciones periódicas y permanentes con el objeto de comprobar que cumplen con los principios de certeza, legalidad, objetividad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, disciplina y respeto a los derechos humanos, como parte del sistema de control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales que dicho ordenamiento establece. Consecuentemente, en términos del artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, es improcedente conceder la suspensión contra la práctica de los exámenes de control de confianza del mencionado personal, toda vez que es de interés social su evaluación y la comunidad tiene interés predominante en que el servicio de procuración de justicia sea prestado en términos de los citados principios, aunado a que el análisis de constitucionalidad de la ley que sujeta a los aludidos servidores públicos al referido sistema y la legalidad de los oficios en que se les cita para la práctica de los exámenes respectivos, son cuestiones de fondo, ajenas a la suspensión." (Registro: 2001515. Décima Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Tomo 2, agosto de 2012, materia común, tesis III.2o.A.24 A (10a.), página 2002)

III. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

El veintiuno de junio de dos mil doce, al resolver el recurso de queja 97/2012, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"SEXTO. Son jurídicamente ineficaces los agravios expresados por el recurrente, mismos que, dada su relación, serán analizados de manera conjunta. ... No pasa inadvertido lo aducido por el recurrente, en el sentido de que el Juez de Distrito no hace la apreciación adelantada del acto reclamado, que con relación a la extracción del tejido celular necesario para el examen de laboratorio, no podría restituirse al particular, así como que se invade el derecho a la intimidad y a la integridad física sin la posibilidad de resarcirlos. Que respecto de la evaluación del entorno social y situación patrimonial, implica la intromisión al domicilio del sujeto evaluado y se verían afectados aspectos relacionados con la confidencialidad en las cuentas particulares de la quejosa, lo cual pone en evidencia que se afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por la Constitución General de la República. Y que el examen psicológico se realiza bajo presión de no cometer errores

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24606-9cdfa754/suspension-es-improcedente-otorgarla-contra-las-evaluaciones-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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